El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó que las elecciones provinciales se realizarán junto con los comicios presidenciales de 2027. La decisión fue comunicada este viernes a través de un mensaje en redes sociales, en el que el mandatario también aseguró haber notificado formalmente al Gobierno nacional.

“Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional”, escribió Jalil en su cuenta de X. La provincia mantiene así el esquema que aplica desde 2013, cuando comenzó a alinear su calendario electoral con el de la Nación.

El gobernador catamarqueño explicó que la definición responde a un criterio de administración responsable de los fondos provinciales. “Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños”, sostuvo.

Según planteó, la organización de dos procesos electorales separados implicaría un gasto que la provincia prefiere destinar a otras áreas. “Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales”, señaló en el mismo posteo.

Jalil cerró su mensaje con una definición sobre las prioridades de su gestión. “Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente”, afirmó.

A fines de julio, fuentes cercanas al gobernador ya habían adelantado a Infobae que existía una alta probabilidad de que la provincia votara junto con la Nación en octubre. En ese sentido también habían destacado que el gobierno provincial fue uno de los que más colaboró con el oficialismo nacional en el Congreso y que era considerado un aliado clave para la Casa Rosada.

Catamarca se suma así a un grupo reducido de provincias que optan por unificar su calendario electoral con el nacional, en un contexto donde la mayoría de los distritos avanza en sentido contrario. Tucumán fue el primer distrito en fijar una fecha propia para sus comicios, prevista para el 9 de mayo de 2027, mientras que Chubut también confirmó que desdoblará su votación local.

En Chaco, el gobernador Leandro Zdero impulsó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales de cara a 2027. La Constitución de esa provincia establece que la elección local debe realizarse de manera separada de la nacional, por lo que el desdoblamiento resulta allí obligatorio más allá de la decisión sobre las primarias.

Entre las provincias que tienen intenciones de desdoblar sus comicios se destacan Salta, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y San Juan. Tierra del Fuego, por su parte, está obligada por su Constitución a votar con al menos 90 días de diferencia respecto de la fecha nacional.

Máximo Kirchner,Mayra Mendoza,Axel Kicillof,Conforme a

La Cámara de Diputados comenzará a definir este mes los dictámenes de los proyectos que fueron emplazados por 249 legisladores en la última sesión de la semana pasada. Se trata de iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar y la extensión de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

Aunque la agenda fue impulsada por sectores de la oposición, incluidos bloques aliados a la Casa Rosada, el oficialismo se mostró conforme con la resolución aprobada por unanimidad. Considera que los proyectos sobre desendeudamiento familiar no tendrían impacto fiscal en las medidas que finalmente se adopten.

Por ese motivo, las iniciativas no fueron giradas a la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch. Se trata de un punto central para evitar, en principio, un eventual veto del Poder Ejecutivo. En el oficialismo entienden que, si no se afecta el equilibrio fiscal, las propuestas podrían ser acompañadas, aunque ya anticiparon que presentarán dictámenes propios.

Los emplazamientos aprobados por la Cámara fijaron las fechas para el tratamiento y la firma de los despachos. En ese marco, la Emergencia en Discapacidad será debatida en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Las reuniones fueron convocadas para el 16 de septiembre a las 12 y para el 23 de septiembre, fecha prevista para la firma de los dictámenes.

Se analizará un único expediente: el proyecto que propone prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa lleva las firmas de Juan Marino (Unión por la Patria), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (PU), Yolanda Vega (AF), María Inés Zigarán (PU), Victoria Tolosa Paz (UxP), Yamila Ruiz (AF), Nicolás Massot (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Martín Lousteau (PU) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis).

Por su parte, las iniciativas sobre morosidad y endeudamiento familiar tendrán un cronograma que contempla reuniones los días 15, 22 y 29 de septiembre a las 14. La firma de los dictámenes está prevista para la última jornada. El diputado fueguino de La Libertad Avanza Santiago Pauli adelantó a TN que el próximo 15 de septiembre participarán invitados especiales.

La postura del oficialismo

La Libertad Avanza sabía antes de la sesión del miércoles pasado que la oposición había construido mayorías para avanzar con estos temas. Frente a ese escenario, el oficialismo resolvió elaborar dictámenes propios.

Sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, los libertarios consideran que los objetivos de la declaración ya fueron cumplidos. “La emergencia está cumplida”, sostuvo la diputada Silvana Giudici.

Sin embargo, reconocen que aún quedan cuestiones pendientes. Según explican, esos temas serán abordados en las próximas semanas y en el proyecto de Presupuesto 2027, mediante un cronograma destinado a completar el pago de compensaciones a prestadores de salud y garantizar las partidas presupuestarias para el próximo año.

Leé también: En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno destinará más de $300 mil millones en 2027 para la Base Naval de Ushuaia

Esa posición coincide con el reclamo planteado por sectores aliados del PRO y de la UCR, encabezados por Cristian Ritondo y Pamela Verasay, junto con las diputadas Karina Maureira y Karina Banfi, y el legislador Javier Sánchez Wrba.

En relación con el endeudamiento familiar, el oficialismo observa con atención las medidas adoptadas por el Banco Central respecto del Costo Financiero Total (CFT), indicador que refleja el costo total de un crédito y que suele aparecer en la información de los préstamos con escasa visibilidad para los usuarios.

Ante la Mesa Política de la Casa Rosada, de la que participa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora libertaria Patricia Bullrich presentó una propuesta para implementar un sistema de información transparente y explícita antes de contratar un crédito. El objetivo es que los usuarios conozcan con claridad el costo real de la deuda.

La iniciativa involucraría al Banco Central, a las entidades bancarias y a las empresas fintech en los procesos de refinanciación y revisión del CFT.

A partir de esa propuesta, el oficialismo elaboraría un dictamen alternativo que presentará el 29 de septiembre, cuando se firmen los despachos de los distintos bloques. De esta manera, La Libertad Avanza pasó de no involucrarse en el tema a buscar alternativas de solución.

Diferencias entre medio centenar de proyectos

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, presididas por Santiago Pauli (La Libertad Avanza) y Hugo Yasky (Unión por la Patria), reúnen cerca de 50 iniciativas vinculadas con la morosidad familiar.

Pauli ya lleva dos semanas realizando reuniones con invitados y trabajando sobre un cronograma similar al que finalmente aprobó la Cámara. Sin embargo, ahora son los bloques opositores los que buscan acercar posiciones para unificar propuestas.

Leé también: Malvinas: la oposición en el Congreso impulsa iniciativas propias para defender el reclamo de soberanía

Entre los proyectos que aparecen mejor posicionados figuran los presentados por el radical Pablo Juliano y por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. Otras iniciativas con impacto fiscal tendrían menos posibilidades de avanzar, ya que la Comisión de Presupuesto y Hacienda no fue convocada para integrar el plenario.

Juliano propuso la creación de un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito. El proyecto promueve el acceso al crédito responsable, la prevención del sobreendeudamiento, la transparencia en las condiciones de contratación, la responsabilidad social en el otorgamiento del crédito y la inclusión financiera con enfoque de derechos.

La iniciativa también busca garantizar la tutela efectiva de las personas frente a prácticas abusivas, mecanismos de endeudamiento predatorio y sistemas automatizados que puedan afectar sus derechos dentro del sistema financiero y digital.

Al fundamentar la propuesta, Juliano sostuvo que: “La expansión de plataformas digitales, billeteras virtuales, aplicaciones móviles, sistemas automatizados de otorgamiento de crédito y proveedores no financieros de financiamiento modificó radicalmente las formas de acceso al consumo, al crédito y a los servicios financieros en general. Procesos que anteriormente requerían evaluación presencial, análisis documental y tiempos relativamente prolongados hoy pueden concretarse en cuestión de segundos mediante decisiones automatizadas, interfaces digitales y mecanismos de aprobación inmediata”.

Por su parte, Mónica Frade centró su proyecto en el uso responsable de las tarjetas de crédito. La iniciativa establece la obligación para todas las entidades emisoras de ofrecer a sus clientes la posibilidad de fijar límites de gasto autocontrolados, con el objetivo de promover la responsabilidad financiera y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

La propuesta define como “tarjeta autocontrolada” a aquella que permite al titular establecer voluntariamente límites de consumo mensual inferiores a los autorizados por la entidad emisora.

La diputada argumentó que: “El crédito constituye una herramienta valiosa para el desarrollo económico y para la inclusión financiera de amplios sectores de la población. No obstante, su utilización puede generar situaciones de vulnerabilidad cuando los compromisos asumidos superan la capacidad real de pago de los usuarios. En este contexto, las políticas públicas orientadas a promover un uso responsable del crédito adquieren especial relevancia”.

Diputados, endeudamiento, Discapacidad