El Gobierno dilata la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con la reforma política y recalcula su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. En la Casa Rosada aseguran que no volverán a impulsar el tratamiento hasta tener garantizados los respaldos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, uno de los principales objetivos electorales de Javier Milei.

“Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar”, aseguran en Nación. La definición aleja la posibilidad de acelerar el debate durante los próximos días y modifica las expectativas de sectores del oficialismo que proyectaban obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto durante la última semana de octubre. En Balcarce 50 reconocen que las conversaciones todavía no alcanzaron el nivel de consenso necesario para fijar un cronograma parlamentario.

La falta de avances se mantiene incluso después de la última reunión de la mesa política, realizada el martes en la Casa Rosada. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a TN que no hubo novedades que permitan adelantar una nueva convocatoria. En el bloque de La Libertad Avanza del Senado transmiten una evaluación similar y advierten que todavía deben mantenerse conversaciones individuales con legisladores de los espacios dialoguistas.

El principal obstáculo está en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y debe buscar los 16 respaldos restantes entre la UCR, el PRO, los bloques provinciales y sectores del peronismo disidente. En la conducción parlamentaria advierten que los entendimientos con los gobernadores no garantizan automáticamente el acompañamiento de todos los representantes de sus provincias.

La negociación tampoco está cerrada dentro de la propia mesa política. Mientras Diego Santilli y otros sectores del Gobierno buscan acelerar los entendimientos para asegurar la votación, en despachos cercanos al armado electoral de La Libertad Avanza sostienen que las definiciones sobre las alianzas para 2027 llegarán recién hacia fin de año. La intención es preservar capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de conocer con mayor precisión el escenario electoral.

En ese sector del Ejecutivo consideran que no existe una necesidad inmediata de revelar las condiciones que pretende imponer el oficialismo en cada provincia. La lectura es que la candidatura presidencial de Milei constituye su principal herramienta de negociación frente a gobernadores que no cuentan con una alternativa nacional propia. Por eso, relativizan las versiones sobre acuerdos ya cerrados y aseguran que, aunque hubo acercamientos, todavía falta resolver la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.

La discusión se concentra ahora en dos modificaciones que el Presidente considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la incorporación de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original proponía eliminar definitivamente las primarias, pero en Nación reconocen que la negociación ya se orienta a suspenderlas durante 2027. Esa alternativa permitiría evitar su realización en la próxima elección presidencial sin derogar de manera permanente el sistema.

Emiliano Yacobitti le respondió este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien había intentado minimizar la quinta Marcha Federal Universitaria poniendo por encima los incidentes que terminaron con 31 personas detenidas. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que “cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en favor de la educación pública y le recordó a la funcionaria que “nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, por lo que debería empezar por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Monteoliva compartió en redes sociales un video con imágenes de actos violentos durante la protesta frente al Congreso, indicó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y que “nadie está por encima de la ley”. Yacobitti respondió a ese posteo: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”.

Luego, en diálogo con TN, el vicerrector destacó la “movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes”, y desligó a quienes exigían el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de quienes protagonizaron actos violentos.

“El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes. Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos podamos manifestarnos con tranquilidad”, expresó Yacobitti.

Y profundizó: “La policía tiene que decir quiénes son, porque si no siempre hay una minoría que genera hechos de violencia y que pretende con eso manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas en todo el país se movilizó. Esta es la quinta Marcha Universitaria y en ninguna hubo ningún incidente”.

El representante de la UBA, si bien desligó a los estudiantes, repudió la violencia y pidió “identificar a los violentos y caerles con lo más duro de la ley”.

“Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras donde se puede identificar a cualquiera. Lo que tiene que hacer la policía es, si hay gente que tira piedras, identificarla y que le caiga el peso de la ley, así como le tiene que caer el peso de la ley al Presidente por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, insistió.

Para Yacobitti, los incidentes manchan un reclamo genuino por parte de la comunidad universitaria. “Es lo más funcional a lo que más reclamamos en contra. Nosotros estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía? Lo que tendría que hacer la policía, con toda la infraestructura que hay, es decir ‘estos son los responsables’“, señaló.

“Si en lugar de hablar de los cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país para defender las universidades, se habla de cinco gatos locos que fueron a tirar piedras al Congreso para provocar y ser funcionales a quienes no quieren defender las universidades públicas, les hace el juego. ¿Cómo puede ser que los violentos que tiran piedras nunca sean identificados?“, expuso el vicerrector.

Y concluyó: “El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?“.

El Gobierno Nacional, a través del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados durante la marcha universitaria de este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.

La presentación sostiene que los implicados actuaron deliberadamente con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. Primero dañaron bienes públicos para proveerse de objetos contundentes y luego los arrojaron contra miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.

La denuncia, a la que accedió Infobae, señala además que la fecha no fue casual: el Congreso sesionaba ese día, lo que lleva al Ministerio a sostener que los disturbios habrían tenido entre sus objetivos “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” convocada para esa jornada.

En paralelo a la redacción del texto judicial, el ministerio avanza en la recolección de imágenes que servirán como prueba para sustentar las acusaciones. El material audiovisual recopilado busca identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones que se produjeron en la zona de la Plaza de los Congresos y su entorno durante la movilización. Esa tarea de documentación resulta central para individualizar a cada uno de los acusados en el expediente que se presentará ante la Justicia.

El escrito describe un patrón sostenido de agresiones. Los ataques con objetos peligrosos se replicaron en distintos momentos de la jornada y dejaron efectivos de las fuerzas federales con lesiones. La denuncia caracteriza a los uniformados como “sujetos pasivos y permanentes” de esa violencia, pese a encontrarse desplegados bajo el protocolo establecido por el propio Ministerio para garantizar el orden y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.

La jornada dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas a lo largo de los enfrentamientos que tuvieron lugar en las calles aledañas al edificio legislativo. Entre los casos que trascendieron, uno concentró particular atención: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a un menor de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre tras ser sorprendido arrojando piedras contra un móvil policial.

Ante la situación, se realizó una consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFLA) Este, que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para hacerse cargo del procedimiento, dado que la normativa vigente establece un tratamiento diferenciado para menores de edad involucrados en hechos de esta naturaleza.

Los choques también dejaron heridas en las propias filas de las fuerzas de seguridad. En total, ocho efectivos resultaron lesionados durante el operativo desplegado en torno al Congreso. El desglose incluye cuatro agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes por parte de grupos que se desprendieron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron las escenas de mayor tensión de la tarde.

Pero los daños no se limitaron al plano físico de los efectivos. La violencia que se desató en torno al Parlamento dejó marcas profundas en el espacio público. De acuerdo con una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos ascienden a $90 millones.

El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos y las áreas circundantes fueron los más afectados por la acción de los grupos violentos que operaron en la zona.

La protesta, convocada en defensa de la educación pública universitaria, derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del edificio legislativo. Los desmanes se concentraron durante las horas de la tarde, cuando sectores radicalizados avanzaron sobre las líneas de contención policial y provocaron las escenas de violencia que ahora son objeto de la investigación judicial.

Con la denuncia penal en marcha, el Ministerio de Seguridad apunta a llevar adelante acciones judiciales concretas contra quienes participaron en los hechos de violencia. Los cargos elegidos —resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado— dan cuenta del encuadre que el Gobierno le otorga a los episodios frente al Congreso. La recolección de pruebas en video y fotografía, en tanto, será determinante para sostener cada una de las imputaciones ante los tribunales competentes.

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