POLITICA
La Justicia habilitó el cierre del programa Volver al Trabajo y el Gobierno avanzará con los vouchers de capacitación laboral

La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.
El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.
También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:
- Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
- Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
- Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
- Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
- Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:
- Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
- Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
- Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
- Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
- Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
- Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.

Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.
La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.
La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.
El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.
Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.

Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.
La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.
La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.
POLITICA
Luis Barrionuevo dijo que invirtió en Milei, pero que ahora la situación es “malísima” y no lo quiere ver más

Luis Barrionuevo, jefe sin interrupciones desde 1979 de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), dijo que invirtió en 2023 en el entonces candidato a la presidencia Javier Milei, pero criticó la gestión y aseguró que no lo quiere “ver más”. Además, marcó una fuerte distancia con el kirchnerismo y lanzó: “Cristina [Kirchner] y [Sergio] Massa no existen”.
En diálogo con Carlos Pagni en LN+ en el programa Odisea Argentina, Barrionuevo dijo que invirtió en la candidatura de Milei por su interés en que no gane el kirchnerismo. “Nos hicimos cargo de 10 provincias logísticamente. A mí me interesaba que no gane Massa, me interesaba que no gane el kirchnerismo”, indicó. Sin embargo, luego explicó las razones de su distanciamiento. “Tuve una reunión con Javier de dos horas. Me alcanzó para saber que no lo quiero ver más, me alcanzó para analizar lo que es. Vi un personaje. Una cosa es Javier, que me reservo lo que pienso, y la otra cosa es el presidente”, expresó.
A su vez, sostuvo que le pidió a Milei que “hable con todos” los sectores. “No puede decir que no acompañamos, porque tampoco te podés hacer cargo de los problemas que tiene este señor, de la crisis que lleva, que yo no sé si no lo saben o se hacen los boludos, pero ya te digo, estamos en una situación malísima”, insistió.
Fue así que criticó también al kirchnerismo: “Massa no existe. Acá hay elementos que no existen. El kirchnerismo tampoco existe. Acá hay dos personas que son dañinas. Una es Cristina [que cumple una condena a seis años de prisión por la causa Vialidad] y la otra es [el expresidente Mauricio] Macri”.
Respecto a las elecciones presidenciales del 2027, Barrionuevo manifestó su apoyo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que mantiene una interna con la rama más dura del kirchnerismo, La Cámpora, por las candidaturas de cara al año próximo. “Kicillof es el único candidato. Cómo le están pegando. ¿Qué va a hacer el gobernador si dos delincuentes, o tres, o una banda matan a alguien? ¿La culpa la tiene el gobernador? No. ¿O te olvidás de la maldita policía?“, preguntó.
Al ser consultado sobre la situación económica actual, sobre todo en relación a los rubros que nuclea su sindicato, el gremialista sumó: “Desde mediados del año pasado a agosto [de este año] hay 5000 establecimientos gastronómicos cerrados. ¿Sabés cuánto significa? 82.000 puestos de trabajo. Y en salud estamos gastando más. Entonces, vos no tenés trabajo, no hay reactivación, y la recaudación me cayó 35%“, enumeró.
Fue así que mencionó la crisis en salud, en particular, en las obras sociales. “Hoy el Gobierno, no sé si es como los chicos, son inconscientes o se hacen los boludos, pero el sistema está retrotrayéndonos a la época de los 90. En ese momento estaban las obras sociales fundidas. ¿Por qué? Porque sacaron la plata del sindicato para ponerla en la obra social. El negocio que hay de los laboratorios, las droguerías, es sideral. Nos están fundiendo. Estamos en una crisis terminal de la salud», advirtió.
Hacia el final de la entrevista, el sindicalista anunció su candidatura a senador nacional por Catamarca, su provincia natal y dio sus razones. “No le voy a permitir a los Saadi que vuelvan, cuando yo los combatí”, expresó. Y es que el actual gobernador, Raúl Jalil, anunció que no irá por la reelección y respaldará la candidatura del intendente de la capital, Gustavo Saadi, cuyo difunto hermano (Ramón) fue gobernador de la provincia.
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Tensión entre los gobernadores de Mendoza y La Pampa por la represa Los Nihuiles: “Es muy fácil hacer política con un río”

El decreto del presidente Javier Milei de otorgarle las regalías a Mendoza por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles recrudeció el viejo conflicto con la provincia de La Pampa por el control del curso de agua y su fuente de energía. En un intenso intercambio por redes sociales, el gobernador Alfredo Cornejo (UCR) y el de La Pampa Sergio Ziliotto (PJ), volvieron a discutir sobre el tema, con reproches cruzados sobre quién tiene razón en el diferendo que lleva más de cinco décadas.
Ayer, Ziliotto presentó ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del decreto 982/2026 que “vulneran nuestros derechos”, dijo en su cuenta oficial de X. “Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 establecen y ratifican su interprovincialidad. Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana”, planteó.
Y agregó: “Sus regalías también son pampeanas: mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73″.
“Ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes. Lo dijimos, lo ratificamos. No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea”, concluyó.

Ante el comentario, Cornejo argumentó que si bien el curso de agua atraviesa las dos provincias, la represa está radicada en Mendoza. “Gobernador, mezclar la interjurisdiccionalidad del río Atuel con el origen de las regalías hidroeléctricas es confundir dos cuestiones distintas”, apuntó el mandatario radical. “Por eso la legislación -continuó-, la jurisprudencia y los dictámenes de la Procuración del Tesoro sostienen que las regalías corresponden a la provincia de Mendoza donde está ubicada la fuente hidroeléctrica”.
También sostuvo: “Para generar energía no basta con el agua, necesita pendiente e infraestructura. Y todo eso está en nuestra provincia”.
Cornejo se quejó por la decisión de la provincia vecina por llevar la cuestión al ámbito de los tribunales: “Mientras La Pampa se dedica a judicializar cada decisión, Mendoza planifica, ejecuta e invierte en obras para aprovechar mejor sus recursos hídricos y mejorar la infraestructura que los sostiene”.
“Es muy fácil hacer política con un río y convertirlo en slogan de gestión. Lo difícil es invertir, hacer obras y construir acuerdos. Mendoza eligió ese camino y está haciendo su parte. Sería bueno que La Pampa también mostrara qué inversiones realizó para mejorar el aprovechamiento de los recursos que dice defender”, remató Cornejo.

“Inentendible que moleste reclamar”
Con un nuevo mensaje, el gobernador peronista ratificó la postura de La Pampa y le recriminó a Cornejo que, “aunque para usted sea mezclar temas, cumplan con el fallo de 2020 de la propia Corte Suprema, por el que ordena garantizar el ingreso de agua del Río Atuel en forma permanente a nuestra provincia”.
El mandatario pampeano aseguró que “hace 6 años lo incumplen, a pesar de que como usted bien lo dice, el Río Atuel es interprovincial y sus aguas, abundantes o escasas, también nos pertenecen”.

Además, justificó: “Resulta inviable invertir para potenciar ese recurso ya que Mendoza mantiene cortado el Río Atuel hace casi 80 años”. “Solo pedimos que se cumplan las leyes y se respeten nuestros derechos”, agregó y cerró: “Tan simple, como inentendible que moleste reclamar lo que nos pertenece”.
El conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río combina al menos dos disputas distintas, aunque relacionadas: una por el uso del agua y otra por las regalías que genera su aprovechamiento hidroeléctrico. La semana pasada, el Gobierno nacional tomó una decisión sobre el segundo de esos frentes y benefició a Cornejo, que es un mandatario aliado en las votaciones en el Congreso.

La decisión oficial firmada por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, deja sin efecto el Decreto 1560/73, la norma que durante 53 años reguló el reparto de las regalías entre ambas provincias. Desde su entrada en vigencia, esas regalías serán percibidas en su totalidad por el distrito cuyano.
La instrucción del Poder Ejecutivo define que la provincia cuyana pasará a cobrar el 12% establecido como regalía hidroeléctrica sobre la energía generada por el complejo, un porcentaje que hasta ahora se dividía en partes iguales con La Pampa.

La pelea escaló luego de que en julio se lanzara una nueva licitación para privatizar el complejo hidroeléctrico. Junto a Mendoza, el Gobierno busca un nuevo concesionario del complejo compuesto por cuatro centrales sobre el río Atuel, cuyas concesiones originales vencieron hace más de dos años. El actual operador es Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), empresa en la que Pampa Energía, el conglomerado controlado por el empresario Marcelo Mindlin, tiene una participación directa del 52 por ciento.
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El Gobierno denunciará a más empresas por exploraciones ilegales en Malvinas y dijo que los F16 custodiarán la base en Tierra del Fuego

El gobierno de Javier Milei anunció este martes que ampliará la denuncia presentada la semana pasada contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina en las islas Malvinas.
“Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la Ley N°26.659, que prohíbe la actividad petrolera en la Plataforma Continental Argentina sin autorización”, detalló el vocero presidencial Adrián Ravier en la conferencia de prensa de esta mañana.
Según explicó, se sumarán nuevas compañías a las que ya habían sido afectadas en la acusación previa. Sin embargo, no dio los nombres de las nuevas empresas denunciadas. “Para nuestro gobierno, es una convicción irrenunciable por historia y por derecho que las Malvinas son argentinas. Recordamos la ocupación británica e insistimos sobre el pedido de la ONU de no realizar trabajos sobre el territorio”, reiteró el portavoz.
Ravier también se refirió a la Base Naval Integrada que el Gobierno construirá en Ushuaia, Tierra del Fuego, y que prevé que esté finalizada para 2029. “Incorporará funciones logísticas; será un punto estratégico para la proyección, para vigilar y controlar recursos naturales, de apoyo a la logística”, enumeró Ravier.
Afirmó además que la base será custodiada por el avión Lockheed P-3 Orion y los aviones F-16 comprados a Dinamarca. La compra —realizada en 2024 al Ministerio de Defensa danés— demandó una erogación total para el Estado de US$301.200.000, que se pagarán en cinco cuotas anuales, de acuerdo a lo detallado. A ese monto se sumarán luego otros US$350 millones por el equipamiento militar que proveerá Estados Unidos, por lo que el costo final ascenderá a US$650 millones.
“Tomamos las acciones que estamos tomando, y que están avaladas por gran parte de la población, para tratar de evitar que ciertas empresas se lleven recursos que son nuestros, de nuestra soberanía. La base cumple esa función y las acciones tienen que ser inmediatas si no queremos perder nuestros recursos”, señaló Ravier, ante una consulta sobre por qué el Gobierno financiaba la base.
En la anterior denuncia presentada por el Gobierno a principios de septiembre, 15 empresas y personas fueron imputadas por actividades supuestamente ilegales en el entorno de las islas Malvinas. En su mayoría se trató de accionistas de compañías o firmas relacionadas con ellas, según pudo confirmar .
En el listado aparecían Shlomo Eliahu Holdings Ltda., accionista israelí de Navitas Petroleum; y cuatro accionistas más de Rockhopper Exploration PLC —Abeeeden Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd (de Reino Unido), Smr Advisors Sam (de Mónaco) y Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (de Israel)—. Navitas y Rockhopper son los dos nombres detrás del proyecto Sea Lion, que planea comenzar con las perforaciones en los próximos meses y con la extracción en 2028.
Además, se le aplicarán sanciones a David Williamsom Dobson, de Reino Unido, quien aparece en los registros oficiales como accionista y “presidente no ejecutivo” de Borders & Southern, otra de las compañías registradas en la primera tanda de penalidades.
Se suman a esta lista representantes de la compañía Eco: Gil Holzman, como accionista y CEO; Keith Hill, Peter Nicol y Alan Friedman, como accionistas y directores; Alice Carroll, como accionista y miembro; y Gabi Levin, como accionista y CFO. Sus nacionalidades no están detalladas.
En el documento hay además una firma de Países Bajos de nombre Bluewater Energy Services BV, que figura como “proveedor estratégico de infraestructura”. Con el mismo mote aparece Bluewater Sea Lion Production Company Limited, de Reino Unido. Por último, ingresó al proceso sancionatorio Noble Corporation UK Ltd., también de Reino Unido, como “matriz de proveedor estratégico de infraestructura”.
Estas se sumaron al listado de 45 anunciadas por primera vez tras la cadena nacional del presidente Javier Milei del jueves 3 de septiembre. La conferencia del primer mandatario estuvo centrada en reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y en anunciar la implementación de una serie de medidas a raíz de las acciones ilegales o sospechosas de actores extranjeros que se desarrollarían en las cercanías de las islas, tanto en materia de hidrocarburos como de pesca.
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