La Corte Suprema de Justicia este jueves dejó firme la cautelar que obligaba al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que el Poder Ejecutivo había vetado. Ahora, desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) celebraron el fallo y destacaron que deberán cumplir con la normativa que aprobó el Congreso el año pasado.

La primera reacción pública llegó por parte del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien destacó en sus redes sociales: “Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”.

La cautelar que dejó firme el máximo tribunal nació a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional y de distintas universidades nacionales. El planteo buscaba que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que el Estado dispuso que la ley 27.795 solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar y antes de resolver el fondo del expediente, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley. Esa orden alcanzó a los artículos 5 y 6, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todas las becas del estudiantado.

La cautelar no incluyó el conjunto completo de cuestiones previstas por la ley. Quedaron afuera la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento.

Es decir, el fallo firmado por los tres ministros del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no tiene efectos económicos concretos porque el aumento de este año ya estaba acordado en paritaria. En el arreglo que coincidió el Poder Ejecutivo con las autoridades de las universidades, llegaron a un acuerdo para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

Sin embargo, desde la UBA advirtieron que la decisión de la Corte Suprema lo que hace es dar un aval implícito a la ley de financiamiento universitario. En esa línea, Emiliano Cagnaci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (Aduba), señaló a Infobae que a partir de esta cautelar deberían actualizarse los salarios que habían quedado retrasados de años anteriores.

“El Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no. Tiene que actualizar los salarios. Lo que hizo la corte fue darle un mensaje al Poder Ejecutivo y darle la razón a la cautelar”, agregó.

En el acta firmada el 10 de junio participaron la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, el Consejo Interuniversitario y organizaciones gremiales docentes y no docentes. Allí se precisó que la recomposición salarial acordada incluía el desfasaje de 2025, la actualización por inflación hasta mayo y un 7% a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo de 2024.

El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio de este año.

En el futuro, las partes fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre en las paritarias con los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización de los salarios según la variación acumulada del IPC y la recomposición por el desfasaje de 2024.

Cuánto cobrarán los docentes universitarios tras el acuerdo

A partir de junio de 2026, según se desprende del acta acuerdo, los valores brutos establecidos para las categorías testigos son los siguientes:

• $1.497.941,97 para los cargos de Dedicación Exclusiva.
• $748.970,98 para los puestos con Dedicación Semi Exclusiva.
• $374.485,49 para los cargos con Dedicación Simple.

Alrededor del 70 % de los docentes universitarios tienen puestos con dedicación simple. Solo una minoría cercana al 10 % está categorizado con dedicación exclusiva a las tareas de enseñanza e investigación en el nivel superior.

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La decisión de YPF de transferir a la provincia de Chubut un importante paquete de tierras e inmuebles ubicados en Comodoro Rivadavia desató un fuerte conflicto político entre el Gobierno provincial y el municipio. La disputa enfrenta al gobernador Ignacio Torres con el intendente Othar Macharashvili y reaviva una discusión sobre el destino de activos considerados estratégicos para la ciudad petrolera.

La polémica comenzó luego de que se conociera que la provincia será la encargada de administrar los bienes cedidos por la compañía. Desde el Ejecutivo chubutense descartaron que esos activos pasen automáticamente a manos del municipio, una postura que generó el rechazo de dirigentes peronistas de Comodoro Rivadavia.

Macharashvili fue uno de los primeros en cuestionar la decisión. “Los bienes tienen que quedar para los comodorenses”, sostuvo al reclamar que las propiedades sean administradas por la ciudad. En el mismo sentido se expresó el exintendente Juan Pablo Luque, quien advirtió: “No vamos a permitir que se lleven los bienes de YPF que pertenecen a los comodorenses”.

También se sumó el senador nacional peronista y exintendente de Comodoro, Carlos Linares, quien señaló: “Espero que todos los bienes de YPF queden en manos de la Municipalidad y de los habitantes de Comodoro Rivadavia. Por respeto a la historia y al sacrificio de los comodorenses, gobernador Torres, espero que así lo haga”.

La respuesta del gobernador no tardó en llegar. Torres fue categórico al asegurar que las propiedades “no van a pasar a manos del municipio” y cuestionó los planteos de la dirigencia local, a la que acusó de intentar apropiarse políticamente de esos activos. “Vamos a garantizar por ley que los bienes de YPF queden para los Comodorenses NO para la municipalidad. Preguntémosle a los vecinos de comodoro si prefieren que los bienes sean cedidos por Ley a las instituciones de Comodoro que corresponden o quieren que se sean cedidas a la Municipalidad”, expresó en sus redes sociales.

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En medio del debate, el vicegobernador Gustavo Menna aportó detalles sobre la dimensión económica del acuerdo alcanzado con la petrolera. Según explicó, la operación supera los 80 millones de dólares e incluye, además, una compensación ambiental de otros 25 millones de dólares.

El eje de la discusión pasa por definir quién tendrá la potestad de gestionar las tierras, edificios e instalaciones que YPF deja en Comodoro Rivadavia en el marco de su retiro de áreas convencionales. Entre los bienes hay predios ubicados en sectores estratégicos de la ciudad, oficinas, instalaciones operativas y clubes históricos que durante décadas estuvieron vinculados a la actividad de la empresa.

La controversia también se produce en un contexto de reconfiguración del negocio de YPF. La petrolera viene concentrando sus inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta y reduciendo su presencia en yacimientos convencionales, un proceso que explica la transferencia de activos a la provincia.

Mientras el Gobierno provincial sostiene que la administración debe quedar bajo una planificación integral de Chubut, desde el municipio aseguran que Comodoro Rivadavia tiene un derecho histórico sobre esos bienes por el impacto que la actividad petrolera tuvo en el desarrollo local.

La ausencia de una normativa específica que establezca el destino de este tipo de activos agrega incertidumbre al conflicto. Esa falta de reglas claras abre la puerta a distintas interpretaciones jurídicas y no se descarta que la disputa pueda trasladarse a los tribunales si no se alcanza un acuerdo político.

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