La condena dictada este lunes por la Justicia de Paraguay no puso fin a la complicada situación judicial de Edgardo Kueider. Aunque el exsenador fue condenado a dos años de prisión por contrabando en grado de tentativa, la pena fue impuesta con suspensión de la ejecución, por lo que no será trasladado a una cárcel y continuará bajo prisión domiciliaria en Asunción.

La misma resolución alcanzó a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien recibió una condena de un año y diez meses, también con suspensión de la ejecución de la pena. Ambos fueron encontrados culpables por intentar ingresar a Paraguay más de US$200.000 sin declarar en diciembre de 2024.

Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria desde hace alrededor de un año y medio. Si la sentencia queda firme, ese tiempo empezará a ser descontado de las condenas impuestas, por lo que -en principio- solo les restarían algunos meses para completar la pena, aunque el plazo definitivo será determinado por la Justicia paraguaya.

Las causas que enfrenta en la Argentina

Más allá de la condena de este lunes en Paraguay, el exsenador continúa involucrado en distintas investigaciones judiciales en la Argentina.

Junto con Guinsel, está procesado por presunto lavado de activos en una causa que investiga la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

Además, enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia, en Entre Ríos, y el otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.

La extradición sigue pendiente

En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó la extradición de Kueider para que responda ante la Justicia argentina. El pedido ya fue autorizado por las autoridades paraguayas, pero su ejecución todavía no se concretó.

La definición quedó supeditada a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver qué tribunal argentino tendrá competencia para continuar con las investigaciones en su contra.

Mientras esa cuestión permanece abierta, Kueider seguirá bajo prisión domiciliaria en Paraguay, donde comenzará a cumplir la condena impuesta por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción.

Edgardo Kueider, Paraguay, Justicia, condena

La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la meóida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa “Volver al Trabajo”, sucesor del Potenciar Trabajo, abriendo paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social en agosto. La decisión, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país.

El tribunal de alzada anuló la resolución original del Juzgado Federal de Campana, que había ordenado sostener los pagos del programa hasta la implementación de una política pública alternativa. Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía “un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes”, permitiendo al Gobierno nacional avanzar con el reemplazo del plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Los beneficiarios del programa, representados, entre otros por Andrea Liliana Ledesma, solicitó la medida cautelar para que el Estado Nacional mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas o estableciera un dispositivo equivalente, hasta que se implementara de manera efectiva una política sustitutiva que garantizara niveles de protección iguales o superiores tanto en ingresos como en inclusión socio-laboral. Argumentaron que la suspensión del programa los privaba de un ingreso mensual, lo que generaba un perjuicio actual, concreto e inminente de orden patrimonial y social.

También sostuvieron que no reclamaban un derecho individual exclusivo, sino la protección de derechos individuales homogéneos, derivados de la decisión de finalizar el programa sin prever continuidad para los beneficiarios.

El juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar bajo los siguientes fundamentos principales:

• Reconoció la existencia de una causa fáctica común, es decir la extinción del programa “Volver al Trabajo”, como hecho único que afectaba a todos los incluidos en el padrón.
• Consideró que la acción colectiva era el medio idóneo para garantizar la tutela judicial efectiva, dada la dificultad para que los afectados accedieran individualmente a la justicia.
• Señaló que la finalidad del programa era promover la inclusión social y mejorar las condiciones de vida de los hogares con mayor exclusión y vulnerabilidad social, por lo que el cese abrupto de la prestación generaba un riesgo de daño irreparable.
• Enfatizó que, ante el peligro de un daño de extrema gravedad e irreparable, los requisitos para dictar medidas cautelares pueden flexibilizarse.
• Destacó que la continuidad del programa debía mantenerse hasta que existiera una política pública sustitutiva real y comprobable, no considerándose suficiente la sola declaración de futuros reemplazos.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló esa resolución, y la Cámara de Apelaciones de san Martín le dio la razón. Entre los puntos principales los camaristas sostuvieron:

• Revocación de la medida cautelar que ordenaba al Estado Nacional continuar con los pagos del programa “Volver al Trabajo”.
• Reconocimiento de la facultad del Poder Ejecutivo para definir y concluir programas sociales, sin que exista un derecho adquirido a la continuidad por parte de los beneficiarios.
• Presunción de legitimidad de los actos estatales, lo que refuerza la autonomía del Gobierno en la gestión de fondos y políticas públicas.
• Falta de cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de una medida cautelar en este caso, por no haberse acreditado peligro en la demora ni verosimilitud en el derecho invocado.
• Existencia de un nuevo programa alternativo presentado por el Gobierno, que sustituye al anterior esquema asistencial.
• Impacto presupuestario: la Cámara consideró que la continuidad obligatoria de los pagos afectaría recursos públicos y alteraría el diseño de políticas oficiales.

Según la resolución, el programa “Volver al Trabajo” carecía de derecho adquirido para sus beneficiarios, ya que su vigencia estaba limitada a dos años.

La Cámara remarcó que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y subrayó que los requisitos legales para dictar una tutela provisoria no se hallaban satisfechos en este caso.

La decisión, a favor del recurso presentado por el Gobierno, argumenta que la continuidad forzada del programa representaba una intromisión judicial y consolidaba la permanencia de un sistema asistencialista bajo control de organizaciones sociales. Con este fallo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos y avanzar con el rediseño de las políticas sociales.

El nuevo esquema diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de los talleres profesionales, en lugar de transferencias monetarias individuales.

Ante la decisión de los jueces, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado en el que sostiene que: “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.

Desde la Casa Rosada afirman que los fondos liberados del programa financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.

La resolución de la Cámara se dictó “con costas por su orden”, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos judiciales, atendiendo a la complejidad y naturaleza del debate.

La anulación de la cautelar tendrá un efecto inmediato: desde agosto, los trabajadores de la economía popular empadronados dejarán de percibir la asignación mensual, impactando de manera directa en sectores informales de todo el país.

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia — intendente de San Nicolás de los Arroyos y diputado bonaerense, respectivamente— denunciaron que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires elevó más de 1.200% el costo de las licencias profesionales de conducir al implementar un nuevo esquema de tramitación. La puesta en marcha se realizó en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Sindicato de Camioneros, y señalaron que el mecanismo beneficia a la organización gremial liderada por la familia Moyano.

Según los Passaglia, el trámite para obtener la licencia profesional de conducir costaba hasta ahora $22.000 y se realizaba en las dependencias municipales. Con la nueva normativa, el valor ascendería a aproximadamente $300.000 —un incremento del 1.264%—, y los trabajadores deberán acudir a sedes de prestadores externos habilitados por la ANSV para completar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones previas a la emisión del documento.

En este sentido, indicaron que en consecuencia “el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos”. “Las licencias de conducir profesionales, que antes se hacían en el Municipio, ahora se harán únicamente en sedes dispuestas por la ANSV”, apuntaron. Y añadieron “¿Sabés cuáles son esas sedes? Las del sindicato de Camioneros”, afirmaron los Passaglia a través de sus cuentas en la red social X.

El nuevo procedimiento alcanza a las licencias de las clases C, D y E, categorías que habilitan la conducción de vehículos de carga, transporte de pasajeros y maquinaria especial. De acuerdo con el esquema comunicado por la Provincia, los aspirantes deben aprobar primero las evaluaciones psicofísicas y las instancias de capacitación ante prestadores registrados por la ANSV antes de completar la emisión en el Centro de Emisión de Licencias Municipal correspondiente.

Los referentes de la oposición bonaerense cuestionaron además que el nuevo sistema obligue a los conductores a desplazarse fuera de sus municipios de residencia. “Antes lo hacían en la Municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados”, sostuvieron. En el video que difundieron por sus redes, el referente del partido HECHOS enumeró los sectores afectados: colectiveros, transportistas, servicios de ambulancias, conductores de plataformas como Uber, taxistas y remiseros, entre otros.

“Colectiveros, transportistas, ambulancias, Uber, taxis y remises… Todos van a tener que pagar 300 lucas para sacar la licencia. Es una vuelta a la vieja política que no va más. En vez de despejarte el camino te ponen un peaje, en un país donde conseguir laburo cada vez cuesta más”, afirmaron los hermanos en la publicación.

La denuncia apunta a una convergencia de intereses. Los Passaglia sostienen que las sedes del sindicato serían las únicas habilitadas para realizar los trámites previos, lo que concentraría el flujo de trabajadores —y el cobro de aranceles— en la estructura gremial.

“El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses”, remarcaron los Passaglia al referirse al impacto que la medida tendría sobre conductores que dependen de esa habilitación para ejercer su actividad. La ANSV, organismo del que depende la habilitación de los prestadores externos, no había emitido una respuesta pública a las críticas al cierre de esta nota.

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