Los principales bloques de la oposición confían en tener apoyo de sobra para alcanzar el quórum y avanzar hoy en la Cámara de Diputados con dos temas incómodos para la Casa Rosada: los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria encendió luces de alarma en el Gobierno porque nuevamente deja en evidencia que algunos gobernadores, que hasta hace poco eran considerados aliados confiables, vuelven a dar muestras de autonomía en temas sensibles que pueden generarles un costo electoral.

En las horas previas, el “poroteo” opositor arrojaba al menos 134 presentes (se necesitan 129 para tener quórum) entre los que se destacaban Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y algunos monobloques como el de Natalia de la Sota y el de Marcela Pagano.

Sin embargo, en la Casa Rosada seguían con más preocupación el apoyo de los bloques donde influyen directamente los gobernadores, como Elijo Catamarca (Raúl Jalil), Provincias Unidas (Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro), Primero San Luis (Claudio Poggi), La Neuquinidad (Rolando Figueroa) y Argentina Federal (Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua).

Durante los últimos meses se acumularon cerca de 50 proyectos de diferentes bancadas para abordar los niveles récord de mora y la oposición aún está lejos de alcanzar un texto que sintetice las propuestas de todos los espacios. Ante este panorama, en la sesión de hoy solo buscarán aprobar un emplazamiento a dos comisiones para ponerle un límite de tiempo al debate.

Según pudo saber Infobae, el cronograma tentativo incluiría dos reuniones de debate y un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor el miércoles 29 de septiembre para dictaminar y dejar algún texto listo para discutir en el recinto. “Hay 50 proyectos y necesitamos por lo menos dos semanas para trabajar seriamente”, detallaron. Si bien el oficialismo accedió la semana pasada a dar inicio al tratamiento de los proyectos en la comisión de Finanzas, la oposición desconfía y prevé que los libertarios recurrirán a alguna maniobra para dilatar el debate.

“¿Quién nos da la certeza de que van a cumplir con el compromiso de dictaminar antes de fin de mes si todas las señales que dieron desde el Gobierno son que no están de acuerdo con buscar una solución para este problema?”, sintetizó una diputada de Unión por la Patria.

Los proyectos de la oposición abarcan una amplia batería de propuestas para abordar la problemática como refinanciación obligatoria para deudas de hasta tres Canastas Básicas Totales, quita de los intereses punitorios acumulados, planes de pago de hasta 36 meses y topes a las tasas de refinanciación. Ante la consulta de Infobae, fuentes “dialoguistas” señalaron que existe un acuerdo transversal para no impulsar ningún proyecto que tenga costo fiscal para el Estado. De esta forma, apuestan a dejar al Gobierno sin argumentos para un eventual veto de la ley.

En paralelo, la oposición también emplazará hoy a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año.

La Emergencia en Discapacidad que se aprobó el año pasado, y que el Gobierno tuvo que implementar por orden de la Justicia, creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a hacer las modificaciones presupuestarias necesarias “sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

La semana pasada, diputados de La Libertad Avanza dejaron trascender que estaban trabajando en un proyecto propio que sería “superador” de la Emergencia en Discapacidad y que permitiría sumar el apoyo de los bloques aliados y los gobernadores. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo se limitaron a decir que los equipos técnicos estaban “trabajando en el tema” pero no adelantaron ningún detalle de la propuesta.

Con los dictámenes, la oposición quedaría en condiciones de convocar a otra sesión especial para mediados de octubre para avanzar con la media sanción de ambas iniciativas.

El reclamo del Gobierno por la soberanía de las Malvinas, anunciado por Javier Milei, reactivó el interés por la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, que comenzó a levantarse en la gestión de Alberto Fernández y no tuvo grandes avances en los últimos años. Un día después de la cadena nacional, el Ejecutivo oficializó una reasignación de fondos para acelerar la reconstrucción de la base, ubicada en un punto estratégico a 700 km de las islas.

Vía decreto, el Gobierno reasignó $218.000 millones para el área de Defensa, de los cuales más de 200.000 millones quedaron vinculados específicamente a la base de Ushuaia y a la Base Antártica Conjunta Petrel. El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán a la capital de Tierra del Fuego para anunciar formalmente el reinicio de las obras.

El proyecto de la base no es una idea nueva. Sus antecedentes se remontan a la década de 1990, cuando Tierra del Fuego impulsó distintas iniciativas para desarrollar un polo logístico y portuario vinculado a la actividad antártica, sin que ninguna prosperara. La obra actual se lanzó formalmente en marzo de 2022, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, con financiamiento a través del FONDEF. Su ejecución quedó a cargo de Tandanor, el astillero estatal, sobre un predio ubicado dentro del Batallón de Infantería de Marina N°4.

El diseño contempla un muelle de 1050 metros lineales y 15.640 metros cuadrados, con profundidades de entre 6 y 16 metros según el sector; un edificio de servicios marítimos de 2540 metros cuadrados y, además, instalaciones de logística antártica de 10.100 metros cuadrados, que incluyen talleres, depósitos, cámaras frigoríficas, áreas administrativas y almacenamiento de combustibles. Una segunda fase prevé además 39.000 metros cuadrados para las instalaciones del comando, con oficinas, talleres y alojamientos. El proyecto está dividido en tres etapas, con plazos estimados de 36, 48 y 60 meses, respectivamente.

A cuatro años de iniciada, la obra muestra un avance físico del 9,13% y un avance financiero del 19,40%, según el último dato oficial. La inversión acumulada entre 2021 y 2025 ronda los $2474 millones. Entre los trabajos completados figuran movimientos de suelo para dos galpones modulares de 1250 metros cuadrados cada uno y, recién en mayo de 2025, las fundaciones y la platea de hormigón de uno de esos galpones. Tandanor había suspendido las tareas en diciembre de 2023 y 2024 transcurrió sin inversión presupuestaria para el proyecto.

El costo total de la obra fue estimado por el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, en unos US$300 millones, aunque otras proyecciones lo ubican entre 400 y 500 millones. En 2025, el Gobierno destinó cerca de 163 millones de dólares de un crédito específico para la construcción del muelle, infraestructura asociada y compra de maquinaria y equipos. El Presupuesto 2026, en cambio, no incluyó una partida propia para la base, lo que motivó pedidos de informes en el Congreso.

El propio Milei explicó que el financiamiento llegará por reasignación de partidas ya existentes del Ministerio de Defensa, no por una nueva asignación. Algo de eso ocurrió con el decreto de la semana pasada. Ahora sí, el Gobierno busca, vía el ministro de Economía, Luis Caputo, que haya partidas específicas en el Presupuesto 2027, que ingresará al Congreso el próximo 15 de septiembre.

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La directora del proyecto es la ingeniera Alejandra Portatadino, quien está al frente de las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia. El Ministerio de Defensa insistió en que se trata de una base naval argentina y no de una base combinada, y que no implica presencia permanente de tropas extranjeras, pese a las conversaciones de cooperación regional que rodean al proyecto. Este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que Estados Unidos no está detrás del financiamiento de la base.

En abril de 2024, Milei mantuvo un encuentro en la base con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la generala Laura Richardson, junto al embajador estadounidense Marc Stanley y el ministro Petri; el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, no participó del encuentro. “Queremos reforzar nuestra alianza estratégica con Estados Unidos”, dijo esa vez Milei desde Ushuaia. Con el nuevo refuerzo presupuestario, el Gobierno busca mostrar avances concretos en una obra que, pese a los sucesivos anuncios, lleva casi cuatro años sin salir de una etapa preliminar.

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El Gobierno anunció la apertura de sumarios contra 15 nuevos sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por presuntas infracciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659 al realizar actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas en la plataforma continental argentina.

A través de un comunicado oficial firmado por el presidente Javier Milei, la administración remarcó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques” contra su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 8, 2026

La medida profundiza la ofensiva estatal tras los expedientes iniciados la semana pasada contra otros 45 actores del sector. La estrategia busca frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion impulsado por firmas extranjeras sin aval nacional.

En el plano judicial, el canciller Pablo Quirno formalizó previamente denuncias penales contra cinco compañías operadoras. El Ejecutivo aseguró que “el Estado argentino reafirma su compromiso” de agotar todas las instancias administrativas y jurídicas necesarias.

En paralelo, la mesa política oficialista coordinó el envío al Congreso de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y avanzó en las gestiones para construir la Base Naval Integrada en la provincia de Tierra del Fuego.

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