POLITICA
Juicio por Skanska: a las 13 se conoce el veredicto del primer gran caso de corrupción del kirchnerismo
Hoy a las 13, se conocerá el veredicto en el juicio del caso Skanska, la primera gran causa de corrupción que estalló durante el kirchnerismo.
Así lo informó esta mañana el Tribunal Oral Federal N° 4, en un acto muy breve en el que se les dio a los acusados la posibilidad de decir sus “últimas palabras” antes de la sentencia.
Los acusados incluyen a una treintena de empresarios y exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido y José López, máximos responsables de la obra pública en el período, para quienes la fiscalía pidió cinco años de prisión por cohecho y fraude al Estado.
El fiscal Abel Córdoba los ubicó como parte de un gran esquema de corrupción destinado a direccionar contrataciones para la ampliación de dos gasoductos. Según la acusación, la maniobra incluyó el pago de coimas a funcionarios, facturas truchas para justificar salidas de dinero y sobreprecios en las obras, adjudicadas a la empresa sueca Skanska.
Los jueces del TOF son Jorge Gorini, Costabel y María Gabriela López Iñiguez. El juicio comenzó hace poco más de dos años, pero se corresponde con una trama que nació hace casi dos décadas, de la mano de una denuncia de la Coalición Cívica y una nota del diario Perfil.
En ella se relataban las sospechas que sobrevolaban en la justicia tributaria acerca de la existencia de una red de empresas fantasma utilizada por Skanska para evadir impuestos o pagar coimas a funcionarios.
Las obras que comenzaron a ser revisadas por la Justicia contemplaban la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. El trabajo −una respuesta a la renovada demanda de energía tras la crisis de 2001− consistió en la instalación de nuevas cañerías, la extensión de otras y la incorporación de compresores de gas.
Sin embargo, la marcha de la causa se frenaría en seco en 2011 por decisión de la Cámara Federal, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas.
López y De Vido no se encontraban por entonces en ese grupo, pero sí muchos de los que ahora enfrentan la acusación en el juicio, como Néstor Ulloa, el funcionario a cargo de la administración del fideicomiso que financió las obras de ampliación de los gasoductos.
Las empresas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora del Gas del Sur fueron las licenciatarias y la firma Skanska, en tanto, fue contratada para ejecutar las obras. En una, como adjudicataria directa; en la otra, como subcontratada por la empresa Odebrecht, protagonista de la megacausa de corrupción que se extendió por toda la región.
Después del fallo de la Cámara, el expediente Skanksa permaneció casi clausurado hasta la revalidación judicial de un material que reactivó todo el caso.
Era un audio que la Justicia recuperó al inicio del proceso en un allanamiento. En él, un alto directivo de Skanska, Javier Azcárate, admite ante un auditor de la empresa, Claudio Corizzo, haber pagado sobornos para quedarse con la adjudicación de obras públicas en el país. Reconoce a su vez el uso de facturas truchas para justificar el desembolso de sobornos a funcionarios del Enargas y Nación Fideicomisos. Es decir, la hipótesis inicial del juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart.
“Somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos”, señala Azcárate en la grabación. “Ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100 millones de dólares”, dice en otro de los tramos, y también: “Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación”.
El audio había sido desestimado en un principio por la Cámara por no haber nacido de una orden judicial, sino de una investigación interna de la empresa. El argumento fue que Azcárate había sido engañado en aquella conversación, grabada de manera subrepticia.
Pero, en 2015, la Corte Suprema reabrió la posibilidad de validarlo y la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, terminó de incorporarlo a la causa. “En la sociedad, además del infractor y el Estado, existen las víctimas y los no infractores, y ellos también tienen derechos”, marcó Gemignani.
Con la grabación de Azcarate recuperada, el fiscal Carlos Stornelli pidió la nulidad de los sobreseimientos y la causa volvió a cobrar fuerza.
En el juicio, el fiscal Córdoba mantuvo la acusación para ocho exdirectivos y gerentes de Skanska, y para ellos pidió cuatro años y seis meses de prisión. Además de Azcarate, que era gerente comercial, figuran el máximo responsable de la empresa en la región, Mario Piantoni, y el presidente de la empresa en el país, Gustavo Vago, y los directivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Zareba.
En cambio, para los otros 17 enjuiciados pidió la absolución.
De Vido y López
De Vido se expone hoy a sumar una nueva condena a su historia en la Justicia. Arrastra cuatro condenas, de las cuales está firme solo una, la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en una quinta de un barrio cerrado de Zárate.
El exministro de Planificación también está siendo juzgado en Sueños Compartidos, el juicio donde se revisa el programa de viviendas sociales que manejó la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de los hermanos Schoklender. El fiscal Diego Velazco pidió seis años de cárcel para el exfuncionario, la máxima por fraude al Estado.
En ese proceso, López también está bajo la misma acusación fiscal y se expone a sumar seis años de prisión a la pena unificada de 13 años de prisión por Vialidad y la causa por los bolsos en el convento.
Federico González del Solar,Corrupción,Conforme a
POLITICA
Christian Asinelli dijo que ningún país de América Latina se puede salvar solo y defendió la integración regional
“América Latina es una solución para los problemas que hoy tiene el mundo, donde el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, pero lo que no están distribuidas son las oportunidades, por lo que ningún país se puede salvar individualmente ”. Así lo afirmó el politólogo y vicepresidente corporativo de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli, durante un acto en el que su libro “Claves para el Desarrollo de América Latina y el Caribe” fue declarado de Interés para la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El salón San Martín de la Legislatura porteña fue el escenario elegido para otorgarle el reconocimiento durante un acto que se convirtió en un conversatorio donde la integración regional, la solidaridad y los desafíos de América Latina y el Caribe fueron ejes centrales, siguiendo las claves propuestas del texto de Asinelli.
El encuentro contó con presencias de representantes diplomáticos, dirigentes políticos, legisladores, empresarios, académicos y referentes de la gestión pública como Matías López, Christian Gribaudo, Gustavo Beliz, Fernando Gray, Emmanuel Ferrario, Facundo Del Gaiso, José Urtubey, Alberto Iribarne, Leandro Santoro, Kelly Olmos, José Scioli, Juan Cabandié y Daniel Lipovetzky, entre otros.
Alejandro Grillo, el legislador porteño que propuso declarar el libro de Interés para la Comunicación Social, destacó al comienzo del acto que la obra de Asinelli resulta un “disparador de discusión” necesario y resaltó que la convocatoria buscaba “construir entre todos, con la excusa de la visibilización de este libro, un diálogo entre representantes de los pueblos y la mirada académica”, apoyándose en el “concepto de la solidaridad y la cooperación en tiempos muy difíciles”.
Luego, María Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, dijo que en la región “hay una deuda con nuestra patria y con la patria grande que es trabajar juntos y ser más unidos”. A propósito de la integración regional, remarcó que ese objetivo “no fracasa porque no tenemos organismos, porque hay un montón y lo intentamos 10 mil veces, nos faltó quizás legitimidad social, encontrar intereses compartidos” Y agregó: “Creamos organismos, pero lo que todavía necesitamos construir es comunidad”.
Acerca de quiénes deben protagonizar la integración, apuntó: “El verdadero sujeto de la integración en estos tiempos ya dejaron de ser sólo los Estados ya que hay muchos actores dentro de la sociedad: universidades, ciudades, empresas, ciencia, redes digitales, organizaciones sociales, parlamentos, gobiernos locales”, por lo que concluyó: “Sin pertenencia no puede haber integración. El gran reto es generar una ciudadanía que crea en esto. Generar ciudadanos e instituciones que crean en la integración, no alcanza con gobiernos”.
A continuación, el embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa, aportó una mirada directa sobre las limitaciones y posibilidades de la integración regional. Sobre la CAF, el banco de desarrollo donde Asinelli es vicepresidente, afirmó que es “el bien público latinoamericano más importante que tenemos hoy, pero, a la vez, casi el único”, por lo que consideró que “nos faltan muchas cosas, pero también tuvimos una incapacidad enorme de construir bienes públicos comunes”.
“No hay comunidad cuando no hay bienes públicos comunes -añadió el diplomático-, y no hay tampoco integración cuando tenemos deudas internas de desintegraciones en los países que integran América Latina y el Caribe. Países desintegrados es muy difícil que se integren”. Y enseguida apuntó: “Somos más diferentes de lo que pensamos, somos menos parecidos de lo que creemos y eso hace que haya que trabajar más”.
Cánepa señaló que “hacemos muchos discursos, pero trabajamos poco en resolver las diferencias, y lo primero es reconocerlas sin temor porque los conflictos son inherentes a cualquier sociedad humana y también a lo que es una construcción en común”.
El siguiente orador fue el embajador de Panamá en la Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, quien compartió una interpretación desde la experiencia de su país, ahora miembro asociado del Mercosur. “Creo en la integración, en el multilateralismo -indicó-, creo que el mecanismo de construcción y de la solidez de la democracia es el diálogo, independientemente de las diferencias ideológicas o políticas que siempre van a existir”.
Recordó luego el giro estratégico de su país: “Cuando asumió, nuestro presidente dijo hace dos años que había llegado el momento de que Panamá mire al sur. Ser miembro asociado del Mercosur está abriendo muchas oportunidades para fomentar nuevamente ese intercambio comercial que va acompañado de diálogo y de la construcción de la solidez de las democracias que se fundamenten en el desarrollo económico”.
Por su parte, el embajador de Portugal en nuestro país, Gonçalo Teles Gomes, aportó una visión sobre la integración desde Europa y subrayó que “el oceáno Atlántico no nos separa sino que es algo que nos une”, luego de lo cual puntualizó que en América Latina “tienen todas las condiciones para salir bien, y si no está pasando eso es porque hay un conjunto de buenas intenciones, pero también de desafíos importantes y fundamentales”.
Entre esos desafíos, el diplomático mencionó “la desigualdad, el desafío demográfico, la transición energética, la movilidad y conectividad”. Y consideró que “para las soluciones que es necesario aportar se necesitan políticas públicas, buenas, eficientes, pero construidas con el sector privado”. Citando al Papa Francisco, enfatizó en en que “todos son necesarios para construir país, para ser país y construir país”.
Como idea para la integración, mencionó la falta de algo similar al programa Erasmus (el programa de la Unión Europea que presta apoyo a la educación, la formación, la juventud y el deporte) y la escasa facilidad de circulación de personas entre países latinoamericanos: “¿Cómo es que en América Latina aún circulamos y tenemos que enseñar el pasaporte y control de aduanas y control de fronteras?”, se preguntó Teles Gomes.
Finalmente, Asinelli destacó el potencial de América Latina y el Caribe como “región solución” a los problemas globales contemporáneos e invitó a reflexionar sobre el desarrollo, la integración, la institucionalidad y la planificación estratégica de la región.
El politólogo destacó que América Latina dispone de recursos naturales excepcionales. “Si lo vemos desde el punto de vista de los recursos naturales, esta región tiene 670 millones de habitantes, de los cuales unos 120 viven en lo que hoy llamamos el mundo rural y, por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Chile el 60% del litio del mundo está presente para esta transición energética”, puntualizó. Además, resaltó que la región concentra “el 50% de la biodiversidad del planeta” y “el 30% del agua”. “A pesar de que tenemos problemas de sequía en muchos lugares o de inundaciones en otros, lo que ahí hay es una falta de oportunidades, de infraestructura”, agregó.
Asinelli también hizo referencia al talento que existe en esta región: “Tenemos talento en todas las áreas. Gente capacitada en el arte, la música, las matemáticas, todo lo que puede generar esa región de oportunidades”. No obstante, advirtió: “Si el talento está distribuido de manera homogénea en toda la región, lo que no está distribuido son las oportunidades”.
Por eso afirmó que imprescindible la acción colectiva para enfrentar los desafíos modernos: “Esto no se puede hacer solo. Esto no es cuestión de que un país se puede salvar individualmente en un mundo tan complejo como el de hoy. Tenemos que hacer esto en conjunto”.
Asimismo, Asinelli remarcó: “No podemos pensar el futuro sin planificación, no podemos pensar el futuro sin empezar un día y tomar las decisiones para que el mañana sea mejor. Tenemos que tener mirada de largo plazo. Sin mirada de largo plazo no se pueden trabajar ninguno de los temas que están en el libro”.
Planteó luego la necesidad del fortalecimiento de las instituciones y de las capacidades estatales: “¿Cómo fortalecemos los Estados para que puedan negociar con los grandes intereses que hoy nos toca enfrentar en el mundo, las grandes tecnológicas? ¿Cómo hacemos para que esas capacidades estatales también se transformen en una defensa de la casa común, como decía el papa Francisco? ¿Cómo hacemos para que la sostenibilidad ambiental sea parte de esa agenda de políticas públicas?”.
Según su experiencia, la infraestructura es un factor clave: “La infraestructura es fundamental como habilitante para el desarrollo. Sin infraestructura no hay posibilidad de desarrollarnos porque no hay posibilidad de inclusión y no hay posibilidad de competitividad”.
A modo de comparación, observó que el comercio intrarregional en América Latina “es del 10, 11 o 12% cuando en la Unión Europea ese rubro supera el 50%”. Explicó que “eso es porque nos faltan infraestructura habilitante, rutas, conexiones de gas, conectarnos en el tema energético y cultural con programas como el Erasmus; nos falta infraestructura institucional”.
El autor del libro insistió en la importancia de la apuesta por el conocimiento: “Los países que se han desarrollado han invertido en ciencia y tecnología. Los números de la OCDE, de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Chinason muy altos en inversión en ciencia y tecnología. Y eso es lo que necesita también nuestra región: invertir en infraestructura, infraestructura física y de conectividad y en infraestructura institucional”.
Para finalizar, Asinelli concluyó que su libro “pretende ser un disparador de la discusión para que pensemos cómo mejoramos nuestros Estados, la educación, cómo cerramos las brechas en inteligencia artificial, tecnología, pobreza, capacidades estatales y sostenibilidad ambiental”. Y para ello remarcó la importancia del debate, los consensos y los diálogos necesarios para la integración y el desarrollo de “la patria grande”.
(Fotos de Jaime Olivos)
POLITICA
Condenas de hasta siete años de prisión en el primer juicio por la “mafia de los contenedores”
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó hoy a penas de entre tres y siete años de prisión a los doce acusados del caso TT Cargo, el primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la “mafia de los contenedores”, por el contrabando agravado de indumentaria y rollos de tela desde China que ingresaban al país declarados como carbonato de calcio.
El tribunal, integrado por Jorge Alejandro Zabala , Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dio a conocer el veredicto y fijó la lectura de los fundamentos para el 22 de septiembre.
Las penas más altas recayeron sobre Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, condenados a siete años de prisión cada uno como coautores del delito de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería. En el caso de Moglianesi y Elnen, por 32 hechos y en el de Zaragoza, por 31.
Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA, que actuaba como agente de transporte aduanero, fue condenado a seis años de prisión, la misma pena que recibió Eduardo Joaquín Urraco. Hernán Gabriel Petitmangin fue condenado a cinco años y diez meses; Osvaldo José Lemos, a cinco años y seis meses; Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía, a cinco años; y Alejandra Beatriz Delgado, a cuatro años. María José y María Gimena Zaragoza, hijas de José María Zaragoza, recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias.
El tribunal condenó además a las dos personas jurídicas imputadas, TT Cargo SA y Cuiper SA, a las que impuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
También ordenó el decomiso de la mercadería hallada en el contenedor destapó la maniobra y del dinero y los equipos informáticos secuestrados en la sede de TT Cargo, en Tacuarí 237, en el centro porteño.
Todos los condenados quedaron alcanzados por la pérdida de concesiones y regímenes especiales, la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la inhabilitación perpetua para integrar las fuerzas de seguridad y las inhabilitaciones absolutas para desempeñarse en la función pública, que van de seis a catorce años según el caso.
Según la acusación que sostuvo en el juicio el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, titular de la Fiscalía General de Juicio N° 2 ante los tribunales orales en lo penal económico, la organización montó entre agosto de 2015 y enero de 2016 un doble circuito documental para burlar los controles aduaneros.
En los conocimientos de embarque emitidos en origen (Master Bill of Lading) la carga figuraba como textil, mientras que en los documentos desconsolidados en la Argentina (House Bill of Lading) y en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio.
La diferencia impositiva era significativa pues un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares entre valor y aranceles y el carbonato de calcio apenas unos miles. La fiscalía estimó el perjuicio fiscal en al menos 4,5 millones de dólares en menos de seis meses, aunque otras estimaciones del expediente lo elevan sustancialmente por encima de esa cifra.
La investigación nació cuando la Aduana, entonces conducida por Juan José Gómez Centurión, durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques, y decidió interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto.
Aunque la carga había sido declarada como carbonato de calcio, en su interior aparecieron más de 80.000 prendas de vestir. Ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica utilizada en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país.
La instrucción estuvo a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, con la intervención del fiscal Pablo Turano, como desprendimiento del expediente principal, investigado por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procelac.
En su alegato de mayo, Pérez Barberá había pedido penas de hasta ocho años y seis meses de prisión —el máximo, para Moglianesi, a quien señaló como uno de los organizadores de la maniobra y le reprochó haber traicionado su rol de auxiliar del servicio aduanero— y advirtió sobre el valor del caso como precedente para las causas de contrabando de gran escala que aún no llegaron a debate.
El tribunal, finalmente, fijó las penas por debajo de los pedidos fiscales: Moglianesi recibió siete años y Fano, para quien la fiscalía había reclamado ocho, seis. La querella estuvo a cargo de ARCA-Dirección General de Aduanas.
Conforme a
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó este lunes a varios empresarios, despachantes de aduana y operadores logísticos por integrar la primera organización criminal investigada en la causa conocida como la “Mafia de los Contenedores”.
La maniobra de contrabando agravado se realizaba mediante documentación falsa que generó un perjuicio fiscal superior a los 18 millones de dólares entre agosto de 2015 y enero de 2016.
El tribunal, integrado por los jueces Alejandro Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, impuso penas de siete años de prisión a Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, a quienes consideró coautores del delito de contrabando agravado.
Jorge Carlos Fano, titular de la firma TT Cargo S.A., y Eduardo Urraco recibieron condenas de seis años de prisión. Otros integrantes de la organización fueron sentenciados a penas de entre cuatro y cinco años y 10 meses de cárcel.
El fallo dispuso también el retiro de la personería jurídica y la cancelación de la inscripción registral de las sociedades TT Cargo S.A. y Cuiper S.A., utilizadas como vehículos para la maniobra ilícita.
El tribunal rechazó todos los planteos de nulidad formulados por las defensas, incluyendo aquellos referidos a los allanamientos, los secuestros de prueba informática y la supuesta violación del plazo razonable del proceso.
El origen de la causa
La investigación acreditó que la organización operaba con un sofisticado sistema de doble circuito documental. Los documentos originales emitidos en China daban cuenta del embarque de telas y prendas de vestir, mientras que en la Argentina se generaba una documentación paralela que declaraba la mercadería como carbonato de calcio, un producto que tributa aranceles mínimos.
De esta forma se concretaron 31 operaciones de importación y se frustró un intento adicional detectado en el puerto de Buenos Aires.
El fiscal general ante el juicio oral, Gabriel Pérez Barberá, sostuvo que la prueba permitió acreditar “la existencia de una organización coordinada, con funciones perfectamente distribuidas y un doble circuito documental diseñado para engañar a la Aduana”.
El tribunal consideró acreditados los agravantes legales: la intervención de un funcionario aduanero, la participación de más de tres personas, el uso de documentación adulterada y el elevado valor económico de la mercadería.
La causa es considerada testigo dentro de un conjunto de expedientes que investigan maniobras similares de subfacturación y utilización de empresas pantalla para el ingreso de mercaderías desde Asia eludiendo los controles estatales.
Leer más: Condenaron a Julio De Vido a cinco años de prisión por el caso Skanska, el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo
La investigación fue impulsada durante la gestión de Juan José Gómez Centurión en la Dirección General de Aduanas y tramitó ante el juez Marcelo Aguinsky, la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los fundamentos completos del veredicto serán dados a conocer el 22 de septiembre próximo.
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