POLITICA
Subido a la gestión, Kicillof busca tender puentes con la UCR en pos de su construcción política
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se para en la estructura de la gestión provincial para acercarse y sumar en un futuro cercano a los intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR); o al menos a algunos de ellos. En La Plata, hay un objetivo que es tender puentes. Ven que el radicalismo, y sobre todo en el plan ejecutivo local de la provincia, hoy está en una situación particular.
Con el PRO transitando cada vez más en paralelo a La Libertad Avanza luego del desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de la Nación, en el esquema de Kicillof ven una posibilidad ante lo que se asoma como cierta orfandad de un vehículo electoral potente para las elecciones del año que viene.
Sin embargo, no todo es tan lineal.
Por lo ponto, este miércoles Kicillof recorrió los distritos de Trenque Lauquen y de Pellegrini, en la Cuarta sección electoral, junto a los intendentes radicales Francisco Recoulat y Sofía Gambier. En Trenque Lauquen inauguró el Centro Comunitario de Salud Mental “Mirta Clara”, acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels. Además, encabezó el acto de entrega de 458 escrituras, un camión e insumos para Ambiente PBA, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Con Roculeat recorrió las obras de remodelación del acceso sobre la avenida García Salinas. Recoulat es uno de los jefes comunales que integran el Foro de Intendentes Radicales. Este espacio se forjó como bloque de gestión para interactuar con el Ejecutivo bonaerense.
“Las políticas de ajuste de Milei le están arruinando la vida a una proporción inmensa de nuestra sociedad: cierran las fábricas, se incrementan los despidos y se paralizan obras clave para el desarrollo, como la ruta nacional N°5 en esta región”, dijo Kicillof desde Trenque Lauquen. Allí, también arremetió contra el modelo libertario: “Mientras el Gobierno nacional intenta eliminar al Estado, nosotros vamos a continuar trabajando para ampliar derechos y generar igualdad de oportunidades en cada rincón de nuestra provincia de Buenos Aires”.
En tanto que Recoulat esbozó cierta ponderación al gobierno provincial al remarcar que “este día simboliza el camino que queremos para Trenque Lauquen: el municipio y la Provincia trabajando de manera coordinada para dar respuestas a problemas concretos”, dijo y agregó: “Tanto el nuevo centro de salud mental como la entrega de escrituras reflejan la importancia de un Estado comprometido en acompañar a los vecinos y vecinas”.
De buen diálogo con Kicillof, este martes los integrantes del Foro se reunieron con la directora de Cultura y Educación, Flavia Terigi. En ese encuentro le pidieron a la integrante del gabinete provincial actualizar los montos de los transportes escolares, ya que en numerosos distritos las tarifas actuales resultan insuficientes y obligan a los municipios a cubrir la diferencia con recursos propios. Según sostuvieron los intendentes, desde la Dirección General de Cultura y Educación se reconocieron las dificultades financieras que atraviesa el sistema y las restricciones presupuestarias existentes. Entre las demandas de tipo financiero también se puso sobre la mesa la que corresponde al pago por certificaciones de obras que ejecutan los distritos por convenios que tienen con la Provincia, pero que aún no fueron cubiertas.
Son 26 los intendentes que integran el Foro: Javier Andres (Adolfo Alsina), Ramón José Capra (General Alvear), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Erica Revilla (General Arenales), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinapoli (General Belgrano), Lucía Gómez (Adolfo Gonzales Chaves), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Martín Randazzo (General La Madrid), Nahuel Guardia (General Lavalle), Myriam C. Mongay (Lezama), Salvador Serenal (Lincoln), Pablo Barrena (Lobería), Esteban Santoro (General Juan Madariaga), Lisandro Hourcade (Magdalena), José Castro (Monte), Sofía Gambier (Pellegrini), Maximiliano Suescun (Rauch), Román Bouvier (Rojas), José Luis Salomón (Saladillo), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Miguel Lunghi (Tandil), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Luciano Spinolo (Tres Lomas) y Franco Flexas (General Viamonte).
Por su parte, el radicalismo en la provincia de Buenos Aires hoy está lejos de un acercamiento con Kicillof, quien a la par de desandar su propia interna, busca integrar a sectores de la UCR dentro de su Movimiento Derecho al Futuro. Ciertamente conocidos son los encuentros que mantuvo con Federico Storani, histórico dirigente del radicalismo quien supo ser ministro del Interior durante la presidencia de Fernando De la Rúa, además de ocupar cargos ejecutivos dentro del partido y haber sido diputado nacional. Al igual que Kicillof, Storani exhibe sus críticas al presidente Javier Milei sin concesiones.
En el plano electoral y bajo la órbita bonaerense, de todos los intendentes que tiene la UCR, hay uno que ya planteó su intención de estar en la discusión por la sucesión de Axel Kicillof: Franco Flexas, de General Viamonte. Sin embargo, dentro del radicalismo hay distintas vertientes y discusiones internas sobre el rumbo electoral o las posibles alianzas a tejer. Hay allí un actor de peso con voz propia como lo es el senador nacional por Buenos Aires, Maximiliano Abad. De hecho, en la Cámara de Diputados bonaerense, hay dos bloques de origen radical: UCR Cambio Federal y UCR Radicalismo. Este último más cercano a Abad y más lejos de Kicillof.
A principios del mes de junio, el gobernador bonaerense se juntó con su par de Corrientes, Juan Pablo Valdés; otro radical. La visita, que incluyó la firma de distintos convenios, tuvo también su correlato político, toda vez que el gobernador bonaerense viene planteando la necesidad de construir una alternativa para enfrentar al modelo libertario en las elecciones del año que viene. Uno de los nexos para ese encuentro fue el hermano del mandatario correntino y actual senador nacional, Gustavo Valdés. El legislador, además, es el presidente de la UCR correntina.
“Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”, había dicho el gobernador correntino tras el encuentro con su par bonaerense. De momento, solo se reduce a acuerdos y acercamientos de carácter institucional. Algunos sectores del radicalismo se animan a vaticinar que el acercamiento político puede llegar a suceder si, efectivamente, Kicillof rompe con el esquema de Cristina Kirchner y busca construir “algo nuevo”. En lo inmediato, eso no sucederá.
POLITICA
Sueños Compartidos: el fiscal pidió la pena máxima para Julio De Vido, los hermanos Schoklender y José López
El fiscal federal Diego Velasco pidió este miércoles una pena de seis años de prisión por administración fraudulenta para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en la causa Sueños Compartidos.
Por otra parte, una pena de cuatro años para el resto de los imputados.
El juicio oral que se desarrolla en los tribunales de Comodoro Py entró en la recta final y en la jornada de este miércoles el fiscal expuso sus alegatos por más de 10 horas.
Velasco acusó a los imputados de haber montado un “esquema criminal” para desviar fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. Según la acusación, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones asignados por el Estado Nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.
Velasco sostuvo que “nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla”. El fiscal denunció que los imputados utilizaron la Fundación para eludir los controles estatales habituales, otorgaron beneficios irregulares a los administradores, realizaron modificaciones de obras sin justificación y extendieron de manera ilícita los plazos de ejecución.
La causa investiga además la realización de obras públicas con sobreprecios y, en algunos casos, sin licitación.
El juicio oral se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Comenzó en marzo de este año y avanza con celeridad debido a que la causa prescribe en septiembre.
Están imputados también los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin.
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La acusación sostiene que los fondos fueron asignados para la construcción de viviendas sociales a través del programa “Sueños Compartidos”, pero que gran parte del dinero fue desviado mediante un sistema de contrataciones irregulares que benefició a los administradores de la Fundación y a funcionarios del área de Obras Públicas.
Tras la exposición de la fiscalía, las audiencias continuarán con los alegatos de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, y posteriormente con las exposiciones de los abogados defensores.
Las claves del juicio
- El juicio por la causa “Sueños Compartidos”, que está en curso, es por el presunto desvío de más de $200 millones de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales.
- Los principales imputados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas, José López, son los principales imputados, señalados como responsables directos por “fraude a la administración pública”.
- De Vido y López, junto al exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, son señalados como coautores. Mientras que los hermanos Schoklender están acusados de ser “partícipes necesarios”. En paralelo los empresarios y financistas Daniel y Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin son señalados como “partícipes secundarios”.
Sueños Compartidos, Julio De Vido, José López
POLITICA
Cómo funciona el mecanismo de shutdown en EE.UU. y por qué los demócratas acusan a Trump de usarlo políticamente
WASHINGTON.- El adelanto del presidente Javier Milei de que el Gobierno trabaja en un proyecto de shutdown (como se denomina al cierre del gobierno federal) al estilo norteamericano para ser aplicado en la Argentina llevó inevitablemente las miradas a los últimos casos que se registraron en la segunda administración de Donald Trump, el principal aliado internacional del líder libertario.
En los últimos tiempos, sobre todo con el shutdown récord de 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre pasados, los cierres del gobierno -totales o parciales- avivaron la polarización en el Congreso norteamericano.
En el Capitolio se dispararon duras acusaciones de la oposición demócrata a los republicanos por el uso de la medida, por parte de la Casa Blanca, como una herramienta de presión política y para reestructurar, de paso, las agencias federales.
En Estados Unidos, el cierre del gobierno se produce cuando la legislación necesaria para financiarlo no se promulga a tiempo en el Congreso antes del inicio del siguiente año fiscal (van del 1 de octubre al 30 de septiembre). En el lapso que dura el shutdown, se restringen las actividades y servicios de agencias federales, se suspenden operaciones no esenciales y se dan licencias sin goce de sueldo a trabajadores, entre otras restricciones que afectan la vida diaria de millones de personas.
El cierre se termina una vez que los legisladores de ambos partidos alcanzan un nuevo acuerdo. Aunque los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, en el Senado no cuentan con los 60 votos necesarios para superar el bloqueo parlamentario y aprobar la ley de gastos sin el apoyo de al menos un puñado de demócratas.
El año pasado, varios legisladores demócratas apuntaron contra el gobierno republicano por “tomar a los estadounidenses como rehenes” en la disputa presupuestaria, mientras que Trump ha responsabilizado a la oposición de bloquear fondos por los desacuerdos en políticas de salud, migración y recortes de gastos.
“Reducir el tamaño del gobierno”
“Buscaremos oportunidades para reducir el tamaño del gobierno federal”, había advertido el director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, uno de los principales señalados por los demócratas por el presunto uso de la parálisis gubernamental como justificación legal para amenazar con el despido permanente de miles de empleados federales “no esenciales” y debilitar el aparato estatal tradicional.
“En conjunto, las acciones del gobierno pusieron de manifiesto los riesgos y las consecuencias de un estancamiento fiscal prolongado bajo Trump. Con una visión expansiva del Poder Ejecutivo, el presidente no escatimó oportunidades en su segundo mandato para cerrar agencias, reducir la fuerza de trabajo federal y reconfigurar el presupuesto, con tácticas agresivas que pusieron a prueba a los tribunales y que a veces desafiaron al Congreso”, analizó The New York Times sobre el shutdown total del año pasado.
Tras convertirse en el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos, en noviembre pasado un grupo de senadores demócratas moderados rompieron filas con su partido para unirse a los republicanos y aprobar una medida de gasto que reabrió el gobierno federal, lo que generó tensiones internas dentro del liderazgo opositor.
En Estados Unidos también hubo cierres de gobierno parciales, que afectan a agencias particulares. Un caso emblemático se produjo este año, entre el 14 de febrero y el 30 de abril, cuando durante 76 días un shutdown afectó principalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por las fuertes disputas en el Congreso sobre la política migratoria del gobierno.
Los demócratas bloquearon la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para exigir reformas operativas y rechazar las estrictas políticas migratorias de la administración Trump, uno de sus principales ejes de campaña.
Los republicanos, por su parte, se negaban a aprobar la ley de financiación a menos que incluyera un respaldo total a esas agencias, lo que dio lugar a un extenso bloqueo.
La asignación y el control de los fondos gubernamentales para Estados Unidos son responsabilidad del Congreso, que inicia el proceso con la propuesta de un proyecto de ley de asignaciones presupuestarias que determina los niveles de gasto para cada agencia federal y programa gubernamental.
La versión final es sometida a votación de la Cámara de Representantes y del Senado, y una vez aprobada por ambas cámaras, es enviada al presidente para su promulgación.
Al explicar la iniciativa del Gobierno -que se remitiría al Congreso como un proyecto de ley-, Milei afirmó en el streaming Neura que implicaría que si el presupuesto pautado se agotara, el Estado no podría gastar más y se “apagaría” la administración pública. El mandatario no dio más detalles al respecto, pero luego trató la iniciativa con un grupo de funcionarios en la quinta de Olivos, hasta donde llegaron el martes Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Santiago Bausili.
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POLITICA
Cristina Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de casi $16 millones, mientras el Gobierno espera una decisión de la Corte
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de $15.683.154,06 brutos por mes en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia, mientras el Gobierno mantuvo abierta la disputa judicial para que la Corte Suprema dejara sin efecto ese beneficio. Según información a la que accedió Infobae, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) restablecerá la prestación, aunque ya interpuso un recurso de queja ante el máximo tribunal y esperó una definición sobre el fondo de la controversia.
La decisión implicó que el organismo previsional cumpliera la orden judicial vigente sin modificar la estrategia que sostuvo desde que resolvió dar de baja las asignaciones especiales de la ex mandataria. En la Casa Rosada sostuvieron que la condena firme por corrupción en la causa Vialidad resultó incompatible con la continuidad de una pensión prevista para quienes ejercieron la Presidencia de la Nación y para los derechohabientes de los ex presidentes.
Información oficial a la que accedió Infobae indicó que el haber mensual bruto correspondiente al beneficio ascendió a $15.683.154,06, monto sobre el que se practicarán los descuentos previstos por la legislación vigente.
La liquidación incluyó, además, una retención equivalente al 20% del haber mensual, es decir $3.136.630,81, destinada al recupero de los fondos que la ANSES sostuvo que fueron percibidos indebidamente mientras el beneficio permaneció vigente. Ese descuento se aplicará todos los meses hasta completar un recupero total de $660.052.338,87, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente.
Descuentos y exclusión del adicional por zona austral
Ese no será el único recorte. Según información exclusiva obtenida por Infobae, la ANSES tampoco liquidará el adicional por zona austral que integra este tipo de prestaciones. El organismo consideró que ese suplemento no correspondió porque Cristina Kirchner cumplió prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, no reunió las condiciones para acceder a ese beneficio.
De esa manera, aunque la ex presidenta volverá a percibir la pensión por orden judicial, el monto efectivamente liquidado será inferior al haber bruto, tanto por la retención del 20% destinada al recupero de fondos como por la exclusión del adicional por zona austral.
La resolución administrativa constituyó el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó restablecer provisoriamente la pensión mientras continuó el juicio principal sobre la legalidad de la decisión adoptada por la ANSES. El organismo, sin embargo, dejó asentado ante la Justicia que ya presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal revisara esa resolución.
Cómo se originó la disputa judicial
La controversia se originó luego de que el Gobierno decidiera dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. El argumento oficial fue que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la consecuente inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal tornaban incompatible la continuidad del beneficio.
Cristina Kirchner cuestionó esa decisión en la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar provisoriamente la prestación mientras se resolvía el juicio principal. Aunque el planteo fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restablecer el beneficio al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario de la prestación hasta que existiera una sentencia definitiva.
Esa resolución fue recurrida por la ANSES mediante un recurso extraordinario que la propia Cámara rechazó. A partir de esa decisión, el organismo acudió directamente a la Corte Suprema a través de un recurso de queja, expediente que se encontró bajo análisis del máximo tribunal.
Dictamen de Casal y definición pendiente de la Corte
En ese marco, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que sostuvo que la Corte debería revocar la cautelar que permitió restituir la pensión. Si bien esa opinión no es vinculante para los jueces, representó el último paso procesal antes de que el máximo tribunal quede en condiciones de resolver el planteo del Estado.
Mientras esa definición permaneció pendiente, la ANSES deberá ejecutar la medida cautelar y restablecer el pago de la pensión. El expediente quedará atravesado por dos procesos paralelos: por un lado, la percepción efectiva del beneficio por parte de la ex presidenta; por otro, la decisión que adopte la Corte Suprema sobre la validez de la cautelar y el alcance que una condena firme por corrupción puede tener sobre las pensiones vitalicias previstas para ex mandatarios y sus derechohabientes.
La resolución que finalmente adopte la Corte no solo definirá la situación previsional de Cristina Kirchner. También fijará un criterio sobre el alcance de las consecuencias que una condena penal firme puede producir sobre las prestaciones especiales otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes, en un expediente que el Gobierno consideró de fuerte impacto institucional.
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