POLITICA
“Hay que acelerar”: el plan de Adorni para seguir refugiándose en la gestión y el nuevo blindaje del Gobierno
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió que los operadores políticos del oficialismo le extendieran por una semana cualquier tipo de iniciativa para interpelarlo. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, los bloques que proponían este tipo de propuestas no pudieron hacerlo ni en sesiones ni en eventuales reuniones de comisiones.
Esto no quiere decir que estas no prosperen en las próximase semanas, pero la orden de Javier Milei y Karina Milei de sostener al ministro coordinador parece haber hecho efecto. Si bien existen las profundas diferencias puertas adentro, hasta la jefa de bloque Patricia Bullrich -la principal detractora pública de Adorni al interior del Gobierno- elaboró jugadas tendientes a postergar cualquier tipo de embate opositor.
En primer término, logró que en Labor Parlamentaria se cambiara la interpretación de la cantidad de votos que se precisan para llamar a interpelación a un jefe de Gabinete, cambiándolo de mayoría absoluta a dos tercios de los presentes. También le ordenó a Adorni que no fuera a un eventual Informe de Gestión -el cual estaba previsto para el miércoles 2 de julio- porque no tenía sentido someterse a una “carnicería” opositora. Como último acto de la obra, Bullrich hizo caer la sesión prevista para hoy para evitar la interpelación que quería impulsar la oposición.
Pese a estos esfuerzos, el karinismo no está conforme. “Ya nos dio la desconfianza suficiente cuando acordó en Labor la semana pasada que para interpelarlo se precisaba mayoría absoluta. Mágicamente cambió su interpretación reglamentaria”, se quejaban. Tal y como se escribió en Infobae, el círculo de la secretaria general de la Presidencia ya manifestó ante propios y extraños que quieren intervenir la influencia de Bullrich sobre el bloque de La Libertad Avanza y en el vínculo con los aliados.
Gesto de esto fue lo que ejecutó este martes el jefe de Gabinete, que convocó a todos los senadores a su despacho en Casa Rosada para hacer un seguimiento legislativo y contarles su situación política y judicial. Como si fuera poco, Karina estuvo sentada en los tres encuentros, dando una gestualidad de apoyo rotundo. Al menos por el momento.
Adorni no pretende irse y asegura que no lo van a remover. Todo pese a que el contexto judicial que lo rodea parece recrudecerse. Este jueves se conoció que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo las últimas medidas de prueba antes de exigirle explicaciones patrimoniales a Manuel Adorni. Y es que en Comodoro Py se prepara prepara un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.
Ante los suyos, el jefe de Gabinete marca que no le queda otra que “seguir acelerando en la gestión” al interior del Poder Ejecutivo. Para demostrar ante terceros de que sigue teniendo capacidad de ejecución, afirma que metió mano en la Secretaría de Comunicación y Prensa, la cual implicó la salida de su segundo, Javier Lanari. Al parecer, es algo que esperaba hacer hace tiempo. Quienes saben lo que pasa puertas adentro cuentan que quedó decepcionado porque su mano derecha no pudo aliviar la cobertura mediática de su caso.
Una importante figura de la comunicación libertaria no coincide con esta interpretación. “La mayoría de los errores no forzados vinieron de su parte. Nadie estaba de acuerdo con que haga la entrevista del ”deslomado». También lo de la entrevista donde dijo lo de las cripto. Lo que sucede es que pretendía que Lanari se autoinculpe por las restricciones a la Sala de Periodistas [de la Casa Rosada] y que, además, tenga la capacidad de sacarle los móviles de la puerta de Indio Cuá“.
Es por eso que comenzaron a emerger versiones de que estos podrían ser los últimos días de Adorni como jefe de Gabinete. Interpretaciones que llegan desde varios despachos oficiales. Consideran además que el costo de mantenerlo es altísimo por su vínculo con la oposición.
En el Gobierno están contentos con el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Y más con el flamante secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. “Es un diamante en bruto”, dicen, desde donde agregan que su designación “es un mensaje de poder a los medios y de que se viene una nueva etapa”. Fernández venía de estar a cargo del control de YPF con los medios de comunicación, así como de su política de financiamiento y pauta publicitaria.
Quienes miran de afuera esta nueva etapa de la Secretaría creen que habrá un cambio en serio en el vínculo con los medios, aunque temen que “le empiecen a hacer pedidos extrafalarios”. Aun así, reconocen que la cadena comunicacional de todo el Gobierno comenzó a tener mayor fluidez. El ejemplo que ponen es la dinámica que se dio ayer ante el terremoto en Venezuela, que incluyó comunicaciones varias en distintas cuentas y con distintos propósitos. “Ahora todo está más ordenado”, afirman.
Adorni se jacta de que por su apoyo de los Milei tiene un vínculo mano a mano con los ministros, aunque esto habría flaqueado. Días atrás se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, la cual no fue comunicada por la cuenta oficial del jefe de Gabienete, sino por el usuario institucional del área (@Jefatura_Ar). “La reunión fue para avanzar en la revisión de la agenda económica y productiva y en la definición de prioridades de gestión para el período 2026-2027″, se limitaron a comunicar.
Para esta semana se preveía llamar a una reunión de mesa política, pero finalmente no se convocó. Es una incógnita si se hará para la próxima semana. Por lo pronto, no está prevista una reunión de Gabinete, algo que está en facultades de hacer. En otros despachos del Gobierno reconocen que “no está el clima para hacerlo”. En tanto, cerca del jefe de Gabinete marcan que la solución es “fingir demencia”. “Está claro que no es lo mismo avanzar en condiciones de amor que en condiciones de tensión”, reconocen.
POLITICA
La Corte resolverá el reclamo bonaerense por la eliminación de subsidios al transporte y le dio 60 días a la Nación para responder
La Corte Suprema de la Nación se declaró competente para analizar la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado nacional por la supresión del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.
El máximo tribunal le otorgó a Nación 60 días para responder y analizará la medida cautelar una vez que llegue esa contestación o venza el plazo.
El planteo busca que se declare inconstitucional la eliminación de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del AMBA. La causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte.
Este jueves la Corte también se declaró competente en planteos similares interpuestos por La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, el tribunal analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas.
El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno nacional comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del DNU 280/2024 formalizó la medida. Frente a ello, la provincia inició una acción para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo y para que el Poder Ejecutivo se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan la ley.
El Fondo de Compensación, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.
Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado: la ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024. La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte y en convenios suscriptos con la Nación.
POLITICA
La UBA lanzó una plataforma para rastrear los votos, proyectos e intervenciones de cada diputado y senador en el Congreso
La Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó el Monitor de Actividad del Congreso, una nueva sección de Data CP que reúne y sistematiza información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación para que cualquier persona pueda conocer cómo votó cada legislador, qué proyectos impulsó y cuánto utilizó los pasajes oficiales, entre otros datos.
La plataforma organiza la información en cuatro grandes dimensiones: las votaciones de cada legislador y legisladora, los proyectos que presenta o acompaña, sus intervenciones en el recinto y la utilización de pasajes oficiales. La información abarca distintos períodos legislativos y puede explorarse a través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas que no requieren conocimientos técnicos especializados para su uso.
Detrás del lanzamiento hay una premisa concreta: si bien los datos del Congreso son públicos, históricamente se encontraron dispersos entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras, en formatos que dificultaban su consulta y comparación. El Monitor apunta, precisamente, a resolver esa dispersión.
Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, explicó el alcance de la iniciativa: “No alcanza con que la información pública esté disponible: también tiene que ser comprensible, comparable y reutilizable. Queremos que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron. El Monitor permite transformar información que antes estaba dispersa en una herramienta concreta para la investigación, el periodismo y el control ciudadano”.
Entre las funciones disponibles, la plataforma permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bloque.
También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos legislativos, rankings de intervenciones en el recinto y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.
Una de las incorporaciones que distingue al Monitor de otras iniciativas similares es «Armá tu poroteo», un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos. La herramienta apunta tanto al público general como a periodistas e investigadores que necesitan procesar información legislativa de manera ágil.
En cuanto al acceso a los datos, el Monitor ofrece descargas en CSV, Excel y JSON, y dispone de una API documentada para desarrollar análisis y visualizaciones propias. El acceso es gratuito y no requiere registro, lo que amplía el espectro de usuarios potenciales más allá del ámbito académico o técnico.
Nicolás Zubiria, secretario académico de la Carrera de Ciencia Política de la UBA, encuadró el lanzamiento dentro de una concepción más amplia del rol de la universidad pública: “Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público. Con Data CP buscamos que información relevante para comprender el funcionamiento de nuestras instituciones esté al alcance de cualquier persona, no solamente de quienes cuentan con conocimientos técnicos especializados”.
Con esta nueva sección, Data CP amplía sus herramientas de consulta y análisis de información política argentina, sumando la actividad legislativa a su plataforma de datos electorales. El antecedente directo es la sección Elecciones Legislativas 2025, presentada el año anterior, que centraliza y visualiza información electoral y permite a ciudadanos, periodistas, docentes y estudiantes acceder a datos claros y descargables sobre los procesos electorales argentinos.
La plataforma está disponible en datacp.ar/congreso, mientras que el monitor de elecciones puede consultarse en datacp.ar/legislativas2025.
El Senado comenzó a discutir esta noche la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pero que sufrió severas modificaciones en su paso por las comisiones y que seguirá sumando cambios cuando se discuta en particular en el mismo recinto.
El debate comenzó pasadas las 22.30, cuando la sesión del Senado ya había superado las ocho horas de duración, razón por la cual la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), anunció la limitación de los tiempos para los oradores en este debate.
El texto sometido a discusión es el dictamen de comisión impulsado por el oficialismo hace dos semanas que, no obstante, sufrió modificaciones hasta minutos antes del inicio del debate con la intención de conseguir los votos que permitan su aprobación.
Por lo pronto, el proyecto que pasará en revisión a la Cámara de Diputados ya no es el que redactó la Casa Rosada con la intención de levantar la prohibición en la creación de manicomios que había establecido la ley sancionada por el kirchnerismo en 2010. Esa restricción seguirá vigente y se considera a la internación como una medida de carácter excepcional.
La iniciativa genera mucha resistencia, como lo afirmó el peronista disidente Guillermo Andrada (Catamarca), quien destacó la voluntad de consensuar manifestada por el oficialismo, pero aseguró que “no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos”.
“No vamos a cercenar garantías y no vamos a cejar para que el paradigma comunitario esté presente”, afirmó el senador catamarqueño, quien reclamó garantías de financiamiento al Estado nacional. De hecho, dijo que una de las causas del fracaso de la ley kirchnerista fue, precisamente, la falta de presupuesto.
En la misma sintonía, se manifestó el misionero Carlos Arce, quien también apoyó el pedido de financiamiento nacional para las provincias, al tiempo que destacó “la enorme importancia de una evaluación clínica integral”, instancia que se incorporó al texto como parte de la discusión entre los bloques del Senado.
La iniciativa en debate busca actualizar el marco regulatorio para garantizar la protección integral de la salud mental incorporando pautas específicas para la prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión comunitaria en todo el territorio argentino.
Entre sus ejes conceptuales, el dictamen define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, partiendo de la presunción legal de capacidad de todas las personas. Asimismo, reafirma la prohibición estricta de formular diagnósticos basados en criterios discriminatorios -tales como estatus socioeconómico, pertenencia cultural, identidad sexual o demandas familiares-, y establece que la existencia de un diagnóstico no implica por sí misma presunción de riesgo o restricción de la capacidad.
En lo relativo a la conformación de los equipos de atención, el texto dispone que la asistencia estará a cargo de profesionales interdisciplinarios de la salud que incluyan obligatoriamente a un médico psiquiatra, junto a psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales.
Como innovación relevante, ante la imposibilidad de garantizar la presencia física del psiquiatra en determinadas jurisdicciones, se autoriza su intervención remota a través de teleconsultas sincrónicas para avalar evaluaciones y tratamientos.
Respecto a las modalidades asistenciales, la iniciativa reafirma que la internación es una medida terapéutica de carácter excepcional que solo procede cuando ofrece mayores beneficios que los abordajes ambulatorios.
Para evitar la institucionalización indefinida, se estipula que desde el primer día de diagnóstico debe elaborarse un plan de egreso que integre la historia clínica, fijando el límite de 180 días para considerar una internación como prolongada, supuesto que activa la intervención de oficio del Órgano de Revisión.
El régimen para internaciones involuntarias exige la verificación de un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, evaluado bajo un criterio situacional e interdisciplinario con la firma de dos profesionales.
Dichas medidas deberán ser notificadas en un plazo máximo de 24 horas al juez competente y al órgano de revisión, otorgando al magistrado un lapso de tres días para convalidar la medida, requerir peritajes adicionales o disponer la inmediata externación.
En materia de infraestructura, las internaciones deberán efectuarse en hospitales generales o centros especializados en psiquiatría y salud mental, prohibiéndose expresamente la creación de nuevos manicomios o el desarrollo de prácticas manicomiales.
El proyecto reconoce la facultad de fijar directivas anticipadas sobre tratamientos futuros y adecuar el consentimiento informado a pautas de pleno discernimiento. En paralelo, se contemplan los derechos de los familiares a recibir psicoeducación y apoyo, al tiempo que se establece la obligación legal de los representantes o allegados de presentarse al momento del alta hospitalaria para acompañar el proceso de externación.
Para la franja infantojuvenil y el abordaje de consumos problemáticos en menores, se fijan salvaguardas específicas que imponen la atención en dispositivos diferenciados de los adultos, restringiendo las internaciones en unidades de adultos únicamente a casos excepcionales y por el tiempo mínimo. Asimismo, la normativa garantiza la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la no criminalización de las situaciones de consumo en niños, niñas y adolescentes.
Por último, el proyecto incorpora un esquema de financiamiento federal mediante el cual el Estado nacional brindará asistencia técnica y económica a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de convenios bilaterales. Estos recursos, coordinados en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA), se destinarán prioritariamente al fortalecimiento de personal, desarrollo de telemedicina, dispositivos comunitarios y partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud de la Nación.
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
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