El juez nacional en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó el pedido del juez federal de Campana Adrián González Charvay para que le remitiera una causa que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otras personas por presunto lavado de activos.

En una resolución de 18 páginas, el magistrado concluyó que no existen razones para desprenderse del expediente y cuestionó que se pretenda fundar la competencia territorial en el cambio del domicilio legal de la Asociación del Fútbol Argentino a Pilar.

Amarante sostuvo que los argumentos del juzgado de Campana no alcanzan para justificar el traslado del expediente y afirmó que la única hipótesis delictiva que quedó vigente en la causa remitida desde Santiago del Estero es una presunta defraudación contra la AFA, luego de que en ese expediente fueran desestimados los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

Según el juez, el planteo de inhibitoria “prescinde de aquel límite” y parte de una supuesta identidad entre ambos expedientes que “no se deriva de las constancias procesales”.

La resolución responde al pedido formulado por González Charvay, quien solicitó que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5 dejara de intervenir en la causa CPE 360/2026 para acumularla a una investigación que tramita en Campana. El magistrado bonaerense argumentó que ambos expedientes investigan hechos vinculados con un presunto perjuicio patrimonial contra la AFA mediante la emisión de facturas por servicios que, según la hipótesis bajo análisis, no habrían sido prestados.

Sin embargo, Amarante entendió que el requerimiento carece de fundamentos suficientes. En ese sentido, señaló que el planteo “se limita a una mención genérica sobre una supuesta identidad de objeto” y omitió explicar de manera concreta por qué debía desplazarse la competencia de su juzgado. También remarcó que las reglas procesales sobre conexidad buscan garantizar una mejor administración de justicia, algo que, a su criterio, no se verifica en este caso.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el cuestionamiento al cambio de domicilio social de la AFA desde la Ciudad de Buenos Aires al partido bonaerense de Pilar. Para el magistrado, esa modificación formal no resulta suficiente para determinar qué tribunal debe intervenir en una investigación penal.

Al analizar la competencia territorial, Amarante sostuvo que “la totalidad de los actos de ejecución que habrían integrado la maniobra habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico de esta ciudad”. Y agregó: “Más allá de toda polémica, resulta un hecho de público conocimiento que -no obstante el cambio de su sede social- la AFA continuaba desarrollando su actividad central en su sede de esta Capital Federal”.

A partir de ese argumento, el juez cuestionó que el domicilio registrado por la entidad pueda ser utilizado como fundamento para trasladar la causa a la justicia federal de Campana. “Pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas, las cuales presentan una total desvinculación con la jurisdicción de Campana”, afirmó en la resolución.

El expediente que motivó la disputa de competencia tuvo origen en una denuncia presentada en diciembre de 2025 en Santiago del Estero. Luego de distintas medidas preliminares, la fiscalía había solicitado avanzar con una investigación por distintos delitos, entre ellos asociación ilícita y lavado de activos, respecto de Tapia, Toviggino y otras personas.

Sin embargo, el juez federal de Santiago del Estero descartó esas figuras penales y declaró su incompetencia territorial. De ese modo, las actuaciones fueron enviadas a Campana únicamente por una presunta defraudación contra la AFA, según surge de la resolución de Amarante.

Para el juez en lo Penal Económico, esa circunstancia resulta clave para rechazar la acumulación pretendida. Según explicó, no existe una identidad entre las investigaciones porque el expediente que tramita en su juzgado tiene como eje una posible maniobra de lavado de activos, mientras que la causa proveniente de Santiago del Estero quedó limitada a otra hipótesis delictiva.

El conflicto de competencia ahora podría quedar en manos de la Cámara en lo Penal Económico, que deberá intervenir si González Charvay mantiene su postura y no acepta el criterio planteado por Amarante. Hasta tanto se defina esa cuestión, ambos juzgados sostienen posiciones diferentes sobre qué tribunal debe continuar con la investigación.

AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Claudio Tapia, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino

Domenico Giani, excomandante de la Gendarmería Vaticana y jefe de la seguridad de la Santa Sede durante dos décadas, reveló los secretos detrás de la seguridad pontificia y adelantó los pormenores del operativo que demanda la llegada de León XIV a la Argentina en noviembre. A su vez, recordó su relación con Francisco: “Era el más difícil de custodiar”

Nacido el 16 de agosto de 1962 en Arezzo, Italia, Giani se formó como pedagogo en la Universidad de Siena y pasó por la Guardia di Finanza italiana antes de ingresar a los servicios de inteligencia del Estado. Fue en 1999 cuando la providencia, según sus propias palabras, lo llevó hasta el Vaticano: durante una visita del papa Juan Pablo II al santuario de La Verna —el lugar donde San Francisco recibió los estigmas—, fue el oficial de seguridad encargado de la visita por las autoridades italianas. Ese encuentro lo llevó a ser convocado al Vaticano, primero como vicecomandante y luego, desde 2006, como comandante de la Gendarmería y director de los Servicios de Seguridad de la Santa Sede. Cumplió veintidós años de servicio bajo tres pontificados.

En declaraciones al periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre, Giani recordó cómo llegó a trabajar junto a Juan Pablo II. El italiano condujo el cuerpo policial vaticano —integrado por 130 efectivos con formación militar— durante los pontificados de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y supervisó más de 80 viajes apostólicos internacionales.

Al ser consultado sobre cuál de los tres papas resultó más difícil de proteger, Giani respondió sin dudar: Francisco. “Él amaba la sorpresa”, explicó. “Si nosotros decíamos que íbamos en esta dirección, él andaba en el sentido opuesto”, señaló entre risas. El pontífice argentino rompía con frecuencia los protocolos de seguridad: se detenía para abrazar fieles, visitaba en forma imprevista comunidades de jesuitas o pedía encuentros no planificados durante sus giras. “Amaba estar cerca de los pobres, de los enfermos, de las personas frágiles”, recordó el ex comandante.

Uno de los episodios más recordados por Giani fue el de los mates durante los recorridos en el papamóvil por la Plaza de San Pedro. Cuando Francisco inició su pontificado, los fieles argentinos le ofrecían la tradicional infusión desde la multitud, y el papa siempre se detenía a beberla. “No era peligroso, porque había muchos argentinos con el mate”, explicó. “Él decidía, o nosotros decidíamos, en el último momento, así que nadie podía saber quién le daría el mate al Santo Padre.” La foto de Giani sosteniéndole el termo al papa se volvió icónica en su momento.

Sobre la seguridad en el Vaticano, el ex funcionario rechazó la idea de que la institución viva bajo amenazas constantes. “Los trabajos de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco pusieron al Vaticano en una posición de interlocutor creíble para los pueblos pobres”, explicó. Aclaró que el Papa es un target, pero no por el peso político del Estado vaticano sino por ser la voz de quienes no tienen voz. El sistema de seguridad que comandó fue diseñado para ser discreto: “No se ven los gendarmes, porque pueden estar confundidos entre el pueblo, prontos para responder a situaciones de peligro.”

Giani protagonizó uno de los momentos de mayor tensión pública de su carrera el 24 de diciembre de 2008, cuando redujo a Susanna Maiolo, una mujer que saltó las vallas de seguridad y derribó al papa Benedicto XVI durante la misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro. Un año después, la misma persona volvió a irrumpir y Giani volvió a actuar.

También recordó el viaje de Francisco a Bangui, capital de la República Centroafricana, en el marco de la guerra civil entre los grupos Seleka y Anti-Balaka. “Yo le dije al Santo Padre que si había peligros, no solo para él, sino para la población civil, íbamos a evaluar si era posible o no realizar el viaje”, relató. El papa fue categórico: quería ir. Giani negoció entonces una tregua con las partes en conflicto, en coordinación con el jefe de la misión de las Naciones Unidas en ese país, y el viaje se concretó.

Sobre el atentado de 1981 contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro, afirmó que ese hecho y los atentados del 11 de septiembre de 2001 no modificaron de forma radical el sistema de seguridad vaticano. “El Papa es un símbolo. Siempre. Y la seguridad del Papa es muy delicada: debe ser muy presente, muy atenta, pero muy abierta. El Papa es diferente de un jefe de Estado”.

Con respecto al viaje que el papa León XIV realizará a la Argentina en noviembre, Giani detalló el procedimiento estándar de organización: el pontífice debe recibir una doble invitación, del gobierno y de la Iglesia local. Luego, la Secretaría de Estado vaticana organiza el viaje con el nuncio apostólico y la Conferencia Episcopal del país en cuestión. Finalmente, un equipo de avanzada multidisciplinar —integrado por especialistas en protocolo, seguridad, logística, comunicaciones y liturgia— viaja con anticipación para coordinar con las autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas locales.

Actualmente, Domenico Giani se desempeña como embajador de la Orden de Malta ante la República de Chipre y la República de Gambia, y preside la Fundación ENI desde octubre de 2020. A lo largo de su carrera acumuló más de 30 condecoraciones italianas, vaticanas e internacionales.

“Lo importante fue avanzar con la agenda de Javier Milei”, le dijo un senador libertario a TN tras el cierre de la sesión de este jueves y la madrugada del viernes, en la que el Senado dio media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aunque la iniciativa finalmente excluyó los cambios a la Ley de Tierras Rurales, el oficialismo logró evitar que la oposición kirchnerista postergara su tratamiento. Ahora, el proyecto deberá ser debatido en Diputados.

El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto. “El espíritu de este proyecto es simplificar y agilizar procesos, que los dueños de bienes no sean castigados por ello, y seguir el espíritu del Art. 17 de la Constitución Nacional: que la propiedad privada no sea violada”, fundamentó el senador de La Libertad Avanza.

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Por su parte, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, destacó: “Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan”.

El neuquino Pablo Cervi le dijo a TN: “Argentina necesita reglas claras y seguridad jurídica. La defensa de la propiedad privada es un mensaje de confianza para quienes quieren invertir y producir”.

La construcción de mayorías

Para destrabar la aprobación del proyecto, La Libertad Avanza retiró el capítulo cuarto, que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. De esa manera, el oficialismo logró sostener el acompañamiento de los aliados, con quienes ya había acordado descartar el capítulo referido a los cambios en la Ley de Tierras Rurales.

Entre los bloques que acompañaron estuvieron el PRO, la UCR y fuerzas provinciales que responden a los gobernadores, como en el caso de la chubutense Edith Terenzi. Desde Misiones, los senadores Carlos Arce (Encuentro Misionero) y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones, flamante monobloque) también sumaron sus votos a favor.

Sin embargo, durante el debate hubo un episodio que tensó la relación del oficialismo con sus aliados. Ocurrió cuando el senador libertario Joaquín Benegas Lynch planteó una cuestión de privilegio contra la kirchnerista Juliana Di Tullio y afirmó: “La ignorancia de los tibios del medio nos lleva a no votar el capítulo tres (los cambios a la ley de Tierras rurales), que es para los argentinos”.

Los sectores dialoguistas se sintieron aludidos por la referencia a “los tibios del medio” y terminaron inclinando la balanza por el rechazo al capítulo sobre la Ley de Manejo del Fuego. Benegas Lynch intentó luego explicar el alcance de sus palabras, pero no logró convencer a los aliados.

Varios votos negativos

Desde la bancada justicialista se sumaron varios votos de rechazo. Jorge Capitanich planteó: “Creemos necesario que el debate público tenga que centrarse en el acceso a la propiedad por parte de los pobres. La inviolabilidad de la propiedad privada encubre para facilitar el despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.

El también peronista Pablo Bensusán cuestionó que nuevamente se discutiera un proyecto sin dictamen oficial: “De este lado estamos los que defendemos la soberanía, el federalismo, las provincias, las economías regionales. Quienes voten esta ley, están del lado de entregar la Argentina a los Estados extranjeros y yo no voy a ser cómplice de eso”.

La salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), que responde al gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que los cambios realizados no fueron suficientes, ni siquiera con el retiro del capítulo referido a la venta de tierras rurales.

“A pesar de todo el esfuerzo por lograr un proyecto aceptable, no se pudo. Y lo que queda (Cap. I Expropiación y Regularización dominial, Cap. II Procesos de Desalojo, Cap. IV Manejo del Fuego, Cap. V Registro de la Propiedad del Inmueble) no lo puedo acompañar, esta es una decisión responsable, todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse”.

Otro sector que le dio la espalda al oficialismo fue Convicción Federal, el espacio de la jujeña Carolina Moisés. El catamarqueño Guillermo Andrada, integrante de ese bloque, cargó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”.

El legislador Andrada había señalado previamente: “Entendemos que jurídicamente el salario es propiedad privada. Por lo tanto, si tanto les interesa desregular, que liberen las paritarias, porque los argentinos, si bien el 60% es propietario, la mayoría que cobra un salario está regulada por este Gobierno que impide paritarias libres”.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad se había opuesto a los cambios propuestos en la Ley de Manejo del Fuego. “Se suprime la protección posterior a los incendios para bosques, humedales y zonas agropecuarias, pero el artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, pero también la obligación del Estado de proteger ese derecho”, sostuvo. Además, adelantó que la modificación “va a ser cuestionada judicialmente”.

Los puntos del proyecto

La iniciativa introduce una amplia reforma en la Ley de Expropiaciones en lo referido a la declaración de utilidad pública. El nuevo texto conserva esa facultad, pero establece que deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar específicamente el objetivo perseguido y superar un examen de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En relación con las indemnizaciones, establece que deberá tomarse el valor objetivo del bien y considerar su valor de mercado cuando resulte determinado o determinable. Además, incorpora expresamente el lucro cesante.

Otro de los capítulos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar por la vía del juicio sumarísimo, con plazos más breves y una mayor concentración de las etapas procesales.

El proyecto también introduce cambios en la denominada Ley Pierri —en referencia al expresidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri—, que establece un régimen de regularización dominial. La norma vigente permite acceder al beneficio a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1° de enero de 2009, con causa lícita y respecto de una vivienda única y permanente.

El proyecto sancionado por el Senado reemplaza ese corte temporal por un requisito móvil. Podrán solicitar la regularización quienes acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores a la presentación.

Los cambios también alcanzan a la ley que regula los Registros de la Propiedad Inmueble de las distintas jurisdicciones. La iniciativa reconoce expresamente la presentación de documentos digitales y exige que tanto la solicitud como el instrumento registrable estén suscriptos con firma digital.

Si bien algunas jurisdicciones ya admiten presentaciones electrónicas, el proyecto incorpora expresamente esa posibilidad dentro del régimen nacional.

Sin votos virtuales

El Senado no trató las autorizaciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel para que los senadores Anabel Fernández Sagasti, de la bancada justicialista, y Flavio Fama, de la UCR, pudieran sesionar y votar de manera remota debido a distintas situaciones personales que les impidieron estar presentes en el recinto.

Fernández Sagasti atraviesa la semana 32 de su embarazo, mientras que Fama se recupera de una intervención quirúrgica.

Al inicio de la sesión, la senadora Patricia Bullrich (LLA) presentó una moción basada en el artículo 227 del reglamento del Senado. En ese marco, planteó que “a partir de un debate que se ha hecho público sobre licencias o voto no presencial, con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales”.

La propuesta recibió el respaldo de los distintos bloques, incluido el justicialismo. De esa manera, ninguno de los dos legisladores pudo participar de la sesión y se acordó abrir en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Agustín Coto, el debate sobre una eventual vuelta parcial a la virtualidad para casos particulares.

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Para habilitar esa modalidad será necesario modificar el reglamento del Senado con el voto de los dos tercios del cuerpo. Bullrich acordó avanzar por esa vía con los distintos bloques minutos antes de que se retomara el cuarto intermedio iniciado el pasado 16 de julio, cuando la Cámara no había logrado reunir las mayorías necesarias para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su tratamiento volvió a quedar postergado.

La sesión fue presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, debido al viaje del presidente Javier Milei a Ecuador. En consecuencia, Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo.

La vicepresidenta había establecido que su resolución, el Decreto de Presidencia 66/2026, que avalaba el pedido de ambos senadores, quedara ad referéndum de la aprobación del pleno del Senado. Finalmente, el cuerpo resolvió que la discusión sobre los votos remotos se lleve a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La vicepresidenta a cargo del PEN, Victoria Villarruel, que no presidió el Senado, participó este jueves de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, presidida por el nuncio apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach, con la que dio inicio oficialmente a su misión diplomática y pastoral como representante del Papa León XIV en nuestro país.

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