Las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe encabezan el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), un relevamiento que elabora la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) entre 22 jurisdicciones que adhieren al régimen federal. En el fondo del listado, en cambio, están las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego.

Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe integran el Grupo I del listado, que nuclea a los gobiernos provinciales de “cumplimiento estricto”, y alcanzan un Índice LRF de 100 puntos, calificación máxima a la que se puede aspirar en el relevamiento presupuestario.

Las provincias gobernadas por Martín Llaryora, Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro “presentaron toda la información requerida en los plazos establecidos”, se informó en un comunicado de la ASAP.

Para elaborar el índice, se tiene en cuenta si las administraciones provinciales publican el presupuesto del ejercicio corriente (en ese caso, se otorgan 35 puntos); el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento (AIF) de la Administración Pública no Financiera Provincial (vale 25 puntos si está publicado con hasta tres meses de rezago); las Deducciones con Financiamiento Especial de la Administración Pública no Financiera Provincial (se suman 10 puntos, con la publicación hasta los tres meses de atraso); los Gastos clasificados por Finalidad y Función de la Administración Pública no Financiera Provincial (también, significa 10 puntos en caso de ser publicados con hasta tres meses de rezago); la Planilla Stock de Deuda de la Administración Pública no Financiera Provincial (otros 10 puntos al publicarla hasta con tres meses de demora), y la Planilla de Cargos, Horas Cátedra y Módulos Ocupados (también se otorgan 10 puntos por su difusión con hasta tres meses de rezago).

El Grupo II está integrado por las provincias que consiguieron un “cumplimiento alto”. Son la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Todas estas provincias obtuvieron 90 puntos. “Todas publicaron la información en tiempo y forma, con la salvedad de los datos de planta de personal, que quedaron pendientes”, se informó en un comunicado de la ASAP.

En el Grupo III, de “cumplimiento intermedio”, figuran las provincias de Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones. Las tres primeras llegaron a los 70 puntos; Misiones, a 65. “Brindan información completa solamente en los casos del Presupuesto 2026, pero el cumplimiento es parcial respecto a los restantes requisitos”, indicó la ASAP.

El conjunto de menor transparencia fiscal es el del Grupo IV, el de “cumplimiento bajo”, que integran las provincias de Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego. Con 55 puntos se ubicaron Buenos Aires, Chubut, Mendoza y San Juan; con 35, Corrientes, Jujuy y Río Negro. En el último lugar, quedó Tierra del Fuego con 30 puntos. “De este grupo, todas excepto San Juan, Jujuy, y Tierra del Fuego cumplieron con la publicación del Presupuesto 2026″, se informó en el relevamiento presupuestario.

Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo, será el magistrado del caso donde se investiga a Martín Insaurralde y Jesica Cirio luego de las vacaciones de invierno.

Su pliego, enviado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está en el Senado y el 30 de julio deberá afrontar una entrevista con los senadores, antes de que se vote darle acuerdo.

Se descarta que obtendrá los votos necesarios para que su postulación regrese al Poder Ejecutivo y el presidente Javier Milei decrete su designación como juez a cargo del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora.

Hoy, ese juzgado está vacante y el suplente es Luis Armella, juez federal de Quilmes. La subrogancia de Armella en el tribunal es hasta el 31 de agosto próximo, prorrogable por seis meses más.

Pero en el juzgado ya está todo listo para que, después de la feria judicial de invierno y cuando se retome la actividad a comienzos de agosto, Armella deje el tribunal y asuma Rodríguez Ponte.

Nada pasará en la causa hasta que llegue Rodríguez Ponte. Armella no mandará a detener a nadie, ni siquiera a llamarlos a prestar declaración indagatoria, dijeron a fuentes de los tribunales federales lomenses.

“No va a tomar ninguna decisión de fondo, es una cuestión de respeto para con el juez titular, que no lo condicione”, dijo una fuente que conoce al juez Armella de cerca.

Rodríguez Ponte deberá decidir eventualmente sobre el pedido de indagatoria de Insaurralde, su detención, sobre la que insistirá el fiscal Sergio Mola, y el avance sobre Jesica Cirio.

Fuera del radar de los intereses cruzados del peronismo bonaerense y el poder de freno que tienen los intendentes del conurbano sobre la justicia federal, Rodríguez Ponte abreva más en la línea de la familia judicial de Comodoro Py 2002, en torno al eje Lijo-Ricardo Lorenzetti. Son otras fuerzas, lejos de la provincia.

Rodríguez Ponte está casado con Alejandra Mangano, fiscal federal de Comodoro Py. Ella también es hija de Alfredo Mangano, mano derecha de la jueza María Servini, que lleva 53 años en el Poder Judicial.

Tomás Rodríguez Ponte y su mujer se conocieron en los pasillos del fuero federal. Es la definición de la “familia judicial”.

Rodríguez Ponte fue impulsado para ese cargo por Ariel Lijo, pero también por sus propias gestiones. No dejó de transitar despachos y conversar con quien sea necesario para obtener el acuerdo de los senadores.

Actualmente, Rodríguez Ponte es titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), un área especial que depende de la Corte Suprema de Justicia a cargo de los peritajes de las causas más complejas y de las escuchas telefónicas dispuestas por los magistrados.

Acaba de regresar de un viaje a París, junto con Lijo, el juez federal Sebastián Casanello y el ministro de Justicia Mahiques, donde expusieron ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre lavado de dinero.

Rodriguez Ponte es el hombre de las escuchas que espera un juzgado desde 2018. Fue propuesto para el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora tres veces.

Ganó el concurso para ese cargo, y en noviembre de 2018 el presidente Mauricio Macri mandó su nombre al Senado para que lo aprobaran. El senado kirchnerista nunca lo trató.

Alberto Fernández retiró los pliegos de la gestión anterior y tampoco lo propuso. Ahora, el gobierno de Javier Milei le envió al Senado el mensaje N°155/26 para designarlo en el tribunal, donde está radicado el caso Insaurralde.

Rodríguez Ponte hizo su carrera en los tribunales de Comodoro Py como secretario letrado de Lijo. Ese vínculo es el eje de su trayectoria. Cuando en 2016 la Corte Suprema absorbió la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, Lorenzetti, entonces presidente del máximo tribunal, lo designó como director operativo.

Esta decisión mostró el aceitado vínculo entre Lorenzetti y Comodoro Py con el camarista federal Martín Irurzun, que dirigió el organismo, y Lijo.

La oficina que dirige tiene un enorme peso político, pues intercepta comunicaciones por orden judicial en causas federales de todo el país.

El kirchnerismo lo acusó por la filtración de conversaciones de Cristina Kirchner durante su gestión al frente de la Dajudeco. Nada se probó, pero bastó para frenar su pliego.

El juzgado que asumirá Rodríguez Ponte es clave: trabaja con lo que ocurre en la cárcel y el aeropuerto de Ezeiza, y el crimen organizado en una zona álgida del conurbano.