POLITICA
Organizaciones judías reconocieron a la Cámara de Casación por su trabajo contra el antisemitismo y la discriminación
La Cámara Federal de Casación Penal recibió el 14 de julio a representantes de la Anti-Defamation League (ADL), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA) en un encuentro institucional destinado a fortalecer los vínculos de cooperación y promover el diálogo sobre la lucha contra la discriminación y el antisemitismo. Al finalizar la reunión, las entidades expresaron su reconocimiento por la labor desarrollada por el máximo tribunal penal del país en esas materias.
El encuentro se realizó en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal y estuvo encabezado por su presidente, Diego Barroetaveña, junto a los jueces Mariano Hernán Borinsky, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos.
Por la ADL participaron la vicepresidenta para Asuntos Internacionales, Marina Rosenberg; la directora del Equipo para América Latina, Liat Altman; y la directora de ADL Argentina, Sofía Segalis. En representación de la DAIA asistieron el director ejecutivo, Víctor Garelik, y el vocal e integrante de la Secretaría Jurídica, León Chaia. Por la AAJRA estuvieron presentes su presidente, Hernán Najenson, la jueza nacional Laura Kvitko y la funcionaria del Ministerio Público de la Defensa Mariana Kohan, integrantes de la comisión directiva de la entidad.
Durante la reunión, las autoridades intercambiaron perspectivas sobre las funciones y los desafíos institucionales de cada organismo y manifestaron su voluntad de mantener y profundizar los canales de comunicación y cooperación en temas de interés común.
En ese marco, se repasaron distintas iniciativas impulsadas por la Cámara Federal de Casación Penal vinculadas con la lucha contra la discriminación, el antisemitismo y los discursos de odio.
Entre ellas, se recordó que durante la presidencia de Mariano Borinsky, en 2024, el tribunal adhirió a la definición de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), considerada una herramienta de referencia internacional para la identificación y prevención de manifestaciones antisemitas.
También se destacó que, ese mismo año y después de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, la Cámara organizó en la Sala AMIA una capacitación sobre discursos de odio. Más adelante, en el marco del trigésimo aniversario del atentado contra la AMIA, publicó un compendio con material sobre esa temática.
Durante el encuentro además se recordó que la Cámara Federal de Casación Penal recibió un reconocimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) por convertirse en una de las primeras instituciones en adherir al proyecto “Puentes Institucionales”. La iniciativa fue impulsada por la AAJRA junto con el Museo del Holocausto de Buenos Aires y estuvo orientada a la capacitación de operadores del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos sobre el Holocausto, el antirracismo, el derecho a la igualdad y la no discriminación, así como la identificación y el abordaje de los discursos de odio.
Según se informó, el convenio fue suscripto durante la presidencia de Mariano Borinsky y permitió que cientos de operadores judiciales visitaran el Museo del Holocausto de Buenos Aires como parte de esas actividades de formación.
Otro de los puntos mencionados durante la reunión fue la colocación, en diciembre de 2024, de una placa conmemorativa en el edificio de Comodoro Py. La inscripción solicitó el regreso de las personas secuestradas, muchas de ellas argentinas, y fue presentada como un símbolo de la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y una reafirmación del compromiso de la Justicia argentina con la memoria, la justicia y la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, durante el encuentro se puso de relieve el compromiso sostenido de los jueces que integran la Cámara Federal de Casación Penal. De acuerdo con lo informado, su actuación jurisdiccional y las distintas iniciativas institucionales contribuyeron al desarrollo de una jurisprudencia relevante en materia de discriminación y antisemitismo y consolidaron el rol del tribunal en la promoción de los valores democráticos, la inclusión y el respeto por la diversidad.
Como cierre de la reunión, los representantes de la ADL, la DAIA y la AAJRA agradecieron la labor desarrollada por la Cámara Federal de Casación Penal en estas materias y destacaron que la Argentina “es pionera en temáticas como las desarrolladas”. A su vez, la Cámara entregó un reconocimiento institucional a la ADL por su trayectoria y un compendio de fallos relevantes dictados por el tribunal. Finalmente, la ADL otorgó un reconocimiento a la Cámara por el trabajo realizado en la promoción de los valores de convivencia, inclusión y lucha contra el antisemitismo.
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POLITICA
Murió Patricia Walsh, histórica dirigente de la izquierda y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes de la dictadura
La histórica dirigente política de izquierda Patricia Walsh falleció hoy a los 74 años tras una larga enfermedad.
Fue diputada nacional (2001-2005), legisladora porteña (2007-2010) y dos veces candidata a presidenta de la Nación. Trabajó como periodista, siguiendo el legado de su padre, Rodolfo Walsh, autor de Operación Masacre y desaparecido durante la última dictadura militar. Fue una incansable luchadora por los derechos humanos y una de las impulsoras de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Fue candidata a presidenta por Izquierda Unida en 1999. Asumió luego como diputada nacional e impulsó las nulidades de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas finalmente en 2003. Actualmente, era querellante en el juicio por la “Masacre de la Calle Corro”. Una de las víctimas era su hermana María Victoria.
Como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Entre los proyectos que presentó se destacaron: Nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la Convocatoria a Elecciones para una Convención Constituyente Libre y Soberana.
En las elecciones porteñas de 2007, obtuvo cerca del 4% de los votos, consiguiendo una banca como legisladora. Fue su último cargo público.
Walsh inició su militancia política como estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, de donde se recibió como psicóloga social. Activista y militante, se sumó en 1972 a la izquierda peronista.
Trabajó como periodista y fue delegada gremial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Fue despedida por la última dictadura militar en 1976, pero fue reincorporada en 1984, tras el regreso de la democracia.
En 1984 denunció ante la Conadep la desaparición de su padre, el escritor y autor de Operación Masacre, la primera novela de no ficción periodística que reveló el asesinato de prisioneros el 9 de junio de 1956, conocidos como los “fusilamientos de José León Suárez”, cometidos durante la dictadura que se autodenominó “Revolución Libertadora”.
Patricia Walsh fue, además, una de las denunciantes en la causa por las muertes y torturas en la ESMA y formaba parte de la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Como querellante de la causa ESMA, hizo en 2025 una presentación judicial en conjunto con Myriam Bregman exigiendo la preservación de los archivos de la Armada ante la posibilidad de “depurar” y “triturar” papeles por una mudanza que planificaba la gestión de Javier Milei. “Esa documentación es imprescindible para la búsqueda de verdad y justicia”, señaló en ese momento.
Siempre ligada a la izquierda, sus últimos movimientos políticos la acercaron a proyectos alternativos, como lo fue Proyecto Sur, de Pino Solanas, o Camino Popular, de Claudio Lozano.
Con mensajes de afecto, la despidieron hoy Bregman y Rubén Sobrero, entre otros, dirigentes de la izquierda.
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POLITICA
Alejandro Gramajo detalló el documento que le entregó al papa León XIV sobre la crisis social argentina: “Hay un desprecio permanente hacia todos los sectores de la sociedad”
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, relató en una entrevista exclusiva en Infobae al Amanecer que entregó al papa León un informe social argentino y reclamó acuerdos frente a la pobreza y la informalidad
Gramajo contó que tomó sus encuentros con Francisco y León como parte de una representación colectiva. “Uno no va individualmente, sino que pertenece a un colectivo que representa o intenta representar y expresar algo”, afirmó.
El dirigente identificó a ese colectivo con una porción de la clase trabajadora que desarrolla sus tareas fuera del empleo registrado. “Son los informales, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, dijo sobre la UTEP.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, Gramajo ubicó el vínculo con la Iglesia en los encuentros de movimientos populares promovidos desde el Vaticano.
“Quizás con la llegada del papa Francisco hubo un proceso de mayor acercamiento”, sostuvo. Según explicó, la convocatoria papal derivó en una plataforma internacional de articulación con organizaciones populares.
El secretario general de la UTEP señaló que esos espacios reúnen experiencias de distintos países. “Los movimientos populares no solo existimos en la Argentina, sino que también los movimientos se organizan en cada uno de los países”, expresó.
El informe de 74 páginas al papa León XIV
Gramajo precisó que entregó en mano un documento de 74 páginas durante un encuentro con representantes del empresariado, el sindicalismo, organismos internacionales y bancos de desarrollo.
“Se lo di en la mano en el marco de un encuentro que tuvimos con diferentes sectores empresariales, sindicalistas, organismos internacionales, banco de desarrollo”, relató sobre la reunión, que duró casi una hora.
El informe incluyó un apartado denominado “El odio como práctica de gobierno”. Al ser consultado sobre ese concepto, el dirigente cuestionó el impacto de las decisiones oficiales sobre la estructura productiva y las redes comunitarias.
“Creo que hay un desprecio permanente hacia todos los sectores de la sociedad”, afirmó. Luego vinculó esa evaluación con el deterioro de mecanismos de atención frente a problemas de consumo, salud mental, violencia y empleo.
También habló del endeudamiento en los barrios populares y de circuitos de crédito ajenos al sistema financiero formal. “No hay una medición y una estadística de lo que implica endeudarse en los barrios populares con los prestamistas, que en general están vinculados al crimen organizado y al narcomenudeo”, aseguró.
Gramajo sostuvo que el documento reunió aportes de actores que exceden a la economía popular. “Tratamos de que el informe exprese la realidad de forma integral y no solamente lo que viven los trabajadores de la economía popular”, explicó.
En ese repaso, mencionó al fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó herido durante una movilización. “Gracias a Dios hoy volvió a trabajar, pero casi pierde la vida en una movilización a partir de una represión salvaje”, dijo.
El diálogo entre sectores distintos
El entrevistado detalló que el encuentro formó parte del espacio Fratelli Tutti, donde confluyen empresarios, sindicalistas, organismos internacionales, bancos de desarrollo y organizaciones sociales.
“Él nos convocó a seguir el camino del encuentro”, contó Gramajo sobre el mensaje que recibieron del pontífice. La propuesta, según indicó, apunta a construir diagnósticos compartidos y medidas aplicables.
El dirigente mencionó iniciativas vinculadas al cuidado, la transición justa y la actividad minera. “Hicimos que empresarios y comunidades se encuentren y planifiquen cómo abordar un proceso de desarrollo minero que contemple las necesidades de las comunidades”, señaló.
Gramajo vinculó ese enfoque con el quinto encuentro de movimientos populares realizado en el Vaticano. “El papa León pretendía darle continuidad a ese proceso de articulación de la Iglesia con los movimientos populares”, afirmó.
El titular de la UTEP recordó que una trabajadora ambulante migrante mexicana, residente en Estados Unidos, leyó las conclusiones de aquella instancia ante León. “Le propusimos cerrar el encuentro en donde una compañera trabajadora del espacio público sea la que lea las conclusiones”, relató.
Para Gramajo, el Papa retomó un debate sobre los efectos laborales de las transformaciones tecnológicas. “En esta etapa de revolución y transición tecnológica había que fortalecer también a los movimientos populares y acompañar a los movimientos populares”, sostuvo.
El dirigente comparó la realidad argentina con otros países de la región. “La informalidad llega al 50% en nuestro país, pero hay países de la región que están en el 60, en el 70 y casi en el 80% en algunos casos”, detalló.
Sobre una eventual visita de León a la Argentina, Gramajo expresó su deseo de que su mensaje alcance a quienes toman decisiones políticas. “Ojalá que les toque el corazón y los sensibilice para que hagan lo que tienen que hacer”, manifestó.
La autocrítica a las políticas anteriores
El secretario general de la UTEP también se refirió a los gobiernos de centroizquierda y progresistas de la Argentina y la región. Rechazó explicar el ascenso de Javier Milei por una sola candidatura o una maniobra electoral.
“Creo que tiene que ver con un proceso inconcluso, en donde no se resolvieron los problemas estructurales”, afirmó. Gramajo incluyó en esa revisión a las políticas sociales impulsadas en años anteriores.
“Somos autocríticos de parte de la política social que no resolvió los problemas centrales de nuestro país”, dijo. A la vez, pidió una discusión que incorpore a la clase política, el empresariado, el movimiento obrero, las organizaciones sociales y los medios.
El dirigente señaló que la pobreza, el trabajo y la planificación estratégica deberían formar parte de esa agenda. “La política en la Argentina lo que ha hecho fue generar parches a determinados problemas que terminaron siendo problemas estructurales”, sostuvo.
Gramajo citó la evolución de los indicadores sociales desde el retorno de la democracia. “Terminamos después de casi 40 años de democracia con un 42%, 43% de pobreza y con un nivel de pobreza estructural”, planteó.
También cuestionó que la discusión quede limitada a la competencia entre partidos. “Nuestro campo político y social se debe un debate de carácter estratégico y no solamente político-electoral”, afirmó.
El titular de la UTEP vinculó esa discusión con los cambios en el trabajo, la tecnología, la concentración económica y el sistema financiero. “Ha cambiado el mundo y se ha modificado la realidad”, concluyó.
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Elsa Pavón, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, murió hoy a los 90 años. Su historia marcó un antes y un después en la lucha por la identidad: fue la primera abuela en lograr la restitución de su nieta, secuestrada durante la última dictadura cívico militar.
La noticia fue confirmada este jueves por el medio platense 0221. Pavón era madre de Mónica Grinspon, quien fue secuestrada el 18 de mayo de 1978 junto a su pareja, Claudio Logares, y la hija de ambos, Paula, que tenía apenas 23 meses.
Con el regreso de la democracia, en 1984, Elsa Pavón logró reencontrarse con su nieta Paula. Este caso fue el primero en resolverse gracias al Índice de Abuelidad, una herramienta científica que permitió demostrar el vínculo genético entre nietos apropiados y sus abuelos y abuelas.
El método, que sigue vigente, fue fundamental para avanzar en la restitución de la identidad de cientos de hijos de desaparecidos.
La historia de Elsa Pavón se convirtió en símbolo de la búsqueda incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo. Su experiencia abrió el camino para que otras familias pudieran reencontrarse con sus nietos y nietas, víctimas del plan sistemático de apropiación durante la dictadura.
La organización que ayudó a fundar continúa trabajando para restituir la identidad de quienes aún faltan encontrar.
El secuestro de su hija y su nieta en Uruguay
El 18 de mayo de 1978, Mónica Grinspon y Claudio Logares fueron secuestrados junto a Paula en Montevideo, Uruguay, donde vivían. La pareja fue trasladada a la Argentina y permaneció detenida en distintos centros clandestinos, entre ellos la Brigada de Investigaciones de San Justo y el Pozo de Banfield. Ambos continúan desaparecidos.
Después del operativo, Paula quedó en manos del entonces subcomisario de la Policía Bonaerense Rubén Lavallén y su esposa, Raquel Leiro, quienes la inscribieron como hija propia. La niña tenía apenas 23 meses cuando fue separada de sus padres y privada de su identidad.
Elsa Pavón comenzó entonces una búsqueda incansable para encontrar a su nieta. A partir de una denuncia que llegó a Abuelas de Plaza de Mayo, Paula pudo ser localizada en Buenos Aires en julio de 1983. Sin embargo, todavía faltaba demostrar legalmente el vínculo familiar y conseguir que recuperara su verdadera identidad.
En junio de 1984, los estudios genéticos confirmaron que la niña era hija de Mónica Grinspon y Claudio Logares y nieta de Elsa Pavón. El 13 de diciembre de ese año, la Justicia ordenó la restitución de su identidad. Fue un fallo histórico: por primera vez, los análisis genéticos fueron aceptados como prueba judicial para resolver un caso de apropiación durante la dictadura.
La historia familiar, sin embargo, todavía tiene una búsqueda pendiente. Al momento del secuestro, Mónica Grinspon estaba embarazada. Por eso, además de recuperar a Paula, Elsa y el resto de la familia buscaban a otro nieto o nieta que podría haber nacido durante el cautiverio de su madre.
El aporte científico que cambió la búsqueda de Abuelas
El caso de Paula también fue un punto de partida para el desarrollo de nuevas herramientas científicas al servicio de los derechos humanos. El Índice de Abuelidad fue impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo con la colaboración de especialistas como la genetista estadounidense Mary-Claire King y el médico argentino Víctor Penchaszadeh.
El procedimiento permitió establecer vínculos de parentesco a partir del material genético de abuelos y otros familiares, incluso cuando los padres de los niños estaban desaparecidos. Su desarrollo abrió una posibilidad que hasta entonces parecía difícil de concretar: demostrar científicamente la identidad de quienes habían sido apropiados durante el terrorismo de Estado.
En 1987, esa lucha también impulsó la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, mediante la Ley 23.511. El organismo permitió conservar muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas y contar con una herramienta institucional para avanzar en la identificación de niños y niñas apropiados durante la última dictadura.
El reencuentro de Elsa Pavón con Paula Logares quedó así marcado como uno de los hitos fundamentales en la historia de Abuelas de Plaza de Mayo: no solo permitió que una familia recuperara parte de su historia, sino que también abrió un camino para que otras personas pudieran conocer su origen y reconstruir su identidad.
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo
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