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POLITICA

Se tensa la pelea por los fondos para los municipios bonaerenses y hay distritos que piden ayuda para pagar aguinaldos

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Con caídas en la recaudación por tasas municipales y en la llegada de fondos del gobierno de la provincia de Buenos Aires por coparticipación como telón de fondo, varios municipios bonaerenses experimentan dificultades para afrontar sus gastos. En los últimos días, con el pago de aguinaldos a los empleados municipales como próxima erogación de peso, la situación económica de las intendencias se agravó en muchos casos, con pedidos de asistencia financiera a la Provincia, paros y una tensa pulseada en la Legislatura provincial que hizo naufragar una iniciativa peronista que buscaba otorgar más recursos a los intendentes.

Si bien en el gobierno bonaerense aclararon que “en todos los pagos del medio aguinaldo suelen pedir [asistencia] varios municipios con problemas financieros”, en los últimos días se acumularon “cinco o seis municipios del interior que comentaron sus dificultades y solicitaron alguna asistencia financiera”, según informó una fuente del gobierno de Axel Kicillof a . La fuente prefirió no identificar a esos municipios con inconvenientes para pagar los aguinaldos a sus empleados, pero este diario pudo saber que uno de ellos es San Pedro, distrito gobernado por Cecilio Salazar, un intendente peronista y dirigente sindical de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que está alineado con el mandatario provincial. Kicillof visitó el municipio el viernes pasado.

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La Municipalidad de San Pedro pretende “un adelanto de coparticipación”, explicaron desde el distrito. Para abonar los aguinaldos, la intendencia necesita unos $890 millones. San Pedro tiene alrededor de 1200 empleados municipales, indicaron desde el sindicato municipal local, y agregaron que el municipio “paga fuera de término desde hace siete meses”. Sobre los aguinaldos, aseveraron que el municipio “le pide todos los años plata a la Provincia”. Y resaltaron: “Siempre aparece la plata, pero en este caso, tenemos dudas”.

A la incertidumbre por los aguinaldos en San Pedro, la semana pasada se agregó un paro de cuatro días en el servicio de recolección de residuos, porque el municipio no puede afrontar el pago del canon (de unos $300 millones mensuales) a la empresa Ashira, que no les abonó los salarios a sus empleados. Tras cuatro días de huelga y la consecuente acumulación de basura en las calles del distrito, la medida se levantó el jueves. “Este mes va a caer un 8% la coparticipación, lo que significa $230 millones menos de ingresos para nosotros”, advirtieron desde la intendencia.

En el distrito de Adolfo Alsina, donde gobierna el radicalismo con el intendente Javier Andrés, los municipales no ven en riesgo el cobro del aguinaldo, pero están en estado de alerta y movilización por la posibilidad de que la intendencia incumpla el acuerdo paritario. “En abril pasado, acordamos que el 9% [de aumento] del primer trimestre de 2026 se aplicara con un 4% en mayo, que se cumplió, y el 5% en junio, que el municipio dice que es imposible”, informaron desde el sindicato municipal del distrito. Si ese incremento no se cumple, habrá “cese de actividades en jornada completa, cubriendo solo emergencias y/o urgencias”.

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Hace una semana, en un comunicado, el Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires (lo integran 26 jefes comunales del interior bonaerense) planteó a la Legislatura provincial “la necesidad de avanzar en herramientas concretas que permitan afrontar la compleja situación que atraviesan los gobiernos locales”. En ese texto, los intendentes subrayaron: “Sostenemos la necesidad de que los recursos sean distribuidos mediante criterios objetivos y transparentes, y que los municipios cuenten con la flexibilidad necesaria para definir sus prioridades de acuerdo a sus necesidades”. Recordaron, además, que es un pedido “respaldado por intendentes de distintas fuerzas políticas”, más allá de la UCR.

La solicitud que hicieron los intendentes radicales el lunes, cuando estaban previstas una sesión especial y una ordinaria en la Cámara de Diputados (que, finalmente, se realizaron el jueves), apunta a tener libre disponibilidad para el gasto de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal, una caja que negoció Kicillof con los jefes comunales a cambio de la aprobación de un pedido de endeudamiento provincial, a fines del año pasado.

La Cámara de Diputados bonaerense, el jueves por la noche, al tratar un incremento de recursos para los distritos, que no se aprobóDiputados PBA

Por el acuerdo por el endeudamiento, el gobierno provincial debe derivar a los 135 municipios un 8% del monto que tome como deuda (se aprobó un máximo equivalente a US$3035 millones). El 70% de lo que le llegue a cada distrito por ese fondo es de libre disponibilidad, distribuido por el Coeficiente Único de Distribución (CUD), el mecanismo que define los montos de coparticipación que le corresponden a cada municipio. El 30% restante es para programas provinciales específicos en los distritos.

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La distribución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento Municipal se intentó modificar el jueves, pero fue rechazada en la Cámara de Diputados. “Este proyecto viene a proponer que los fondos sean de libre disponibilidad en la primera cuota de las tres que están mencionadas en la ley de endeudamiento”, dijo en la sesión Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses del peronismo. “Sabemos que próximamente tienen que cubrir sueldos y aguinaldos, y estos fondos pueden ser utilizados para eso”, añadió el legislador, referente de La Cámpora en el distrito de La Matanza. La iniciativa se puso a votación sobre tablas, por lo que necesitaba dos tercios de los votos de los legisladores presentes, y fue rechazada. La mayoría de la oposición no acompañó el proyecto peronista, que no había pasado por comisiones.

Los opositores pusieron reparos sobre la forma de reparto a los distritos de los fondos, a través del CUD, y también sumó malestar la tensión que se había generado horas antes, en una frustrada sesión especial que impulsó la oposición para tratar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y se frustró también por la falta de dos tercios para avanzar con los proyectos, al no acompañar el oficialismo. “Vino complicado todo. Empezó con lo del IOMA y terminó con esto de la libre disponibilidad. Que se discuta en comisión. Hace dos meses que el tema está dando vueltas y ahora aprietan con que los intendentes tienen que pagar el aguinaldo. Es la primera cuota de lo que prometió Kicillof, que tendría que haber estado hace dos meses”, dijo a un diputado provincial que no acompañó la iniciativa.

Tignanelli, en la sesión del jueves en la Cámara de Diputados bonaerenseDiputados PBA

Si el proyecto de mayores recursos para los intendentes hubiera logrado media sanción en la Cámara de Diputados provincial, tendría aún que sortear la inactividad del Senado para convertirse en ley. Esa Cámara, que conduce la vicegobernadora Verónica Magario, está paralizada en medio de la interna peronista y no realizó ninguna sesión ordinaria en lo que va del año.

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El gobierno porteño afirmó que reparar los destrozos en el Congreso costará 90 millones de pesos

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La Ciudad de Buenos Aires informó que deberá destinar una suma estimada en $90 millones para reparar los daños provocados por manifestantes violentos que irrumpieron en el Congreso, luego de la fallida sesión en Diputados y en paralelo a la 5ta Marcha Federal Universitario. Los destrozos afectaron mobiliario urbano, veredas, canteros y superficies verdes de la Plaza de los Congresos y sus alrededores, indicó el gobierno porteño.

El reclamo universitario de desarrolló en forma pacífica para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, se desvirtuó con la irrupción de los violentos que desataron serios incidentes al enfrentarse con las fuerzas federales. Además de destrozos en el espacio público hubo detenidos y heridos.

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La erogación necesaria aún podría crecer, indicaron las autoridades porteñas, una vez que se completen las evaluaciones técnicas, lo que refleja el impacto material de la jornada. La zona más castigada fue el corredor de Rivadavia entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos mientras del otro lado del escenario transcurría el acto central de la movilización.

Los enfrentamientos se iniciaron cuando un grupo de manifiestantes arrojó piedras contra el vallado del palacio legislativo antes del acto central

Los disturbios se desataron minutos antes de que los rectores de las universidades públicas comenzaran a leer un documento con el reclamo para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley de financiamiento, ratificada en cinco oportunidades por el Poder Legislativo y cuya implementación continúa bloqueada por la administración de Javier Milei. En otro sector de la plaza, hombres encapuchados comenzaron a arrojar cascotes contra la formación que custodiaba el vallado perimetral del palacio legislativo. Las piedras, según las crónicas de los periodistas presentes, llovían sobre los escudos de los gendarmes y rebotaban contra sus cascos de plástico.

Los enfrentamientos se extendieron por más de dos horas

Los grupos que iniciaron el conflicto surgieron en medio de una zona donde se identificaban banderas de sectores políticos de izquierda. La respuesta de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue inmediata: los agentes saturaron el área para proteger las vallas y respondieron con disparos de balas de goma y gas lacrimógeno. El gas obligó a numerosos manifestantes —muchos con el rostro cubierto— a retroceder por las calles aledañas, en un enfrentamiento que se extendió por más de dos horas.

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Veredas y canteros de la zona resultaron destrozados por quienes generaron hechos de violencia

Poco después, un camión hidrante llegó al cruce de Rivadavia y Entre Ríos. El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para conectar la manguera y abastecerse de agua antes de desplegar su chorro contra los grupos más agresivos. Los proyectiles, lanzados con gomeras por manifestantes, alcanzaban incluso la posición de los cronistas, lo que obligó a extremar las precauciones durante la cobertura.

Varios diputados sufrieron descompensaciones dentro de las instalaciones del Congreso debido a la filtración del gas lacrimógeno

El saldo de la jornada arrojó 31 personas detenidas y ocho efectivos heridos, pertenecientes a GNA, Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Policía Federal. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería y uno de Prefectura resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.

Hubo barricadas para contrarrestar el camión hidrante usado por fuerzas federales

Los efectos del operativo traspasaron la calle y llegaron hasta el interior del recinto parlamentario. Según indicaron fuentes consultadas por Infobae, el gas lacrimógeno se sintió incluso en el anexo del Congreso, donde varios diputados debieron retirarse de los despachos del Palacio Legislativo tras sentirse descompuestos. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau tuvo que recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las mismas fuentes.

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La movilización coincidió, además, con el intento de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, el decreto que desreguló cientos de actividades al inicio de la gestión libertaria. Sin embargo, el oficialismo logró evitar el quórum necesario gracias a un puñado de ausencias de gobernadores aliados.

La oposición no alcanzó el quórum en la Cámara de Diputados para debatir la derogación del decreto DNU 70/2023.

En las redes sociales, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios. “Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.

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Las detenciones se concretaron antes de que Gendarmería procediera a desalojar la Plaza Congreso, en una operación que puso fin a una jornada marcada por los reclamos universitarios y los destrozos cuya factura preliminar de $90 millones recaerá sobre las arcas del gobierno porteño.

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POLITICA

El Gobierno demora la reforma política por falta de acuerdos en el Senado y revisa su estrategia para las elecciones de 2027

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El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.

“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.

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La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.

El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.

La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.

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Javier Milei y los gobernadores se reunieron con Emmanuel Macron en París (Foto: Presidencia).

En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.

La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.

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Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convirtió ayer el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en una señal hacia la conducción nacional, donde reivindicó la autonomía política de la provincia y ratificó: “Nuestra provincia está primero”. La convocatoria reunió a miles de personas en el Hipódromo provincial.

El mandatario, que además es vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) tucumano, sostuvo que el oficialismo debe renovar su compromiso con la población y defender la gestión provincial. “Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, afirmó ante dirigentes, funcionarios, legisladores y militantes.

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Jaldo destacó la presencia de agrupaciones llegadas desde distintos puntos del territorio y definió la movilización como una de las más numerosas del país. “Este 17 de octubre acá en Tucumán va a quedar grabado en la retina y en el corazón de cada uno de los que han participado de este importante acto”, expresó.

Durante su discurso, el gobernador planteó que la responsabilidad del peronismo provincial trasciende la organización partidaria. “No solo tenemos que conducir los destinos de nuestro espacio político, sino que tenemos que todos los días atender las necesidades que tienen los tucumanos y, dentro de nuestras posibilidades, ir mejorando la calidad de vida”, señaló.

El mensaje más directo estuvo dirigido a la discusión interna del justicialismo y a la relación de las provincias con los referentes de Buenos Aires. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, enfatizó Jaldo.

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El mandatario pidió que cada distrito conserve capacidad para definir su estrategia electoral y política. “Cada provincia tiene la autonomía y hay que practicar el verdadero federalismo dentro del Partido Justicialista”, sostuvo durante el acto, según informó Jaldo en el Hipódromo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia”.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

En el plano nacional, Jaldo llamó a los distintos sectores del peronismo a alcanzar acuerdos de cara a las próximas elecciones. Y consideró que el espacio debe construir una fórmula competitiva, respaldada por un programa de gobierno.

“Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, afirmó. Luego aclaró que el objetivo debe ir más allá de una victoria electoral: “No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina”.

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El dirigente tucumano también reivindicó la decisión de su provincia de competir en los comicios y mencionó la participación de referentes del espacio, entre ellos el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

En otro tramo de la intervención, el gobernador se refirió a las objeciones que, según dijo, buscan impedir su postulación. “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseguró, en alusión a las elecciones previstas para 2027.

Por último, el dirigente también convocó a la militancia a participar de la campaña y a defender los intereses de la provincia. El acto en el Hipódromo de ayer funcionó como una demostración de fuerza del peronismo tucumano y como un anticipo de la disputa electoral que se abrirá en los próximos meses.

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