En línea con su promesa de aplicar la motosierra sobre la estructura del Estado nacional, el gobierno de Javier Milei puso en marcha hoy un nuevo plan de retiros voluntarios, centrado en este caso en empleados públicos que, por su edad, están cerca de jubilarse. De los 341.000 empleados que el Estado tenía al iniciarse el gobierno libertario, según el Indec, unos 72.000 dejaron de pertenecer a la planta en estos años, y la intención del Gobierno es sumar en los próximos meses un número cercano a 20.000. Es decir, espera reducir en un 25% la plantilla de la administración pública nacional para fin de año.

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el jefe de gabinete Diego Santilli, el Gobierno avanza en su objetivo de achicar la planta estatal, con un plan que en principio se extenderá desde el primero al último día de noviembre, y que abarca un amplio universo de algo más de 21.000 empleados, con excepción expresa de personal de Fuerzas Armadas, de Seguridad e Inteligencia.

Se propone abonar, para el grupo de hombres y mujeres de entre 58 y 63 años sin aportes suficientes para jubilarse, el 60 por ciento del sueldo durante tres años. Un segundo grupo, de empleados con esa franja de edad y aportes suficientes para jubilarse, percibiría una única remuneración mensual por cada año trabajado. Y el tercer grupo, que abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres hasta 62, percibirá un sueldo por año trabajado, con un tope general de veinte salarios. Como novedad, se establece que el empleado que decida irse no podrá retornar por ocho años a ocupar un cargo en el Estado.

“El programa no tiene una meta predeterminada de retiros. No buscamos alcanzar una cantidad determinada de desvinculaciones, sino seguir adecuando las dotaciones del Estado a las funciones que efectivamente necesita cumplir”, afirmaron a desde el ministerio que encabeza Sturzenegger. Agregaron que el plan “es una herramienta para aquellos organismos que tienen estructuras sobredimensionadas, funciones duplicadas o puestos que dejaron de ser necesarios. Cada retiro requiere la decisión voluntaria del trabajador y la aprobación del Estado, que evaluará cada solicitud en función de las necesidades del organismo”, afirmaron. Y destacaron que “se abre una instancia de consultas” de cada empleado con el área de recursos humanos de cada repartición, a fin de evacuar dudas.

“Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos. VLLC!”, afirmó el propio Sturzenegger, en un posteo. Y destacó que el impedimento de regreso a la función pública se lleva a cabo “para evitar una puerta giratoria”, aunque dejó abierta la posibilidad de eventuales regresos, previa devolución del dinero recibido.

A diferencia de lo que sucedió en los primeros dos años de gestión, donde los recortes de personal estuvieron dados en el área centralizada de la administración pública, a partir de 2026 el Gobierno enfocó su plan de reducciones en organismos descentralizados. Según el último informe del Indec, y al 31 de agosto pasado, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades fue de 269.025 personas; esto representa una caída de 5,8% respecto a igual mes del año anterior y una caída de 0,5% respecto al mes anterior.

Desde el sindicato estatal ATE reiteraron las críticas al plan que ya se venían haciendo en los días previos a la salida del decreto, y anunciaron protestas frente a la quinta presidencial de Olivos. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

“A este plan lo vamos a enfrentar con medidas de acción directas. No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado, que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, agregó el sindicalista, que confirmó a que la movilización a la quinta presidencial se dará el miércoles próximo, a las 17. Ese día, el Presidente estará cumpliendo con su programada gira en España, que comienza hoy por la noche.

Ante la posibilidad de que Pro y La Libertad Avanza (LLA) sellen un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires para los comicios de 2027, el sector del exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el Partido Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR) exploran conversaciones preliminares en tren de armar un gran frente electoral opositor para competir por la Jefatura de Gobierno, hoy en manos de Jorge Macri, quien ya anunció que buscará la reelección.

Aunque todavía están “frías”, las negociaciones entre Pro y LLA y la chance de que los comicios se realicen junto a los nacionales aceleran los diálogos en la oposición y empujan a espacios de signos muy diversos a evaluar un armado conjunto. También pesa el sistema de balotaje: si ningún candidato supera el 50% en las generales, los dos más votados se miden en una segunda vuelta. Frente a un Pro que gobierna la Capital desde 2007 y a libertarios que cosecharon grandes resultados en el distrito desde su irrupción, la oposición comienza a cerrar filas.

Los diálogos son “súper preliminares” e “informales” y están lejos de cerrar un acuerdo, pero la posibilidad de converger está puesta sobre la mesa.

En ese escenario de incipientes conversaciones ya asoma un actor que incomoda a varios de los involucrados: La Cámpora. Aunque tiene un peso menor en la Capital –comparado con su fortaleza a nivel nacional–, su sola presencia en una alianza crispa a referentes de sectores que integraron coaliciones como Cambiemos.

Una alianza artesanal

Larreta, hoy legislador porteño y alejado de Pro, es el único dirigente ya lanzado a la carrera para suceder a Jorge Macri. En su tribu admiten que dialogan con todos los espacios, salvo LLA y Pro, aunque aclaran que falta para tejer alianzas. Este año, el exjefe porteño priorizará su posicionamiento con recorridas barriales, encuentros con vecinos y piezas de comunicación.

“En principio, no descartamos nada”, afirma una fuente cercana a Larreta, en diálogo con . “Bienvenidos sean los que comparten esta idea de Ciudad [la impulsada por el exalcalde]”, aseguran, con espíritu aperturista. Sin embargo, dicen que no tendrían problema en competir solos: en las elecciones locales de 2025 alcanzaron el 8% y entienden que hoy duplican esa cifra.

En el peronismo se muestran más flexibles, aunque advierten que el armado no sería sencillo. Reconocen que una alianza con Larreta podría “enojar a muchos” –dada la histórica distancia que mantuvieron–, pero ese reparo se diluye frente a un obstáculo mayor: la debilidad del justicialismo en el balotaje porteño. Su mejor resultado en las últimas tres elecciones ejecutivas fue del 35% y, en 2023, el legislador porteño Leandro Santoro, por entonces candidato a jefe de gobierno, se bajó del balotaje.

Un importante dirigente del peronismo porteño admitió que, en una eventual PASO de este frente hipotético, sería un “problema” que ganara el PJ, dada su dificultad para enfrentar una segunda vuelta electoral. “El único en condiciones de liderar ese frente opositor es Larreta”, resumió a , entendiendo que el exjefe de gobierno sería ampliamente más competitivo en aquella instancia.

En contraste, cerca del senador y titular del PJ porteño, Mariano Recalde, alineado con Cristina Kirchner, sostienen que el peronismo presentará candidato propio, e incluso no descartan que sea el propio Recalde.

Pese a esta postura, en La Cámpora están dispuestos a competir con Larreta en una PASO, según pudo saber . Pero, a diferencia de los sectores del peronismo alejados del liderazgo de la expresidenta –representado por dirigentes como Juan Manuel Olmos, Matías Lammens y Santoro–, no dan por sentada la victoria del exjefe porteño: recuerdan que en 2025 el PJ logró resultados de entre 27% y 30%, mientras que Larreta sacó 8%.

Entretanto, en la UCR, sobre todo en el sector del diputado Martín Lousteau, se entusiasman con un frente con Larreta, pero aclaran que no están “para ir atrás de nadie”. Les atrae que se sume el PJ e imaginan una PASO entre Lousteau, Larreta y Santoro. También les gustaría que Jorge Macri integrara su frente (con quien tienen diferencias reconciliables), pero rechazan de plano pactar con LLA.

Cerca del radical Emiliano Yacobitti coinciden en el armado de un frente que celebre una gran PASO –entre dirigentes como Lousteau, Larreta y Graciela Ocaña–, pero dudan que el peronismo pueda sumarse sin romper con La Cámpora.

En el radicalismo también aparece la figura del empresario Daniel Angelici, hoy pieza clave del oficialismo porteño. Si bien dicen que insiste en que su límite es LLA, su alineamiento con el jefe de gobierno es demasiado fuerte. En el peronismo reconocen que Angelici “es oficialismo” y que las conversaciones se podrían dar más naturalmente con el sector de Lousteau.

Por su parte, en la Coalición Cívica sostienen que están “bien” con la gestión de Jorge Macri y rechazan la chance de un acuerdo con el peronismo en cualquiera de sus variantes, al tiempo que aclaran que han mantenido diálogos con la UCR y Confianza Pública, entre otros sectores.

La resistencia a La Cámpora

La Cámpora, agrupación liderada por Cristina y Máximo Kirchner, despierta rechazo entre los posibles aliados, e incluso es relegada dentro del propio peronismo porteño.

En el larretismo aseguran que no dialogan con el kirchnerismo y que sería “raro” que este sector coincidiera con su visión de Ciudad.

Confianza Pública, el espacio de Ocaña que hoy es aliado de Larreta, fue más tajante: consideran que La Cámpora “es un límite”. “Si partimos de Cristina Libre, no tenemos nada que hablar”, sentenciaron.

Mientras, en el radicalismo dijeron que preferirían a La Cámpora fuera de este frente, ya que su incorporación los “desperfila”.

Incluso en el peronismo expresan su malestar. Aseguran que el kirchnerismo no participa de estas conversaciones, que “es decisión de ellos” si quieren sumarse y que de ninguna manera conducirían este armado. “El problema para un frente es que esté La Cámpora”, dispararon, en alusión a los cuestionamientos que despiertan en potenciales socios electorales.