En medio de una semana con casi nula actividad y varios legisladores que ya abrazan el receso invernal -difieren las semanas de “vacaciones”, según el distrito-, los jefes de bloque del Senado definirán este mediodía, en una reunión de Labor Parlamentaria, si sesionan el jueves 16 o si, como ya sugieren algunos aliados, se espera hasta agosto.

La posibilidad de ir al recinto ya tuvo dos frenos, situación que frustró a la titular de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich. La porteña, que en las últimas semanas cedió el monopolio que tenía sobre el Senado -como contó Infobae-, hace números entre dialoguistas que ya avisaron que no estarán presentes y un potencial regreso que ayudaría al oficialismo a descomprimir una mochila pesada de leyes que pide el Ejecutivo y que, por diversos motivos, no logra votarse.

El escenario suma otra complicación, tras la advertencia que espacios friendly le hicieron a la propia Bullrich en marzo: el período para sacar leyes era el semestre actual. En ese entonces estimaron que, tras el receso invernal, las pre campañas provinciales y el aterrizaje del Presupuesto 2027 en septiembre implicarían menos chances de debatir el resto de los proyectos que estuviesen en bandeja. El mensaje no sólo no fue oído, sino que se perdieron valiosas ventanas. Y, como quedó claro en días recientes, el tapón que significó el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni no fue lo único que trabó el día a día en la Cámara alta.

“La última vez que quisimos sesionar, Bullrich y los kirchneristas no dieron quorum. Los demás casi que estábamos completos para tratar iniciativas. ¿Ahora están apurados?“, manifestó un senador de peso a este medio. Aún más ofuscado, agregó: “El problema de los libertarios es que inflan temas de manera muy artificial. En propiedad privada ya hay 13 borradores, pese a que existe un despacho y una orden del día ya publicada. Es una verguenza. Hasta me dan ganas de no estar cuando se vote”.

El texto, cuyo principal difusor es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue desplumado por los dialoguistas. Bullrich apuró un despacho -varias modificaciones sin resistencia- y, desde allí, al menos una docena de borradores fueron intercambiados entre bancadas para llegar a un articulado final. De hecho, hay quienes aún ponen en duda, incluso, la decimotercera versión.

Antes que se dictaminara, la ley de propiedad privada recibió un mazazo con la eliminación del capítulo entero relacionado con barrios populares. No obstante, en las recientes semanas estalló un inconveniente más delicado: la venta de tierras a extranjeros. En el último borrador visto por este medio aparece la “prohibición para la adquisición” de tierras rurales “por parte de los Estados Extranjeros”.

También regiría una inhabilitación “para la adquisición de tierras rurales por parte de las empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia” donde se halle “ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional”.

Una eventual cita tendría el tratamiento de un lote de pliegos judiciales ya rubricados -el verdadero interés de la sesión, donde todos ganarían- y, ya en caso de un milagro, la aprobación de ascensos diplomáticos en fila desde el inicio de la gestión libertaria, una cuestión que se convirtió en una bola de nieve en Cancillería, que lidera Pablo Quirno.

Una ley que podría quedar a tiro de ser sancionada es la denominada “Hojarasca”, que elimina una serie normas vetustas y ya tiene el visto bueno de Diputados. Los aliados avisaron a Bullrich que, de los proyectos que pretenda el Ejecutivo, irían con uno por sesión. Se piensa en una excepción como gesto hacia Balcarce 50 -gobernadores también aguardan que se cumpla con la palabra empeñada-, tras meses sin una ley importante en la Cámara alta. Algo impensado meses atrás.

celeste salguero/ comunicación

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El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dará a conocer este miércoles el veredicto del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, que causó la muerte de sus 44 tripulantes.

Durante el juicio, se analizó la responsabilidad penal de cuatro exoficiales de la Armada: el contralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Claudio Villamide, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Correa. Se los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte, en concurso ideal.

El proceso comenzó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos, estuvo a cargo de los jueces Gabriel Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini, y se realizaron más de 30 audiencias. El lunes concluyeron los alegatos de las defensas y el juicio ingresó en su tramo final.

El proceso judicial busca establecer si existieron responsabilidades penales por parte de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado y la operación del buque durante su última misión.

La acusación sostiene que, tras la avería reportada el 15 de noviembre de 2017 no se adoptaron las medidas de seguridad previstas, como ordenar la navegación en superficie ni convocar de inmediato a especialistas.

Durante las primeras audiencias, el tribunal escuchó el requerimiento a juicio de la causa donde la fiscalía aseguró que el hundimiento no fue un evento fortuito, sino una “tragedia previsible”. Durante la instrucción, se detectaron fallas críticas de mantenimiento y alertas previas —como informes de la SIGEN y de la propia Inspección General de la Armada— que advertían sobre el deterioro de las baterías y la falta de ingresos a dique seco, los cuales habrían sido ignorados.

Según las abogadas de la querella, Valeria Carreras y Lorena Arias, las pruebas reunidas durante la instrucción y el debate oral son “abrumadoras” y demuestran incumplimientos que derivaron en la tragedia.

Las letradas cuestionaron las estrategias de las defensas, a las que calificaron de “tecnicismos” destinados a eludir la responsabilidad, y recordaron que los imputados negaron problemas en el buque y culparon a otros sectores.

En diálogo exclusivo con TN, Carreras dijo: “Llegamos a juicio luego de 8 años y 8 meses desde que se hundió el submarino ARA San Juan y ese fue un logro en sí mismo, porque nos precedieron dos sentencias que procesaron a los acusados”.

“Ahora llegamos al veredicto, luego de 4 meses de juicio oral aquí en Río Gallegos y sabremos si ese veredicto coincide con la prueba producida y con lo sostenido durante años por esta querella de 34 familiares de los tripulantes. Ese submarino yace en el fondo del mar esperando también, rogamos que no vuelva a ser abandonado a su suerte como cuando zarpó sin estas en condiciones de hacerlo. Esperamos justicia», agregó la abogada de la querella mayoritaria.

El caso

El ARA San Juan zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 en una misión de patrullaje. El 15 de noviembre se produjo la falla crítica.

El submarino, con 44 tripulantes a bordo, desapareció y su casco resistente fue hallado un año después a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, donde se confirmó que sufrió una implosión.

ARA San Juan, Río Gallegos, Santa Cruz