POLITICA
Javier Milei acelera su política judicial: envió al Senado un nuevo paquete con 21 pliegos de jueces y fiscales

El presidente Javier Milei envió este miércoles un nuevo paquete de pliegos judiciales al Senado con el objetivo de llenar vacantes en los juzgados Federales. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la Cámara alta recibió un total de 21 candidaturas, lo cual termina de computar un total de 170 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, desde que empezó la gestión.
Se trata de una nuevo acelerón de la política judicial libertaria, que busca aprovechar los apoyos circunstanciales que tiene en el Senado, para llenar el amplio número de vacantes que había en la Justicia hasta el arribo de la nueva conducción del Ministerio de Justicia.
Esta mañana y antes de irse por tres días a España para participar de una conferencia, el Presidente firmó los decretos para la designación de 47 jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya habían sido aprobados por el Senado.

La lista de 21 jueces y fiscales que Milei envió ayer y que quiere que se apruebe en el Senado está compuesta por los siguientes nombres:
- Juan Pablo Ángel Sala — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal.
- Leonardo Marco Toia — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 de la Capital Federal.
- Federico Alfredo Battilana — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal.
- Adolfo Omar Piendibene — Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 38 de la Capital Federal.
- Juan Santiago Ylarri — Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 22 de la Capital Federal.
- Pablo César Cina — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19 de la Capital Federal.
- María Virginia Miguel Carmona — Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.
- Facundo Carlos Cortés — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B.
- María Soledad Mancini — Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A.
- Valeria Pérez Casado — Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C.
- Walter Alfredo Cavassa — Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 12 de la Capital Federal.
- Paula Inés Lo Gioia — Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires.
- Carlos Nicolás Escandar — Defensor Público Oficial Federal del interior del país con asiento en la Ciudad de Salta, provincia de Salta.
- Esteban José Chervin — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 6.
- Leandro Gastón — Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N° 2.
- Daniel Fernando Cano — Fiscalía N° 3 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
- Matías Ezequiel Eidem — Fiscalía N° 7 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
- Ornella Romina Riggitano — Fiscalía N° 27 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.J
- Juan Noel Varela — Fiscalía N° 35 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
- Patricia Luján Cisnero — Fiscalía N° 43 ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
- Germán Helvio Queipo — Fiscalía General Adjunta ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.
En tanto, el Ejecutivo decidió excluir a María Verónica Michelli de la lista, aunque desde el Ministerio de Justicia aclaran que “no se firmó ningún decreto de los tribunales habilitados”. Y es que ese es el nuevo argumento que utilizan las autoridades del Gobierno para marcar que la abogada votada para ocupar un lugar en el Juzgado Federal de La Plata no tenga una designación formal.
Eso fue objeto de controversia semanas atrás. Aunque el Presidente la había remitido al Senado y los bloques se aprestaban por votar su pliego, Milei optó por no firmar su nombramiento, una potestad constitucional que equivale a un veto tácito. En palabras de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la exclusión de Michelli estuvo vinculada a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Esta medida generó repercusión tanto en el ámbito judicial como en el Congreso, donde se interpreta como un mensaje político desde la Casa Rosada.
En el entorno de Mahiques afirman que esa misma decisión de no nombrar a Michelli como jueza también se aplicó para tres otros casos: el de Carlos Fabián Cuesta, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; María Julia Sosa, Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata; y de Ana María Cristina Juan, Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.
El listado de 21 pliegos al que accedió Infobae no cuenta con juzgados o cámaras de Comodoro Py, aunque aseguran que en las próximas semanas podría haber novedades. Y es que el Consejo de la Magistratura está tratando algunos de los puestos más sensibles de todo el Poder Judicial. Por caso, a principios de mes se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Quienes corren con las chances de ser elegidos son Yadarola y Bertuzzi.
En una sesión realizada semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.
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POLITICA
El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad

El Gobierno designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un área especialmente sensible para la gestión de Javier Milei, en reemplazo de Pablo Di Liscia. Este último había sido nombrado en el cargo hace menos de un mes, pero un accidente de tránsito y su posterior internación le impidieron continuar en funciones.
“La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área. La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorías para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”, dice el comunicado oficial al que tuvo acceso .
El nombramiento se oficializaría mañana en el Boletín Oficial, según fuentes del Ministerio de Salud.
Desde julio de 2025, Masaragian se desempeñaba como administrador nacional de Establecimientos de Salud, un organismo descentralizado del Ministerio de Salud conducido por Mario Lugones. Allí se hizo cargo de la “gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales”. Previamente, fue director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales en la misma cartera.
“Su trayectoria en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad dentro del Ministerio, que le agradece por su gestión al frente de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y le desea lo mejor para esta nueva etapa”, agrega el comunicado.
En el mismo mensaje, el Gobierno “le desea una pronta recuperación” a Di Liscia, quien permanece en terapia intensiva e intubado luego de haber sufrido un accidente de tránsito mientras circulaba en moto, lo que le provocó varias fracturas.
A raíz de su ausencia, Lugones dejó la Secretaría de Discapacidad en manos de Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa de la cartera de Salud, de manera interina, en una resolución de la semana pasada.
Por su parte, Di Liscia había sido nombrado en el cargo el 22 de septiembre, apenas una semana antes del siniestro vial, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció en medio de las tensiones internas del Gobierno por los recortes presupuestarios.
Vilches, a su vez, había asumido tras la salida forzada de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (que fue disuelta tras el escándalo y reconvertida en una secretaría del Ministerio de Salud), apartado en agosto del año pasado en medio de la difusión de una serie de audios atribuidos a él, en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. El 22 de septiembre pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y de otras 18 personas investigadas por presuntos desmanejos en el área.
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POLITICA
El Gobierno designó a un nuevo secretario de Discapacidad tras el accidente de Pablo Di Liscia

El Gobierno designó este martes a Diego Masaragian como nuevo secretario Nacional de Discapacidad en reemplazo de Pablo Di Liscia, tras el accidente de tránsito que este sufrió a fines de septiembre.
La nueva designación, aseguraron desde el Ministerio de Salud, responde a la necesidad de “garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área”. A través de un comunicado, señalaron que la prioridad de Masaragian será “fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorias para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad”.
Hasta el momento, el funcionario se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, cargo para el que fue designado en julio de 2025. Desde esa función, estuvo al frente de la gestión los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofisica del Sur (INAREPS).
Previamente, se desempeñó como Director Nacional de Gestión de Servicios Asistenciales, dependiente de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.
Noticia que está siendo actualizada.-
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POLITICA
El Gobierno envió a Guberman a Diputados para defender el Presupuesto, pero chocó con los reclamos por mayor financiamiento a la discapacidad y a las universidades

Con una ambiciosa agenda parlamentaria, el Gobierno inició la semana en el Congreso con el desembarco del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar comienzo al debate del Presupuesto 2027. El funcionario confirmó la intención del oficialismo de sesionar el 18 de noviembre después de la visita del papa León XIV, un cronograma que dejaría al Senado con escaso margen para tratarlo antes del cierre del período de sesiones ordinarias.
La jornada estuvo marcada por fuertes críticas al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y cuestionamientos a las proyecciones de inflación del Gobierno, además de pedidos de explicaciones por la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.
El debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, comenzó con un pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre la hoja de ruta. En respuesta, se confirmó la visita de mañana del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el objetivo del Gobierno de obtener dictamen a fines de octubre para luego llevar el proyecto al recinto.
Acto seguido, Martínez anunció que su bloque presentó ante la presidencia de la comisión un pedido al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para dar cumplimiento a la ley de financiamiento universitario, uno de los focos críticos para el Gobierno cuando faltan dos días para la quinta marcha federal en reclamo de mayor presupuesto.
Es en esa línea que el diputado de UP reclamó aumentar las partidas destinadas en el Presupuesto 2027 y propuso compensar ese incremento con una reducción de otros gastos del Tesoro, a fines de “no alterar el resultado financiero”.
La queja del bloque peronista ante Benegas Lynch se sustenta en un reciente fallo del juez Martín Cormick, que exigió al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había frenado la implementación de la norma, pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial el año pasado.
El texto oficial presentado por el Gobierno proyecta para el año que viene una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores advierten que para ajustarse a la ley se necesitaría casi un 50% más de lo contemplado. En concreto, exigen un financiamiento de $11 billones.
Si bien Benegas Lynch consideró “razonable” la petición, esquivó la cuestión al asegurar que “no es la competencia” de la comisión dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. Después se aclaró que aquellas precisiones se darán con la exposición de invitados de la cartera de Educación.
Durante su exposición, el funcionario evitó dar detalles sobre el financiamiento educativo. En cambio, se centró en la situación económica que encontró el Gobierno al asumir, especialmente apuntó al déficit financiero, la elevada brecha cambiaria y el riesgo país.
En cuanto a las proyecciones económicas, Guberman anticipó un crecimiento del 4% para el próximo año, frente al 3% previsto para este, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1.848.
Noticia en desarrollo
ambiciosa agenda parlamentaria,,pic.twitter.com/uBVrkJvSDO,October 13, 2026,Delfina Galarza,Conforme a



















