El gobierno de las islas Malvinas expresó hoy su malestar por la bandera con la que jugadores argentinos celebraron la victoria en la semifinal del Mundial ante Inglaterra y pidió a la FIFA que sancione ese tipo de conductas sus propias normas.

Siguiendo los pasos del gobierno británico, que esta mañana anunció a través del portavoz del primer ministro Keir Starmer, un pedido de investigación a la FIFA reafirmando, además, que “el compromiso británico con las islas nunca flaqueará”. Pero, además, mientras que el ministro de Empresa y Comercio, Peter Kyle, calificó el hecho sucedido en el estadio de la Ciudad De Atlanta, con la exposición de la famosa bandera que señalaba “Las Malvinas son argentinas” como algo “totalmente inapropiado”.

Empujados por la situación, en un comunicado difundido este jueves, el gobierno isleño se declaró “decepcionado, aunque lamentablemente no sorprendido” por la decisión del equipo argentino de, según su expresión, “empañar el resultado de un partido que en cualquier caso no involucraba” a las islas.

El comunicado sostiene que “no es novedad para nadie que los habitantes de las islas fueron víctimas de una invasión agresiva en 1982, que dejó a muchos traumatizados”, por lo que la tela exhibida resultó “particularmente insensible” para buena parte de la población local.

El Falkland Islands Government (Gobierno de las Islas Malvinas) reiteró que su política declarada es no ver la política mezclada con el deporte, y que no desea que las islas y su gente sean utilizadas como “pelota política” en cada conversación entre Inglaterra y Argentina. El texto agradeció el respaldo expresado por el Gobierno del Reino Unido y confió en que la FIFA cumpla su compromiso de mantener la política fuera del deporte.

El gobierno argentino no quedó bien parado cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló de no exponer banderas y remeras en el estadio que inciten a la violencia, que exhiban “el mapita de las islas”, una expresión muy cuestionada, que la oposición criticó.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro dijo “a Monteoliva, además del mapita, se le olvidó prohibir las letritas” acompañando su posteo con una imagen de la situación.

Por otra parte, la diputada de Unión por la Patria Silvia Nardini afirmó: “Monteoliva, las Malvinas son argentinas por historia, por geografía, por derecho y por mandato constitucional. Reivindicar esa causa no constituye una expresión de violencia ni de odio: es ejercer el derecho de un pueblo a defender su soberanía. Fernando Coronel, integrante del bloque Fuerza Patria, apuntó directamente contra la expresión elegida por Monteoliva. “Señora, el ‘mapita’ de Malvinas que menciona es parte del mapa de la Argentina”.

A diferencia del presidente Javier Milei, que se despegó de la acción de los jugadores marcando que se trata de “cosas que pasan en la cancha con los jugadores” y que no forman parte del conflicto diplomático, la vicepresidenta Victoria Villarruel reforzó en cambio el reclamo con un mensaje en la red social X —“Las Malvinas son argentinas”— y empleó términos hostiles hacia el Reino Unido.

La declaración isleña llega para aumentar la polémica un día después de que varios futbolistas argentinos —entre ellos Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi— posaran tras con la bandera en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Según distintas versiones, el cartel habría sido lanzado desde las gradas y recogido por los jugadores antes de dejarlo brevemente sobre el césped.

El código de conducta de los estadios de la FIFA prohíbe banderas y elementos de carácter político dentro de los recintos. Hasta ahora, el organismo no anunció ningún procedimiento disciplinario, por lo que no son ciertos los reportes que dan por hecha una sanción son especulativos. Existe un precedente directo: en 2014, la FIFA multó a la Asociación del Fútbol Argentino con 30 mil francos suizos ante una bandera idéntica exhibida antes de un amistoso contra Eslovenia.

El Senado aprobó este mediodía un paquete de pliegos judiciales entre los que se destacan la designación de Juan Tomás Rodríguez Ponte al frente del juzgado federal de Lomas de Zamora que tiene a su cargo la causa contra Martin Insaurralde y Jesica Cirio y la extensión de su magistratura por cinco años más para Víctor Pesino, el camarista del fuero del Trabajo que avaló la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La nominación de Pesino, que cumple 75 años el 27 de julio, fecha en la que debería pasar a retiro si no recibe un nuevo acuerdo del Senado, fue impugnada con fuertes acusaciones por parte del kirchnerismo, que levantó un manto de sospechas sobre la decisión del juez de dejar sin efecto la medida cautelar presentada por la CGT contra más de 80 artículos de la Reforma Laboral.

Esto se tradujo en una cerrada votación en la que por 35 votos a favor y 32 en contra logró un nuevo acuerdo para continuar como camarista laboral hasta que cumpla 80 años.

“Justo al día siguiente que saca el fallo (avalando la reforma laboral), el Poder Ejecutivo presenta la propuesta para que siga por cinco años más”, afirmó el kirchnerista Mariano Recalde (Capital).

“No tenemos pruebas, pero hay indicios graves y concordantes de que este juez (por Pesino) no actúa de acuerdo con la justicia sino a sus conveniencias y necesidades”, agregó el senador.

Recalde fue más allá y dijo que en el mundo judicial se conoce al tribunal que integra Pesino, la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral como “la Sala Banelco”.

El pliego de Pesino fue defendido por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien acusó al kirchnerismo de atacar a los jueces por el contenido de sus sentencias. En ese sentido, dijo que la administración libertaria “busca una justicia que sea neutral a los distintos gobiernos”.

“Judicializaron decisiones del Congreso (por la ley de Reforma Laboral) y este juez decidió que no era judiciable y quieren buscar el atajo de sacar a alguien por sus fallos, y los jueces no se sacan por sus fallos”, replicó Bullrich.

En la misma sesión, cuyo quórum de inicio se alcanzó con lo justo, el Gobierno logró darles ingreso oficial a los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, propuestos por Javier Milei, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, para ocupar vocalías en la estratégica Cámara Federal porteña. Se trata del tribunal de alzada de los juzgados federales de Comodoro Py.

Tal como se esperaba, Rodríguez Ponte superó sin objeciones ni críticas el debate en el Senado. El Exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo es en la actualidad titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), organismo que tiene a su cargo el control y la custodia de las escuchas telefónicas ordenadas por la justicia, por ejemplo.

Una vez que el jefe del Estado firme su decreto de designación, Rodríguez Ponte quedará a cargo del estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene bajo su jurisdicción el aeropuerto internacional y el penal federal, ambos ubicados en Ezeiza.

En el tribunal lo espera una causa de alto perfil, como es la investigación que tiene como protagonista a Insaurralde y Cirio. El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof y su exesposa están siendo investigados por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento y ante la vacancia en el juzgado, el expediente lo subroga el juez federal de Quilmes Luis Armella.

Todos los acuerdos

El Senado también les dio acuerdo a otros 27 postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales. Esta es la segunda tanda de pliegos judiciales que aprueba la Cámara alta desde que el ministro de Justicia comenzó a completar las vacantes del Poder Judicial.

Varios de esos nombramientos son para ocupar vacantes en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo porteña. Así, recibieron el visto bueno del Senado las nominaciones de María Claudia Jueguen (Sala X), Diego Javier Tula (Sala II), Diego Fernando Manauta (Sala V) y Claudio Fabián Loguarro (Sala III).

Se aprobaron varios nombramientos en tribunales orales del interior del país: Pablo Toledo (San Miguel de Tucumán), Ruth María Ponce de León (Posadas-Misiones) y Angel Roger Luna Roldán (San Miguel de Tucumán).

En tanto, para la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia se aprobó el pliego de María Virginia Ise, mientras que Santiago French obtuvo el apoyo como juez la Cámara Federal de Salta. Leopoldo Rago Gallo, por su parte fue designado en el Juzgado N°2 de la ciudad de San Juan.

También se aprobaron varios pliegos de jueces laborales. Entre ellos se destaca el de Marina Edith Pisacco, a quien el Poder Ejecutivo nominó para ocupar una vocalía en la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Pisacco es esposa del periodista Adrián Ventura, que trabaja en el canal de noticias Todo Noticias. Si bien se temió que su candidatura pudiera provocar algún Inconveniente en el oficialismo, el presidente Javier Milei parece que no ha encontrado conflictos de intereses como sí lo hizo cuando se trató el pliego de María Victoria Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investigó el caso $LIBRA.

Hasta el día de hoy, el jefe del Estado se niega a firmar el decreto designando a Michelli como jueza, a pesar de que obtuvo en junio último el acuerdo de la Cámara alta.

En territorio bonaerense, fueron aprobados Bernardo Rodríguez Palma, para la Cámara Oral Federal 2 de San Martín, y Santiago José Martín en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Para ocupar vacantes en los tribunales orales criminales porteños recibieron su acuerdo Juan Carlos Riccardini, Paula Vanessa Romeo, José Ignacio Polizza y Mariano Adolfo Klumpp. Por su parte, María Gabriela Janeiro recibió acuerdo para en el juzgado 5 de la seguridad social de la capital.Para el juzgado comercial 28 de Capital Federal fue designado Pedro Manuel Crespo, y Javier Cosentino en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Por último, fueron aprobados los pliegos para fiscales de Juan Marcelo Burella Acevedo (Corrientes) y Hugo Danuel Froy (Paso de los Libres-Corrientes ), Patricio Sabadini (Resistencia-Chaco) y Fernando Alcaraz (Mendoza); además de las defensoras públicas María Laura Irastorza (Río Negro) y Amanda Espino (Capital Federal).