La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5875/2026 y busca permitir la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, además de multas e intereses.

El régimen alcanza exclusivamente a determinados contribuyentes y establece condiciones específicas para acceder, como la obligación de realizar un pago a cuenta, una cantidad máxima de cuotas según el tipo de deuda y un plazo determinado para adherirse. También define qué obligaciones pueden incluirse, cuáles quedan excluidas y en qué casos el plan caduca automáticamente.

De acuerdo con el análisis elaborado por el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la iniciativa responde a la necesidad de ofrecer una herramienta para que muchas MiPyMEs regularicen deudas fiscales acumuladas como consecuencia de las dificultades económicas de los últimos años y eviten procesos de ejecución fiscal y embargos. Sin embargo, advirtió que algunas condiciones del esquema pueden limitar el acceso para determinados contribuyentes, entre ellas el pago a cuenta exigido, la cantidad de cuotas disponibles y la tasa de financiación.

La resolución definió tres grupos de beneficiarios.

• En primer lugar, podrán incorporarse las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas —Tramos 1 y 2— que cuenten con Certificado MiPyME vigente al momento del acogimiento y tengan la caracterización correspondiente en el Sistema Registral de ARCA.
• También podrán acceder los pequeños contribuyentes, es decir, personas humanas y sucesiones indivisas caracterizadas en el Sistema Registral con el código 547 – Pequeño Contribuyente, conforme a la Resolución General 5321.
• El tercer grupo comprende a las entidades sin fines de lucro registradas ante ARCA bajo alguna de las formas jurídicas previstas por la norma. Entre ellas, figuran asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras, iglesias y otras entidades civiles.

La resolución también enumeró quiénes no podrán adherir. Entre los excluidos aparecen personas condenadas por determinados delitos tributarios, aduaneros o vinculados con incumplimientos fiscales, personas jurídicas cuyos directivos registren ese tipo de condenas, responsables solidarios respecto de las obligaciones comprendidas y garantes de obligaciones impositivas y aduaneras contempladas por el régimen de garantía. La exclusión rige cuando existe sentencia firme y la condena permanece vigente.

El plan comprende un universo amplio de obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

Entre ellas, figuran las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, junto con sus accesorios; las retenciones y percepciones impositivas, también con sus accesorios; y las obligaciones aduaneras correspondientes a tributos sobre importaciones o exportaciones, además de los intereses previstos en el Código Aduanero. La resolución también incorporó las multas aplicadas hasta esa fecha.

No obstante, el régimen aclaró que la regularización no implica una reducción de intereses resarcitorios o punitorios ni la liberación de sanciones. Según explicó Domínguez, el beneficio consiste exclusivamente en la posibilidad de financiar la deuda mediante cuotas y no supone una quita del monto adeudado.

La resolución también estableció una lista de conceptos que no podrán incorporarse al régimen.

Entre ellos aparecen las retenciones y percepciones previsionales, salvo los aportes personales correspondientes a trabajadores en relación de dependencia; los anticipos y pagos a cuenta; el IVA correspondiente a determinados servicios digitales y prestaciones efectuadas desde el exterior; los aportes y contribuciones destinados a obras sociales, con excepción de los correspondientes a monotributistas; las cuotas de planes de facilidades de pago vigentes; las cuotas destinadas a las ART y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio; además de otros conceptos detallados en la resolución.

También quedaron fuera determinadas obligaciones vinculadas con el Régimen Simplificado sobre Ingresos Brutos, tributos específicos, algunas multas aduaneras e intereses asociados a conceptos excluidos.

Uno de los aspectos centrales del régimen corresponde a las condiciones de financiación.

Para las Micro y Pequeñas Empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro, el esquema prevé hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social y hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones impositivas.

En ambos casos deberán realizar un pago a cuenta del 5% sobre la deuda consolidada y la tasa de financiación será del 2,75% mensual, equivalente a la tasa de interés resarcitorio vigente establecida por la Resolución 3/24 del Ministerio de Economía.

En el caso de las Medianas Empresas Tramos 1 y 2, el régimen contempla hasta 15 cuotas para obligaciones generales y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones, con un anticipo del 10% y la misma tasa mensual del 2,75%.

La resolución además fijó un monto mínimo de $50.000 tanto para el pago a cuenta como para cada cuota. Los pagos serán mensuales, iguales y consecutivos, mientras que el pago inicial se calculará sobre el total de la deuda consolidada.

Domínguez señaló que el pago a cuenta, la cantidad de cuotas y la tasa de financiación pueden dificultar la adhesión de algunos contribuyentes. También sostuvo que la eliminación del anticipo habría facilitado el ingreso al régimen para quienes enfrentan mayores restricciones financieras.

El acogimiento deberá realizarse exclusivamente mediante el servicio web “Mis Facilidades”, dentro de la opción “Régimen Especial de Facilidades de Pago – Obligaciones vencidas al 30/06/2026”. La resolución fijó como fecha límite para adherirse el 30 de octubre de 2026.

La deuda se consolidará cuando el contribuyente efectúe el pago a cuenta. En ese momento el sistema presentará automáticamente el plan y comunicará esa presentación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico. Además, la norma indicó que no existirá un límite respecto de la cantidad de planes que un mismo contribuyente podrá presentar.

Cuándo caduca el beneficio

La resolución también precisó las situaciones en las que el plan perderá vigencia.

La caducidad operará automáticamente cuando el contribuyente deje de pagar dos cuotas, consecutivas o alternadas, y transcurran 60 días corridos desde el vencimiento de la segunda de ellas. También caducará cuando no se pague la última cuota y pasen 60 días corridos desde su vencimiento.

Una vez declarada la caducidad, ARCA quedará habilitada para iniciar acciones judiciales destinadas al cobro de la totalidad de la deuda pendiente. En esos casos, el organismo notificará la situación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico y el contribuyente deberá cancelar el saldo pendiente mediante transferencia electrónica, con los intereses correspondientes. Si el plan incluyó deuda aduanera, el Sistema Informático MALVINA actuará conforme a lo previsto por el Código Aduanero.

Otro de los aspectos destacados por el análisis de Domínguez corresponde a una consecuencia jurídica prevista por la resolución.

La adhesión al régimen implica la renuncia a la acción y al derecho de repetición contemplados en la Ley 11.683 y en el Código Aduanero respecto de los períodos y montos incluidos en el plan. En la práctica, eso significa que el contribuyente no podrá reclamar posteriormente la devolución de los importes incorporados al régimen.

El especialista también indicó que conviene analizar caso por caso las obligaciones que resultará conveniente incorporar, verificar la vigencia del Certificado MiPyME cuando corresponda y evaluar la capacidad de cumplir con el pago de las cuotas para evitar la caducidad del plan. Además, recordó que las deudas que no se incorporen al régimen continuarán expuestas al inicio de acciones de cobro por parte de ARCA.

A muy poco de que una primera tanda de pilotos completara sus primeros vuelos en soledad en ese sistema de armas, y luego de que se acordará la provisión de misiles ultrapoderosos para dichos aviones, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) confirmó cuándo tendrá lugar el arribo de otra media docena de cazas F-16 adquiridos a Dinamarca. En concreto, la flotilla aterrizará en el país durante el mes de septiembre, lo que representará un adelanto de tres meses respecto de la fecha pautada en un principio con el país europeo, establecida para diciembre de cada año. A diferencia del traslado anterior, la FAA ahora evalúa que de los vuelos hacia la Argentina tomen parte los pilotos que ya se encuentran avanzados en su formación. Al mismo tiempo, el Gobierno negocia con la nación escandinava la posibilidad de seguir adelantando la incorporación de los F-16 restantes, dividida inicialmente en dos tandas más de 6 aeronaves cada una.

Según se indicó desde la FAA, la flotilla de cazas que llegará este año volarán hacia la Argentina desde la base aérea de Skrydstrup, ubicada en la península de Jutlandia. La media docena de aviones que se trasladará en septiembre volverá a hacer base en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Esto reconfirma, también, que las labores para el despliegue del sistema de armas F-16 en Tandil, en territorio bonaerense, vienen demoradas más allá de que desde la institución castrense se afirma que los cambios que se vienen implementando en esa base avanzan a paso acelerado.

Por otra parte, la FAA busca que en lugar de recibir 6 aviones más en 2027 y luego otra media docena en 2028, Dinamarca provea ese total de 12 directamente en el transcurso del año próximo.

Pilotos argentinos de F-16 ya vuelan solos

La novedad del arribo previsto para septiembre ocurre a escasos días de que, como detalló iProfesional, sendos pilotos argentinos alcanzaran la certificación del programa Peace Condor por lo que ya comenzaron a completar vuelos en soledad.

La obtención de dicho rango por parte de pilotos nacionales fue notificada por el Ministerio de Defensa a través de sus canales en redes sociales.

«En el Área Material Río IV de Córdoba, con la presencia del ministro @TGCarlosPresti, pilotos argentinos de la @FuerzaAerea_Arg realizaron el Vuelo Solo en el Sistema de Armas F-16, alcanzando la primera certificación del Programa Peace Cóndor en nuestro país«, indicó la cartera.

«Este vuelo representa un nuevo paso en el proceso de incorporación de una capacidad estratégica para la defensa nacional», añadió.

El área de Defensa detalló que los primeros pilotos habilitados para operar el F-16 de manera autónoma «completaron una exigente etapa de formación, entrenamiento y transición operativa». Y que esa labor fue desarrollada «bajo estándares internacionales y con el acompañamiento de @topaces para la implementación del sistema de adiestramiento en la Argentina».

Top Aces es la firma canadiense que da formación a las tripulaciones locales y que en su momento fue objeto de controversia por el abultado contrato abrochado con el oficialismo —del orden de los 33 millones de dólares—.

«Cada etapa cumplida acerca al país al objetivo estratégico de contar con una capacidad nacional de formación, operación y sostenimiento del Sistema de Armas F-16, consolidando una Fuerza Aérea más preparada para custodiar el espacio aéreo argentino», concluyó la cartera.

Acuerdo para la provisión de misiles para los F-16

En paralelo a esa novedad, el gobierno de los Estados Unidos acaba de otorgar un nuevo contrato que contempla la provisión de misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM para equipar a, entre otras aeronaves, los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). El pacto en cuestión contempla desembolsos por casi 400 millones de dólares.

Respecto de las características del contrato, se indicó que el contrato fue adjudicado a la firma Raytheon. Y que el acuerdo engloba a varios países que poseen pedidos en firme para la adquisición de misiles aire-aire de la familia AMRAAM. Como indicó este medio de forma reciente, uno de ellos es Argentina.

Además de intervenir en la negociación para la compra de los cazas a Dinamarca, a fines de octubre de 2024 el mismo Departamento de Estado de la potencia del norte autorizó la provisión de un paquete de armamento destinado a complementar al Sistema de Armas F-16AM/BM de la Fuerza Aérea Argentina.

La búsqueda de eficiencia y reducción de costos en la Cuenca Neuquina impulsó un proyecto de infraestructura que propone transformar la matriz logística del norte patagónico, y en particular de todo el ecosistema que rodea la actividad productiva de Vaca Muerta.

Se trata de la viabilidad técnica para habilitar la navegabilidad de los ríos Limay y Negro, una iniciativa que ya se conoce como «la otra hidrovía». Este plan estratégico busca establecer un corredor logístico fluvial que conecte el corazón de la Patagonia con el Mar Argentino, ofreciendo una alternativa de transporte multimodal de gran escala.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) participó como contraparte técnica en el Estudio de Factibilidad de la Navegabilidad de estas vías fluviales. El informe final, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y desarrollado por la consultora IATASA, determinó que es técnicamente factible convertir este sistema hídrico en una arteria de transporte comercial.

La traza evaluada abarca unos 720 kilómetros de recorrido, extendiéndose desde el Compensador Arroyito, en Neuquén, hasta la desembocadura del río Negro en el Atlántico.

El principal motor detrás de esta propuesta es la necesidad de resolver uno de los mayores cuellos de botella para el desarrollo del fracking en Vaca Muerta: el abastecimiento de arenas de fractura. Actualmente, la estimulación hidráulica de cada pozo demanda entre 11.000 y 15.000 toneladas de este insumo crítico.

Con proyecciones que anticipan una demanda global de 15 millones de toneladas anuales para los próximos años, el actual esquema de transporte terrestre resulta costoso e insostenible para la infraestructura vial.

Un corredor vial saturado 

Hoy en día, gran parte de los áridos utilizados provienen de canteras ubicadas en la provincia de Entre Ríos, desde donde deben recorrer más de 1.200 kilómetros en camión hasta las áreas de producción en la Cuenca Neuquina.

Esta traza terrestre de larga distancia encarece de forma directa las operaciones logísticas y satura las rutas de la región. El diseño de una red fluvial permitiría el traslado masivo de cargas pesadas a una fracción del costo actual, aliviando el tránsito vial y mejorando la competitividad de las operadoras petroleras.

Para estructurar este esquema de conectividad por agua, los desarrollos logísticos privados ya evalúan circuitos que combinan la Hidrovía Paraná-Paraguay con puertos marítimos y fluviales de la Patagonia.

Compañías como PTP Group proyectan concentrar el acopio de arenas en el Puerto de Ibicuy, en el sur entrerriano, para despacharlas en buques hacia puertos de recepción en el sur del país. En este escenario, la adecuación de las terminales de San Antonio Oeste o Bahía Blanca resulta fundamental para acortar el tramo final del transporte terrestre o la nueva alternativa fluvial por barcazas.

Una nueva infraestructura millonaria

La viabilidad de este corredor de 720 kilómetros requiere no solo de adecuaciones hidráulicas y ambientales para garantizar una navegación segura, sino también de una fuerte inversión en infraestructura costera.

El proyecto estratégico contempla el desarrollo de una red de puertos fluviales y de estaciones de transferencia de carga distribuidas a lo largo del recorrido. Estas instalaciones permitirán la integración operativa con los trenes de carga y las flotas de camiones para cubrir los kilómetros finales de la cadena.

Además de los beneficios directos para la actividad hidrocarburífera, la iniciativa se presenta como un dinamizador de las economías regionales. El corredor fluvial no solo facilitará el movimiento de insumos industriales, sino que también mejorará las condiciones de exportación para la producción frutícola de los valles patagónicos.

Del mismo modo, el estudio de factibilidad contempla la posibilidad de incorporar el transporte de pasajeros y potenciar las actividades turísticas en las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.

El avance de este proyecto coincide con los debates nacionales sobre la desregulación del transporte y las propuestas legislativas para reformar la Ley de Cabotaje. La simplificación de los marcos regulatorios para la navegación comercial en los ríos interiores del país es considerada un paso indispensable por el sector privado para viabilizar estas millonarias inversiones logísticas.