POLITICA
Sur Finanzas: volvió a declarar el financista ligado a la AFA y planteó que “no hay delito que perseguir”
El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas. En los últimos días, fueron indagados los ex directivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y por parte de Sur Finanzas Group SA, declaró, por segunda vez, Maximiliano Ariel Vallejo, amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El financista declaró como imputado y presentó un escrito en el que se defendió de cada una de las acusaciones.
La medida judicial se realizó en momentos en que el mandamás de la AFA encabeza la delegación Argentina en el Mundial de fútbol que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.
El juzgado también fijó nuevas indagatorias para imputados que no se presentaron a declarar y advirtió con declararlos en rebeldía si no asisten a la citación.
La cerrada defensa de Vallejo
Ariel Vallejo enfrenta cuatro cargos en la causa que instruye el juez Luis Armella e impulsa la fiscal Cecilia Incardona: asociación ilícita, cobrar tasas usurarias, defraudación—por los contratos de mutuo celebrados con el Club Atlético Banfield— y lavado de activos, este último agravado por habitualidad y por su presunta pertenencia a una asociación formada para la comisión continuada de ese delito.
La acusación también desliza, de manera tangencial, presuntas infracciones al régimen penal cambiario e intermediación financiera no autorizada, aunque sin identificar operaciones específicas, sin precisar montos concretos por hecho y sin sentencia ni determinación administrativa firme que sustente esas calificaciones.
El escrito fue redactado con la asistencia técnica del abogado Pablo Parera y amplía el descargo que el empresario ya había formulado en la primera presentación.
Desde el inicio de su indagatoria, Vallejo fijó su postura: “Aprovecharé esta oportunidad para brindar elementos útiles que reflejarán la actividad lícita de las firmas investigadas y desacreditar las imputaciones indeterminadas que se achacan a mi persona y el resto de los consortes”, dijo. Una frase similar figura en el escrito al que accedió de manera exclusiva Infobae.
Antes de entrar en el detalle de cada cargo que se le imputan al amigo de Tapia, el escrito construye su argumentación sobre una serie de afirmaciones que la defensa plantea como ejes de todo el descargo. Estas son las principales:
- “La mera pertenencia a una organización empresarial, con roles diferenciados, jerarquías claras y funciones específicas, no constituye ni puede constituir el sustrato fáctico de una asociación ilícita”.
- “Una asociación ilícita opera en la clandestinidad, carece de registro, no tiene empleados en relación de dependencia formal, y no rinde cuentas ante ningún organismo estatal.”
- “Sin víctima que se reconozca como tal, en un supuesto menoscabo al patrimonio, no hay delito que perseguir.”
- “La ausencia de un parámetro técnico, sólido y contextualizado deja a la acusación sin un sustento objetivo que permita sostener la tipicidad de la conducta.”
- “No puede configurarse engaño cuando la presunta víctima convalida institucionalmente la operación de que se trate.”
- “La imputación describe el mecanismo de lavado como ‘confusión sistémica de fondos ilícitos dentro de sus patrimonios lícitos’; sin embargo, la ‘confusión patrimonial’ no es ninguno de los verbos típicos enumerados en el art. 303 CP.”
- “La mera enumeración cronológica de adquisiciones de bienes a lo largo de varios años no satisface ese requisito (de habitualidad), si previamente no se explica por qué cada uno de esos actos, individualmente considerado, configura un acto autónomo de lavado”.
- “La circunstancia de que una empresa o sus responsables estén siendo investigados no autoriza a presumir la ilicitud de la totalidad de sus contratos ni que todas las contrapartes revistieron el carácter de víctimas o de cómplices; esa inferencia global sustituye la prueba concreta por la mera sospecha genérica”.
Empleados registrados, no cómplices
El primer cargo que abordó la defensa fue la de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal). Para que ese delito exista, la ley exige un acuerdo de voluntades de tres o más personas, de carácter permanente u organizado, con el fin específico de cometer delitos de manera indeterminada. Vallejo dice que ninguno de esos requisitos se verifica.
El argumento se apoya en la documentación laboral incautada en los propios allanamientos. Cada uno de los imputados tenía un vínculo formal con las sociedades del grupo: Gerardo Salvador Carrozza, gerente general y apoderado de Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA y ARS Cambios SAS; María Fernanda Sena Argis, presidenta de Sur Finanzas Group SA y responsable del área de liquidación y pagos; Bárbara Denise Sena Argis, jefa de departamento y directora suplente de Sur Finanzas PSP SA; Nahiara Gamarra, secretaria del directorio; Daniela Sánchez y Micaela Sánchez, secretaria y cajera respectivamente; Rolando Soloaga y Sergio Da Silveira, afectados al área de transporte de caudales; Susana Beatriz Hoffmann, asesora externa.
El texto hace mención a que las cuatro sociedades señaladas por la acusación —Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, Centro de Inversiones Concordia SRL y ARS Cambios SAS— son personas jurídicas inscriptas, con CUIT asignado por ARCA y nómina de empleados registrados ante los organismos de seguridad social. La defensa también cuestionó que se impute a Hoffmann y a Gamarra haber integrado la asociación ilícita con base en que la primera aparece citada de manera periférica en una conversación y la segunda figura en remitos de compra.
Usura sin víctima
En segundo lugar la defensa de Vallejo atacó el cargo por tasas usurarias (art. 175 bis del Código Penal) con una pregunta que la defensa considera sin respuesta en el expediente: ¿quién es la víctima?. Los contratos de préstamo cuestionados fueron celebrados con clubes de fútbol —personas jurídicas con asesoramiento contable— que nunca impugnaron los contratos, nunca reclamaron la restitución de intereses y nunca formularon denuncia alguna, según señaló Vallejo.
La defensa también sostuvo que la Fiscalía no explicó en qué parámetro técnico se basó para calificar las tasas como usurarias. El argumento de fondo fue que, en un contexto de alta inflación como el que atravesó la Argentina en los períodos investigados, una tasa nominalmente elevada puede ser razonable en términos reales. La norma, agrega Vallejo, no reprime cualquier tasa alta; reprime el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia del deudor. Y los clubes de fútbol, con sus comisiones directivas y sus asesores contables, no encajan en ese perfil, sostuvo la defensa del financista que llegó a ser prestamistas y sponsor de los clubes de la AFA por intermedio de Tapia.
Banfield y los millones de dólares
El tercer cargo —defraudación en perjuicio del Club Atlético Banfield— fue refutada apoyada en contratos fechados, transferencias bancarias y decisiones institucionales del propio club.
La Fiscalía sostiene en su acusación que los contratos de mutuo entre Sur Finanzas Group SA y Banfield integraron una maniobra fraudulenta. La defensa presentó la secuencia de hechos tal como consta en el expediente:
- El 17 de julio de 2023, Sur Finanzas y el club suscribieron un primer mutuo por USD 500.000 para cubrir necesidades de liquidez.
- El 9 de octubre de ese mismo año, firmaron un segundo contrato por igual suma para atender requerimientos de caja. Ambos contratos, dice Vallejo, contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva del Club. Los fondos se transfirieron, el club los recibió y los aplicó a sus necesidades. Luego, las propias autoridades renegociaron la deuda. Y la nueva conducción, tras el cambio de dirigencia, ratificó y continuó el vínculo comercial con Sur Finanzas.
Sobre el sponsoreo —que la acusación fiscal califica de ficticio—, la defensa presentó una propuesta formal de patrocinio emitida el 12 de diciembre de 2022 y señaló que la marca Sur Finanzas estuvo visible en la indumentaria del club y en partidos televisados, incluyendo los de la “Copa Sur Finanzas”. La nueva conducción del club ratificó el vínculo, dato que la defensa presentó como prueba de que el contrato tuvo valor económico real.
Los números del lavado
El cargo de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) fue cuestionado por la defensa desde cinco ángulos.
El primero es conceptual: la evasión tributaria no puede ser “hecho precedente” del lavado. Vallejo citó al jurista F. J. Córdoba para sostener ese punto: “Lo característico del delito de evasión es que el autor se ahorra gastos que debería realizar para cancelar una deuda con el Fisco; por lo tanto un gasto ‘ahorrado’ es un gasto que no se hizo, es decir, una ‘nada’ que no puede, por consiguiente, ser objeto idóneo de un delito de lavado”.
El segundo es aritmético. Para la defensa de Vallejo «los montos no cierran». La retención de aportes imputada totaliza aproximadamente $46.000.000. Las adquisiciones de vehículos señaladas como maniobra de lavado suman $338.659.900 —casi ocho veces más—. Vallejo sostiene que esa cifra se condice con su patrimonio declarado al 1° de diciembre de 2025: $1.800 millones, compatibles con un salario de $70.000.000 mensuales durante más de tres años como CEO del grupo, más dividendos societarios, financiamiento bancario y reinversión empresarial.
El tercero apunta a la vaguedad de la imputación fiscal: la fórmula de la acusación se repite de manera idéntica para todos y cada uno de los actos enumerados —compra de vehículos, administración de una caja de ahorro, transferencias a RDA, aportes de capital— sin ninguna referencia a hechos concretos que permitan inferir dolo o conocimiento por parte de Vallejo.
El cuarto cuestiona la lista de vehículos. La acusación los enumera de forma acumulativa, generando una imagen de acumulación patrimonial que no se corresponde con la realidad: la mayoría estaban registrados a nombre de las empresas del grupo, no a nombre personal de Vallejo. “En forma simultánea nunca tuvo más de cuatro rodados propios”, sostiene el escrito. La compra de un camión Mercedes Benz, agrega la defensa, respondió a las necesidades operativas del área de transporte de caudales de Sur Finanzas Group.
El quinto rechaza el agravante de habitualidad: la mera enumeración cronológica de adquisiciones a lo largo de varios años no alcanza para configurarlo si no se explica por qué cada acto, individualmente considerado, constituye un acto autónomo de lavado.
Los clubes de fútbol como testigos
El descargo también revela la magnitud de la red de contratos deportivos que Sur Finanzas tejió con el fútbol argentino. La defensa pidió la citación de representantes de Asociación Atlética Argentinos Juniors —que recibió $600.000.000 destinados al pago de salarios y obras en la tribuna de su estadio—, Club Atlético Temperley, Club Atlético Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Club Atlético Excursionistas y Racing Club, todos para testificar sobre la naturaleza comercial real de sus contratos con el grupo.
Respecto de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el escrito revela que la deuda de ese club —de $420.000.000— obligó a Sur Finanzas a refinanciar pasivos y resignar locales alquilados. La Liga Profesional de Fútbol Argentino abonó a Sur Finanzas PSP S.A. el 15 de julio de 2025 en cumplimiento de una cesión de derechos televisivos de San Lorenzo, dato que la defensa presentó como prueba de que ese mecanismo de financiamiento es una práctica legal y habitual en el fútbol argentino.
Clubes de fútbol como testigos
Para respaldar su posición, el defensor Parera, que integra el estudio jurídico de Mauricio D’Alessandro, le solicitó al juez Armella una pericia contable integral sobre sociedades del grupo —entre ellas Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (ex Neblockchain), Roma Inversiones SA, Sur Crypto SA y Cluster Palace Beach SA—, una auditoría forense independiente sobre el origen de los fondos catalogados como espurios, y oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para verificar si existieron sanciones firmes contra las sociedades del grupo y si Sur Finanzas PSP SA estaban registrada como Proveedor de Servicios de Pago (PSP).
También pidió que declaren como testigos:
- La Asociación Atlética Argentinos Juniors para acreditar que los fondos recibidos ($600.000.000 totales) fueron destinados al pago de salarios y a obras en la tribuna del estadio, y que el descuento de cheques propios es una práctica legítima de financiamiento adoptada libremente por la entidad.
- Club Atlético Temperley para acreditar las condiciones reales del contrato y ausencia de coacción.
- Club Atlético Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Club Atlético Excursionistas, Racing Club para “testimoniar sobre la naturaleza comercial real de los contratos y que los fondos fueron recibidos conforme a lo pactado”.
- Liga Profesional de Fútbol Argentino / Superliga para “informar que la cesión de derechos televisivos futuros como mecanismo de financiamiento es una práctica habitual y legal en el fútbol argentino”, y “ratificar el pago efectuado a Sur Finanzas PSP S.A. el 15/7/2025 en cumplimiento de la cesión del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”.
- También pidió oficios a cinco bancos —Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco Industrial, Banco COINAG y Banco BBVA Argentina— para determinar si se emitieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La declaración testimonial del contador interno del grupo, Gustavo López, está en la lista. Y también la designación de un perito experto en derecho corporativo y compliance que explique al tribunal, con criterios técnicos, cuándo un entramado societario configura lavado de activos y cuándo responde a prácticas habituales en grupos empresarios del sector financiero argentino.
La economía argentina muestra señales de crecimiento en los principales indicadores, mientras una parte significativa de la sociedad percibe que su situación personal empeora. La estadística muestra expansión del Producto Bruto Interno y una baja de la inflación, pero el poder adquisitivo y la percepción social siguen en retroceso. El politólogo Andrés Malamud aseguró que el futuro político de Javier Milei depende de si el crecimiento económico logra llegar al bolsillo de la gente.
“El crecimiento llegaba a los bolsillos, la macro y la micro. Hoy no está pasando”, afirmó Malamud en Infobae en Vivo. Consideró que, aunque los datos oficiales muestran expansión, el bienestar no alcanza a la mayoría. “Cuando se acumula crecimiento a lo largo de varios años, se puede producir esa reconexión entre el crecimiento económico y la prosperidad o el sentimiento de prosperidad, que todavía no se siente”, explicó.
El especialista remarcó que la Argentina atraviesa una novedad histórica: “Habitualmente, cuando había crecimiento, había prosperidad. El crecimiento llegaba a los bolsillos. Hoy no está pasando”. Según su análisis, la esperanza del gobierno reside en que, si el crecimiento continúa, el impacto positivo se notará en los próximos años.
Menos empleo y más precarización pese al crecimiento
La transformación de la estructura productiva argentina genera menos empleo estable. Malamud fue claro: “La economía sobre la que crecemos ahora, la estructura productiva, es diferente de la anterior, genera menos empleo. Y esto pasa en todo el mundo”. Señaló que la industria, tanto en Argentina como en otros países, pierde capacidad de generar trabajo y que el sector servicios avanza, pero con menor estabilidad laboral.
En sectores como petróleo y gas, la nueva modalidad de producción tampoco genera puestos suficientes. “No es momentáneo, es estructural. Las economías en el mundo están generando menos empleo. Automatización, las nuevas tecnologías”, detalló. Esta situación se traduce en una caída del empleo formal y un aumento de la precarización.
El desempleo no sube de manera brusca por la baja de la natalidad. “Casi todos los países están en declinación demográfica. Las nuevas economías van a crear menos empleo y menos personas. Por eso el desempleo no aumenta”, afirmó el analista. El resultado es una economía que crece, pero no mejora la calidad de vida de la mayoría.
El Estado provincial sostiene la contención social
Malamud explicó que la función de contención social recae sobre las provincias y los municipios. “En Argentina todavía tenemos ese estado de bienestar que te permite no tener un empleo fijo, ser precario y, sin embargo, tener un hospital municipal o provincial o nacional que te atiende”. Según el politólogo, el ajuste fiscal del gobierno nacional convive con la persistencia de estructuras estatales subnacionales.
“El Estado es mala palabra a nivel nacional. A nivel provincial y municipal, no. Si vos viajás por las provincias o por los municipios, te encontrás con la misma casta de siempre. Y es una casta prestigiosa, es una casta reelegida”, destacó Malamud. El Estado territorial actúa como amortiguador y permite que la crisis no derive en un estallido social generalizado.
La coexistencia de discursos de ajuste y prácticas de contención marca un desacople entre la política nacional y la realidad local. Este fenómeno contribuye a explicar por qué el crecimiento económico no repercute de manera homogénea en todas las regiones del país.
Crisis de liderazgo y fragmentación en el peronismo
El politólogo analizó la situación del peronismo y la figura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Kicillof lo que está haciendo es respetar el liderazgo vital, biológico de Cristina. No le va a ganar”, indicó. Malamud describió una estructura partidaria que no produce disputas internas y que se radicaliza en la permanencia de sus figuras centrales.
“La provincia de Buenos Aires siempre fue un ancla. Argentina era un barco y la provincia era un ancla. Estaba en el lecho fangoso y entonces el barco no se movía. Hoy es un lastre. Vos lo tirás y seguís, seguís navegando. La provincia se puede hundir sin arrastrar al país. Esta es la apuesta del Gobierno nacional”, explicó el especialista.
La fragmentación del peronismo y la pérdida de centralidad de la provincia de Buenos Aires en el tablero nacional configuran un escenario político inédito. Los liderazgos no se consolidan y la coordinación nacional se debilita.
El politólogo remarcó que el peronismo se fragmenta y se radicaliza en términos de organización, alejándose de la tradición de disputas internas: “Los líderes radicales morían líderes. Los líderes peronistas perdían líderes. Y ahora se–
Implosión social y salida del sistema
El conurbano bonaerense muestra un fenómeno de “implosión” social, según Malamud. “Uso implosionado porque la gente explota para adentro. Hay mucho aumento de la angustia, la ansiedad y los suicidios, que es un tema del que se empieza a hablar. Hay violencia intrafamiliar enorme, hay adicciones y hay una derivación hacia nuevos empleos, muchos relacionados con el narco y hacia nuevas religiones. Y esto es bueno. La religión te contiene y contiene las adicciones y el narco también. Pero no van a Plaza de Mayo”.
La salida del sistema político, económico y familiar se impone como respuesta a la insatisfacción. “La política se basa en los que van y votan o protestan. Pero si vos te vas, no impactás en la política, porque la política se basa en los que van y votan o protestan”, sostuvo Malamud. El distanciamiento de la provincia de Buenos Aires respecto del resto del país y del sistema político se consolida como un problema estructural.
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POLITICA
Cristina Kirchner abre una batalla internacional para mantener viva la posibilidad de competir en 2027
Con la nueva presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por su condena en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner apunta, en lo inmediato, a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales del año que viene, en medio de la dura interna que atraviesa el peronismo.
Que se le levante la inhabilitación para poder competir en 2027 es lo que anunció que pide en una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional. Lo dio a conocer hoy Cristina Kirchner en sus redes sociales y los detalles de esta estrategia fueron ampliados luego en una conferencia de prensa liderada por su equipo de abogados, ahora fortalecido con el brasileño que defendió a Lula da Silva en un proceso similar, Rafael Valim, y Javier Borrego, también con experiencia en el terreno internacional.
“Hay un pedido cautelar de suspensión de la inhabilitación perpetua”, contó Valim en una ronda abierta a periodistas. “Ese pedido cautelar es para que, de inmediato, el Comité suspenda hasta la decisión de fondo esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del propio comité. El Comité no permite inhabilitaciones perpetuas”, explicó.
Que ese y otros pedidos prosperen, como los relativos a sus condiciones de detención, dependerá de la acogida que reciba su planteo ante el Comité, que debe primero analizar la admisibilidad de la presentación y luego, eventualmente, pronunciarse sobre la cautelar. Más tiempo le llevaría emitir una resolución sobre el fondo de la cuestión, que para la expresidenta es la revisión total de la condena.
En el equipo de abogados de la expresidenta, la mirada está puesta en octubre, cuando, aseguran, se reunirá el Comité.
Sostenida en la existencia de presuntas “arbitrariedades” y “violaciones” a los derechos de la expresidenta, la presentación aspira, además a que se le permita competir electoralmente, que se ponga en marcha una revisión completa de la condena.
Con su pedido, que se dio a conocer hoy, pero fue formalizado semanas atrás, la expresidenta inaugura una nueva fase judicial en el caso Vialidad que abre un amplio arco hipotético cargado de interrogantes, que abarcan desde los tiempos del Comité hasta las consecuencias que podría tener en la Justicia local un eventual pronunciamiento favorable.
La resolución final del organismo adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.
El espejo en el que se mira la expresidenta es el caso de Lula da Silva en Brasil. La “comunicación individual” presentada por el actual presidente brasileño -en julio de 2016- fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión, al concluir que Brasil había violado derechos de Lula reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, el paralelismo tiene límites que el propio abogado brasileño Valim, que participó de aquel proceso, puntualizó hoy en la conferencia. Entre ellos, que, en el caso de Lula, las vías internas no estaban agotadas cuando se presentó la comunicación.
Además, el pronunciamiento favorable de la ONU sobrevino después de que la propia Justicia brasileña anulara la condena contra Lula.
Los argumentos esgrimidos por la defensa de Cristina Kirchner ante el Comité son reediciones de aquellos que se volcaron en todas las instancias de apelación de la causa, rechazados primero por la Casación, que revisó la condena, y luego por la Corte Suprema, que dejó firme la sentencia de 2022.
Pero hoy, en la carta publicada por la expresidenta, tomó fuerza otra idea: que la condena en su contra responde a una cuestión de género y al “machismo estructural” de la Justicia.
“¿Ser la única expresidenta condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”, planteó en su carta.
El argumento fue retomado hoy por el abogado español Borrego durante la conferencia de prensa. “¿Por qué esa hostilidad contra la doctora Kirchner? Porque es mujer”, sostuvo el abogado, que señaló que, a pesar de que en la Justicia argentina existe una importante presencia de mujeres, en las cuatro instancias judiciales por las que pasó la expresidenta no intervino ninguna jueza ni fiscal mujer.
“Lo importante era una condena que llevara consigo la inhabilitación. Porque lo importante es excluir a una mujer, dos veces presidente elegida, de una futura contienda electoral. Ese fue el objetivo”, sumó el abogado.
la nueva presentación,una cuarta instancia de revisión,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Cuáles son los tres reclamos que Cristina Kirchner hizo en la ONU tras la condena por la causa Vialidad
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner dieron detalles de la presentación del reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública en Santa Cruz. En su departamento de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim explicaron que la presentación incluye tres cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible que funcione con tres miembros”.
Los abogados aclararon, en conferencia de prensa, que las observaciones o dictámenes del Comité podrían “salir en cuestión de meses” en cuanto a las cautelares, pero que las resoluciones en cuanto a la decisión de fondo de la presentación “podrían tardar algunos años”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para el período del 19 de octubre al 6 de noviembre.
Los detalles de la presentación de Cristina Kirchner ante la ONU por la condena por la causa Vialidad
Borrego explicó que una de las cautelares es “en relación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire”.
El abogado español calificó la condena a la expresidenta de “maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos”.
Mientras que Valim, que defendió al actual presidente de Brasil Lula da Silva en la causa Lava Jato, dijo que la presentación “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”: “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina”.
El abogado brasileño dijo que en caso que el comité haga lugar a los planteos presentados, esas eventuales decisiones “son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”. Aclaró que la presentación únicamente “es documental” y que “no se permiten declaraciones”, consultado sobre la posibilidad de un descargo de la expresidenta.
Qué es el Comité de Derechos Humanos de la ONU y cuáles son sus funciones
El Comité de Derechos Humanos de la ONU es un organismo integrado por 18 expertos independientes “que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes”, según información oficial.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que aplican los derechos civiles y políticos y “presentar el primer informe un año después de su adhesión a la Convención y después, siempre que lo solicite el Comité”.
El organismo, a partir de reuniones previstas, “solicita la presentación del informe cada ocho años, examina cada informe y da a conocer sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en la forma de ‘observaciones finales’”.
cristina kirchner, ONU
Andrés Malamud: “La economía sobre la que crecemos ahora genera menos empleo”
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Panorama Financiero | El Gobierno argentino busca sostener la estabilidad sin frenar la economía
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