El gobierno de Mauricio Macri prevé cinco meses de alta conflictividad social. Luego de ese tiempo, pronostica que se estabilizará la economía y habrá un desahogo para sectores medios y bajos. Pero mientras tanto baraja una agenda de medidas para equilibrar el costo político de la agenda negativa de los aumentos de tarifas, del dólar y de la inflación.

«La estrategia es pagar el costo, hasta junio próximo, por medidas necesarias pero impopulares por el esfuerzo de la clase media. Después se estabilizará todo y creceremos a casi 4% del PBI», dijo un ministro a .

Con esa lógica, Macri busca posicionarse para intentar su reelección en 2019. Para revertir la baja en su popularidad, que ya se siente en las encuestas, desplegará una agenda institucional, de transparencia y austeridad que continuará la reducción del 25% de funcionarios políticos, el congelamiento de sus sueldos y el cese de los familiares de ministros con cargos jerárquicos.

Apurará la reforma política, la ley de financiamiento de partidos y campañas, el cambio de sistema electoral, tipificará nuevos delitos electorales, como el clientelismo, y propondrá una nueva ley de ética pública.

El plan de Macri fue invertir el capital político de su triunfo electoral de octubre en un semestre de medidas críticas para sectores vulnerables: el pacto fiscal, las reformas previsional y laboral, los aumentos de tarifas de luz, gas, agua, transportes, prepagas, combustibles y la devaluación.

«Hay que pagar todo el costo ahora, para acomodar las variables luego de junio y hasta 2019», señaló un alto funcionario a , con miras a la reeleccion. En rigor, replicará el esquema de la primera mitad del mandato: en 2016 dieron las malas noticias; en 2017 se hizo campaña.

Macri eligió ahora dar las batallas difíciles, como la pelea por la transparencia de los sindicatos. Ello chocó con el intento de cerrar paritarias salariales en el 15% y negociar una conflictiva reforma laboral.

También activó bajas de contratos temporarios en organismos del Estado, como INTI, Fadea, Hospital Posadas, Fabricaciones Militares o Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, denunciados como despidos masivos en actos callejeros.

A esas medidas, por un error político no forzado, agregó más crispación política con el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que designó a su empleada doméstica Sandra Heredia en la intervención en el SOMU.

En medio de ello, y de varias detenciones de sindicalistas, los organismos de control -AFIP, UIF- y la diputada Graciela Ocaña, de Cambiemos, enviaron informes a las causas de corrupción y lavado de dinero contra el jefe de Camioneros, Hugo Moyano, y contra empresas vinculadas a su familia y su gremio.

En tanto, avanzan otras investigaciones judiciales contra otros dirigentes sindicales poderosos.

Para aplacar la conflictividad social y vaciar de contenido la protesta de Moyano en la Plaza de Mayo prevista para el 22 del actual, Macri instalará la idea de que la convocatoria será solo en defensa de la impunidad del líder camionero. «No es Moyano contra Macri. Es la institucionalidad contra la delincuencia», dicen.

No se descartan, no obstante, otros gestos del Poder Ejecutivo para descomprimir la tensión con el camionero. La AFIP permitirá saldar sus deudas impositivas al correo privado OCA, vinculado a Moyano, y el Enacom prorrogó su licencia. «Lo de nuestra competencia se puede hacer, pero las causas judiciales no lo son», dicen en la Casa Rosada.

El diálogo de Triaca con Moyano está roto y en su peor momento. El ministro sospecha que el moyanismo destapó el caso de su empleada.

Para el semestre áspero, además de medidas populares, Macri apuesta a que la baja de tasas de interés del Banco Central y la suba del dólar reactiven la economía. Pero en esta tensión, no presionará por una reforma laboral urgente y las paritarias serán más flexibles que el 15%, aunque ese tope se fijará para trabajadores estatales para no disparar el déficit. «Las paritarias son libres. Los privados pueden excederse un poco, aunque sin disparar la inflación. Un poco de reactivación de consumo no está mal», dijo un funcionario.

Sobre la reforma laboral, Macri ordenó aprobar por ley los puntos aceptados por la CGT, como el blanqueo laboral, esquemas de capacitación y licencias por paternidad.

Del mismo modo, aceptará enviar por ley los aspectos más conflictivos del megadecreto de desburocratización del Estado, otro traspié político de enero, que la oposición se prepara para rechazar en el Congreso.

Para apuntalar el optimismo, el Gobierno tiene previsto reactivar con fuerza la obra pública desde junio y mantener el ritmo hasta las elecciones de 2019. Se apostará a financiarlas con el programa de Participación Público-Privada (PPP), pero también con fondos públicos.

Para compensar la agenda negativa de los aumentos en el costo de vida, luego de anunciar el recorte de 994 cargos jerárquicos en el Estado, el congelamiento de sus sueldos y la eliminación de los familiares, Macri irá por más: promoverá la ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, con un blanqueo del origen de los fondos: se prohibirán aportes en efectivo y se obligará a bancarizarlos; se exigirán informes en tiempo real y se hará un cruce de datos entre la AFIP, la UIF, Procelac (fiscalía de lavado de dinero) y la Cámara Electoral.

Se habilitarán aportes de empresas, hasta un tope del 3% de la campaña, y se tipificarán delitos electorales como clientelismo y sanciones a funcionarios que los cometan. Impulsarán además el cambio del sistema electoral sobre el dictamen frenado en el Senado a fines de 2016.

Tal como anticipó el jueves último, se enviará un proyecto de ley de integridad (ética pública), con nuevas formas de declaraciones juradas y prevención de conflictos de interés, entre otros puntos.

Si bien no está previsto un aumento en planes sociales, el gasto social será monitoreado para evitar desbordes. El Gobierno observa índices positivos en empleo, salario real y baja de inflación. Y resolvió no atender reclamos por despidos en el Estado ni por quita de planes sociales que hayan incumplido el presentismo.

Un retiro frente al mar para revisar la gestión

Luego de las tensiones internas por los recortes de cargos, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a organizar un retiro espiritual en Chapadmalal entre el 15 y el 17 del actual. El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, prepara la estada en la residencia presidencial de esa ciudad balnearia.

Macri intentará cerrar heridas generadas por el ajuste administrativo y las discusiones que hubo entre los ministros y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, por la reestructuración de ministerios.

Además se debatirá sobre políticas para bajar la pobreza, activar obras públicas, mejorar los créditos e implementar tecnología en la educación. El Presidente aspira a diseñar los planes para un año que estará enteramente dedicado a la gestión y a buscar logros para la clase media, antes de la campaña para su reelección.