POLITICA
Entre la reforma electoral y el impacto del caso Adorni en la militancia: el doble frente que inquieta a la Casa Rosada
En el Gobierno se encendieron las alarmas por dos temas que preocupan en la Casa Rosada: el futuro de las PASO y el impacto del caso Manuel Adorni en la militancia libertaria.
En Balcarce 50 creen que la reforma política es una condición clave para ordenar la estrategia electoral de Javier Milei en 2027 y admiten preocupación por el efecto que podría tener una primaria nacional en la que el Presidente compita sin interna, pero la oposición aparezca sumada en todas sus variantes.
“Sin reforma política, Milei no reelige”, expresan en un sector del Ejecutivo. En el oficialismo reconocen que ya se pasó la fecha límite que la mesa política había fijado como objetivo para obtener media sanción en el Senado: antes del primer partido del Mundial, que fue el 11 de junio. La iniciativa sigue trabada, pero en Nación aseguran que no la dan por caída. “La reforma va a salir, pero porque van a poner todo lo que sea necesario. Es la obsesión interna”, agregan.
La principal preocupación está puesta en las PASO. En el oficialismo temen que una elección primaria funcione como una gran encuesta nacional antes de las generales y produzca un efecto financiero adverso si Milei queda en torno a los 34 o 38 puntos, mientras el peronismo y otros sectores opositores, sumados, aparecen por encima. “Podés tener un estrés financiero que te complique”, advierten.
La cuenta que hacen en Balcarce 50 es distinta si no hay PASO. En el Ejecutivo especulan con que, sin primarias, Milei podría superar los 40 puntos en una elección general polarizada, mientras que con PASO quedaría expuesto a una foto intermedia menos favorable. En ese marco, algunos funcionarios resumen la orden política en una frase: “Creen que va a salir. Van a dejar todo”.
El encargado de empujar la reforma desde la estructura política es Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei en el armado nacional de La Libertad Avanza. En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una ronda de reuniones con gobernadores para acercar posiciones y conseguir los votos necesarios en el Congreso.
En la Casa Rosada ya trabajan con una alternativa más flexible que la eliminación lisa y llana de las PASO. Aunque algunos sectores internos todavía se inclinan por una suspensión, la opción que gana volumen es convertirlas en un sistema optativo. Ese esquema permitiría que los partidos sin competencia interna no tengan que participar de la primaria y abriría una vía de negociación con gobernadores, radicales, sectores del PRO y bloques provinciales.
En otros despachos oficiales le bajan el tono al riesgo electoral y sostienen que “no va a suceder lo que pasó con Macri”. La referencia apunta al antecedente de 2019, cuando el resultado de las PASO provocó una fuerte reacción de los mercados y dejó al gobierno de Cambiemos muy debilitado antes de la elección general. En el oficialismo creen que Milei llega con un núcleo más firme, pero admiten que no quieren exponerlo a una instancia que pueda condicionar la economía y la campaña.
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La discusión electoral se cruza con la necesidad de evitar nuevos quiebres internos. En esta etapa, en sectores de Balcarce 50 se inclinan por Patricia Bullrich como eventual candidata a vicepresidenta de Milei, aunque la definición todavía no está cerrada. El diagnóstico que comparten en distintos sectores es que el Presidente necesita llegar al año electoral con menos frentes abiertos, acuerdos provinciales más estables y una estructura libertaria alineada detrás de su reelección.
El segundo frente de alarma es territorial. En paralelo a las negociaciones por la reforma política, referentes y funcionarios reciben testimonios de militantes libertarios del interior que trasladan quejas por el caso Adorni. Se trata de dirigentes de base que ponen mesas de La Libertad Avanza en pueblos y ciudades, hacen recorridas de calle y quedan expuestos a insultos, chicanas y reclamos de vecinos.
“Hay varios casos como el de uno al que le dieron plata y le dijeron: ‘Tomá, para Adorni’”, relatan en el oficialismo. La preocupación no está solo en la agresión puntual, sino en la dificultad para bajar una respuesta política ordenada. En los armados territoriales advierten que los militantes no tienen una explicación sencilla para defender al jefe de Gabinete y que el caso les complica el desarrollo discursivo en la calle.
“Nadie lo quiere defender porque no parece creíble su versión. Los pibes se sienten unos boludos”, expresan desde un sector libertario. Otro dirigente territorial agrega: “No tienen idea de cómo afecta a los que ponen la cara en la calle”. Las quejas, por ahora, no fueron elevadas formalmente a Karina Milei ni al Presidente, pero circulan entre armadores, funcionarios y referentes que siguen de cerca el despliegue provincial del partido.
El problema golpea sobre una estructura que la Casa Rosada considera central para 2027. Karina Milei y Lule Menem buscan consolidar el control territorial de La Libertad Avanza, ordenar candidaturas y fortalecer la militancia en provincias donde el sello todavía tiene poca capilaridad. En ese esquema, el caso Adorni aparece como un costo que no solo afecta la imagen del jefe de Gabinete, sino también la capacidad de los referentes locales para defender al Gobierno en el territorio.
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En el Gabinete, la mayoría de los funcionarios quiere que Adorni deje la función. En distintos despachos celebraron la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial porque creen que permitirá recuperar la comunicación oficial después de meses de desgaste. “Ahora vamos a poder comunicar”, resumen en Nación. La expectativa es que el nuevo portavoz vuelva a poner el foco en economía, gestión y reformas, sin que cada aparición derive en preguntas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete.
El cálculo interno es que Milei podría revisar la continuidad de Adorni si empieza a percibir que su caso traba reformas en el Congreso. El jefe de Gabinete enfrenta pedidos de interpelación y una posible moción de censura, mientras aliados y gobernadores evitan defenderlo en público y le piden a la Casa Rosada que resuelva el problema.
Sin embargo, en el Ejecutivo admiten que no hay un sucesor claro y que nadie puede hablar mal de Adorni frente a Javier y Karina Milei. “Lo va a sostener hasta el final”, agregan cerca del Presidente.
La preocupación por las PASO y el desgaste territorial por Adorni forman parte de un mismo diagnóstico: el Gobierno busca ordenar rápido su frente político antes de entrar de lleno en la campaña. La reforma electoral aparece como una herramienta para evitar una primaria que pueda generar inestabilidad financiera, mientras que el recambio en la vocería busca separar la comunicación presidencial del caso que más erosiona a la militancia.
Gobierno, PASO, Manuel Adorni
POLITICA
Ley de Propiedad Privada: qué se aprobó con la media sanción del Senado
El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.
Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.
Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.
Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.
“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.
“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.
También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
el polémico capítulo,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones
Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.
El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.
Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.
Cómo se distribuyen los costos de los daños
El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.
La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.
Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.
El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales
A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.
Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.
La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.
Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.
La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.

Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.
Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.
Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.
Congreso, Incidentes, gobierno de la Ciudad
POLITICA
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