Patricia Bullrich aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los cambios en el sistema de discapacidad que el gobierno de Javier Milei introdujo en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de integrar la mesa política del oficialismo. La declaración expone una fisura en la coordinación interna de la coalición gobernante en un momento en que la aprobación del presupuesto se vuelve estratégica para el año electoral.

La senadora y presidenta del PRO admitió -en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.

En el mismo sentido, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. El Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.

Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.

El Presupuesto derogó puntos históricos del sistema de discapacidad que rigen desde 1997

El proyecto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.

El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza en Radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.

Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma “elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, señaló desde su cuenta de X.

Los cambios en los valores de las prestaciones también dejarán de ser automáticos y mensuales. El Gobierno fijará esos montos a su propio criterio de forma trimestral, y solo se recurrirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma. Se elimina además el estudio anual de costos de cada prestación, que incorporaba a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en la inflación general.

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Patricia Bullrich criticó los cambios en la Ley de Discapacidad que impulsa el Gobierno en el Presupuesto 2027: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”. La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado aseguró que no estaba al tanto de los recortes en el área y expuso su malestar. “Esto resiente un poco las relaciones”, advirtió.

“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, detalló la senadora libertaria.

La senadora libertaria dijo que “el tema está en comisiones de Diputados, había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo”. “Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso de Presupuesto, esperaremos a ver qué llega. Parece que está bastante peliaguda la discusión”, indicó.

La jefa de bloque de LLA en el Senado reiteró, en declaraciones a Radio Rivadavia: “No nos enteramos (de los cambios), es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir… Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que corrijamos esos problemas”.

Las claves de los cambios en la Ley de Discapacidad que Gobierno impulsa en el Presupuesto 2027

• La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en 2025 para actualizar el nomenclador que fija la cobertura del Estado por las prestaciones y terapias a personas con discapacidad, frente al desfasaje que esos valores acumularon con la inflación.
• La norma fue vetada por el Gobierno, pero el Congreso insistió y logró que se promulgara igual. Con la ley cerca de su vencimiento, el próximo diciembre, la oposición impulsa una prórroga para evitar un vacío legal.
• Con los cambios se elimina el artículo 7 bis, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según la inflación, y cambia el esquema del nomenclador único, de modo que cada obra social o prepaga podría fijar sus propios aranceles en lugar de un valor universal.
• Además reemplaza el criterio de discapacidad basado en el modelo social de derechos humanos por uno de “invalidez laboral”, elimina al Certificado Único de Discapacidad como vía directa de acceso a las pensiones y establece la incompatibilidad absoluta entre cobrar una pensión por discapacidad y tener un trabajo.
• El miércoles hubo un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, atravesada por el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió al Congreso la noche anterior y que incluye modificaciones a la propia ley de Emergencia en Discapacidad.
• El oficialismo mostró divisiones internas: las diputadas libertarias, Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, venían trabajando en un proyecto propio que buscaba superar el sistema actual, pero quedó en contradicción con lo planteado en el Presupuesto del Ejecutivo.
• Los cambios también generaron sorpresa entre los aliados del Gobierno: legisladores del PRO, la UCR e Innovación Federal advirtieron que la modificación “cambia completamente la discusión”.
• Desde el PRO consideraron innegociables tanto la actualización automática del nomenclador como el pago de la deuda acumulada con los prestadores, que supera los $340.000 millones.
• Desde Provincias Unidas advirtieron sobre los riesgos legales de que la emergencia caduque sin una prórroga aprobada.
• El plenario de comisiones no llegó a un dictamen y quedó fijada una nueva reunión informativa para el 23 de septiembre, fecha en la que se buscará cerrar un texto consensuado antes de que la ley pierda vigencia a fin de año.

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