La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron este martes una reunión privada en la Cámara Alta para reducir la tensión luego del fuerte cruce que se hizo público por la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno.

Según pudo saber TN, el encuentro se pactó en medio del receso invernal en el Congreso para acordar una suerte de tregua y ordenar las próximas sesiones que quiere impulsar el oficialismo para avanzar con sus reformas.

El puente de diálogo, que no estuvo exento de reproches, se produjo luego de la filtración de una dura discusión privada entre ambas a la prensa. El intercambio incluía marcadas diferencias alrededor del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y uno de sus ejes centrales: los cambios a la Ley de Tierras que habilitarían la compra de terrenos por parte de extranjeros.

En ese contexto, según pudo reconstruir este medio, Villarruel le recriminó a Bullrich haber hecho públicos sus chats de WhatsApp. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, había cuestionado la vice en sus redes la semana pasada.

Por su parte, Bullrich aclaró en el encuentro que ella no filtró su conversación a la prensa, sino que lo había compartido en el grupo de senadores de La Libertad Avanza para ponerlos al tanto de cuál era la postura de la titular del Senado en caso de que tuviera que desempatar la votación.

A su vez, para dejar atrás el episodio y comenzar a trabajar hacia delante, la exministra de Seguridad le transmitió a Villarruel cuáles son los nuevos proyectos que busca llevar el Gobierno al Senado. En ese sentido, fuentes al tanto del encuentro señalaron que la reunión buscó desescalar tensiones y evitar un conflicto abierto.

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Aún así, en la Cámara Alta coinciden en que la relación entre Villarruel y Bullrich nunca será amistosa. Para validar esa premisa, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado había lanzado la semana pasada un duro mensaje dirigido a la vice: “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”.

Patricia Bullrich, Victoria Villarruel, ley de tierras

Un vez terminado el Mundial, la política vuelve a su programación habitual y en el caso del PRO, la misión es reactivar la agenda legislativa para la segunda mitad del año. Uno de los principales proyectos pendientes es la reforma del Código Penal, inciativa que el partido fundado por Mauricio Macri impulsa desde hace tiempo.

Este martes, el jefe de bloque de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, puso el foco en la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, donde pidió penas más graves para los asesinatos de polícias. “El que mata a un policía tiene que tener cadena perpetua”, aseguró en su cuenta de X.

“Entendemos que este es uno de los temas pendientes que quedaron del Consejo de Mayo. Si bien la seguridad no formó parte del Pacto de Mayo, la reforma del Código Penal era una discusión que debía retomarse una vez aprobado el grueso de los acuerdos”, indicaron desde el bloque del PRO a TN.

“Desde el PRO estamos recogiendo esa agenda e impulsándola con fuerza. La Justicia necesita más y mejores herramientas para combatir el delito, condenar a quienes corresponda y garantizar que los delincuentes cumplan penas efectivas”, remarcaron.

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Entre los principales cambios que introduce el proyecto, se incorporan figuras específicas contra los motochorros, “que es el delito que más impacta en los barrios”. Además se elevan las penas de cumplimiento efectivo: “Hoy, si la pena es baja, el delincuente entra y sale; con este Código, el 82% de los delitos tendrán prisión efectiva”.

También se avanza contra los bloqueos sindicales a empresas. “En un país normal bloquear una fábrica no es un derecho gremial, es un delito penal”, sostienen en el bloque que lidera Ritondo. “El que quiere trabajar tiene que poder entrar a trabajar”, destacan.

El proyecto venía de la mano del proyecto de Martín Yeza de inviolabilidad de la propiedad privada que es basicamente el que tomó el Gobierno. Allí se introduce el concepoto de los “desalojos express”.

“Agilizamos los tiempos de la justicia para que, ante una usurpación o intrusión, la restitución del inmueble sea inmediata”, explicaron. “El que toma una propiedad tiene que saber que va a ser desalojado ya”, subrayaron.

“Son puntos clave que van a fortalecer el orden y nos van a permitir cuidar mucho mejor a los argentinos y a sus bienes, que es para lo que nos votaron”, finalizaron en el PRO.

La agenda que impulsa el PRO en el Congreso

En paralelo a las negociaciones por otros proyectos, el PRO busca instalar una agenda propia en el Congreso con iniciativas vinculadas a seguridad, justicia, producción y modernización del Estado. En la Cámara de Diputados, el bloque impulsa una reforma del financiamiento de los partidos políticos, proyectos para promover el uso productivo de las tierras ociosas ubicadas sobre las rutas nacionales y un endurecimiento de las penas por vandalismo rural.

Los diputados macristas también promueven iniciativas para fortalecer las herramientas de prevención y persecución del grooming, instalar inhibidores de señal de telefonía celular e internet en las cárceles y avanzar con un programa de prevención del suicidio adolescente.

En el Senado, en tanto, el PRO pretende que se avance con una agenda que incluye la actualización de la Ley de Salud Mental, proyectos para reforzar la protección de la propiedad privada, el agravamiento de las penas por falsas denuncias y el tratamiento del régimen de Zona Fría, que establece beneficios tarifarios para usuarios de gas en regiones de bajas temperaturas.

A esa agenda legislativa, el partido que conduce Mauricio Macri suma otros ejes que considera prioritarios para el segundo semestre: una nueva reforma electoral, medidas para profundizar la desregulación del Estado, el tratamiento de acuerdos judiciales pendientes y el fortalecimiento de la legislación destinada a combatir la criminalidad ambiental.

PRO, Reforma del Código Penal, Congreso

En medio de la disputa que enfrenta a los financistas Elías Piccirillo y Francisco Hauque, la defensa del principal imputado le hizo un pedido a la Justicia: que el juez habilite la feria judicial de invierno para resolver de inmediato sobre dos cuestiones patrimoniales que llevan meses sin respuesta.

Piccirillo solicitó que el juez dé la autorización para alquilar un departamento ubicado en el Complejo Residencial Yacht Nordelta con el objetivo de generar ingresos mientras cumple su prisión domiciliaria en Banfield.

El escrito, al que tuvo acceso TN, recordó que estas peticiones ya fueron formuladas el 30 de junio junto con la solicitud del cese de la prisión preventiva. Ahora, con el inicio de la feria, la defensa reclamó que no se postergue hasta agosto la decisión sobre estos pedidos.

Los abogados del exmarido de Jésica Cirio remarcaron que el alquiler del departamento de Nordelta tiene carácter alimentario, ya que “está destinado a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”, lo que compromete además el interés superior del niño.

Además, la falta de empadronamiento del locatario ya generó problemas reales: “el nombrado ha recibido ya dos intimaciones formales de su inquilino y del letrado de éste, quienes han anunciado que se presentarían en esta causa y han formulado reserva de accionar patrimonialmente en su contra”.

En cuanto a los embargos, la defensa de Piccirillo aseguró que son desproporcionados. Concretamente, sobre el financista pesan un embargo de $900.000.000, el embargo sobre tres inmuebles de Nordelta, una inhibición general de bienes y una caución real de $100.000.000.

“El embargo recae sobre el valor del inmueble y lo sigue aunque se lo alquile; la inhibición general afecta la facultad de disponer o gravar, no la de administrar y percibir frutos”, reiteró la defensa.

En esa línea, los abogados pidieron reducir el embargo a $200.000.000, sustituirlo por un depósito judicial ya ofrecido, levantar las anotaciones sobre los inmuebles, devolver la caución y levantar la inhibición general por resultar subsidiaria y no corresponder cuando existen bienes suficientes.

“Por motivos que desconocemos, V.S. está demorando meses en resolver cuestiones que son ajenas al objeto de la pesquisa y que en nada modifican su situación procesal, dejando a Piccirillo en un estado de indefensión que justamente el tribunal debería conjurar”, se lee en el escrito.

La fiscalía se opone a su libertad condicional

Semanas atrás, el fiscal federal Franco Picardi se opuso al pedido de Piccirillo para que cese la prisión domiciliaria. Ahora será el juez Ariel Lijo, a cargo del expediente, quien deberá resolver si mantiene o modifica la situación procesal del empresario.

La postura del representante del Ministerio Público Fiscal llega después de que la defensa de Piccirillo presentara un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 en el que solicitó el cese de la prisión preventiva, la inmediata libertad del imputado y una reducción de las medidas patrimoniales dispuestas en la causa.

Como alternativa para el caso de que no prosperara el pedido de libertad, la defensa requirió modificar el domicilio donde Piccirillo cumple el arresto. Actualmente permanece detenido en un departamento de Banfield con vigilancia electrónica, pero sus abogados pidieron autorización para que continúe la medida en la vivienda de su nueva pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en el barrio de Núñez. También solicitaron que esa dirección permanezca bajo reserva.

En otra presentación incorporada al expediente, Piccirillo denunció supuestas filtraciones de información de la causa y un “sostenido hostigamiento mediático”. Según el escrito, las decisiones judiciales y las diligencias de investigación se publican con frecuencia antes de que su defensa sea notificada.

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La defensa afirmó además que Piccirillo cumple una “condena anticipada” y en la construcción de un “juicio paralelo”.

Piccirillo permanece bajo prisión domiciliaria en la causa que investiga el supuesto operativo realizado en el Palacio Duhau, en el que, según la acusación, policías habrían detenido a Hauque y a su esposa Anahí Aquino tras un procedimiento en el que se les habría plantado un arma y dos kilos de cocaína. De acuerdo con la investigación, el episodio habría estado vinculado a un conflicto por una presunta deuda de seis millones de dólares.

Elías Piccirillo, nordelta, Justicia