POLITICA
Condenaron a De Vido y López a cinco años de prisión por el caso Skanska, la primera causa de corrupción kirchnerista
El exministro de Planificación Federal Julio de Vido fue condenado hoy a cinco años de prisión por los delitos de cohecho pasivo (cobro de sobornos) y administración fraudulenta contra el Estado en el juicio por el caso Skanska, que es la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo, por coimas en el proceso de ampliación de un gasoducto.
La misma pena le impuso el tribunal a José López, exsecretario de Obras Públicas, también por haber cobrado sobornos y defraudado al Estado. Tanto De Vido como López siguieron la lectura del veredicto por Zoom. De Vido, desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria por su estado de salud; López, desde la cárcel.
De Vido ya arrastra cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.
El fallo fue dictado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, del Tribunal Oral Federal N° 4.
Junto a López y De Vido, fueron condenados altos empresarios de Skanska.
Las condenas de De Vido y López, así como las de otros acusados, se dictaron por mayoría, con disidencias en cuanto a calificaciones y montos de pena de parte de la jueza López Iñiguez. Todavía no se conoce la letra chica ni los fundamentos del fallo, que se informarán el 22 de septiembre próximo, según dijo hoy el tribunal.
López y De Vido eran los máximos responsables de la obra pública en el período bajo investigación. Para ellos, la fiscalía había pedido la misma pena que el tribunal les impuso: cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.
Las otras condenas
La lista de los condenados incluyó a Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos, a quien le impusieron un castigo de cinco años de prisión por cohecho pasivo; Mario Piantoni, máximo responsable de la empresa Skanska en la región, que recibió una pena de cuatro años de prisión por cohecho activo; Javier Azcárate -que era gerente comercial- y Gustavo Vago -presidente de la empresa en el país-, con condenas a cuatro años cada uno, y los exdirectivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Alfredo Grecco y Roberto Zareba, que recibieron penas de tres años de ejecución condicional.
En cambio, para los otros 17 enjuiciados, la fiscalía había pedido la absolución.
El fiscal Abel Córdoba ubicó a De Vido y López como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos.
Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justificar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.
El juicio comenzó hace poco más de dos años, pero se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, tras una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil.
En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.
Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.
El trabajo −una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001− consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.
Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.
López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo de acusados.
Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron las licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.
Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.
Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, Azcárate, alto directivo de Skanska, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país.
Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart.
“Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, señala Azcárate en la grabación. “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, dice en otro de los tramos, y también: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”.
El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.
Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. “En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos”, marcó Gemignani.
Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.
El exministro de Planificación De Vido también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.
En ese proceso, López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
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La advertencia de un dirigente de la CGT al Gobierno por la situación económica: “Esto va a ser peor que el 2001″
El cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo lanzó esre martes una dura advertencia sobre la situación económica del país al afirmar que la crisis podría derivar en un escenario “peor que el 2001”, cuando el entonces presidente Fernando De la Rúa renunció a la primera magistratura en medio de un estallido social.
Jerónimo denunció la pérdida de puestos de trabajo y sostuvo que la central obrera no descarta impulsar medidas de fuerza si no se generan espacios de negociación.
“La situación que atraviesan los trabajadores es crítica. En su vida diaria tienen salarios que quedaron por debajo de la canasta básica. Hay muchos sectores que están sufriendo la pérdida de trabajo y el cierre de empresas”, reseñó el referente sindical en diálogo con Delta 90.3.
Y añadió: “Ningún sector es ajeno a las dificultades que está atravesando la Argentina. En la medida que esto siga así, va a ser peor que el 2001. Vamos hacia un proceso más dificultoso que el del 2001. Nosotros queremos que le vaya bien, pero por este modelo económico estamos viendo una situación cada vez más regresiva que empobrece al pueblo argentino. El Gobierno le echa la culpa a otros”, expresó.
Jerónimo también cuestionó la relación entre la CGT y el Poder Ejecutivo, al considerar que “el Gobierno hace oídos sordos y no se hace cargo del rol que tendría que ocupar. El diálogo existió en algún momento, pero nunca se terminan de resolver los problemas. La situación que vive la ciudadanía argentina hace que sea muy difícil equilibrar su economía”, señaló.
El jefe cegetista efectuó estas declaraciones después de haber participado de una delegación sindical que fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano.
El dirigente integró la comitiva junto con Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT; Marta Pujadas, abogada de ese gremio y de la central obrera; y Alejandro ‘Peluca’ Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
Consultado sobre la posibilidad de nuevas protestas, Jerónimo dejó abierta la puerta a futuros reclamos sindicales. “No descartamos medidas de fuerza. Si el Gobierno sigue haciendo oídos sordos seguirá escalando la conflictividad y decantará en una medida de acción directa”, advirtió.
No obstante, aclaró que cualquier decisión de ese tipo requerirá de coordinación con otros sectores. “Hay que construir consensos y acuerdos necesarios para que a la hora de hacer una medida de esa naturaleza tenga la contundencia necesaria”, concluyó.
fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano,CGT,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
El Presupuesto 2027 entró a Diputados: comenzará a debatirse en octubre y condicionará otras negociaciones
El gobierno nacional envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto 2027, tal como estipula la ley de Administración Financiera. El plan general de gastos e ingresos prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento, una inflación promedio del 21,1 por ciento y una suba del salario promedio del 25,4 por ciento.
Según destacaron desde el oficialismo, el Presupuesto 2027 contempla nuevamente resultado fiscal positivo, con lo que se consolidarán “por primera vez en la historia” cuatros años consecutivos de superávit financiero.
La popularmente conocida como “ley de leyes” también estima que Argentina exportará productos y servicios por USD 130 mil millones y que la balanza comercial será favorable por USD 15 mil millones.
Además, calcula que el tipo de cambio promedio anual será de $1728. Este número surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027.
“El Presupuesto que se presenta refuerza el compromiso inclaudicable de este Gobierno Nacional de sostener el equilibrio fiscal, condición necesaria para continuar el proceso de eliminación de la inflación y fortalecer los instrumentos de estabilización macroeconómica, que redundarán en la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y el desarrollo de la Nación”, señala el proyecto en su introducción.
En la misma línea, también concluye que “la política fiscal iniciada el 10 de diciembre de 2023 está generando los resultados esperados en términos de estabilización macroeconómica” y adelanta que “para el próximo año se prevé profundizar y continuar el proceso de mejora en la eficiencia y eficacia de las políticas públicas vinculadas con el acompañamiento social sin intermediaciones, incrementar la eficiencia de la obra pública, recuperar las capacidades en seguridad interior y defensa nacional y alcanzar la modernización y simplificación del Estado”.
Los principales puntos del Presupuesto fueron adelantados este mediodía por el ministro de Economía, Luis Caputo, a los integrantes de la mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De la reunión también participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
A diferencia de lo que ocurrió en 2024, cuando el propio presidente Milei presentó los principales puntos del Presupuesto en el recinto de la Cámara de Diputados, esta vez la responsabilidad quedará en manos del Secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, y del Secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
A pesar de que históricamente ha sido una responsabilidad del titular del Palacio de Hacienda, desde el oficialismo descartaron que el ministro Caputo asista al Congreso para contestar preguntas sobre la ley de leyes. La aversión del ministro a pisar el Congreso es conocida y siempre rechazó las invitaciones de la oposición a dar explicaciones sobre las políticas económicas.
Las planillas del Presupuesto 2027 eran esperadas con mucha expectativa por los aliados de la Casa Rosada y por los gobernadores dialoguistas, e influirá directamente en otras negociaciones legislativas importantes para el oficialismo como la eliminación de las PASO, el régimen de Zonas Frías, el Super RIGI y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, todas trabadas en el Senado.
“Tenemos mucha confianza en que vamos a conseguir la aprobación”, señalaron fuentes del bloque LLA, aunque reconocieron que las negociaciones en el Senado están “difíciles”.
Cabe destacar que el debate del Presupuesto se desarrollará en un clima electoral cada vez más intenso, tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que ya han dado señales concretas en ambas Cámaras de haber comenzado a priorizar sus propios intereses electorales.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires, La Neuquinidad, Independencia y Producción y Trabajo. Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.
Fuentes parlamentarias del oficialismo adelantaron que el trabajo en la Comisión de Presupuesto, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, comenzarán en la semana del 5 de octubre, una vez que termine el debate sobre endeudamiento y emergencia en discapacidad.
POLITICA
Intiman a los peritos de Hotesur y Los Sauces a terminar el análisis de los fondos que recibieron las empresas de los Kirchner
El tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, donde ambos están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita, intimó a los peritos que analizan las cuentas de las empresas de la familia presidencial a que pongan fecha para la conclusión de su estudio, para poder dar comienzo al juicio oral.
El Tribunal Oral Federal N°5, presidido por el juez José Michilini, dispuso que los peritos tienen tiempo hasta mañana miércoles “para informar el avance de la tarea y la fecha de terminación” de ese análisis.
Con ese dato, los magistrados estarán en condiciones de ponerle fecha de comienzo de las audiencias, que ya anticipan que arrancarán antes de fin de año, según dijeron fuentes judiciales a .
Los magistrados Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni −subrogante en el tribunal− comenzaron a preparar el juicio oral, que enfrentarán 17 imputados.
Ahora los peritos dirán la fecha de culminación de su trabajo y luego los jueces, en a lo sumo tres semanas, dirán cuándo comienza el juicio oral.
En tanto, las defensas y la fiscalía propondrán la reducción de la cantidad de testigos. Había más de 300 previstos, pero se acordó que se reducirían en un 30 o 40 por ciento.
Una vez que se presente el listado definitivo de testigos, con las propuestas de los acusadores y los defensores, se darán por incluidas las declaraciones que prestaron esos mismos testigos en la primera etapa de la instrucción, sin necesidad de que vuelvan a comparecer en el juicio.
Con este procedimiento definido y la entrega final del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a las empresas de la familia Kirchner, se estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.
El delito precedente del lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez serían los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad, mientras que, respecto de López, serían los beneficios impositivos que recibió su petrolera Oil Combustibles, causa por la que finalmente fue absuelto y en la que solo fue condenado Ricardo Echegaray.
Un tema espinoso que queda por definir es la integración del tribunal oral que realizará el juicio. Michilini y Palliotti son jueces titulares y no se discute que serán de la partida. En cambio, Machado Pelloni es suplente desde febrero de este año.
Si las audiencias comienzan antes de que finalice la subrogancia de Machado Pelloni, este juez se quedará todo el juicio en el tribunal. Lo mismo sucedería si se pone fecha al juicio y Machado Pelloni permanece en el cargo, interpretan algunos magistrados.
Otro tema espinoso es la acusación fiscal. En esta causa, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, según el auto de elevación a juicio.
La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba las empresas de los Kirchner.
Pero Cristina Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude a seis años de prisión, que está cumpliendo detenida en su domicilio.
Por eso, el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, pidió cambiar los términos de la acusación hace una semana.
La fiscalía, en principio, no comparte la idea de que haya que readecuar nada, revelaron fuentes judiciales a . Al menos en el comienzo del proceso; luego se vería con el avance del caso y a la hora de pronunciar el alegato final.
La Corte Suprema rechazó todos los recursos de las defensas y pidió hace dos años celeridad en la realización del juicio, aún sin fecha.
Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner (hija de Alicia Kirchner) y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.
También Báez, dueño de Austral Construcciones; Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre SA; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
Hotesur y Los Sauces,,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Corrupción en la Argentina,Conforme a
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