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La charla de Milei con Infantino, las negociaciones por la recibida de la Selección y la final que se juega en la Justicia

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El miércoles a la noche, con la euforia en las calles del triunfo contra Inglaterra, y la bandera por Malvinas hecha con sábana blanca y aerosol posada en el pasto verde del estadio de Atlanta, recorriendo el mundo, Javier Milei se comunicó con Gianni Infantino, el titular de la FIFA.

Ya había recibido el mail obvio de invitación a la final de la Copa, pero la conversación tenía un foco solo anclado en esa escalada indetenible que contiene la herida abierta de las Islas Malvinas para cualquier argentino, un punto nuclear que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había puesto a arder con declaraciones previas al partido cuando dijo: “Está definido que ni mensajes de odio ni contenido político, y ‘las Malvinas son argentinas’ es un mensaje político”. Algo parecido al terror atravesó las mentes de varios funcionarios de alto rango cuando la vieron por televisión. Sus dichos le valieron la implementación de un bozal comunicacional en el que quedará -dicen- hasta después del domingo mientras está a cargo de las más sensibles de las tareas: el operativo que vendrá con la vuelta de la Selección al país.

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Algunos jugadores levantaron una bandera con una leyenda sobre las Islas Malvinas después del partido contra Inglaterra. (Foto: AP /Rebecca Blackwell)

Alrededor del Presidente, aseguran que Infantino le trasladó quejas del Gobierno británico por la bandera, pero que fue naturalmente una charla en buenos términos. Milei sostuvo a los suyos que Infantino también le habló de Victoria Villarruel. Esa combinación acelerada de factores con el fútbol y Malvinas en el medio hizo que durante 24 horas el Gobierno acelerara un mensaje urgente de nitidez sobre la comprensión de un dolor y una demanda social históricos y sobre la posición oficial con respecto a la soberanía de las islas, una zona donde discuten capital simbólico con Villarruel. Son, a esta hora, vestigios de política que desaparecen ante la inminencia de lo que pasa.

Las horas que faltan hasta la resolución de la Copa del Mundo son un tiempo de descuento completamente abarcador. Absoluto. Para la Rosada, como pasó hace casi cuatro años post Qatar, se impone una responsabilidad gigantesca sobre el operativo que tendrá que suceder una vez que Leo Messi y el equipo pisen suelo argentino. Sobre todo porque sin importar el resultado, está descartado que el país querrá recibirlos. Es la última de Leo.

En la reunión de la mesa política de esta semana, se expresó esa preocupación. Diego Santilli repite ritual desde otro lugar: en 2022 era ministro de Seguridad porteño, ahora jefe de Gabinete. Aquella caravana mágica, pero descontrolada estuvo plagada de diálogos inolvidables y por momentos irreproducibles entre Tapia, Berni, Santilli, tratando de ordenar el recorrido con el colectivo frente a los más de cinco millones de argentinos que querían saludar a la Selección. Nadie quiere que ese caos se repita porque salió bien de milagro. ¿Es cierto que el Gobierno piensa en un asueto?

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El Presidente, que tiene un diálogo que se desconocía con Lionel Scaloni, manda mensajes ofreciendo opciones sin esperar respuesta. Así fue que no solo pública, sino privadamente propuso vaciar la Rosada y dejarla para los festejos. Hay miedo en la organización de la Seguridad porque cinco millones de personas queriendo llegar a la Plaza de Mayo puede ser una encerrona.

Leé también: Javier Milei sueña con tomar impulso mundialista, pero mejor que no exagere

Chiqui Tapia, en el contexto de esta pelea muchas veces engañosa e indescifrable con el Gobierno, esta evitando diálogo directo con funcionarios de alto rango y viceversa. Aseguran en la Rosada que el ministro de Justicia, de buen diálogo con Tapia, no activó ese canal. Nadie se lo pidió. Se están dibujando entre los equipos de Seguridad y la AFA en Buenos Aires algunas opciones. “Esto va a ser igual que en Qatar. Leo y los jugadores terminan el partido, van al vestuario y en algún momento avisan lo que quieren. Lo que quieran, se hará”, dice alguien de alto rango que sabe de estas gestiones. Se habla de armar un escenario en el Obelisco, de bajar ahí a los jugadores el martes a la mañana. ¿Es verdad que el Chiqui Tapia está buscando canales para darle algún protagonismo político a alguien del gobierno bonaerense? Intereses personales en medio de la felicidad colectiva.

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Mientras nadie nos ve

La feria judicial empezó el viernes. Un impasse conveniente para la adrenalínica cantidad de movimientos implementados mientras mirábamos el Mundial. A la vuelta del receso del Poder Judicial, podrán verse resultados. Un éxito indiscutible de gestión. Cabe preguntarse si para el lado de la Justicia. Un pequeño recap de cosas que pasaron los últimos días y muestran la intensa aceleración de hechos trascendentes:

  • El Senado prorrogó por cinco años el mandato del juez que dio de baja la cautelar que frenaba la reforma Laboral promovida por el Gobierno. Víctor Pesino cumplía 75 años y al día siguiente de su fallo -en mayo pasado-, el gobierno pidió al Senado que avale su continuidad a pesar de tener la edad para jubilarse.
  • La misma suerte que tuvo el papá del ministro de Justicia, Coco Mahiques, un juez de Casación que llegó al máximo tribunal penal del país trasladado desde el fuero ordinario (es decir, no concursó para este puesto). Cumplió 75, el Gobierno pidió su continuidad y el Senado lo avaló abrumadoramente ya hace un tiempo.
  • Esta misma semana salió el decreto presidencial designando jueza a la esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la fangosa investigación por la cripto Libra. Quiso la casualidad que en la previa al partido contra Cabo Verde, Martínez De Giorgi firmara un fallo que dejó afuera de la causa a los querellantes -esto es, a las supuestas víctimas de la estafa y principales promotores del avance de la causa-. Poco más de diez días después, su mujer se convirtió en magistrada. Ahora, la revisión de ese fallo, que pone en jaque el esclarecimiento de la maniobra en el caso Libra -probablemente el que más preocupa a los hermanos Milei- está en manos de la Cámara Federal, el tribunal de apelaciones de las causas que tramitan en Comodoro Py. Es un laberinto tedioso de comprender pero imprescindible. En la Sala I, dos de sus integrantes son jueces que fueron trasladados -como Mahiques- durante el macrismo desde otro Tribunal. Son Bruglia y Bertuzzi, magistrados fundamentales en la confirmación de las investigaciones de las causas de corrupción del kirchnerismo. Un fallo de la Corte pidió regularizar los jueces designados por traslados y hacer los concursos, pero esa condición se aplicó sólo a estos casos, no a todos los magistrados. Por eso Bruglia fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bertuzzi eligió concursar. Quedó en el puesto 22 de orden de mérito, pero en la entrevista personal que le hizo el Consejo de la Magistratura logró escalar exitosamente hasta quedar en la terna que ahora el Gobierno mandó al Senado junto a Pablo Yadarola, otro magistrado que ocupará una de las posiciones en la Cámara Federal. Un éxito de locuacidad. El asunto es, para simplificarlo: en la segunda semana de agosto, Bruglia, Bertuzzi y Llorens tienen la audiencia para validar o no lo que hizo el juez Martínez de Giorgi con el fallo por Libra. Bertuzzi -que está a punto de ser avalado por el Senado-, ¿qué opinará? Son intrigas sobre un movimiento terminado. La Cámara inaugurará muy pronto una nueva composición y habrá que mirar con atención la nueva era.
  • La suerte de Manuel Adorni se está plasmando en un documento revelador. Los peritos contables de la DAFI están entregando el peritaje de su patrimonio donde todo lo que dijo se cotejó con las pruebas que se juntaron. Desaparecido de la escena, Adorni deberá volver después de la feria para responder el requerimiento de justificación patrimonial de todo el escándalo que lo tuvo de protagonista durante casi cuatro meses. ¿Habrá sorpresas?
  • Hechos desopilantes están sucediendo también alrededor de la investigación por la mansión de Pilar adjudicada a Toviggino. En Y Mañana qué, por TN, revelamos en octubre la existencia de esa chacra fastuosa mientras se iniciaba una investigación judicial que ya lleva más de siete meses, trece magistrados interviniendo, demoras imposibles de explicar, intervenciones de tribunales de distinta jerarquía y fueros y ninguna declaración indagatoria. En plena euforia mundialista, otro fallo más vino a ayudar a este trámite pastoso: los jueces Barroetaveña y Borinsky de Casación aceptaron ahora un pedido de los supuestos testaferros de Toviggino para que se discuta si se investiga en el fuero en lo Penal Económico o en la justicia criminal y correccional Federal. Aburre y suena a tecnicismo, pero es una gema de la técnica del dislate. Barroetaveña, para más datos, es un juez que hasta hace unos meses presidía el Tribunal de Ética de la AFA y se hizo famoso por firmar un fallo desde ese órgano resolviendo que Chiqui Tapia no tiene condición de Persona Políticamente Expuesta ante organismos antilavado. Una verdadera osadía administrativa. Ahora, justo en la semana finalista, Barroetaveña con Borinsky aceptaron a pedido de los acusados de ser testaferros de Toviggino volver a discutir en una audiencia el 13 de agosto, qué magistrado finalmente investigará si hubo lavado de dinero en la construcción de la mansión de Pilar. La causa entonces, sigue sin movimientos y sin juez. Argentina, no lo entenderías.

Javier Milei, Axel Kicillof, Chiqui Tapia

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“Manual de logros”, “Memoria de la década perdida” y “Periodismo en la era Milei”: así son los tres manuales que el Gobierno entregó a los legisladores libertarios

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El Gobierno repartió tres cuadernillos para que la militancia libertaria defienda la gestión de Javier Milei y responda a sus críticos. Los materiales llegaron a diputados y senadores y, según contó el periodista Ramón Indart en Infobae A las Nueve, también serían utilizados en escuelas de formación política vinculadas al oficialismo. Incluyen argumentos sobre la administración nacional, cuestionamientos al kirchnerismo y referencias al periodismo.

Los ejemplares se titulan Manual de logros, Memoria de la década perdida y Periodismo y república en la era Milei. Santiago Oría es el responsable de su elaboración.

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El Manual de Logros está dirigido de manera directa a quienes respaldan al Presidente. Allí se plantea una guía para sostener discusiones políticas, con argumentos sobre cuestiones macroeconómicas y distintas políticas públicas.

El texto propone que, frente a cada medida que considera positiva, sus lectores tengan “un argumento central, sólido y directo”, junto con datos para respaldarlo.

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Además, el cuadernillo reúne preguntas, objeciones y posibles respuestas para debatir con quienes cuestionen las decisiones oficiales. En varios tramos utiliza el apartado “el relato falso y la realidad” y sostiene que “la Argentina cambió”, con explicaciones sobre las razones de esa transformación.

El documento define sus contenidos como “logros estructurales, consolidados y verificables”. Por eso, deja afuera indicadores financieros de alta frecuencia, que pueden variar en poco tiempo.

Entre los casos que menciona aparece el protocolo antipiquetes. Indart explicó que el manual le adjudica al Gobierno nacional el fin de los cortes de calles y contrapone esa posición con quienes atribuyen ese resultado a la Ciudad de Buenos Aires.

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El Manual de logros reúne argumentos sobre macroeconomía y políticas públicas para sostener discusiones políticas a favor de Javier Milei

Según planteó el conductor, el material no apunta solamente contra el peronismo. También busca responder a sectores de Juntos por el Cambio que podrían acercarse al oficialismo o disputar el crédito por algunas de las políticas que hoy reivindica el mileísmo.

El segundo volumen: contra el kirchnerismo

Memoria de la década perdida reúne una revisión crítica de los gobiernos kirchneristas desde 2003 hasta la actualidad. Incluye imágenes de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, además de ilustraciones y textos.

El periodista sostuvo que el cuadernillo cuestiona las políticas de educación, salud y seguridad de esas administraciones, aunque no incorpora datos favorables sobre los gobiernos peronistas. También leyó un fragmento dedicado a la libertad de expresión.

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“El kirchnerismo hizo todo lo posible” para convertir las restricciones a esa libertad en uno de sus ejes de comunicación, afirma el texto. Entre los ejemplos figura la creación, en 2009, de 6,7,8, el ciclo de la TV Pública al que el manual le atribuye la intención de desacreditar a periodistas, intelectuales y dirigentes opositores.

Memoria de la década perdida cuestiona los gobiernos kirchneristas desde 2003 y critica sus políticas de educación, salud, seguridad y libertad de expresión

El cuestionamiento a las prácticas del periodismo y los vínculos con el poder

El último material, Periodismo y república en la era Milei, reúne críticas a prácticas periodísticas, operaciones de inteligencia, pauta oficial y relaciones entre medios y poder político. También incluye referencias a la ley de medios, el caso Papel Prensa, el espionaje estatal durante los gobiernos kirchneristas y la cobertura de 6,7,8.

Entre sus apartados aparece “cuando la inteligencia se disfraza de periodismo”, junto con menciones a medios subsidiados, pauta oficial y el uso de datos públicos.

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El cuadernillo también fija límites para el ejercicio de la libertad de prensa. “Un periodista no tiene derecho a operar fuera del derecho” ni a “reclamar privilegios que no te corresponden”, leyó Indart.

Además, el material menciona el espionaje ilegal, la fabricación de hechos, la difamación sin pruebas y la invasión de la intimidad.

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

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• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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Caso Andis. Una auditoria detectó un desfasaje de $158.000 millones por deuda no registrada en el área de Discapacidad

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El Gobierno detectó un desfasaje de 158 mil millones de pesos en los números internos de la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis). La cifra surgió en la auditoría que se realizó con la intervención del organismo, apenas estalló el caso. Ese monto corresponde a deudas que no pasaron por las áreas de control establecidas y por eso hoy están bajo la mira de la Justicia.

La auditoría a la que accedió analiza qué ocurrió en la exAndis durante la gestión libertaria hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó al director de la agencia Diego Spagnuolo, entre otros funcionarios. Ese trabajo relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas. Sobre el desfasaje, señaló: “Se constató una diferencia de $158.717.131.557,63, entre los listados de la Deuda Exigible”.

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Esa observación fue el resultado de dos consultas realizadas dentro de la exAndis que tuvieron resultado dispar. Los auditores solicitaron pagos y deudas a dos direcciones claves: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). Dentro del desfasaje de los $158.000 millones, la DNASS es la que informó una deuda mayor.

Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de Andis (DNASS), investigada por la JusticiaEnrique García Medina

Esta dirección, a su vez, concentra sospechas del fiscal Franco Picardi en la causa que investiga un presunto fraude millonario con coimas de hasta el 20%. Para el fiscal, los procesos de compra de la DNASS tuvieron supuestos “sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública”.

La auditoría, además, marcó la existencia de posibles imprecisiones en los números que le entregó la DNASS. Desde ese área advirtieron que tanto “los importes como la clasificación de los mismos puede haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga de los prestadores”.

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Una fuente al tanto del funcionamiento de la exAndis, consultada por sobre el desfasaje detectado, comentó que no es algo inusual, aunque le pareció “significativo” el monto. Explicó que “la DNASS asume y se compromete a pagar, pero después no tiene ese presupuesto y todavía esa deuda, para que sea reconocida por la DPYC tiene que pasar por todo un sistema administrativo que a veces no se completa”. La compra de medicamentos de alto costo, contempladas dentro de PACBI, “muchas veces genera estas cuestiones que autorizas el pago y después presentan todos los papeles”, según su experiencia.

Fuentes oficiales afirmaron que “el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y continuará colaborando con la investigación”.ANDIS

La auditoría no incluye el discriminado de cómo se compone esa “deuda no registrada”. Consultadas por este medio, fuentes oficiales afirmaron que “el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y continuará colaborando con la investigación”.

Precisamente, la causa judicial identificó compras PACBI para justificar la acusación sobre los imputados. Por ejemplo el caso del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas costó $411.764, pero llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas (tenían menos oferentes) en el mismo mes de noviembre de 2024.

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Fuentes cercanas a Spagnuolo (exdirector de Andis) dijeron que él “no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SiiPFIS”. también intentó contactarse con quien era el director de la DNASS, Daniel Garbellini, pero no obtuvo respuesta. Ante la Justicia había presentado por escrito: “No hubo desvío de fondos” y negó haber participado en un “esquema de sobreprecios”.

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa Andis.Ricardo Pristupluk

La auditoría también alertó sobre la metodología de pago. “Se constató que hasta la fecha de corte, el Organismo sigue utilizando la figura de Legítimo Abono para efectuar un pago por un bien o servicio que ya ha sido entregado o cumplido, incumpliendo la regla general dispuesta por el artículo 24 del Decreto N° 1023/2001″, observó.

Esa regla general a la que alude sobre contrataciones del Estado recomienda realizar licitaciones públicas o concursos públicos. La auditoría analizó los servicios cancelados mediante Legítimo Abono y relevó que “solo se han iniciado seis procedimientos de compras”.

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La figura de Legítimo Abono refiere a “la aprobación de gastos que no fueron gestionados a través de los procedimientos” formales, de acuerdo con un dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones. Ese documento agrega que “frente a la efectiva prestación del servicio y/o entrega de los bienes por parte de la persona interesada, se ha dicho que resulta equitativo que se propenda a su retribución”, pero reconoce que no es la mejor práctica. Advierte que no respetar los procedimientos “no sólo afectará la transparencia en el manejo de fondos públicos, sino que además, al no propiciar la concurrencia y competencia de todos los posibles interesados en presentar ofertas, en pie de igualdad, la Administración se verá imposibilitada de verificar si la opción que elija es la más conveniente, en términos de precio, calidad, idoneidad del proveedor”.

Si bien la auditoría no identificó qué pagos se realizaron bajo Legítimo Abono, sí detalló cuánto dinero recibió cada prestador por la compra de medicamentos e insumos. La cifra ascendió a $479.504 millones entre 2024 y 2025 hasta el 21 de agosto. El proveedor que más fondos recibió fue Suizo Argentina, con $108.258 millones concentrados por medicamentos PACBI. Fuentes cercanas a la empresa señalaron: “Suizo es una empresa centenaria que realiza sus múltiples actividades comerciales de forma lícita y de acuerdo a altos estándares. No tiene nada que ver con los hechos investigados en la causa”.

Por ahora la investigación se orientó hacía otras droguerías y proveedoras de insumos ortopédicos, y en presuntos agentes paraestatales que estaban al tanto de las contrataciones de la exAndis y supuestamente canalizaban coimas de hasta el 20%.

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En paralelo, en la causa comenzaron las pericias sobre los audios atribuidos a Spagnuolo que hicieron nacer el caso, en los que se habla de irregularidades en la agencia y se menciona a Karina Milei. Esas grabaciones son cuestionadas por algunas defensas que buscan la nulidad de la causa.




Ignacio Grimaldi,Federico González del Solar,Conforme a

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Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: los puntos positivos del proyecto y los desafíos que plantea

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El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que mandó el gobierno al Congreso profundiza y mejora la Ley 26.659, imponiendo sanciones y penalidades, pero creo que se podría mejorar mucho más, teniendo en cuenta algunas cuestiones.

Por un lado, deja abierto el tema incluyendo, más allá de los hidrocarburos, a los distintos recursos renovables y no renovables como en la pesca y en el turismo, (lo cual es positivo); pero lo esgrime de una manera tangencial y abierta a interpretaciones, por lo que creo que debería expresar las sanciones y penalidades de manera taxativa para que no queden dudas al momento de aplicar la Ley. Respecto de la pesca está más claro, pero al turismo, no.

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Aunque este proyecto avanza, debería ser más tajante y dejar bien en claro cuáles son los enemigos o las amenazas de las Fuerzas Armadas.

Para ampliar el contexto, vale recordar que la exministra Nilda Garré salía por decreto a limitar las acciones de las Fuerzas Armadas solo a ejércitos regulares de terceros países.

En el gobierno de Mauricio Macri, cuando me desempeñé como ministro de Defensa, dejamos por fuera esa pobre consigna de Garré y lo ampliamos exponencialmente. Pero en la gestión de Alberto Fernández se retrocedió, volviendo Agustín Rossi a un decreto de regulación e interpretación.

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La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional está dividida en títulos que se refieren a sanciones económicas, Seguridad, infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Es por esto que recalco la necesidad de que la nueva ley contenga las consignas necesarias expresamente claras. Por ejemplo, si nos atacara Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, entre otros, que no son ejércitos regulares de terceros países, pero que cuentan con misiles, radares y tanques. Según Nilda Garré y el kirchnerismo en general, deberíamos defendernos con el policía de la esquina.

Veo positiva la posibilidad en este proyecto del Gobierno, de que las Fuerzas Armadas puedan custodiar objetivos estratégicos, ya que así se liberarían las fuerzas de seguridad para que atiendan los asuntos en el conurbano, Rosario o donde eventualmente se haga necesario.

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