La relación entre el juez federal Luis Armella, que investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, y el fiscal federal del caso, Sergio Mola alcanzó un pico de máxima tensión.

Mola acusa a Armella de demorar la causa, pero no es la única diferencia. También discrepan sobre los pedidos de captura de los sospechosos que impulsa el fiscal y sobre la exclusión de la segunda esposa del exfuncionario, Carolina Álvarez, en un peritaje contable clave que va a determinar si hubo enriquecimiento ilícito del exintendente.

Los roles de ambos son diferentes; el fiscal acusa, impulsa la acusación y empuja el caso, y el juez debe evaluar la prueba y conceder o no los pedidos de las partes.

Las diferencias de mirada van mucho más allá de los aspectos procesales. El fiscal Sergio Mola pidió indagar a Insaurralde y el juez Armella no hizo lugar a esa solicitud.

El viernes pasado, Mola pidió detener a Insaurralde y a Jesica Cirio, exmujer del exintendente, al entender que pueden sustraerse de la justicia o perjudicar la investigación.

Lo determinante para el pedido de detención fue la difusión de los videos de Cirio rodeada de fajos de dólares en paquetes termosellados, ocultos en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde.

Los funcionarios de la Fiscalía se hartaron. “Si tienen este dinero escondido en un placard, cuánto más habrá invertido o depositado en otros ámbitos”, se preguntan.

Antes de que, una vez más, “le tomen el pelo a la justicia”, en la fiscalía decidieron actuar ante la presunción de que los acusados se les estaban riendo en la cara, según reconocieron allegados a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

El pedido de detención de Insaurralde y Cirio hay que leerlo en la clave de la indignación de la fiscalía, antes que en la lógica de la fría letra de la ley.

El juez Armella no contempla hacer lugar al pedido de detención. No está dispuesto a avanzar en esta dirección. Seguirá con la impronta que le dio a la causa durante el ultimo año.

La semana próxima tendrá lugar un casi seguro rechazo a la pretensión del fiscal y pagará el costo que correspondaa ante la opinión pública.

Los investigadores calculan, de acuerdo a las imágenes, que podrían haber unos 10 millones de dólares en el vestidor.

Mola ya venía insistiendo desde el año pasado con el pedido de indagatoria de Martín Insaurralde, cuyo último cargo político fue ser jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

La indagatoria fue preparada por Mola junto a su colega Diego Velasco de la Procelac, que es la fiscalía especializada en lavado de dinero. El informe patrimonial que reconstruyeron los fiscales fue lapidario.

Detectaron decenas de millones de gastos sin justificar, solo de los viajes al exterior que hizo Insaurralde; imposibles de cubrir con su sueldo de empleado público de la provincia de Buenos Aires.

También descubrieron supuestas negociaciones con contratistas de la municipalidad, investigaron a supuestos testaferros e imputaron a hijos, a la segunda esposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, y otros parientes.

Era el momento en que la Argentina se jugaba en Paris la aprobación de su calificación en el Grupo de Accción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a los países por sus políticas contra el lavado de dinero.

La Unidad de Información Financiera, a cargo entonces de Ignacio Yacobucci, había también pedido indagar a Insaurralde y a Cirio por lavado y enriquecimiento ilícito, pero en el Gobierno nacional los frenaron y echaron al segundo de Yacobucci, Manuel Tessio.

La fiscalía se diferenció y pidió indagar a Insaurralde por esos delitos con los elementos que tenía en ese momento. Pasó casi un año y ahora cuenta con más elementos para avanzar contra Cirio y el resto de los acusados. Ya se prepara un nuevo pedido de indagatoria.

Pero nada de esto ocurrirá hasta que concluya un peritaje contable que culminará supuestamente el 17 de julio, con 75 puntos de pericia, que determinará si Insaurralde, Cirio y el resto de los acusados pueden o no justificar sus gastos.

Los peritos oficiales y de parte vienen hasta ahora firmando en conjunto las respuestas a los puntos de pericia. Faltarían cinco para concluir el trabajo y los abogados defensores están confiados en que el resultado los favorecerá.

Es una cuestión al menos dudosa si se mira en detalle el video del vestidor millonario. Por eso, la voluntad de Cirio de excluirlo como evidencia y mencionar que su aparición es producto de una trama extorsiva.

Sacar el video de la causa y excluir el allanamiento a su casa, donde encontraron drogas y armas, es parte de su estrategia de defensa.

El peritaje

Pero las diferencias entre el juez Armella y el fiscal también pasan por un peritaje en cuanto al patrimonio que abarca a Carolina Álvarez, la segunda esposa de Insaurralde.

Insaurralde se casó en primer lugar con Liana Toledo, hija del exintendente de Lomas de Zamora Hugo Toledo y madre de Martín y Rodrigo, sus dos primeros hijos. Los bienes e ingresos de ellos están también en la mira. La mujer es funcionaria del otro juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

Luego, Insaurralde formó pareja con Carolina Alvarez, quien era la esposa del hermano de Liana, Leandro Toledo. Es decir, se enamoró de su exconcuñada.

Ambos tuvieron a Bautista, el tercer hijo del exintendente. En 2008 decidieron separarse.

Con posterioridad, el exintendente de Lomas de Zamora se casó con Jesica Wanda Cirio, quien está investigada en esta causa, junto con Sofía Clerici, la “acompañante de viajes” con la que navegaron en el yate Bandido por el Mediterráneo en Marbella en 2023.

Ese periplo en yate fue el disparador de la investigación judicial por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El juez Armella entendió que la exesposa de Insaurralde, Carolina Alvarez, no está imputada en la causa en que se investigan los bienes del exfuncionario y la excluyó del peritaje contable.

La resolución sorprendió a la Unidad de Información Financiera, a la fiscalía de Sergio Mola y a los querellantes de Poder Ciudadano, que apelaron esta decisión.

El juez rechazó la apelación y ahora el asunto está en la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si se avanza o no con el análisis de los bienes de Álvarez.

El juez Armella argumenta que el período por el que se investiga a Insaurralde es desde 2009, cuando fue intendente de Lomas de Zamora en adelante; por eso hay que excluir la compra del terreno que hizo Álvarez donde se construyó la casa en San Vicente, que es de 2006.

Pero los fiscales creen otra cosa. Mencionan que Álvarez está imputada como testaferro de Insaurralde por adquirir esos terrenos en su nombre.

Diego Iglesias, que es el fiscal ante la Cámara de La Plata que debe decidir sobre el asunto, apoyó el reclamo de Mola. Dijo que era necesario incluir en el peritaje una averiguación para determinar el origen de los fondos con los que fueron adquiridos los terrenos en los que luego se alzó la mansión de Insaurralde en San Vicente, en torno a los cuales Álvarez aparece mencionada.

Entre lo que se va a analizar hay un supuesto préstamo o donación de US$250.000 que habría hecho Insaurralde a Cirio y se buscarán determinar los orígenes de esos fondos.

También se analizará cómo se pagó el viaje realizado en 2023 por Insaurralde a Marbella, cuando compartió una semana con Clérici en una villa de lujo y navegó en el yate Bandido mientras tomaban champagne en el Mediterráneo.

Otro de los asuntos que se ahondará es cómo pagó los pasajes de avión con los que realizó un centenar de vuelos, ya que sus ingresos en blanco no permiten costearlos. Asimismo, se evaluará el mecanismo de adquisición de la quinta de San Vicente, donde el exintendente vivió con Cirio, y la compra de vehículos de lujo que utilizaban él y algunos colaboradores.

Allí es donde fue incluida Álvarez. El fiscal pidió en uno de los puntos de pericia que se “determine y explique en particular si, de acuerdo con los ingresos declarados por Carolina Álvarez las retenciones impositivas y los consumos declarados en el período, poseía la capacidad económica para afrontar el pago de 26.000 dólares estadounidenses al 11 de mayo de 2006”.

El fiscal Iglesias defendió la inclusión de Álvarez y dijo que es difícil entender la decisión del juez Armella de dejarla fuera del caso. “Resulta difícil de entender que el juez, contradiciéndose con todo lo que venía afirmando previamente, incluso dictando medidas de importancia respecto de Álvarez, como lo es la cautelar antes de la indagatoria, que ahora sostenga sin más que no resulta imputada, y deje afuera del peritaje el punto pericial relativo a ella”, señaló.

Esta diferencia será la que ahora deba zanjar la Cámara Federal de La Plata, y el resultado de este conflicto determinará que se tenga que completar luego o no el peritaje contable próximo a concluir.

El juez federal Sebastián Ramos procesó al dirigente social Juan Grabois por liderar la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en junio del año pasado, y lo embargó por $5.000.000. Le atribuyó los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad.

El juez dio por acreditado que Grabois encabezó el ingreso al lugar —que estaba cerrado y custodiado— y luego alentó la permanencia pese a la orden de desalojo transmitida por la Policía, que llegó al lugar después.

El procesamiento, dictado el viernes, alcanza también al militante Valentín Peralta, que fue embargado por un millón de pesos.

El hecho ocurrió pasado el mediodía del sábado 7 de junio de 2025. Un grupo de exempleados, acompañados por distintos dirigentes políticos, como Grabois, tomó la sede, ubicada sobre la calle Austria, en el barrio de Recoleta, en protesta contra su cierre, el despido de sus empleados y una “posible” venta del edificio. Lo hicieron a través de Un Café con Perón, el bar lindero, que está conectado con el Instituto por una puerta.

De la toma -una “permanencia pacífica”, según los manifestantes- participaron también la legisladora Victoria Freire y la diputada nacional Natalia Zaracho.

Los manifestantes fueron desalojados un par de horas después por la Policía Federal y fuerzas de la Ciudad, que despejaron el edificio y la esquina y se llevaron detenido al dirigente, en medio de empujones y forcejeos.

Al ser indagado por el juez, a principios de mes, Grabois evitó declarar, pero se desligó del ingreso al lugar en un descargo que presentó su abogado, Nicolás Rechanik.

En el escrito, el dirigente sostuvo que llegó en calidad de abogado de una cooperativa y solo para mediar “institucionalmente”.

El juez no dio crédito a esa versión. Dijo en su resolución que los videos incorporados al caso muestran a Grabois en el patio interno del bar, luego avanzando por el pasillo que conectaba con el Instituto y, minutos después, ingresando al edificio encabezando al grupo de manifestantes, tras la caída de una placa de durlock y un ventilador.

“Dichas imágenes resultan elocuentes para desvirtuar los dichos de esa parte en tanto sostuvo que habría concurrido al establecimiento en su rol de abogado y con posterioridad al ingreso de los manifestantes”, dice Ramos en su resolución.

Valoró especialmente que el dirigente social hubiera posteado en sus redes sociales un mensaje convocando a “defender” el Instituto, que, según dijo, había sido “usurpado” por el “gobierno oligarca”.

En la causa intervinieron el fiscal Carlos Rívolo y el Ministerio de Capital Humano, en el rol de querellante.

Tras el procesamiento, el frente Patria Grande emitió un comunicado en el que calificó la medida como un “mamarracho jurídico”. “No nos vamos a dejar amedrentar por Milei y la mafia judicial de Lago Escondido”, sostuvieron.

La referencia alude al sobreseimiento que el juez Ramos ordenó sobre todas las personas que fueron investigadas por el viaje a Lago Escondido, incluido el ahora ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El descargo también asocia el procesamiento de Grabois con el llamado a indagatoria de José Luis Espert, una causa que tramita en San Isidro y se inició con una denuncia del dirigente.

“No hay dudas de que lo de Espert es solo la punta del iceberg de una red de lavado de dinero que, en caso de avanzar la investigación, se llevará puesto unos cuantos más”, dijeron.