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POLITICA

El Gobierno acelera la agenda legislativa y se concentra en la reforma electoral y cambios en el régimen de Zona Fría

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Javier Milei no tuvo descanso durante el feriado por el Día de la Independencia. Tras participar de la vigilia en Tucumán junto al gobernador Osvaldo Jaldo y otros 12 mandatarios provinciales, el Presidente encabezó una reunión de Gabinete en la Ciudad de Buenos Aires con la participación de representantes del Congreso, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

Durante la jornada, el jefe de Estado volvió a poner el foco en las principales reformas que pretende impulsar en el Congreso: la modificación del Régimen de Zona Fría para focalizar los subsidios energéticos, cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, una reforma política y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que, según expresó, su función principal sea preservar el valor de la moneda y no financiar al Estado.

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En la agenda oficial también figuran los proyectos sobre inviolabilidad de la propiedad privada y el denominado super-RIGI, cuya remisión al Senado fue reclamada por la senadora Patricia Bullrich tras la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

La negociación con gobernadores y la oposición dialoguista

La Casa Rosada mantiene abiertas las conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para reunir los apoyos necesarios para sus proyectos.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, ya participó de reuniones con legisladores junto a Patricia Bullrich para analizar el proyecto de Zona Fría. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es que el Senado apruebe sin modificaciones el texto que obtuvo media sanción en Diputados, aunque reconocen que persisten diferencias con representantes de distintas provincias, entre ellos los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

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Según el Gobierno, la ley sancionada en 2021 “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema” al ampliar el universo de beneficiarios hacia zonas “sin condiciones climáticas equivalentes”, lo que, sostiene, incrementó el costo fiscal.

La iniciativa aprobada por Diputados mantiene los subsidios para la Patagonia, Malargüe y la Puna en el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes. En cambio, para las zonas incorporadas desde 2021, el beneficio quedará limitado a los hogares de menores ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.

El mayor impacto se produciría en la provincia de Buenos Aires, donde dejarían de recibir el beneficio 55 ciudades, entre ellas Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul, Olavarría y gran parte de la Costa Atlántica, además de departamentos y localidades de Córdoba y Santa Fe incorporados al régimen en 2021.

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La reforma electoral, eje de las conversaciones políticas

La reforma electoral continúa siendo uno de los principales objetivos de la Casa Rosada y concentra buena parte de las negociaciones con la oposición dialoguista y los gobernadores.

Las conversaciones son encabezadas por Diego Santilli junto con Patricia Bullrich y Martín Menem. La senadora considera que durante septiembre podría alcanzarse el consenso que el oficialismo intentará construir a lo largo de agosto.

Por el momento, el proyecto no reúne las mayorías absolutas requeridas para modificar la legislación electoral. La iniciativa contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de la figura de Ficha Limpia para la postulación de candidatos.

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En paralelo, La Libertad Avanza trabaja sobre una propuesta que habilitaría listas colectoras para la elección nacional. La alternativa implicaría suspender nuevamente las PASO e introducir modificaciones a la ley de Boleta Única de Papel para permitir que cada fuerza política presente distintos candidatos al Congreso con un único candidato presidencial. Por ahora, se trata de borradores que el oficialismo continúa redactando mientras el Senado espera el proyecto definitivo.

Las reformas económicas que prepara la Casa Rosada

Milei también reiteró la necesidad de avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y con modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, dos proyectos que continúan bajo estudio del Gobierno y que serán enviados al Congreso en las próximas semanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la reforma del Banco Central establecerá como punto prioritario que la entidad no podrá volver a financiar al Tesoro.

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En esa línea, el Presidente mantuvo esta semana una reunión en la Quinta de Olivos con Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, para avanzar en la redacción del proyecto.

Más tarde, Milei publicó en sus redes sociales: “Bases para la nueva era dorada. Empezando a ultimar los detalles en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros”.

Respecto de la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, Caputo explicó que el Gobierno enviará una propuesta mejorada para facilitar la incorporación al circuito económico de los ahorros que permanecen fuera del sistema bancario.

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“Son los dólares que están debajo del colchón. Los bancos podrían financiar proyectos de infraestructura o Pymes. Los números que maneja el BCRA son casi 170 mil millones de dólares debajo de los colchones”, afirmó el ministro.

La agenda del Senado

El Senado sesionará el próximo 16 de julio y luego iniciará el receso invernal hasta la primera semana de agosto. La próxima sesión ya fue prevista para el 6 de ese mes.

Mientras tanto, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem continuarán las negociaciones con gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista para intentar reunir los consensos necesarios que permitan avanzar con la agenda legislativa impulsada por el Gobierno.

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Javier Milei, proyectos, Congreso

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POLITICA

Elisa Carrió cuestionó a Javier Milei y analizó la interna con Patricia Bullrich: “Ella busca el poder”

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Elisa Carrió volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei y se refirió a las diferencias que comenzaron a hacerse visibles entre el Presidente y Patricia Bullrich. En una entrevista con Radio con Vos, la dirigente de la Coalición Cívica reconoció las cualidades personales de la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, aunque describió su perfil político con una definición contundente: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.

La exdiputada se expresó sobre la posibilidad de que Bullrich esté construyendo un proyecto propio y eventualmente tome distancia del oficialismo. “Ella es así y lo fue siempre”, sostuvo en diálogo con Lorena Maciel, en el programa Futuro Imperfecto. Para explicar esa característica, recordó un episodio de la etapa en que compartieron espacio político: después de una derrota electoral, Bullrich le manifestó que quería sumarse al sector de Mauricio Macri.

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“Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”, relató Carrió. Según contó, su respuesta fue: “Bueno, querida, arreglá con Adriana. Al final se fueron los dos”.

Carrió hizo hincapié en las diferencias entre Milei y Bullrich. (Foto: Presidencia).

Aunque destacó la lealtad que Bullrich tuvo con ella, la dirigente aclaró que esa valoración no significa que acompañe electoralmente al partido gobernante. “Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, afirmó. Y fue tajante al referirse al jefe de Estado: “Jamás votaría a Milei”.

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POLITICA

Para el mercado, el Gobierno deberá revisar su plan financiero para afrontar los pagos de deuda de 2027

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En el mercado se instaló un consenso: el programa financiero que el Gobierno presentó en julio pasado para atravesar el año electoral quedó obsoleto. Los supuestos sobre cuántos dólares iba a conseguir el Tesoro y con cuántas reservas iba a arrancar 2027 no se cumplieron en su totalidad y esa certeza se convirtió en un nerviosismo que se refleja en el precio de los bonos argentinos.

El riesgo país —el indicador que mide la sobretasa que exigen los inversores para prestarle a la Argentina en lugar de a Estados Unidos— cerró el viernes en 830 puntos básicos. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su plan, rondaba los 400 puntos, el nivel más bajo del año. En cuatro meses se duplicó, con un pico de 939 puntos el 6 de este mes.

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Hubo factores externos que empujaron, como el triunfo de Luiz Lula da Silva en Brasil y la victoria demócrata en las elecciones en Estados Unidos. Pero el ruido principal es local. “Se había planificado un programa financiero que parecía muy razonable hace tres meses”, dijo la semana pasada Fernando Sedano, de Morgan Stanley, para quien ese esquema “quedó un poco obsoleto”.

El plan suponía que el Tesoro conseguiría US$6000 millones este año con la colocación de bonos en dólares bajo ley local y otros US$5000 millones en 2027. Sin embargo, desde agosto no se coloca el AO29, el título con el que se buscaba completar esa meta, y todavía faltan unos US$800 millones para alcanzarla, según la consultora Invecq. Con el riesgo país en estos niveles, salir a buscar ese financiamiento es bastante más caro.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo; en julio, la titular del FMI dijo que el país no necesitaba más financiamientoX@LuisCaputoAR

El otro supuesto que quedó lejos es el de la caja. El programa preveía que el Tesoro cerraría el año con US$3700 millones depositados en su cuenta del Banco Central, un colchón para empezar 2027 con más margen. Hoy esos depósitos están en US$59 millones después del último pago de intereses al FMI. Y en enero llega un vencimiento de unos US$4500 millones con los tenedores de bonos.

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Las privatizaciones, otra fuente de dólares del plan, también avanzan más lento. Antes de presentar el programa, el Gobierno ya había obtenido US$707 millones con cuatro hidroeléctricas del Comahue y US$356 millones con la venta de su participación en Transener. En julio, calculaba que ingresarían US$800 millones este año y US$1500 millones en 2027. Desde entonces, la mejor oferta por AySA fue de US$340 millones, por debajo de los US$450 millones que esperaba Economía. El resto de las licitaciones, como las de AMBA I, el Belgrano Cargas y las centrales eléctricas, se atrasaron.

En el mercado nadie pone en duda el compromiso del Gobierno de pagar sus deudas. Lo que se discute es de dónde saldrán los dólares para hacerlo. Según Sedano, el país necesitará conseguir al menos US$10.000 millones durante 2027. Los funcionarios, contó el economista, le aseguraron que el programa “ya está cerrado” y que hay fuentes alternativas de financiamiento. “Si eso es así, es un problema menos”, señaló.

Consultados por , en el Ministerio de Economía no respondieron si planean presentar un nuevo programa financiero.

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Vencimientos concentrados

La Argentina no tiene un problema grande de deuda. Según datos oficiales, esta representa menos del 70% del PBI. La dificultad está en el calendario. En 2027, entre el Tesoro y el Banco Central deberán pagar US$21.300 millones en moneda extranjera a privados y al FMI, y US$27.700 millones en 2028. Y el país todavía no recuperó el acceso al mercado internacional de crédito, uno de los objetivos que se había planteado el Gobierno al asumir.

Tampoco queda margen del lado del FMI. El organismo ya le prestó a la Argentina más de US$57.000 millones y el país es su principal deudor. En julio último, durante su visita, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo que no veía necesario que la Argentina pidiera financiamiento adicional. Por eso, si el Tesoro no vuelve a colocar bonos en el mercado local, la variable de ajuste serán las compras de dólares al Banco Central. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), en ese escenario deberían pasar de los US$4900 millones previstos en el programa a US$13.100 millones.

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La Argentina no tiene un problema de deuda grande, pero sí un calendario exigente; vencimientos de deuda según 1816

A todo eso se suma la dolarización de los ahorristas. Según cálculos del mercado, en 2027 las personas comprarían unos US$2600 millones por mes, lo que daría US$32.000 millones en el año electoral. La referencia es lo que ya ocurre sin elecciones de por medio. En agosto, las personas compraron US$2853 millones en billetes y en septiembre, US$2896 millones, según el Balance Cambiario del Banco Central. Es una demanda que compite con el Tesoro por los mismos dólares.

Para el expresidente del Banco Central Martín Redrado, lo ideal hubiera sido salir a buscar financiamiento afuera a principios de julio, cuando el riesgo país estaba en torno de los 400 puntos. “Se perdió esa oportunidad”, dijo.

Lo llamativo es que, mientras el riesgo país se duplicó, el dólar casi no se movió. El oficial minorista se mantiene en $1570 en el Banco Nación y en lo que va del año subió apenas 6,1%, frente a una inflación acumulada de 26,3%.

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Desde la consultora 1816, en tanto, señalaron que no es habitual que los bonos y el dólar vayan por caminos tan distintos. Una de las explicaciones es que quienes venden bonos argentinos son, sobre todo, inversores extranjeros que operan desde Wall Street, y esos dólares no pasan por el mercado local.

La otra explicación está en el Banco Central. En lo que va del año, compró más de US$16.000 millones en el mercado de cambios para engrosar las reservas y, al mismo tiempo, mantuvo bajo control la cantidad de pesos en la calle, lo que dejó menos margen para que los ahorristas se pasaran al dólar. Pero en lo que va de noviembre el ritmo de compras se frenó.

Para Invecq, la clave de las próximas semanas será la respuesta del equipo económico. Mientras dure la incertidumbre electoral, advirtió la consultora, los inversores seguirán pidiendo un premio para prestarle a la Argentina más allá de 2027.

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POLITICA

El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para continuar con el cierre de la ex obra social de las FFAA

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El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que afronta una grave crisis financiera en los últimos años, puso en marcha un régimen de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente que prestan tareas en ese organismo. Es una decisión que avanza con la “motosierra” y liquidación de la estructura que desde 2013 funcionaba como obra social de los militares y de sus familiares.

La medida, que se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de la Disposición 721/2026, ofrece a los empleados públicos una “gratificación” de hasta 30 sueldos y seis meses de cobertura médica para el grupo familiar como compensación por la desvinculación, según l edad, antigüedad y situación jubilatoria. El régimen para solicitar el retiro estará abierto por una ventana estrecha de tiempo, entre el 12 y 26 de noviembre, sin posibilidad de prórroga.

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La expectativa del Gobierno es que una dotación menor de agentes sea transferida a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), el nuevo organismo que absorberá las funciones de IOSFA. El instituto emplea un personal de 2.450 personas, abarcando todo tipo de contrataciones, según los últimos datos oficiales.

El plan también apunta a desvincular a los trabajadores próximos a jubilarse y sin aportes suficientes. Para ese grupo, “ofrece una alternativa de prestación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta, con continuidad de aportes previsionales y de obra social, por hasta 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios”, señalaron fuentes oficiales.

La decisión se oficializó en el marco del proceso de liquidación y cierre de IOSFA, dispuesto por los DNU 88/2026 y 1286/2026 firmados por el presidente Javier Milei y el gabinete. Ambos decretos reestructuraron el área y crearon la OSFA para cubrir a ese personal, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad para Gendarmería Nacional y Prefectura Naval (OSFFESEG).

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La estructura de OSFA busca financiar apenas 8% de sus recursos en gastos administrativos y de funcionamiento, mientras que el resto de las partidas tendrían como destino la atención sanitaria y provisión de medicamentos de los 325 mil afiliados de la institución. Antes de la reestructuración, IOSFA atendía a 550.000 afiliados, que incluía a las familias de prefectos y gendarmes que quedaron bajo la órbita de OSFFESEG.

El Gobierno disolverá IOSFA, la obra social de las fuerzas armadas

El nuevo plan de desvinculaciones involucra un régimen específico para su personal de planta permanente de la institución, por tratarse de un organismo descentralizado que no le comprende el régimen general del Estado nacional.

Como ocurrió con otros organismos, y ante el anuncio de cierre, los trabajadores de IOSFA vienen siendo empujados por el Gobierno a terminar con su vínculo laboral. Quien está a cargo de esa tarea operativa es el administrador del IOSFA en liquidación, Gonzalo Secchi.

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Secchi también está al frente del saneamiento de la entidad atravesada por deudas con prestadores, reclamos por atención médica y conflictos en farmacias, hoteles y residencias bajo su administración.

Con el decreto 1286/2026, la gestión libertaria definió que el personal no sea transferido de forma automática a la OSFA. De esta forma, el retiro voluntario impulsa las desvinculaciones, ante el panorama incierto de quienes permanecerán y quienes no en la nueva prestadora de salud. Según informaron desde el organismo, las oficinas de RRHH ya está recibiendo consultas e iniciando gestiones de personas interesadas en finalizar su vínculo.

Accediendo al retiro, los empleados podrán gozar de una gratificación de pago único en una cuota si las sumas indemnizatorias no exceden los 20.000.000 pesos. Cuando superen ese importe, el IOSFA podrá dividirlas en hasta tres pagos mensuales y consecutivos de $20.000.000, con el saldo en una última liquidación.

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Lo cierto es que se establece una condición dura para quienes acepten e hicieron carrera en el sector público: los agentes cuyo retiro sea aprobado no podrán volver al Estado nacional durante ocho años desde su baja. La prohibición abarca empleos, contratos, asesorías, cargos de autoridad y vínculos con organismos multilaterales de crédito.

Sin embargo, hay resistencias al plan oficial.

Ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un encuentro con más de 50 delegadas y delegados de todo el país para analizar el impacto de la disolución del IOSFA y el régimen de retiro voluntario. El sindicato informó que mantendrá el estado de alerta y movilización permanente, con un plan de lucha que continuará en las próximas semanas.

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La Asociación Trabajadores del Estado convocó a jornadas de protesta en varias provincias y a una marcha nacional contra el cierre de IOSFA

En varias provincias, donde existen farmacias, hoteles y espacios recreativos que dependen de IOSFA, la protesta sindical tuvo receptividad en concejos deliberantes y legislaturas. Se realizaron movilizaciones San Juan, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata y Punta Alta contra el cierre de los establecimientos, y se impulsaron proyectos de repudio y declaraciones en defensa de los puestos de trabajo.

El corazón del desguace de las plantillas está enfocado en la extensa red de farmacias, mientras que el personal que depende de los hoteles y centros recreativos regresarán bajo la órbita de las FFAA. Esas dependencias pertenecían a los cuerpos castrenses, antes de su unificación en IOSFA.

Sedes de IOSFA

La incertidumbre laboral crecerá en la medida que se acerque el 4 de febrero de 2027, el plazo máximo previsto que definió el Gobierno para la disolución definitiva de la entidad. Desde la IOSFA aseguran que

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Para contener la sangría, ATE anunció acciones gremiales para jueves y viernes en todo el país, además de nuevas jornadas de protesta en la semana del 20 de noviembre. El viernes 27 se realizará una marcha nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Es el último día hábil antes de que venzan los contratos laborales que no están alcanzados por la estabilidad del empleo público.

IOSFA,Argentina,obras sociales

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