POLITICA
El Colegio Público de la Abogacía condenó la nueva ola de insultos de Milei a periodistas
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación ante la nueva ola de insultos y descalificaciones vertidas por el presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.
En un comunicado publicado este viernes, la entidad que nuclea a más de 100.000 matriculados señaló que “la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de todos los ciudadanos, que sin información libre y plural no pueden formarse un juicio propio ni controlar a quienes los gobiernan”. Defendió el rol de la prensa y destacó que la profesión “cumple una función insustituible en la vida republicana, especialmente cuando incomoda”.
El texto alude a “la reiteración de expresiones agraviantes” por parte de Milei en redes sociales. Esta semana, el Presidente dedicó insultos y descalificaciones a las periodistas Maru Duffard y Jesica Bossi. En las últimas horas calificó a Fernán Saguier, director de , como el “jefe de la banda de los sicarios de la pluma”, en respuesta a un editorial sobre las jubilaciones de privilegio.
“Una democracia plena necesita un debate público robusto, vigoroso, incluso áspero, pero el uso indiscriminado de insultos y agravios no solo no enriquece el debate sino que lo empobrece, lo debilita y finalmente, lo anula”, añade el comunicado del Colegio, que preside la doctora Alejandra García.
Al cerrar su mensaje, la entidad expresó su solidaridad con los agraviados y manifestó el apoyo a la libertad de expresión “como herramienta esencial de una sociedad democrática”.
El ataque a
Milei estuvo particularmente activo en sus descalificaciones al periodismo durante esta semana. El jueves por la noche un mensaje en su cuenta oficial de X criticó un editorial publicado por e insultó a sus autoridades y periodistas.
La agresión estuvo dirigida contra el director de , Fernán Saguier, a raíz del editorial publicado el 28 de septiembre y titulado “Privilegios que la República no necesita”.
El editorial reflexiona acerca de las llamadas “jubilaciones de privilegio” que reciben los presidentes argentinos tras su paso por la Casa Rosada como titulares del Poder Ejecutivo. Allí se pone en tela de juicio la legitimidad republicana de acceder a este beneficio, que implica un gasto millonario mensual para las arcas del Estado por haber ejercido la Presidencia de la Nación. En la ley 24.018, estas prestaciones son denominadas “asignaciones mensuales vitalicias”.
En su posteo, Milei puso el foco en su decisión de haber renunciado a su jubilación de privilegio y escribió: “Fernán Saguier, jefe de la banda de los sicarios de la pluma, omite que en mi caso he renunciado a la jubilación de privilegio. Al mismo tiempo, no se toma el trabajo de cuestionar a algunas de sus amistades a los cuales les asigna plumas divulgadoras de sus mentiras”.
No obstante, el editorial publicado por este medio no se refiere al caso de ningún presidente en específico. En cambio, se pregunta: “¿Qué justificación conserva hoy que el Estado garantice de por vida una renta extraordinaria a una persona por el solo hecho de haber ocupado durante algunos años su más alta magistratura?“.
Con la intención de responder a esta pregunta, reflexiona: “Puede comprenderse que una comunidad quiera honrar a quienes han prestado servicios eminentes. Pero el reconocimiento público no exige necesariamente crear una renta vitalicia, móvil y desvinculada de los aportes efectuados al sistema previsional. Mucho menos parece razonable que ese beneficio pueda proyectarse, bajo ciertas condiciones, sobre los derechohabientes del funcionario fallecido”.
Si bien se destaca que “el ejercicio de la Presidencia constituye el más alto honor que puede conferir la ciudadanía”, también se señala que existe, en la jubilación de privilegio, “una reminiscencia difícil de conciliar con la idea republicana de igualdad ante la ley”. Aun más, cuando se lo compara con los “millones de jubilados cuyos haberes dependen de décadas de aportes y que conocen demasiado bien las dificultades financieras del sistema previsional”.
En los días previos, tomó como blanco a la periodista María Eugenia Duffard, conductora de Infobae TV, por una entrevista que le hizo a Máximo Kirchner. La llamó “basura”, “corrupta”, “zurda inmunda” y “chorra”. Siguió día tras día reproduciendo mensajes contra ella. También atacó a Jesica Bossi por comentarios que hizo para TN en su cobertura del Coloquio de IDEA. La trató de “tremenda ignorante” y la calificó de “zaffaronista defensora de chorros y asesinos”.
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POLITICA
La fiscalía busca determinar si las claves secretas de Adorni prueban que las criptomonedas le pertenecían en 2014
El fiscal federal Gerardo Pollicita, que investiga al exjefe de gabinete Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito, pidió a la Policía Federal 29 medidas de prueba para que le diga si es posible establecer que las 8 billeteras virtuales que dice que albergaban 600.000 dólares, la fuente de su fortuna, ya las tenía desde 2014, cuando dijo que empezó a operar con esos activos.
Asimismo, en una prueba realizada ayer en la fiscalía, en el quinto piso de Comodoro Py 2002, con la presencia de la defensa, Pollicita estableció que Adorni tiene las claves secretas para administrar esas direcciones electrónicas que albergaban el dinero.
Sin embargo, la prueba no permite establecer desde cuándo ni quién usó esas billeteras entre 2014 y 2018.
Para ahondar en este punto es que el fiscal Pollicita le encargó al Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal un informe de 29 puntos sobre las ocho direcciones con las que el exjefe de Gabinete justificó la tenencia de 591.544 dólares, para establecer si él, que tiene hoy las claves, es quien las operó entre 2014 y 2018.
El fiscal quiere saber si las ocho direcciones de bitcoin que presentó Adorni alcanzan para explicar el origen de su patrimonio.
Le hizo a los expertos 29 preguntas, pero todas dirigidas a responder el mismo interrogante: si Adorni pudo haber gestionado ese activo hace 12 años, cuando dijo que realizó inversiones que le hicieron incrementar su patrimonio en más de medio millón de dólares.
Estas medidas se complementan con otras que ordenó la semana pasada para averiguar si Adorni y su esposa Bettina Angeletti, desde que empezaron su vida laboral, pudieron haber tenido ingresos que les permitieran ahorrar para comenzar sus inversiones en monedas virtuales.
Con reserva, ayer se realizó en la fiscalía un procedimiento del que participó el abogado de Adorni. Lo que se hizo fue “firmar mensajes de verificación” con las claves privadas de cada dirección.
Con esas tenencias, Adorni explicó los casi 600.000 dólares que declaró como “venta de activos”. Según su presentación, vendió los bitcoins en ocho operaciones cara a cara desde 2014 y recibió los dólares en la mano.
El procedimiento sirvió para comprobar que la defensa tiene las claves de las ocho direcciones, sin que nadie las viera. El método funciona de manera que quien tiene la clave privada de una dirección puede “firmar” un texto, y cualquiera puede comprobar después que esa firma solo pudo salir de esa clave.
Personal de la fiscalía redactó un “mensaje de desafío”, que es un texto nuevo que nadie podía conocer de antemano. Los abogados de Adorni llegaron con un sobre cerrado donde estaban las claves, que el exfuncionario habría entregado antes a un escribano.
Desde una computadora propia, ingresaron a cada dirección y firmaron ese mensaje. Ninguno de los presentes vio las claves y no se filmaron para no exponer el acceso a los fondos.
Luego, técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal cargaron en una computadora de la fiscalía cada dirección, el mensaje y la firma obtenida. En los ocho casos, los datos coincidieron. Como el mensaje lo eligió la fiscalía en el momento, la firma no pudo prepararse antes, de modo que se comprobó que quien firmó tiene ahora las claves.
De todo el procedimiento quedó constancia en un acta y se lo filmó. El perito calculó códigos hash de cada paso, una especie de huella digital que permite detectar cualquier alteración posterior, y los guardó en pendrives dentro de un sobre lacrado y firmado por las partes. El sobre con las claves, sin abrir a la vista de los presentes, quedó dentro de otro sobre también lacrado.
Según fuentes judiciales, la medida estableció que la defensa tiene las claves para administrar esas direcciones, pero no se sabe desde cuándo ni quién las usó entre 2014 y 2018.
Para averiguarlo, el fiscal Pollicita pidió a la Policía Federal datos sobre los 41 movimientos registrados en la cadena de bloques de bitcoin entre el 21 de octubre de 2014 y el 11 de septiembre de 2018, cuando se hicieron las operaciones.
Las direcciones quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y 2018, con lo que hoy esas billeteras estarán vacías.
El fiscal preguntó a los expertos de la Policía Federal qué reglas había para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018 y si había obligación de conservar registros. Quiere saber si eran direcciones de custodia, es decir, administradas por una plataforma que identifica al cliente, o de autocustodia, controladas solamente por quien tiene la clave.
Pollicita necesita determinar si se puede saber cuándo y quién generó las claves y si podían guardarse en un papel sin dejar rastro digital. Además, quiere saber si los 41 movimientos pudieron ser hechos por una sola persona y si puede descartarse que haya intervenido un intermediario.
La idea es rastrear esas operaciones; por eso quiere saber el fiscal si hay hoy algún registro de las conexiones desde las que se enviaron esas transacciones y cómo se identificaban en las plataformas los particulares.
La fiscalía necesita conocer si hay forma de identificar quién depositó dinero en 2014 en cinco de las ocho direcciones, que no muestran contacto con ninguna plataforma y si es técnicamente compatible que Adorni haya controlado las direcciones mientras funcionaron. También quiere saber si se puede afirmar que otra persona lo hizo.
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POLITICA
El vicepresidente de Estados Unidos visitará la Argentina en noviembre para reunirse con Milei
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina en noviembre y mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron a TN fuentes oficiales. El viaje fue impulsado por la administración estadounidense y formará parte de una recorrida regional. “En principio van a ser entre dos y tres días de actividades”, expresan en Nación.
“Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada”, aseguran. Por el momento, no está definida públicamente la fecha exacta de llegada ni el resto de las actividades que realizará Vance durante su estadía.
La visita será uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones dentro de la Argentina. La última vez que un vicepresidente estadounidense estuvo en el país fue en 2017, cuando Mike Pence realizó una gira por América Latina y se reunió con Mauricio Macri durante el primer mandato de Donald Trump.
Vance ya tuvo contactos personales con Milei en Estados Unidos. En octubre de 2025, el Presidente argentino viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca y mantuvo allí un encuentro con Trump, durante el cual también saludó al vicepresidente.
La llegada prevista para noviembre se produce en un momento de intensa agenda bilateral. El Gobierno argentino profundizó durante los últimos meses los contactos con Washington en áreas comerciales, financieras, energéticas y de seguridad, mientras mantiene abiertas distintas negociaciones con la administración Trump.
Uno de esos capítulos es el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, cuya implementación todavía tiene componentes pendientes. La Casa Rosada viene trabajando para avanzar por vías administrativas en aquellos puntos que no requieren aprobación legislativa y, en paralelo, mantiene conversaciones sobre los aspectos que necesitan decisiones del Congreso estadounidense.
También existe una agenda vinculada con inversiones e infraestructura. Funcionarios de ambos países vienen manteniendo contactos por proyectos de transporte, energía, minerales críticos y tecnología, en los que Washington analiza herramientas de financiamiento y participación de empresas estadounidenses.
POLITICA
El presidente de la Corte bonaerense cerró la Convención de Lenguaje Claro: “Comprender es un derecho”
La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluyó este viernes en La Plata con la firma de la Declaración de La Plata, un acuerdo que creó la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible. La iniciativa reunió a instituciones de habla española y portuguesa que buscan impulsar una comunicación pública comprensible y garantizar el derecho de la ciudadanía a comprender la información que recibe de organismos estatales y privados.
El cierre fue encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Sergio Torres; el vicepresidente del tribunal, Daniel Soria; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado.
La convención fue organizada por la SCBA y la RAE. Participaron más de 1.200 asistentes y se registraron 275 disertaciones. Durante su discurso de clausura, Torres precisó que las actividades incluyeron 45 mesas de exposición, distribuidas en seis sesiones simultáneas, con más de 260 ponentes y 1.500 participantes en modalidades presencial y virtual.
El encuentro reunió a integrantes de poderes judiciales, administraciones públicas, organismos legislativos, universidades, academias de la lengua, colegios profesionales, bibliotecas públicas y organizaciones no gubernamentales. Hubo representantes de Argentina, España, México, Cuba, Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.
La Declaración de La Plata otorga una dimensión iberoamericana al trabajo que hasta ahora articulaba la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. El documento fue firmado por la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del Consejo Asesor de la red y anfitriona de la convención; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la RAE; la Asociación de Academias de la Lengua Española; la Academia Argentina de Letras; la Academia de las Ciencias de Lisboa y la Academia Brasilera de Letras.
El nuevo espacio procurará establecer mecanismos estables de cooperación e intercambio de experiencias entre instituciones de habla española y portuguesa. La propuesta apunta a impulsar estrategias, procedimientos y herramientas lingüísticas y tecnológicas que permitan comunicaciones más accesibles en ámbitos públicos, judiciales, legislativos, administrativos y privados.
Muñoz Machado definió la red como un ámbito de trabajo entre entidades que asumen el lenguaje claro y accesible como una herramienta al servicio de los derechos de la ciudadanía. El propósito es facilitar vínculos más transparentes, inclusivos y eficaces entre las organizaciones y la sociedad.
Torres sostuvo que la diversidad jurídica, social y cultural de Iberoamérica exige construir formas de comunicación que contemplen las realidades locales y las distintas condiciones de vulnerabilidad. Destacó los consensos obtenidos durante las jornadas para promover criterios comunes que permitan que los mensajes sean entendidos por quienes deben utilizarlos.
En su discurso, el presidente de la SCBA planteó que uno de los principales resultados de la convención consiste en consolidar la idea de que “comprender es un derecho fundamental, y hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho”.
La definición vinculó el lenguaje claro con la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. Para Torres, una comunicación eficaz debe colocar a la persona destinataria en el centro, atender a su contexto y contemplar las dificultades que pueden afectar la comprensión de una norma, una sentencia, un trámite administrativo o una información institucional.
“¿Para qué? Para algo tan preciado como poder decidir libremente”, afirmó el magistrado al repasar las discusiones que atravesaron las seis áreas temáticas del encuentro. También señaló que el debate no debe limitarse al lenguaje jurídico o estatal, ya que la necesidad de claridad alcanza a toda comunicación que pueda incidir en el ejercicio de derechos.
En declaraciones a Infobae durante la apertura de la convención, Torres había explicado que las leyes, resoluciones y sentencias deben informar con precisión qué se decidió, por qué se adoptó esa medida, qué debe hacer la persona involucrada y qué recursos tiene a disposición. El magistrado advirtió que la publicación formal de una norma no garantiza que resulte accesible para quienes necesitan conocerla o aplicarla.
“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, había señalado Torres a este medio. El titular de la Corte bonaerense planteó que el Estado debe expresarse de forma sencilla para garantizar derechos.
La clausura también dejó como resultado la incorporación de más de 60 organismos e instituciones nacionales a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. La SCBA forma parte de esa red desde 2022.
Torres recordó que el Poder Judicial bonaerense adoptó el lenguaje claro y accesible como una política institucional. Señaló que en 2011, cuando era juez federal, publicó un artículo titulado “Hacia un lenguaje democrático”, motivado por los problemas de comunicación que observaba en el ejercicio cotidiano de la función pública.
“Todos los aquí presentes estamos convencidos de que ya no es posible expresarse, sea en el ámbito público o privado, de una manera que no resulte comprensible para nuestros interlocutores”, expresó.
El presidente de la Corte agradeció la participación de las instituciones organizadoras, entre ellas la Procuración General bonaerense, la Municipalidad de La Plata, los ministerios provinciales de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, la Universidad Nacional de La Plata y la Academia Argentina de Letras. También reconoció el trabajo del personal judicial que intervino en la preparación de las acreditaciones, la recepción de ponencias, la difusión, el ceremonial, la seguridad y la coordinación de las seis sedes.
Las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital de la convención, cuya publicación está prevista antes de fin de año. Del acto de cierre participaron las demás autoridades, como el Procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, y el Asesor General de Gobierno bonaerense, Santiago Pérez Teruel, entre otros.
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