Tras un primer semestre en el que acumuló proyectos sin lograr convertirlos en ley, el Gobierno redefine su estrategia parlamentaria para la segunda mitad del año. La prioridad estará puesta en tres frentes: la reforma político-electoral, el Presupuesto 2027 y un paquete de iniciativas económicas con las que Javier Milei busca llegar a la carrera por la reelección con mayor estabilidad financiera.

La primera batalla que el oficialismo no resigna es la reforma electoral, frenada en el Senado desde abril. La Libertad Avanza (LLA) intentará eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la próxima elección presidencial. Si no consigue los votos necesarios, buscará repetir la fórmula de 2025 y suspenderlas de manera transitoria.

“La prioridad por encima de todo es la reforma política”, aseguró un referente legislativo del oficialismo a .

La otra discusión ineludible será la del Presupuesto, que el Presidente deberá enviar al Congreso antes del 15 de septiembre. Esta vez, el oficialismo evalúa contemplar parte de los reclamos de los gobernadores para asegurarse su respaldo legislativo, clave para el resto de la agenda parlamentaria.

El tercer eje es un paquete económico que todavía no ingresó formalmente al Congreso. Incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una ampliación del régimen de inocencia fiscal y un proyecto para prohibir el déficit presupuestario que Milei bautizó “shutdown”.El objetivo de estas iniciativas es reducir la volatilidad financiera durante la campaña electoral.

La primera en ingresar al Congreso sería la ampliación del régimen de inocencia fiscal -un esquema de blanqueo-, que el Gobierno prevé enviar “en los próximos días”. Está previsto que este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, comunique su presentación durante una conferencia de prensa. La iniciativa buscará ampliar el universo de adherentes para incrementar el ingreso de dólares al circuito formal.

En tanto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que prohibirá expresamente la emisión monetaria sin respaldo y el financiamiento del Tesoro, y la ley de “shutdown”, que limitará la ejecución del gasto cuando se agoten las partidas presupuestarias, serían remitidas al Congreso en agosto, según pudo saber .

Su tratamiento estará estrechamente ligado a la negociación del Presupuesto y al vínculo con los gobernadores, cuyos legisladores resultan indispensables para aprobar la mayoría de los proyectos oficiales. En particular, la reforma electoral requiere mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 diputados y 37 senadores.

Ese capítulo también incluye otro objetivo político de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además de eliminar -o volver a suspender- las PASO, el oficialismo trabaja en un esquema de colectoras que permita que distintas listas de categorías inferiores adhieran a una misma candidatura presidencial. La idea es ampliar el respaldo territorial de Milei mediante acuerdos con gobernadores aliados, cuyas listas “colectarían” votos para la categoría presidencial mientras conservan identidad propia en las elecciones legislativas locales.

Otros proyectos en espera

Entre las prioridades también figuran dos proyectos de perfil económico que ya obtuvieron media sanción en Diputados pero permanecen estancados en el Senado: el denominado Súper RIGI, que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones superiores a US$1000 millones en “nuevas industrias” o “empresas del futuro”, y la reforma del régimen de subsidios al gas por zona fría.

En un segundo plano aparecen las iniciativas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El paquete sobre propiedad privada -que habilita, entre otras medidas, la venta de tierras nacionales a extranjeros y agiliza los procesos de desalojo- volvió a postergarse en la última sesión por falta de apoyos. Tampoco avanzó el proyecto conocido como “Hojarasca”, destinado a derogar normas que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad económica.

El equipo de Sturzenegger también redactó una nueva Ley General de Sociedades, enviada al Senado a fines de mayo, que propone un régimen societario más flexible e incorpora figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial. Hasta ahora no registró avances.

Más atrás en la agenda quedaron otras reformas de peso: un nuevo régimen de pensiones por discapacidad para reemplazar la emergencia sancionada por el Congreso, una ley de salud mental, una reforma sobre ludopatía enfocada en combatir el juego clandestino sin ampliar las restricciones sobre las plataformas legales y la derogación de la ley de etiquetado frontal. Todas permanecen en el Senado, a la espera de tratamiento en comisión.

En Diputados, por su parte, siguen pendientes el proyecto para regular la actividad de lobby -que genera resistencias en casi todo el arco político-, la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), demorada a la espera de definiciones de Estados Unidos sobre los compromisos arancelarios asumidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

Melody Rakauskas, que denunció al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, por abuso sexual, se presentó ante la Justicia para pedir que le impidan salir del país en las vacaciones de invierno sin permiso judicial. Además, solicitó medidas de protección.

El caso iniciado por Rakauskas había sido cerrado por la Justicia debido a la falta de acusación fiscal, por carecer de evidencia y porque la mujer se había quedado sin abogado que la represente como querellante. Pero la semana pasada la Cámara Nacional de Casación reabrió el caso al devolverle a Rakauskas el rol de querellante y ahora se presentó a impulsar la acción penal.

Se presentó ante el tribunal de feria N° 2 para pedir que se mantenga la prohibición que pesaba sobre Espinoza de salir del país sin autorización judicial previa, así como el embargo sobre sus bienes.

La presentación, con el patrocinio del abogado Ignacio Barrios, solicita la habilitación de la feria judicial.

El viernes pasado, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación, con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días y la disidencia de Pablo Jantus, revocó el sobreseimiento que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 había dictado el 18 de febrero, restituyó a Rakauskas como querellante y ordenó que el juicio oral se realice “a la brevedad”.

El mismo día, el caso llegó al tribunal oral y la defensa de Espinoza pidió declarar nula esa decisión. El juzgado dispuso estar a la espera de que este fallo quede firme.

La querella pidió que el tribunal de feria certifique el estado actual de las medidas cautelares impuestas a Espinoza y, comprobada su vigencia, disponga expresamente su mantenimiento hasta la finalización del proceso.

Si alguna de ellas fue levantada, pidió que sea restituida y comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones. La querella subraya que no reclama la detención del intendente, ni prisión preventiva, ni retención de pasaporte, ni una prohibición absoluta de viajar, sino solo que pida permiso antes de hacerlo.

Quiere la querellante que se explique destino, motivo, fechas, itinerario, medios de transporte, alojamiento y documentación respaldatoria, que explique su compatibilidad con las audiencias fijadas y que sea resuelto previa vista a la fiscalía.

Sobre el embargo, pide que se certifique su monto, alcance y registración, que se mantenga hasta la sentencia definitiva y que cualquier pedido de reducción o levantamiento se le dé traslado a la fiscalía y a ella misma.

Con independencia de la discusión sobre la firmeza del fallo, Rakauskas reclamó medidas por su condición de víctima: la prohibición de que Espinoza la contacte, perturbe o intimide en forma directa o indirecta, personalmente, por medios digitales o a través de terceros, la reserva de su domicilio y de todo dato que revele su ubicación, y la canalización de las comunicaciones a través de sus abogados.

La causa se originó en la denuncia que Rakauskas radicó el 10 de mayo de 2021, cuando se desempeñaba como secretaria de Espinoza.

Según su relato, el intendente se presentó en su departamento con una excusa laboral e intentó abusar sexualmente de ella. Espinoza siempre negó los hechos y goza del estado de inocencia; el propio escrito de la querella aclara que su petición “no procura anticipar pena, restringir de modo absoluto la libertad ambulatoria ni alterar el estado de inocencia”, sino “preservar la disponibilidad del imputado para el juicio ordenado por la Sala III”.