POLITICA
Sur Finanzas: volvió a declarar el financista ligado a la AFA y planteó que “no hay delito que perseguir”
El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas. En los últimos días, fueron indagados los ex directivos del Club Atlético Banfield Eduardo Juan Spinosa y Federico José Spinosa, los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y por parte de Sur Finanzas Group SA, declaró, por segunda vez, Maximiliano Ariel Vallejo, amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. El financista declaró como imputado y presentó un escrito en el que se defendió de cada una de las acusaciones.
La medida judicial se realizó en momentos en que el mandamás de la AFA encabeza la delegación Argentina en el Mundial de fútbol que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.
El juzgado también fijó nuevas indagatorias para imputados que no se presentaron a declarar y advirtió con declararlos en rebeldía si no asisten a la citación.
La cerrada defensa de Vallejo
Ariel Vallejo enfrenta cuatro cargos en la causa que instruye el juez Luis Armella e impulsa la fiscal Cecilia Incardona: asociación ilícita, cobrar tasas usurarias, defraudación—por los contratos de mutuo celebrados con el Club Atlético Banfield— y lavado de activos, este último agravado por habitualidad y por su presunta pertenencia a una asociación formada para la comisión continuada de ese delito.
La acusación también desliza, de manera tangencial, presuntas infracciones al régimen penal cambiario e intermediación financiera no autorizada, aunque sin identificar operaciones específicas, sin precisar montos concretos por hecho y sin sentencia ni determinación administrativa firme que sustente esas calificaciones.
El escrito fue redactado con la asistencia técnica del abogado Pablo Parera y amplía el descargo que el empresario ya había formulado en la primera presentación.
Desde el inicio de su indagatoria, Vallejo fijó su postura: “Aprovecharé esta oportunidad para brindar elementos útiles que reflejarán la actividad lícita de las firmas investigadas y desacreditar las imputaciones indeterminadas que se achacan a mi persona y el resto de los consortes”, dijo. Una frase similar figura en el escrito al que accedió de manera exclusiva Infobae.
Antes de entrar en el detalle de cada cargo que se le imputan al amigo de Tapia, el escrito construye su argumentación sobre una serie de afirmaciones que la defensa plantea como ejes de todo el descargo. Estas son las principales:
- “La mera pertenencia a una organización empresarial, con roles diferenciados, jerarquías claras y funciones específicas, no constituye ni puede constituir el sustrato fáctico de una asociación ilícita”.
- “Una asociación ilícita opera en la clandestinidad, carece de registro, no tiene empleados en relación de dependencia formal, y no rinde cuentas ante ningún organismo estatal.”
- “Sin víctima que se reconozca como tal, en un supuesto menoscabo al patrimonio, no hay delito que perseguir.”
- “La ausencia de un parámetro técnico, sólido y contextualizado deja a la acusación sin un sustento objetivo que permita sostener la tipicidad de la conducta.”
- “No puede configurarse engaño cuando la presunta víctima convalida institucionalmente la operación de que se trate.”
- “La imputación describe el mecanismo de lavado como ‘confusión sistémica de fondos ilícitos dentro de sus patrimonios lícitos’; sin embargo, la ‘confusión patrimonial’ no es ninguno de los verbos típicos enumerados en el art. 303 CP.”
- “La mera enumeración cronológica de adquisiciones de bienes a lo largo de varios años no satisface ese requisito (de habitualidad), si previamente no se explica por qué cada uno de esos actos, individualmente considerado, configura un acto autónomo de lavado”.
- “La circunstancia de que una empresa o sus responsables estén siendo investigados no autoriza a presumir la ilicitud de la totalidad de sus contratos ni que todas las contrapartes revistieron el carácter de víctimas o de cómplices; esa inferencia global sustituye la prueba concreta por la mera sospecha genérica”.
Empleados registrados, no cómplices
El primer cargo que abordó la defensa fue la de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal). Para que ese delito exista, la ley exige un acuerdo de voluntades de tres o más personas, de carácter permanente u organizado, con el fin específico de cometer delitos de manera indeterminada. Vallejo dice que ninguno de esos requisitos se verifica.
El argumento se apoya en la documentación laboral incautada en los propios allanamientos. Cada uno de los imputados tenía un vínculo formal con las sociedades del grupo: Gerardo Salvador Carrozza, gerente general y apoderado de Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA y ARS Cambios SAS; María Fernanda Sena Argis, presidenta de Sur Finanzas Group SA y responsable del área de liquidación y pagos; Bárbara Denise Sena Argis, jefa de departamento y directora suplente de Sur Finanzas PSP SA; Nahiara Gamarra, secretaria del directorio; Daniela Sánchez y Micaela Sánchez, secretaria y cajera respectivamente; Rolando Soloaga y Sergio Da Silveira, afectados al área de transporte de caudales; Susana Beatriz Hoffmann, asesora externa.
El texto hace mención a que las cuatro sociedades señaladas por la acusación —Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, Centro de Inversiones Concordia SRL y ARS Cambios SAS— son personas jurídicas inscriptas, con CUIT asignado por ARCA y nómina de empleados registrados ante los organismos de seguridad social. La defensa también cuestionó que se impute a Hoffmann y a Gamarra haber integrado la asociación ilícita con base en que la primera aparece citada de manera periférica en una conversación y la segunda figura en remitos de compra.
Usura sin víctima
En segundo lugar la defensa de Vallejo atacó el cargo por tasas usurarias (art. 175 bis del Código Penal) con una pregunta que la defensa considera sin respuesta en el expediente: ¿quién es la víctima?. Los contratos de préstamo cuestionados fueron celebrados con clubes de fútbol —personas jurídicas con asesoramiento contable— que nunca impugnaron los contratos, nunca reclamaron la restitución de intereses y nunca formularon denuncia alguna, según señaló Vallejo.
La defensa también sostuvo que la Fiscalía no explicó en qué parámetro técnico se basó para calificar las tasas como usurarias. El argumento de fondo fue que, en un contexto de alta inflación como el que atravesó la Argentina en los períodos investigados, una tasa nominalmente elevada puede ser razonable en términos reales. La norma, agrega Vallejo, no reprime cualquier tasa alta; reprime el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia del deudor. Y los clubes de fútbol, con sus comisiones directivas y sus asesores contables, no encajan en ese perfil, sostuvo la defensa del financista que llegó a ser prestamistas y sponsor de los clubes de la AFA por intermedio de Tapia.
Banfield y los millones de dólares
El tercer cargo —defraudación en perjuicio del Club Atlético Banfield— fue refutada apoyada en contratos fechados, transferencias bancarias y decisiones institucionales del propio club.
La Fiscalía sostiene en su acusación que los contratos de mutuo entre Sur Finanzas Group SA y Banfield integraron una maniobra fraudulenta. La defensa presentó la secuencia de hechos tal como consta en el expediente:
- El 17 de julio de 2023, Sur Finanzas y el club suscribieron un primer mutuo por USD 500.000 para cubrir necesidades de liquidez.
- El 9 de octubre de ese mismo año, firmaron un segundo contrato por igual suma para atender requerimientos de caja. Ambos contratos, dice Vallejo, contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva del Club. Los fondos se transfirieron, el club los recibió y los aplicó a sus necesidades. Luego, las propias autoridades renegociaron la deuda. Y la nueva conducción, tras el cambio de dirigencia, ratificó y continuó el vínculo comercial con Sur Finanzas.
Sobre el sponsoreo —que la acusación fiscal califica de ficticio—, la defensa presentó una propuesta formal de patrocinio emitida el 12 de diciembre de 2022 y señaló que la marca Sur Finanzas estuvo visible en la indumentaria del club y en partidos televisados, incluyendo los de la “Copa Sur Finanzas”. La nueva conducción del club ratificó el vínculo, dato que la defensa presentó como prueba de que el contrato tuvo valor económico real.
Los números del lavado
El cargo de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) fue cuestionado por la defensa desde cinco ángulos.
El primero es conceptual: la evasión tributaria no puede ser “hecho precedente” del lavado. Vallejo citó al jurista F. J. Córdoba para sostener ese punto: “Lo característico del delito de evasión es que el autor se ahorra gastos que debería realizar para cancelar una deuda con el Fisco; por lo tanto un gasto ‘ahorrado’ es un gasto que no se hizo, es decir, una ‘nada’ que no puede, por consiguiente, ser objeto idóneo de un delito de lavado”.
El segundo es aritmético. Para la defensa de Vallejo «los montos no cierran». La retención de aportes imputada totaliza aproximadamente $46.000.000. Las adquisiciones de vehículos señaladas como maniobra de lavado suman $338.659.900 —casi ocho veces más—. Vallejo sostiene que esa cifra se condice con su patrimonio declarado al 1° de diciembre de 2025: $1.800 millones, compatibles con un salario de $70.000.000 mensuales durante más de tres años como CEO del grupo, más dividendos societarios, financiamiento bancario y reinversión empresarial.
El tercero apunta a la vaguedad de la imputación fiscal: la fórmula de la acusación se repite de manera idéntica para todos y cada uno de los actos enumerados —compra de vehículos, administración de una caja de ahorro, transferencias a RDA, aportes de capital— sin ninguna referencia a hechos concretos que permitan inferir dolo o conocimiento por parte de Vallejo.
El cuarto cuestiona la lista de vehículos. La acusación los enumera de forma acumulativa, generando una imagen de acumulación patrimonial que no se corresponde con la realidad: la mayoría estaban registrados a nombre de las empresas del grupo, no a nombre personal de Vallejo. “En forma simultánea nunca tuvo más de cuatro rodados propios”, sostiene el escrito. La compra de un camión Mercedes Benz, agrega la defensa, respondió a las necesidades operativas del área de transporte de caudales de Sur Finanzas Group.
El quinto rechaza el agravante de habitualidad: la mera enumeración cronológica de adquisiciones a lo largo de varios años no alcanza para configurarlo si no se explica por qué cada acto, individualmente considerado, constituye un acto autónomo de lavado.
Los clubes de fútbol como testigos
El descargo también revela la magnitud de la red de contratos deportivos que Sur Finanzas tejió con el fútbol argentino. La defensa pidió la citación de representantes de Asociación Atlética Argentinos Juniors —que recibió $600.000.000 destinados al pago de salarios y obras en la tribuna de su estadio—, Club Atlético Temperley, Club Atlético Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Club Atlético Excursionistas y Racing Club, todos para testificar sobre la naturaleza comercial real de sus contratos con el grupo.
Respecto de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, el escrito revela que la deuda de ese club —de $420.000.000— obligó a Sur Finanzas a refinanciar pasivos y resignar locales alquilados. La Liga Profesional de Fútbol Argentino abonó a Sur Finanzas PSP S.A. el 15 de julio de 2025 en cumplimiento de una cesión de derechos televisivos de San Lorenzo, dato que la defensa presentó como prueba de que ese mecanismo de financiamiento es una práctica legal y habitual en el fútbol argentino.
Clubes de fútbol como testigos
Para respaldar su posición, el defensor Parera, que integra el estudio jurídico de Mauricio D’Alessandro, le solicitó al juez Armella una pericia contable integral sobre sociedades del grupo —entre ellas Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (ex Neblockchain), Roma Inversiones SA, Sur Crypto SA y Cluster Palace Beach SA—, una auditoría forense independiente sobre el origen de los fondos catalogados como espurios, y oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para verificar si existieron sanciones firmes contra las sociedades del grupo y si Sur Finanzas PSP SA estaban registrada como Proveedor de Servicios de Pago (PSP).
También pidió que declaren como testigos:
- La Asociación Atlética Argentinos Juniors para acreditar que los fondos recibidos ($600.000.000 totales) fueron destinados al pago de salarios y a obras en la tribuna del estadio, y que el descuento de cheques propios es una práctica legítima de financiamiento adoptada libremente por la entidad.
- Club Atlético Temperley para acreditar las condiciones reales del contrato y ausencia de coacción.
- Club Atlético Acassuso, Defensores de Glew, Dock Sud, Estrella, Club Atlético Excursionistas, Racing Club para “testimoniar sobre la naturaleza comercial real de los contratos y que los fondos fueron recibidos conforme a lo pactado”.
- Liga Profesional de Fútbol Argentino / Superliga para “informar que la cesión de derechos televisivos futuros como mecanismo de financiamiento es una práctica habitual y legal en el fútbol argentino”, y “ratificar el pago efectuado a Sur Finanzas PSP S.A. el 15/7/2025 en cumplimiento de la cesión del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”.
- También pidió oficios a cinco bancos —Banco Hipotecario, Banco Macro, Banco Industrial, Banco COINAG y Banco BBVA Argentina— para determinar si se emitieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La declaración testimonial del contador interno del grupo, Gustavo López, está en la lista. Y también la designación de un perito experto en derecho corporativo y compliance que explique al tribunal, con criterios técnicos, cuándo un entramado societario configura lavado de activos y cuándo responde a prácticas habituales en grupos empresarios del sector financiero argentino.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación ante la nueva ola de insultos y descalificaciones vertidas por el presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.
En un comunicado publicado este viernes, la entidad que nuclea a más de 100.000 matriculados señaló que “la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de todos los ciudadanos, que sin información libre y plural no pueden formarse un juicio propio ni controlar a quienes los gobiernan”. Defendió el rol de la prensa y destacó que la profesión “cumple una función insustituible en la vida republicana, especialmente cuando incomoda”.
El texto alude a “la reiteración de expresiones agraviantes” por parte de Milei en redes sociales. Esta semana, el Presidente dedicó insultos y descalificaciones a las periodistas Maru Duffard y Jesica Bossi. En las últimas horas calificó a Fernán Saguier, director de , como el “jefe de la banda de los sicarios de la pluma”, en respuesta a un editorial sobre las jubilaciones de privilegio.
“Una democracia plena necesita un debate público robusto, vigoroso, incluso áspero, pero el uso indiscriminado de insultos y agravios no solo no enriquece el debate sino que lo empobrece, lo debilita y finalmente, lo anula”, añade el comunicado del Colegio, que preside la doctora Alejandra García.
Al cerrar su mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los agraviados y manifestó el apoyo a la libertad de expresión “como herramienta esencial de una sociedad democrática”.
El ataque a
Milei estuvo particularmente activo en sus descalificaciones al periodismo durante esta semana. El jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas.
La agresión estuvo dirigida contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.
En su posteo, Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.
No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.
Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.
Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.
En los días previos, tomó como blanco a la periodista María Eugenia Duffard, conductora de Infobae TV, por una entrevista que le hizo a Máximo Kirchner. La llamó “basura”, “corrupta”, “zurda inmunda” y “chorra”. Siguió día tras día reproduciendo mensajes contra ella. También atacó a Jesica Bossi por comentarios que hizo para TN en su cobertura del Coloquio de IDEA. La trató de “tremenda ignorante” y la calificó de “zaffaronista defensora de chorros y asesinos”.
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POLITICA
El presidente de la Corte bonaerense cerró la Convención de Lenguaje Claro: “Comprender es un derecho”
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluyó este viernes en La Plata con la firma de la Declaración de La Plata, un acuerdo que creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. La iniciativa reunió a instituciones de habla española y portuguesa que buscan impulsar una comunicación pública comprensible y garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender la información que recibe de organismos estatales y privados.
El cierre fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Soria; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.
La convención fue organizada por la SCBA y la RAE. Participaron más de 1.200 asistentes y se registraron 275 disertaciones. Durante su discurso de clausura, Torres precisó que las actividades incluyeron 45 mesas de exposición, distribuidas en seis sesiones simultáneas, con más de 260 ponentes y 1.500 participantes en modalidades presencial y virtual.
El encuentro reunió a integrantes de poderes judiciales, administraciones públicas, organismos legislativos, universidades, academias de la lengua, colegios profesionales, bibliotecas públicas y organizaciones no gubernamentales. Hubo representantes de Argentina, España, México, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La Declaración de La Plata otorga una dimensión iberoamericana al trabajo que hasta ahora articulaba la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El documento fue firmado por la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del Consejo Asesor de la red y anfitriona de la convención; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la RAE; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras; la Academia de las Ciencias de Lisboa y la Academia Brasilera de Letras.
El nuevo espacio procurará establecer mecanismos estables de cooperación e intercambio de experiencias entre instituciones de habla española y portuguesa. La propuesta apunta a impulsar estrategias, procedimientos y herramientas lingüísticas y tecnológicas que permitan comunicaciones más accesibles en ámbitos públicos, judiciales, legislativos, administrativos y privados.
Muñoz Machado definió la red como un ámbito de trabajo entre entidades que asumen el lenguaje claro y accesible como una herramienta al servicio de los derechos de la ciudadanía. El propósito es facilitar vínculos más transparentes, inclusivos y eficaces entre las organizaciones y la sociedad.
Torres sostuvo que la diversidad jurídica, social y cultural de Iberoamérica exige construir formas de comunicación que contemplen las realidades locales y las distintas condiciones de vulnerabilidad. Destacó los consensos obtenidos durante las jornadas para promover criterios comunes que permitan que los mensajes sean entendidos por quienes deben utilizarlos.
En su discurso, el presidente de la SCBA planteó que uno de los principales resultados de la convención consiste en consolidar la idea de que “comprender es un derecho fundamental, y hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho”.
La definición vinculó el lenguaje claro con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. Para Torres, una comunicación eficaz debe colocar a la persona destinataria en el centro, atender a su contexto y contemplar las dificultades que pueden afectar la comprensión de una norma, una sentencia, un trámite administrativo o una información institucional.
“¿Para qué? Para algo tan preciado como poder decidir libremente”, afirmó el magistrado al repasar las discusiones que atravesaron las seis áreas temáticas del encuentro. También señaló que el debate no debe limitarse al lenguaje jurídico o estatal, ya que la necesidad de claridad alcanza a toda comunicación que pueda incidir en el ejercicio de derechos.
En declaraciones a Infobae durante la apertura de la convención, Torres había explicado que las leyes, resoluciones y sentencias deben informar con precisión qué se decidió, por qué se adoptó esa medida, qué debe hacer la persona involucrada y qué recursos tiene a disposición. El magistrado advirtió que la publicación formal de una norma no garantiza que resulte accesible para quienes necesitan conocerla o aplicarla.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, había señalado Torres a este medio. El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado debe expresarse de forma sencilla para garantizar derechos.
La clausura también dejó como resultado la incorporación de más de 60 organismos e instituciones nacionales a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La SCBA forma parte de esa red desde 2022.
Torres recordó que el Poder Judicial bonaerense adoptó el lenguaje claro y accesible como una política institucional. Señaló que en 2011, cuando era juez federal, publicó un artículo titulado “Hacia un lenguaje democrático”, motivado por los problemas de comunicación que observaba en el ejercicio cotidiano de la función pública.
“Todos los aquí presentes estamos convencidos de que ya no es posible expresarse, sea en el ámbito público o privado, de una manera que no resulte comprensible para nuestros interlocutores”, expresó.
El presidente de la Corte agradeció la participación de las instituciones organizadoras, entre ellas la Procuración General bonaerense, la Municipalidad de La Plata, los ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Universidad Nacional de La Plata y la Academia Argentina de Letras. También reconoció el trabajo del personal judicial que intervino en la preparación de las acreditaciones, la recepción de ponencias, la difusión, el ceremonial, la seguridad y la coordinación de las seis sedes.
Las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital de la convención, cuya publicación está prevista antes de fin de año. Del acto de cierre participaron las demás autoridades, como el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, entre otros.
POLITICA
Hubo una protesta contra la Corte y Rosenkrantz dijo que “hay que tener temple para soportar las críticas”
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron blanco ayer de una protesta en San Martín de los Andes, donde participaron de un encuentro con magistrados de tribunales orales de todo el país. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron cuestionados por el fallo que provocó que ya no rija más el límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El fallo desató críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023, que incluye la derogación de la ley de tierras, derogación que con la sentencia de la Corte recobró vigencia.
Ayer, el máximo tribunal dio a conocer un comunicado en defensa del fallo. Horas después, se realizó una protesta frente al hotel Le Village, en San Martín de los Andes, donde se celebró la reunión de magistrados. El reclamo fue promovido por el gremio estatal de ATE y la agrupación Frente Patria Grande, vinculada al kirchnerismo. Hubo pancartas y afiches contra los jueces, que fueron acusados de “vendepatrias”.
Lorenzetti ya no estaba cuando fue el epicentro de la protesta, ayer por la tarde, y Rosatti todavía no había llegado (se sumó este viernes). Sí se encontraba en el lugar Rosenkrantz, que expuso a las 16 y realizó un llamado a reformar el sistema de selección de jueces.
“Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dijo Rosenkrantz anoche. Lo hizo tras la manifestación, pero también luego de que la propia Corte Suprema difundiera el comunicado, de cuya redacción y difusión Rosenkrantz no participó, en defensa de la sentencia vinculada a la ley de tierras.
El comunicado, dado a conocer por las vocalías de Rosatti y Lorenzetti, estuvo destinado a “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con la sentencia del martes. En su declaración, la Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema” de la ley de tierras, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación -dice el comunicado-, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa ‘Cecim c. el Gobierno Nacional”. Advierte que en el caso “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y dice que la resolución de la Corte “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal.
El texto sostiene que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.
Si bien circuló como un comunicado de la Corte Suprema, no lo hizo por los canales oficiales del tribunal y en la vocalía de Rosenkrantz informaron a que este juez no participó ni consintió la redacción ni la difusión de ese material.
Para el martes próximo, las dos vertientes de la CTA convocaron a una protesta en el Palacio de los Tribunales con la consigna “la patria no se vende, la soberanía no se entrega”. La CGT, en tanto, no definió aún una postura común y mantiene en pie su protesta del jueves 8 “en defensa de la industria nacional”, que tiene como blanco la Secretaría de Industria.
El reclamo de Rosenkrantz
Mientras los manifestantes protestaban frente al hotel Le Village, Rosenkrantz, adentro, exhortaba a sus colegas a “mejorar el proceso de selección de magistrados”.
“La Corte ha intentado, al proponer un nuevo reglamento, ayudar al Consejo de la Magistratura a garantizar que los jueces que se elijan sean los mejores candidatos”, dijo, en alusión al proyecto que él y Lorenzetti enviaron al Consejo para limitar la discrecionalidad en el sistema de selección. Lo mandaron con la expresa pretensión de que fuera aprobado sin cambios sustanciales y cuanto antes, pero el Consejo no se mostró dispuesto a ninguna de las dos cosas. El propio Rosatti, que preside la Corte y también el Consejo, dijo que el proyecto iba a ser “enriquecido” por otras iniciativas, nuevos debates y las opiniones de especialistas de distintas ONG que pidieron ser escuchadas.
Rosenkrantz afirmó ayer que su propuesta de reglamento había sido articulada “alrededor de la convicción” de que el proceso actual “no testea los conocimientos generales de derecho de los aspirantes a la magistratura”, “carece de criterios claros” para evaluar los antecedentes de los jueces y no tiene las debidas herramientas para evaluar “los rasgos personales que son indicadores de competencia y de compromiso con la tarea apropiada de un juez”. También destacó que hoy la evaluación escrita que se toma a los postulantes “no ofrece garantías reales de objetividad” y que “el sistema de entrevistas permite alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito”.
Rosenkrantz les reclamó a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura que impulsen la reforma. “Aquí están presentes casi todos los jueces candidatos a consejeros del Consejo en las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas. Votemos a aquellos que se comprometan a estar a la altura de los requerimientos de la hora”, dijo.
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