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POLITICA

Río Negro: La Libertad Avanza obtuvo el reconocimiento partidario y se alista para competir por la gobernación

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La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro obtuvo el reconocimiento de la Justicia Electoral como partido político de distrito y se perfila para participar con sello propio en las elecciones provinciales de 2027, además de otras contiendas previstas en el calendario electoral local.

Si bien el principal objetivo es disputar la gobernación, los armadores libertarios anticiparon que también buscarán competir en instancias previas, entre ellas la elección de convencionales constituyentes de Bariloche, prevista para el 1 de noviembre, en la que se reformará la Carta Orgánica municipal.

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El senador Enzo Fullone encabeza el armado político de la fuerza y aparece como uno de los principales nombres para la contienda para suceder a Alberto Weretilneck al frente del Ejecutivo provincial.

En el mismo espacio también se encuentra el diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien se afilió a La Libertad Avanza hace pocas semanas. El legislador ya había manifestado en 2025 su intención de competir por la gobernación, aunque dentro del espacio no descartan que pueda integrar una fórmula como candidato a vicegobernador.

La fuerza que lidera Javier Milei desde la Casa Rosada celebró el reconocimiento oficial, que le permitirá competir con sello propio sin necesidad de integrar alianzas o frentes electorales.

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Con este aval, además de proyectarse para la elección provincial de 2027, La Libertad Avanza podrá presentar candidatos en los comicios para convencionales constituyentes de Bariloche, convocados para revisar y modificar la Carta Orgánica de la ciudad más poblada de Río Negro.

La resolución fue firmada a principios de este mes por el juez electoral Carlos Da Silva, quien otorgó el reconocimiento y la personería jurídico-política a la fuerza para actuar tanto en el ámbito provincial como en el municipal.

El partido podrá utilizar oficialmente los tradicionales colores violeta y negro y contará con autorización para emplear distintos emblemas partidarios, entre ellos la “peluca” alusiva al presidente Javier Milei, diversas representaciones de un león, además del contorno de un águila y una serpiente.

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En su resolución, el magistrado tuvo en cuenta que La Libertad Avanza posee reconocimiento definitivo como partido de distrito a nivel nacional, bajo el registro 174, con autoridades proclamadas y mandato vigente hasta marzo de 2029. La diputada nacional Lorena Villaverde figura como presidenta; el apoderado partidario, Damián Torres, como vicepresidente; y el senador Enzo Fullone, como tesorero.

Más allá de la estructura formal, Fullone es quien conduce el proceso de consolidación y expansión territorial del espacio. “Es el responsable del armado partidario en toda la provincia”, sostienen desde el sector, aunque aclaran que todavía no existe una definición respecto de una eventual candidatura a gobernador.

Si bien Villaverde continúa siendo la presidenta del partido, en el espacio reconocen que, desde la difusión de denuncias vinculadas a presuntas causas por narcotráfico en Estados Unidos, dejó de ejercer la conducción política. De hecho, tampoco participó de la celebración por la obtención del reconocimiento partidario.

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Con esta resolución, La Libertad Avanza completó el último requisito legal que le restaba para competir con sello propio en las próximas elecciones de Río Negro.

Según datos oficiales, el partido que a nivel nacional lidera el presidente Javier Milei cuenta con 2.395 afiliados en la provincia y ya tiene aprobada su Carta Orgánica Partidaria.

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El Gobierno reunió a la mesa política tras los cortocircuitos que expuso Patricia Bullrich

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La mesa política se reunió este martes, tras una semana de cruces internos y pases de facturas, que incluyeron la queja pública de Patricia Bullrich, que cuestionó que en la última reunión no se hubiera tratado el tema de los recortes en Discapacidad que el Gobierno introdujo unas horas después en el proyecto de presupuesto 2027.

El encuentro tuvo asistencia casi perfecta, incluida la presencia de Karina Milei, que se quedó en el país y no acompañó, como habitualmente hace, a su hermano, Javier Milei, en el viaje a Nueva York. Estuvieron ausente Luis Caputo, ministro de Economía, quien sí viajó, y el asesor Santiago Caputo.

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“Nada raro. Nadie se peleó con nadie”, ironizaron cerca del asesor presidencial sobre su ausencia. Dijeron fuentes de su entorno que había avisado de antemano sobre su ausencia y que estaba con otras tareas.

El jueves, horas después de conocido el dato del ajuste previsto en el área de Discapacidad, Bullrich tomó distancia del tema con duras críticas a la mesa política que integra, y que, según ella misma contó, no abordó el tema en el último encuentro, que duró casi tres horas y se extendió hasta minutos antes de que se conociera el proyecto de presupuesto.

Al día siguiente, la funcionaria publicó un video en sus redes, con la canción “No me importa” de la cantante Lali Espósito, contra quien el presidente ha arremetido en varias ocasiones.

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Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali en una semana tensa con el Gobierno

Sin embargo, al ser consultado por el tema, el mandatario le bajó el tono. Cerca de Karina Milei explicaron en las últimas horas a que el de la “mesa política” es uno de los asuntos por los que decidió quedarse en el país, pero agregaron que también en su decisión sopesaron otros factores. Entre ellos, “la reestructuración que se está llevando adelante en Olivos”, con el traspaso de atribuciones a la Casa Militar, las denuncias de filtraciones y el despido de más de diez empleados.

En las últimas horas, cuando en la Casa Rosada ya apostaban a que bajarían las repercusiones de los dichos de Bullrich, ella redobló su embestida. Fue cuando en la noche de este domingo, en LN+, Bullrich ratificó su postura contra un recorte en el presupuesto de Discapacidad.

Patricia Bullrich publicó un divertido video que marcó sus diferencias dentro del Gobierno

“Cuando lo vi, dije: esto es ir a chocar directo contra la pared”, mencionó Bullrich. Y allí sumó críticas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien el sábado aseguró que se había hablado el tema de Discapacidad en la reunión de mesa política, pero luego de que Bullrich se retirara rumbo al Senado.

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Patricia se tuvo que ir antes”, dijo Santilli a los medios el sábado. Bullrich lo contradijo el domingo a la noche: “Eso es mentira. Cuando se habló del presupuesto, yo estaba. Martín Menem se quedó tres minutos más que yo y tampoco sabía nada”, declaró la senadora de LLA e insistió: “Eso de que después lo hablaron, no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir algo que no fue así. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos“.

Bullrich y Santilli habían hablado el jueves, después de que la senadora hiciera sus declaraciones en Radio Rivadavia, en las que habló de la sorpresa que le generó conocer el Presupuesto y la falta de diálogo en la mesa. Luego de eso no habló con ningún otro miembro de ese cónclave, según dijeron a distintas fuentes.

Este domingo, Bullrich ironizó sobre la reunión de hoy de la mesa política: “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”.

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La agenda de Santilli

Este martes por la mañana, Santilli se reunió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en busca de conseguir apoyos para los planes legislativos del Gobierno. La semana pasada ya lo hizo con otros seis mandatarios provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Raúl Jalil, Gustavo Melella, Carlos Sadir y Osvaldo Jaldo.

Santilli se reunió con Frigerio en Casa Rosada Presidencia

Todo lo relativo a la agenda legislativa se espera que sea parte de la hoja de ruta de la reunión de hoy. Ayer, en el Gobierno juraban que no habría recelos con Bullrich. “Patricia es Patricia”, decían. Y agregaban: “Por estos días, esa definición está más vigente que nunca”.

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Conflicto universitario: la Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento

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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei. Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los alumnos.

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La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.

Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.

Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 disponen actualizar salarios docentes y no docentes y recomponer programas estudiantiles

La disputa tiene un recorrido judicial extenso. El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, y señaló que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.

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El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar. Aunque la resolución no tuvo efectos económicos inmediatos —dado que para esa fecha ya existía un acuerdo firmado—, representó un aval implícito a la vigencia de la ley.

Ese acuerdo había tomado forma el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $50.000.000.000. El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la medida cautelar original. Sin embargo, las universidades recordaron que el propio Estado había aclarado al firmar que el acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial. Desde el CIN calificaron el acuerdo como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo” y argumentaron que el convenio no cubría todos los requisitos que la norma establece.

ADUBA y APUBA convocaron un paro escalonado de 23 días, mientras la Marcha Federal Universitaria se realizará el 15 de octubre

Con ese telón de fondo, el Gobierno solicitó formalmente el levantamiento de la cautelar. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido. En su resolución, el magistrado concluyó que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos “en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, ni que exista “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado. El juez sostuvo que, ante la situación planteada por los actores, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora” y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio.

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El conflicto encontró un nuevo punto de quiebre el 17 de septiembre, cuando fracasó la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. La oferta fue idéntica a la presentada a comienzos de mes. Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica, que comenzó el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y se extenderá hasta el 22 de octubre.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, fue directo al caracterizar la situación: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”, declaró.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también tomó posición. Su secretario general, Daniel Ricci, afirmó: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.

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Como punto de confluencia del plan de acción, el 15 de octubre se realizará frente al Palacio de Tribunales la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, la segunda en lo que va del año.

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Con el apoyo de La Libertad Avanza, Jorge Macri activa un proceso para destituir a la jueza que evitó aplicar el régimen penal juvenil

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El ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará hoy ante el Consejo de la Magistratura porteño un pedido para activar el proceso de destitución de la jueza porteña Laura De Marinis, que declaró la inconstitucionalidad de un artículo del régimen penal juvenil. La Libertad Avanza (LLA) acompañará el intento de remover a la magistrada, mientras el Partido Justicialista (PJ) critica la denuncia y sostiene que el proceso no avanzará.

Tapia informó a que la presentación que realizará este martes llevará su firma y que cuenta con el respaldo del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien ayer anunció que pedirían “inmediatamente el juicio político”.

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“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre”, escribió en la red social X.

«Esta sentencia está manchada con sangre», señaló Jorge MacriX Jorge Macri

De Marinis declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y sobreseyó a un menor de esa edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo. No fue una declaración genérica de inconstitucionalidad de la nueva ley; la jueza sostuvo que, en el caso concreto de este joven, la reforma no podía ser aplicada.

Tapia subrayó esto mismo. “La ley sigue vigente”, advirtió.

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“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, había afirmado la jueza De Marinis en su resolución.

Desde anoche, LLA manifestó la necesidad de avanzar en el pedido de “juicio político” contra la jueza. “Instamos a todos los bloques a pedir el juicio político”, escribió Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura.

A nivel nacional, LLA impulsó la reforma del régimen penal juvenil. En el Congreso, Pro acompañó y el PJ se opuso.

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Pilar Ramírez, jefa del bloque LLA en la LegislaturaPilar Camacho

“Vamos a acompañar el pedido de juicio político que planteó el jefe de gobierno”, aseguró Solana Pelayo (LLA), titular de la comisión de Justicia de la Legislatura. Al menos de momento, los libertarios no presentarán una denuncia diferente a la del ministro de Justicia, confirmaron fuentes legislativas a .

Un diputado de la bancada dijo a que están “dispuestos a ayudar y avanzar” con el intento de remoción de la magistrada. Ahora están evaluando la parte “técnica” del asunto, dijeron.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios y una de las principales impulsoras de la baja de la edad de imputabilidad, también cuestionó la decisión de la magistrada: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

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En el PJ aún no se pronunciaron públicamente sobre la resolución de la jueza, pero fuera de micrófono cuestionaron las declaraciones de Jorge Macri y relativizaron la chance de que avance un proceso de destitución.

Jueza del fuero penal juvenil, contravencional y de faltas de la Ciudad Laura De Marinisprensa@jusbaires.gob.ar

Ante la consulta de , en el bloque del PJ dijeron que “hasta ahora es todo biri biri. Asimismo, defendieron el proceder de la jueza: “Actuó de acuerdo a sus convicciones del derecho y no a una postura política”. Y plantearon que “el contenido de una sentencia” no sería una “causal” suficiente para convocar a un jurado de enjuiciamiento.

El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires es virtualmente conducido por Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y pieza clave del PJ porteño.

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Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires (PJ) en la Legislatura porteñaX (Claudia Neira)

Entretanto, la legisladora porteña Viviana Biasi (FIT/PO) cuestionó a Jorge Macri y a Pilar Ramírez por “el intento de perseguir a la jueza De Marinis con un juicio político”. Y completó: “Estos millonarios en el poder no dudan en tomar de rehén a un adolescente vulnerable de 14 años para armar sus campañas políticas reaccionarias que buscan tapar sus estruendosos fracasos en el gobierno”.

En función de antecedentes similares, una fuente del Consejo de la Magistratura porteño sugirió a que la avanzada contra De Marinis podría quedar congelada. “Tiene que tener una muy buena fundamentación [el pedido de un jury]. El 95% de las veces no pasa la comisión”.

Del proceso de remoción de un juez de primera instancia participan tanto el Consejo de la Magistratura local, que recibe la denuncia y decide si avanza con ella, como un jurado de enjuiciamiento de nueve integrantes (tres legisladores, tres abogados y tres jueces –siendo uno de ellos del Tribunal Superior–), de acuerdo a los artículos 116 y 121 de la Constitución porteña.

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Mientras el mundillo político avanza por la vía del pedido de un jury, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló el fallo de De Marinis y pidió su apartamiento. La presentación fue hecha por Mauro Tereszko, fiscal coordinador, y Paula Raffa Pirra, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. “Hallamos una debilidad enorme en varios de los fundamentos de la jueza”, sostuvo Eduardo Riggi, a cargo de la Fiscalía General Adjunta en lo Penal y Contravencional porteña, en una entrevista con Radio Mitre.




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