Andrés Malamud planteó en el 16° Foro ABECEB que América Latina carece de la escala individual para fijar precios de sus recursos estratégicos y que, sin integración regional, la región está condenada a seguir siendo proveedora de materias primas. “La pregunta es cómo creamos la OPEP del litio, la OPEP del cobre, la OPEP de las tierras raras en América Latina”, afirmó el investigador durante el panel “América Latina: ¿proveedor de recursos o plataforma estratégica?”.

El debate, que reunió a Malamud con Ricardo Sennes, director de Prospectiva Public Affairs Latam, y fue moderado por Rosendo Grobocopatel, giró en torno a si el actual contexto geopolítico global representa una oportunidad real para que la región dé un salto cualitativo o si, en cambio, perpetúa su rol histórico de exportadora de commodities sin agregar valor.

Malamud fue directo al comparar la situación regional con el origen de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): así como Arabia Saudita necesitó construir un cartel para incidir en el precio del petróleo, ningún país latinoamericano puede solo determinar el valor del litio, el cobre o las tierras raras. Entre Argentina, Bolivia y Chile concentran entre el 80 y el 85 % de las reservas mundiales de litio, pero la ausencia de coordinación política hace que esa ventaja no se traduzca en poder de negociación.

El investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa señaló que el problema no es solo económico. Apuntó que las principales actividades económicas de la región son ilegales —el narcotráfico y la minería ilegal del oro— y que eso erosiona la base sobre la que debería construirse cualquier proyecto de integración productiva. “El crimen no paga impuestos”, dijo, y advirtió que mientras el 45% de Argentina y el 70% de Perú operan en la informalidad, hablar de plataformas estratégicas regionales resulta prematuro.

Desde una perspectiva más optimista sobre las posibilidades concretas, Sennes destacó que Brasil, Colombia y Argentina se ubican entre los cinco países del mundo con mayor tiempo de conexión a internet por habitante, y que esa penetración digital ya generó empresas de escala regional como Nubank y Mercado Libre. Para el consultor brasileño, ese capital social podría permitir un salto que no pase necesariamente por la industrialización tradicional.

“Tenemos un espacio que tal vez permita un salto que no es ese salto lineal de pasar de las commodities a la industrialización básica”, sostuvo Sennes. Propuso avanzar con una lógica de integración selectiva: en lugar de construir grandes marcos institucionales regionales —parlamentos, tribunales, monedas comunes—, enfocarse en sectores con economía política favorable, como los servicios digitales, las cadenas de valor del agronegocio y la minería. Citó como modelo la regulación gradual que Brasil aplicó al sector fintech, donde el peso regulatorio fue creciendo en proporción al impacto sistémico del negocio.

La lógica original del Mercosur

Ante la pregunta por los caminos posibles, Malamud rechazó la idea de que el modelo europeo de integración sea el punto de partida: en realidad, es el punto de llegada. Recordó que tanto la Unión Europea (UE) como el Mercosur comenzaron encadenando sectores productivos específicos —carbón y acero en Europa, trigo, petróleo y autos en el caso del bloque sudamericano— y solo después construyeron instituciones. “Este fue siempre el camino que funcionó. No hay que inventar la rueda”, señaló.

El investigador citó al excanciller argentino Dante Caputo para explicar que la decisión original de Raúl Alfonsín y el presidente brasileño José Sarney fue respetar la función de la integración —la articulación productiva— y no copiar su forma institucional, como sí hizo la Comunidad Andina, que construyó parlamento, tribunal y universidad sin que nada funcionara. El error se repitió luego con el propio Mercosur, que derivó en instituciones vacías. El diagnóstico de Malamud fue que el bloque tuvo “siete años de oro” entre 1991 y 1998, hasta que la devaluación brasileña y la posterior irrupción de China como socio comercial diluyeron los incentivos para la integración vecinal.

Sennes analizó la inserción internacional de Brasil en términos cualitativos, más allá del volumen comercial. Si bien China es el principal socio por exportaciones, esas ventas se concentran en grandes empresas y en commodities sin valor agregado. En cambio, las exportaciones hacia América Latina tienen un componente industrial significativamente mayor —incluyendo aviones de Embraer—, las de Estados Unidos involucran a las pequeñas y medianas empresas, y las de Europa representan la principal fuente de capital de largo plazo. “Tenemos que mantener estas cuatro o cinco relaciones más o menos equilibradas. Esto es estratégico”, afirmó.

Malamud complementó esa lectura con una defensa de la diversificación de vínculos como estrategia en sí misma, ilustrada con dos anécdotas concretas. La primera: Argentina es uno de los pocos países en desarrollo que exporta reactores nucleares a naciones desarrolladas —Australia y Argelia— gracias a contactos que nacieron de compartir el orden alfabético en organismos internacionales. La segunda: cuando Ucrania necesitó reconvertir a sus pilotos de aviones soviéticos a F-16 norteamericanos tras la invasión rusa, fue Portugal quien pudo hacerlo, porque décadas de asientos contiguos en foros multilaterales lo habían vinculado a Rumanía, que operaba ambos modelos. Para Malamud, los dos casos ilustran el mismo principio: “Cuanto más vínculos tenés, más oportunidades surgen. Si vos te atás a un solo socio, estás condenado”, advirtió.

Al cierre del panel, ambos expertos coincidieron en que el potencial humano de la región existe, pero que las condiciones institucionales lo inhiben. Sennes señaló que Brasil tiene 32 millones de microemprendedores individuales, una cifra comparable al universo de trabajadores formales, pero que tasas de interés de entre el 14 y el 15 por ciento anuales hacen que el incentivo racional sea vender la empresa y colocar el dinero en instrumentos financieros sin riesgo. Proyectó además un déficit de 10.000 profesionales en el sector tecnológico en los próximos cinco años, en un país de 210 millones de habitantes, como consecuencia del rezago educativo.

Malamud cerró con una defensa del potencial argentino que combinó datos con ironía. Señaló que los politólogos argentinos tienen más influencia en las agendas académicas internacionales que los brasileños, precisamente porque la falta de mercado local los empuja al exterior y eso los conecta con redes globales. “Argentina sigue teniendo un PBI per cápita superior al de Brasil. Ese progreso tiene inercia”, afirmó. Y sumó que la distancia geográfica de los focos de conflicto mundial, antes un costo, se convirtió en un activo para atraer a quienes buscan estabilidad. “No estamos condenados al éxito, pero estamos lejos de estar condenados al fracaso”, concluyó.

El 16° Foro ABECEB reunió a referentes del mundo empresarial, político y académico para analizar las transformaciones del orden económico global y sus implicancias para Argentina y la región.

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender al juez Ernesto García Maañón, denunciado por acoso sexual y laboral por una funcionaria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro. Además, dispuso embargarle el 40% de su sueldo mientras avanza el proceso que podría terminar con su destitución.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una audiencia realizada el 3 de noviembre, según consta en la resolución judicial a la que accedió TN. El tribunal consideró que existen elementos suficientes para admitir formalmente las acusaciones contra el magistrado.

En el documento, el jurado resolvió “declarar la verosimilitud de los cargos imputados y, en consecuencia, admitir la acusación” contra García Maañón, quien había sido apartado preventivamente de sus funciones en agosto.

La resolución también establece “suspender a partir de la fecha de notificación” al magistrado y disponer “el embargo sobre el 40% de su sueldo”. La medida deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo bonaerense, la Procuración General y la Suprema Corte de Justicia provincial.