POLITICA
Condenas de hasta siete años de prisión en el primer juicio por la “mafia de los contenedores”
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 condenó hoy a penas de entre tres y siete años de prisión a los doce acusados del caso TT Cargo, el primer gran juicio oral derivado de las investigaciones conocidas como la “mafia de los contenedores”, por el contrabando agravado de indumentaria y rollos de tela desde China que ingresaban al país declarados como carbonato de calcio.
El tribunal, integrado por Jorge Alejandro Zabala , Karina Perilli y Fernando Marcelo Machado Pelloni, dio a conocer el veredicto y fijó la lectura de los fundamentos para el 22 de septiembre.
Las penas más altas recayeron sobre Walter Moglianesi, Miguel Ángel Elnen y José María Zaragoza, condenados a siete años de prisión cada uno como coautores del delito de contrabando agravado por la intervención de más de tres personas, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, por la presentación de documentos adulterados y por el valor de la mercadería. En el caso de Moglianesi y Elnen, por 32 hechos y en el de Zaragoza, por 31.
Jorge Carlos Fano, presidente de la firma TT Cargo SA, que actuaba como agente de transporte aduanero, fue condenado a seis años de prisión, la misma pena que recibió Eduardo Joaquín Urraco. Hernán Gabriel Petitmangin fue condenado a cinco años y diez meses; Osvaldo José Lemos, a cinco años y seis meses; Alba Alicia Cetrini y Stella Maris Delía, a cinco años; y Alejandra Beatriz Delgado, a cuatro años. María José y María Gimena Zaragoza, hijas de José María Zaragoza, recibieron tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias.
El tribunal condenó además a las dos personas jurídicas imputadas, TT Cargo SA y Cuiper SA, a las que impuso el retiro de la personería jurídica y la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
También ordenó el decomiso de la mercadería hallada en el contenedor destapó la maniobra y del dinero y los equipos informáticos secuestrados en la sede de TT Cargo, en Tacuarí 237, en el centro porteño.
Todos los condenados quedaron alcanzados por la pérdida de concesiones y regímenes especiales, la inhabilitación especial de un año para ejercer el comercio, la inhabilitación perpetua para integrar las fuerzas de seguridad y las inhabilitaciones absolutas para desempeñarse en la función pública, que van de seis a catorce años según el caso.
Según la acusación que sostuvo en el juicio el fiscal general Gabriel Pérez Barberá, titular de la Fiscalía General de Juicio N° 2 ante los tribunales orales en lo penal económico, la organización montó entre agosto de 2015 y enero de 2016 un doble circuito documental para burlar los controles aduaneros.
En los conocimientos de embarque emitidos en origen (Master Bill of Lading) la carga figuraba como textil, mientras que en los documentos desconsolidados en la Argentina (House Bill of Lading) y en la documentación presentada ante la Aduana aparecía como carbonato de calcio.
La diferencia impositiva era significativa pues un cargamento textil tributaba cientos de miles de dólares entre valor y aranceles y el carbonato de calcio apenas unos miles. La fiscalía estimó el perjuicio fiscal en al menos 4,5 millones de dólares en menos de seis meses, aunque otras estimaciones del expediente lo elevan sustancialmente por encima de esa cifra.
La investigación nació cuando la Aduana, entonces conducida por Juan José Gómez Centurión, durante el gobierno de Mauricio Macri, detectó inconsistencias en pesos, tipos de mercadería y patrones repetidos en distintos embarques, y decidió interceptar físicamente un contenedor y abrirlo en el puerto.
Aunque la carga había sido declarada como carbonato de calcio, en su interior aparecieron más de 80.000 prendas de vestir. Ese hallazgo permitió reconstruir la mecánica utilizada en los otros 31 contenedores que ya habían ingresado al país.
La instrucción estuvo a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, con la intervención del fiscal Pablo Turano, como desprendimiento del expediente principal, investigado por el juez Marcelo Aguinsky junto a la fiscal Gabriela Ruiz Morales y la Procelac.
En su alegato de mayo, Pérez Barberá había pedido penas de hasta ocho años y seis meses de prisión —el máximo, para Moglianesi, a quien señaló como uno de los organizadores de la maniobra y le reprochó haber traicionado su rol de auxiliar del servicio aduanero— y advirtió sobre el valor del caso como precedente para las causas de contrabando de gran escala que aún no llegaron a debate.
El tribunal, finalmente, fijó las penas por debajo de los pedidos fiscales: Moglianesi recibió siete años y Fano, para quien la fiscalía había reclamado ocho, seis. La querella estuvo a cargo de ARCA-Dirección General de Aduanas.
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POLITICA
Un dirigente social cruzó a Milei y Caputo por la difusión de un video sobre el consumo: “La Argentina no es la calle Corrrientes”
El ministro de Economía, Luis Caputo, ironizó ayer sobre las críticas al rumbo económico del Gobierno a partir de un video de un militante libertario en el que mostraba la calle Corrientes, en el centro porteño, con una importante cantidad de personas. La publicación que hizo el funcionario recibió el respaldo del presidente Javier Milei en redes sociales, que lo celebró con la siguiente frase: “Masterclass: ironía”.
Como sucedió durante otros fines de semana, Caputo y Milei divulgan por redes sociales imágenes con las que buscan contradecir las versiones sobre una caída en el consumo. El Presidente, por ejemplo, el 23 de agosto publicó un video con el patio de comidas del shopping Abasto y un mensaje desafiante y cargado de ironía, como que hizo el ministro de Economía el domingo último.
El dirigente social Alejandro Gramajo, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), salió hoy al cruce del Presidente y el ministro. “La Argentina no es la calle Corrientes. El Gobierno tiene que recorrer el país”, dijo Gramajo, que participó el sábado pasado de una audiencia en el Vaticano con el papa Léon XIV.
“Todos los que tienen auto y salen a fin de mes a trabajar con las aplicaciones no les alcanza. Son unos cínicos mentirosos. El odio que expresan a la sociedad les va a volver. Caputo se caga en lo que sufren algunos”, señaló Gramajo en declaraciones al canal de streaming Gelatina.
Caputo compartió el domingo una publicación del usuario “Tipito Enojado” (es un militante libertario), quien difundió un video de la avenida Corrientes acompañado por el mensaje “7 grados centígrados y esto está lleno de gente”. A partir de esa imagen, el funcionario cuestionó las interpretaciones sobre el nivel de consumo y la situación de la economía.
“Tipito, avivate! Todavía no es fin de mes y Calle Corrientes es un consumo de primera necesidad”, escribió Caputo, quien fue felicitado por Milei por su sentido de la ironía.
El ministro continuó con el tono irónico y apuntó contra uno de los argumentos que suelen utilizarse para cuestionar la evolución de la actividad económica. “Además, seguro que los que están ahí, trabajan todos en una empresa de energía o minería (acordate que son solo dos los sectores que andan bien). Así que tu vídeo es totalmente sesgado!”, agregó.
Gramajo, sobre el Papa
Gramajo participó el viernes y sábado del “IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte Sur”, en la Casa Generalizia de La Salle. En ese contexto, tuvo la oportunidad de un breve intercambio con el Papa.
“El Papa ha sido claro con que no se puede avanzar en desarrollo minero y tecnológico dejando a millones de hombres y mujeres sumidos en la pobreza. Lo principal es poner al hombre y a la mujer de pie, por eso la justicia social es determinante y este Gobierno es totalmente lo contrario”, dijo Gramajo, y agregó: “Por más que quieran dibujarla, Milei piensa que el Papa es el maligno en la Tierra”.
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POLITICA
Cristina Kirchner volvió a cobrar más de $16 millones por la pensión vitalicia como viuda de Néstor Kirchner
Cristina Fernández volvió a cobrar la pensión vitalicia como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, luego de que la Justicia ordenara restablecer de manera cautelar el beneficio que el Gobierno había suspendido. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonó en septiembre el primer haber restituido, correspondiente a agosto de 2026, por $16.090.877,01 brutos, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.
El pago permitió establecer cuándo comenzó a cumplirse la decisión judicial. El 8 de julio, ANSES había comunicado al expediente que restituiría la prestación en la liquidación de agosto de 2026. El organismo habilitó esa liquidación y el dinero se acreditó en septiembre.
Así, el haber de agosto fue el primero que percibió Cristina Kirchner desde que la Justicia dispuso la restitución provisoria de la prestación. El cumplimiento de la resolución no alteró la postura del Gobierno sobre el beneficio.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello y tiene a ANSES bajo su órbita, mantendrá los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es revertir el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social y volver a suspender el pago.
El Gobierno mantiene el reclamo ante la Corte Suprema
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la estrategia judicial continuará. ANSES acata la resolución vigente, pero el Gobierno busca agotar las instancias disponibles para impedir que la ex presidenta siga cobrando la pensión vitalicia.
La disputa se inició en noviembre de 2024, cuando ANSES dispuso la baja de los beneficios que percibía Kirchner bajo la Ley 24.018. La decisión alcanzó tanto a la asignación vitalicia por su condición de ex presidenta como a la pensión derivada de la muerte de Néstor Kirchner.
La ex mandataria acudió a la Justicia para cuestionar esa medida. En el expediente sobre la pensión como viuda del ex presidente, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1 rechazó inicialmente la cautelar, pero la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión.
Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque ordenaron suspender de manera cautelar la decisión administrativa de ANSES y restituir la prestación mientras avanza el juicio sobre la cuestión de fondo.
Para decidirlo, los camaristas consideraron, entre otros argumentos, el carácter alimentario del beneficio y las consecuencias de mantenerlo suspendido hasta que exista una sentencia definitiva.
El Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema. ANSES presentó un recurso extraordinario federal, aunque la Cámara lo rechazó por mayoría al entender que el fallo impugnado se dictó en el marco de una cautelar y no era una sentencia definitiva que habilitara esa instancia.
La jueza Nora Dorado votó en disidencia y sostuvo que el recurso debía concederse. Tras ese rechazo, ANSES presentó una queja directamente ante la Corte para que el máximo tribunal revise la decisión que permitió a Kirchner recuperar la pensión.
Ese recurso es uno de los ejes de la estrategia de Capital Humano para dejar sin efecto el pago.
La postura oficial también recibió el respaldo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien dictaminó que la Corte debería revocar la cautelar de la Cámara. Su opinión no es vinculante y los jueces del máximo tribunal deberán resolver el expediente.
Casal cuestionó el restablecimiento de la prestación y puso el foco en las consecuencias jurídicas de la condena firme contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La ex presidenta recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la denominada Causa Vialidad.
Uno de los puntos en debate es el alcance de esa inhabilitación y su posible impacto sobre el derecho a cobrar una prestación prevista en la Ley 24.018. El Gobierno sostiene que estos beneficios se diferencian de una jubilación contributiva ordinaria y que su otorgamiento se vincula con el ejercicio de los máximos cargos institucionales.
La Justicia previsional deberá determinar en el expediente principal si la baja dispuesta por ANSES se ajustó a derecho. Ese debate continúa abierto y avanza en paralelo con el reclamo ante la Corte por la medida cautelar.
Mientras la resolución de la Cámara siga vigente, ANSES debe cumplirla. Por eso, el organismo liquidó el haber correspondiente a agosto de 2026, por $16.090.877,01 brutos, que Cristina Kirchner cobró en septiembre.
La próxima definición quedará en manos de la Corte Suprema. Capital Humano sostendrá sus recursos para que el tribunal revoque la cautelar y permita suspender nuevamente la pensión. Hasta que una decisión judicial modifique el escenario, ANSES deberá continuar con los pagos.
POLITICA
Axel Kicillof reclama una deuda de 19 billones de pesos a la Nación y espera una señal de la Corte Suprema
LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, renovó hoy su reclamo contra la gestión nacional de Javier Milei por deudas atrasadas por unos 19 billones de pesos. El desfinanciamiento generado ascendería a 28 billones de pesos, si se contabiliza la caída en las transferencias y la baja por la recaudación a partir de la crisis económica, según expuso el gobierno bonaerense.
Esta suma de 28 billones de pesos que dejó de percibir la provincia desde que llegó Milei al poder en 2023 representa poco más del 50 por ciento de un presupuesto anual de Buenos Aires. Así lo cuantificó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, que actualizó y desglosó hoy los datos de las deudas que se reclaman al gobierno nacional.
El renglón más abultado del reclamo corresponde a obras públicas paralizadas: 10,1 billones de pesos. Esta cifra supone la parálisis de 180 obras, según informó el funcionario provincial. Además, incluye retrasos en el programa Procrear; incumplimientos en convenios entre Nación y Provincia en programas como Casa Propia; retrasos en infraestructura penitenciaria para 12 mil nuevas plazas; parálisis en convenios para hacer 30 obras en universidades y en 40 obras comprometidas con la dirección general de Cultura y Educación.
El segundo renglón de reclamo – muchos ya judicializados ante la Corte Suprema de Justicia- corresponde a deudas directas por 4,7 billones de pesos. Se reclaman atrasos en las transferencias de la Anses a la caja de provincia por 2,8 billones. Compensaciones por consenso fiscal, 1,3 billones. Fondo de Incentivo Docente: 154 millones. Fondo de Fortalecimiento Fiscal: 108 millones. Ley de Salud Sexual y Reproductiva: 90 mil millones de pesos. Convenios incumplidos de asistencia financiera vigentes a 2023: 76 mil millones. Infraestructura portuaria por 21.177 millones, entre otros conceptos.
El tercer renglón lo compone la deuda por retraso de programas nacionales que suma $4,3 billones. La provincia contabiliza atrasos en Fondo de Fortalecimiento Fiscal, atrasos en el Fonid, atrasos en la compra de alimentos para comedores y atrasos en Fondo de compensación de transporte automotor, y en programas para acompañar mujeres víctimas de violencia de género.
A esta cuenta, Buenos Aires suma una caída en los recursos de origen nacional cuantificada en 5,9 billones y una merma en la recaudación de los recursos de origen provincial vinculada a la recesión por 3,4 billones.
“El desfinanciamiento generado por el gobierno de Javier Milei desde que llegó al poder asciende a 28,4 billones”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
“Esto es poco más que el 50 por ciento de un presupuesto anual de la provincia que asciende a 44 billones de pesos”, se quejó el funcionario.
renovó hoy su reclamo contra la gestión nacional,ya judicializados ante la Corte Suprema de Justicia,Axel Kicillof,Conforme a
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