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Condenas de hasta siete años de prisión en el primer juicio por la “mafia de los contenedores”

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El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó hoy a penas de entre tres y siete años de prisión a los doce acusados del caso TT Cargo, el primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la “mafia de los contenedores”, por el contrabando agravado de indumentaria y rollos de tela desde China que ingresaban al país declarados como carbonato de calcio.

El tribunal, integrado por Jorge Alejandro Zabala , Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dio a conocer el veredicto y fijó la lectura de los fundamentos para el 22 de septiembre.

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Las penas más altas recayeron sobre Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, condenados a siete años de prisión cada uno como coautores del delito de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería. En el caso de Moglianesi y Elnen, por 32 hechos y en el de Zaragoza, por 31.

Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA, que actuaba como agente de transporte aduanero, fue condenado a seis años de prisión, la misma pena que recibió Eduardo Joaquín Urraco. Hernán Gabriel Petitmangin fue condenado a cinco años y diez meses; Osvaldo José Lemos, a cinco años y seis meses; Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía, a cinco años; y Alejandra Beatriz Delgado, a cuatro años. María José y María Gimena Zaragoza, hijas de José María Zaragoza, recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias.

El tribunal condenó además a las dos personas jurídicas imputadas, TT Cargo SA y Cuiper SA, a las que impuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio.

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También ordenó el decomiso de la mercadería hallada en el contenedor destapó la maniobra y del dinero y los equipos informáticos secuestrados en la sede de TT Cargo, en Tacuarí 237, en el centro porteño.

Todos los condenados quedaron alcanzados por la pérdida de concesiones y regímenes especiales, la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la inhabilitación perpetua para integrar las fuerzas de seguridad y las inhabilitaciones absolutas para desempeñarse en la función pública, que van de seis a catorce años según el caso.

Según la acusación que sostuvo en el juicio el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, titular de la Fiscalía General de Juicio N° 2 ante los tribunales orales en lo penal económico, la organización montó entre agosto de 2015 y enero de 2016 un doble circuito documental para burlar los controles aduaneros.

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En los conocimientos de embarque emitidos en origen (Master Bill of Lading) la carga figuraba como textil, mientras que en los documentos desconsolidados en la Argentina (House Bill of Lading) y en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio.

La diferencia impositiva era significativa pues un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares entre valor y aranceles y el carbonato de calcio apenas unos miles. La fiscalía estimó el perjuicio fiscal en al menos 4,5 millones de dólares en menos de seis meses, aunque otras estimaciones del expediente lo elevan sustancialmente por encima de esa cifra.

La investigación nació cuando la Aduana, entonces conducida por Juan José Gómez Centurión, durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques, y decidió interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto.

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Aunque la carga había sido declarada como carbonato de calcio, en su interior aparecieron más de 80.000 prendas de vestir. Ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica utilizada en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país.

La instrucción estuvo a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, con la intervención del fiscal Pablo Turano, como desprendimiento del expediente principal, investigado por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procelac.

En su alegato de mayo, Pérez Barberá había pedido penas de hasta ocho años y seis meses de prisión —el máximo, para Moglianesi, a quien señaló como uno de los organizadores de la maniobra y le reprochó haber traicionado su rol de auxiliar del servicio aduanero— y advirtió sobre el valor del caso como precedente para las causas de contrabando de gran escala que aún no llegaron a debate.

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El tribunal, finalmente, fijó las penas por debajo de los pedidos fiscales: Moglianesi recibió siete años y Fano, para quien la fiscalía había reclamado ocho, seis. La querella estuvo a cargo de ARCA-Dirección General de Aduanas.




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El Gobierno envió seis nuevos pliegos al Senado y busca avanzar con la cobertura de vacantes en la Justicia

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El Gobierno nacional envió al Senado seis nuevos pliegos para la designación de jueces y avanzó así con su estrategia de cubrir vacantes en el Poder Judicial. La postulación de mayor impacto es la del juez Pablo Bertuzzi para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, un cargo clave porque tiene incidencia en las principales causas de corrupción. Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, que debe convocar a los candidatos para exponer ante los senadores.

El cargo de Bertuzzi permanecía bajo cuestionamiento desde su traslado dispuesto por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri. La situación se abrió en 2018, cuando Bertuzzi fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 a la Cámara Federal porteña. Esa decisión generó una fuerte controversia política y judicial y fue objetada por el kirchnerismo.

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Un tribunal clave

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal tiene un rol central porque revisa las resoluciones de los jueces federales de primera instancia en las investigaciones por presuntos hechos de corrupción. Entre las causas que deberá analizar se encuentran las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA y por los presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), expedientes en los que están investigados el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El paquete de postulaciones enviado del Ejecutivo al Senado también incluye al juez Pablo Yadarola para integrar ese mismo tribunal.

El juez Pablo Bertuzzi (centro) normalizaría su situación en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.

El antecedente de Bertuzzi y Bruglia

La situación de Bertuzzi volvió a quedar en discusión en septiembre de 2020, cuando el Senado, durante la presidencia de Alberto Fernández, rechazó junto con el de Leopoldo Bruglia el traslado desde el Tribunal Oral Federal N° 4 hacia la Cámara Federal porteña.

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Ambos magistrados habían intervenido desde ese tribunal en resoluciones vinculadas con la causa de los Cuadernos, una de las principales investigaciones por corrupción contra el kirchnerismo. Tras la decisión del Senado, llevaron el caso ante la Corte Suprema de Justicia.

Leer más: A días de cumplir 75 años, Irurzun busca que su reclamo llegue a la Corte Suprema para seguir como camarista federal

El resto de las postulaciones

Además de los pliegos para la Cámara Federal, el Poder Ejecutivo propuso a Valeria Alejandra Rico como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal.

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También postuló a Santiago Schiopetto y Ramiro Velasco para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, mientras que Sergio Buitrago fue propuesto para ocupar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 26.

Senadores nacionales Juan Carlos Pagotto y Bartolomé Abdala, integrantes de la Comisión de Acuerdos. Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-
Senadores nacionales Juan Carlos Pagotto y Bartolomé Abdala, integrantes de la Comisión de Acuerdos. Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

El trámite en el Senado

Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión prevista para este jueves y luego pasarán a la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

Desde la llegada del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Poder Ejecutivo impulsa el envío de postulaciones de jueces, fiscales y defensores con el objetivo de cubrir alrededor de 300 vacantes en la Justicia nacional.

En junio el Senado aprobó 74 designaciones y para la sesión de este jueves figura en el temario una nueva tanda de pliegos judiciales. Además, la Comisión de Acuerdos fijó para el 4 y 5 de agosto las audiencias para evaluar a otros 22 postulantes.

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El fuerte intercambio de mensajes entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano en medio del conflicto entre ambas

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La diputada Lilia Lemoine

La interna en el bloque de La Libertad Avanza, que se generó a partir de las diferencias entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y quien hasta hace unas semanas era el jefe del oficialismo en el recinto, Oscar Zago, repercutió también en otros integrantes del espacio e incluso derivó en graves amenazas entre algunos de ellos.

Infobae accedió a los chats del grupo de Whatsapp en el que están todos los miembros de la bancada y en el que Lilia Lemoine, en medio del conflicto con Marcela Pagano, advirtió que va a “engualichar” y hasta cometer ”violencia física” contra aquellos que la “hagan enojar”.

Se trató de una escalada más de tensión luego de que la periodista haya sido nombrada al frente de la comisión de Juicio Político, puesto que era pretendido por la maquilladora y cosplayer, lo que desencadenó la ruptura del oficialismo y un pico de estrés en la primera de ellas, que terminó internada.

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La semana pasada, luego de ser apartado como jefe del bloque, Zago anunció la decisión de formar uno propio con los compañeros de su partido, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aunque aclaró que va a permanecer dentro de La Libertad Avanza, pero mediante una alianza y sin depender directamente de Gabriel Bornoroni, su sucesor.

De acuerdo con lo que revelaron a este medio distintas fuentes libertarias, fue el dirigente del MID el que decidió convocar a sesión para nombrar a Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, para evitar así que el kirchnerismo pudiera quedarse con el lugar.

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Sin embargo, la medida no fue del agrado de Martín Menem, que sostuvo que no había consenso en el espacio para que fuera ella la elegida para ese rol y ordenó suspender la sesión, pero Zago no acató la directiva y continuó con la votación.

En un momento, la propia Lemoine irrumpió en la sala y exigió que se postergara el encuentro, al tiempo que acusó de “traidores al presidente Javier Milei” a todos aquellos que respaldaran la designación de la periodista.Algunas horas más tarde, el presidente de la Cámara se reunió con Pagano y le pidió personalmente que renunciara a ese cargo y que desconociera la validez de aquella votación, a cambio de ser nombrada en otra comisión, como la de Libertad de Expresión o de Finanzas.

No obstante, la diputada se negó a esa solicitud y aseguró que, si no respeta lo que se decidió por mayoría en aquel encuentro convocado por Zago, estaría rompiendo el reglamento del Congreso e incuso “haciendo algo ilegal”.

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En medio de este conflicto, el miércoles pasado Lemoine compartió en el grupo de WhatsApp de los integrantes del bloque de La Libertad Avanza una nota de un medio salteño en el que se aseguró que la ex pareja de Milei, Fátima Flórez, está yendo a la iglesia porque “cree que le hicieron un trabajo”.

“Cuidado, si me hacen enojar los engualicho”, escribió la maquilladora en tono de humor, tras lo cual, su compañera de banca Juliana Santillán le pidió, siguiendo la broma, que hiciera que dejara de llover en Mar del Plata, ciudad de la que es oriunda.

Sin embargo, Lemoine redobló las amenazas: “Ya voy, pero… lo mío es más la violencia física. Una compañera lo puede atestiguar”.

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Todo este contexto, sumado a que un grupo de empleados administrativos que trabajaban con Pagano y que renunciaron sin previo aviso, además de un supuesto incidente en un bar con una persona que aparentemente la estaba vigilando, derivó en que la legisladora quedara internada en una clínica de la ciudad de Buenos Aires, después de vomitar con sangre.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes de su entorno, los síntomas que presentó la periodista son propios de una úlcera sangrante, pero los médicos todavía le estaban realizando los estudios correspondientes para tratar de verificar si ese es el diagnóstico acertado.

Si bien está mejorando y ya puede comer con normalidad, tal como anticipó este medio, sus allegados confirmaron, además, que el inconveniente de salud de la legisladora se agudizó luego de una llamada con tono desagradable que recibió y que se le adjudica a dirigentes de su mismo espacio.

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El celular de Elías Piccirillo apareció vacío y el financista Hauque pidió saber cómo se destruyó evidencia

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En medio de la batalla judicial que mantiene contra Elías Piccirillo, el financista Francisco Hauque presentó un escrito ante la Justicia donde aseguró que el celular del exmarido de Jésica Cirio aparece reseteado de fábrica.

En el escrito, al que tuvo acceso TN, la defensa de Hauque aseguró que el iPhone 15 Pro Max secuestrado a Piccirillo al inicio de la investigación fue encontrado completamente reiniciado a estado de fábrica, según el resultado de la pericia. Eso, remarcaron los abogados, “no puede quedar como un dato técnico más”, por lo que solicitaron que se investigue si alguien activó remotamente el borrado para hacer desaparecer información sensible antes de que la Justicia pudiera acceder al contenido.

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El informe pericial de la División Informática Forense de Gendarmería Nacional es claro: el 24 de febrero de 2025, a las 17:47, el equipo registró un evento de “Wipe/ Factory Reset”. Cuando los expertos lo cargaron e ingresaron el código, el celular ya no tenía nada adentro. Mostraba directamente la pantalla de configuración inicial, como si hubiese salido de la caja.

Los abogados de Hauque, Carlos Pousa Bogado y Alejandro Díaz, sostuvieron que el celular era una de las fuentes de prueba más importantes de la causa, ya que podía contener chats, llamados, fotos, ubicaciones y archivos claves para esclarecer los hechos.

Lo que también llamó la atención de la defensa del financista es que el peritaje no solo confirma el borrado total, sino que también detectó otro evento cinco horas antes: un cambio del código de acceso. La pericia, sin embargo, no explicó cómo se produjo el reseteo ni permite concluir que haya sido una manipulación manual mientras el equipo ya estaba en custodia.

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El informe aseguró que el teléfono de Piccirillo fue recibido por los peritos apagado, sin carga de batería y protegido mediante el código de acceso.

“La pericia no sólo acredita que el teléfono fue hallado completamente reiniciado, sino que además conserva el registro objetivo de haberse producido un restablecimiento integral del dispositivo. Ello supone la desaparición definitiva de una fuente de evidencia digital de extraordinaria importancia”, se lee en el escrito.

El pedido de Hauque a la Justicia. (Foto: TN)

Para la defensa de Hauque, renunciar a investigar las circunstancias en que sucedió el reseteo “implicaría aceptar como un dato neutro la desaparición de una de las principales fuentes de evidencia digital de la causa cuando, precisamente, esa desaparición podría constituir, en sí misma, un hecho penalmente relevante”.

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“No se sostiene aquí que el borrado haya sido ordenado por el imputado. Tampoco se afirma que hubiera existido una maniobra concreta de destrucción de prueba. Lo que se afirma es algo distinto”, aclararon los letrados. Pero lo que sucedió, agregaron, “obliga al Estado a investigar si la desaparición de esa evidencia obedeció a una circunstancia fortuita, a un procedimiento legítimamente realizado con anterioridad al secuestro o a una maniobra deliberadamente dirigida a impedir el acceso de la Justicia a información potencialmente incriminante”.

En esa línea, los abogados pidieron incorporar al expediente el reporte completo de la pericia forense con todos los eventos del dispositivo, pedir a Gendarmería la extracción íntegra realizada y que se reconstruya paso a paso la cadena de custodia: quién tocó el teléfono, dónde estuvo guardado y si se usó alguna protección para aislarlo de redes.

También citar a los peritos para que expliquen si el borrado es compatible con una orden remota, enviar un requerimiento internacional a Apple para que informe si existió alguna orden de borrado remoto sobre ese iPhone específico y cuándo se emitió.

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La presentación llega pocas semanas después de que Hauque pidió en la misma causa que cite a declarar a Jesica Cirio, exesposa de Piccirillo.

La causa contra Piccirillo

La causa se remonta a la noche del 17 de enero de 2025. Según la investigación, Hauque pasó a buscar a Piccirillo por la Torre SLS de Puerto Madero y, posteriormente, ambos se dirigieron a una cena en el Palacio Duhau para conversar sobre una deuda de 6 millones de dólares que Piccirillo tenía con Hauque.

El ex de Jésica Cirio insistió que Hauque lo secuestró y le hizo firmar dicha entrega de dinero con un escribano: “Esto no se trata de una deuda. Si fuese así yo tengo una empresa y 330 empleados, por lo que se resolvería”, dijo.

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Los investigadores sostienen que Piccirillo se ubicó en el asiento trasero del vehículo y habría ocultado en un saco el arma y la droga que posteriormente fueron encontradas en el Audi Q8 de Hauque. El dato revelador es que era una noche de mucho calor y en las imágenes de cámaras de seguridad se lo ve a Piccirillo con un tapado.

Así fue Elías Piccirillo a la cena con Hauque (Foto: TN)
Así fue Elías Piccirillo a la cena con Hauque (Foto: TN)

Luego de la cena, Hauque y su pareja fueron interceptados por policías de civil luego de cenar con Piccirillo en el Palacio Duhau. Los agentes afirmaron haber encontrado cocaína y un arma dentro del vehículo, pero la defensa del financista denunció que se trató de un procedimiento armado.

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Por este motivo, se inició una investigación sobre los agentes que estuvieron presentes en aquella detención y en Piccirillo que derivó en su detención.

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Actualmente, Piccirillo se encuentra procesado con prisión domiciliaria, la cual cumple en una vivienda de la localidad bonaerense de Banfield.

Elías Piccirillo, Justicia, Jesica Cirio

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