POLITICA
Tras las críticas contra la Argentina, el Gobierno busca arancelar la salud y la educación para extranjeros sin residencia

Después de la polémica tras la final del Mundial y de las crítcas contra los argentinos, volvieron a tomar fuerza en el oficialismo proyectos que involucran a extranjeros sin residencia.
En ese contexto, La Libertad Avanza retomó la discusión migratoria que había impulsado en 2025 y presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para que los extranjeros sin residencia permanente deban pagar la atención en los hospitales públicos y la educación en las universidades de la Provincia.
“¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires“, manifestó este martes el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, y agregó: “El pagador de impuestos argentino no tiene por qué soportarle la salud y la educación a extranjeros que nos odian”.
Un proyecto similar ya había sido presentado en marzo por la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, para establecer contraprestaciones para no residentes en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
La postura de la Casa Rosada ante una posible reforma migratoria
Si bien ambas iniciativas cuentan con el aval del oficialismo, en Casa Rosada no se enviará -de momento- una medida equivalente en el plano nacional. Sin embargo, la posibilidad no se descarta a futuro.
“Puede ser que se impulse. En el fondo tenés que cambiar la Ley migratoria. Difícilmente eso tenga los votos, pero imagino que el gobierno podría intentarlo”, aseguró a TN una fuente gubernamental.
Según pudo saber este medio, el asesor presidencial Santiago Caputo, se mostró interesado y avanzó con posibles acercamientos a la propuesta. “Sería esperable que algún diputado nacional de La Libertad Avanza presente un proyecto en esa línea”, especularon en Balcarce 50. Por otro lado, desde otro sector del Gobierno ratificaron que aún no se tomó una decisión al respecto, pero que consideran que se trata de una discusión que debe dirimirse en cada distrito.
En mayo del año pasado, la administración de Milei ya había avanzado con una reforma migratoria vía el decreto 366/2025, donde entre otros puntos habilitó a las universidades nacionales a cobrar a estudiantes extranjeros sin residencia permanente y estableció la exigencia de un seguro de salud o el pago del servicio para garantizar la atención.
Sin embargo, en el Ministerio de Capital Humano aclararon a este medio que, pese a estar habilitados, hasta ahora ningún rector decidió avanzar con el cobro a sus alumnos no residentes. En ese sentido, insisten que por la autonomía de las casas de estudio no pueden hacer nada más al respecto, salvo que se avance con un proyecto de Ley.
Por su parte, en el Ministerio de Salud brindaron una respuesta similar y aclararon que es requisito modificar la Ley de Migraciones vigente para que los hospitales nacionales puedan cobrar su atención. “Diferente es en las provincias, porque la salud es jurisdiccional. Por eso muchas ya le están cobrando”, explicaron.
En ese debate, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, había señalado meses atrás que en 2026 del total de más de 70 mil ingresantes a la universidad solo el 2,5% eran extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria, cifra que trepaba al 6,1% en la Facultad de Medicina. Un argumento similar presentó dos años atrás el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuando sostuvo que solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones correspondían a extranjeros en la provincia de Buenos Aires.
Qué dicen los proyectos que presentó LLA en CABA y PBA
Por un lado, el proyecto bonaerense presentado por Agustín Romo propone crear un régimen de arancelamiento para extranjeros sin residencia permanente que abarca dos frentes: las prestaciones de salud en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal.
El texto establece que estas personas deberán solventar el costo de la atención sanitaria por sí mismas, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. En el caso de las universidades, deberán fijar retribuciones por los estudios de grado que cursen, dejando en manos de cada institución la definición de montos y modalidades de pago.
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Sin embargo, la iniciativa garantiza que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada en casos de urgencia o emergencia con riesgo de vida. El cobro, en esos casos, se tramita después de estabilizar al paciente. También prevé excepciones puntuales —como víctimas de trata o acciones de prevención y control de enfermedades por razones de salud pública— y establece un orden de cobro que prioriza a aseguradoras, obras sociales, terceros obligados o Estados extranjeros con convenios, y solo en ausencia de estos recae sobre el paciente. Los fondos recaudados se destinan a un Fondo Provincial de Salud administrado por el S.A.M.O.
El proyecto porteño, en cambio, tiene un alcance más acotado: modifica cuatro artículos de la Ley N.º 153 (Ley Básica de Salud de la Ciudad) y se limita al sistema de salud, sin tocar el ámbito universitario. En vez de crear un arancel directo, introduce un mecanismo de “recupero” de los gastos que genera la atención habitual o programada a extranjeros sin residencia permanente, exigiendo la presentación de un seguro de salud o la aplicación de un sistema de compensación económica instrumentado por la propia Ciudad. Al igual que en PBA, la atención de urgencias y emergencias queda garantizada de manera plena y no puede condicionarse al pago.
La Libertad Avanza, Extranjeros, aranceles
POLITICA
Jorge Berredo, general retirado de las FFAA, asumió como Secretario de Seguridad en San Isidro

El general retirado Jorge Berredo fue anunciado este miércoles como secretario de Seguridad del municipio de San Isidro. La designación fue dispuesta por el intendente Ramón Lanús y representa la incorporación de un militar con más de cuatro décadas de carrera en las Fuerzas Armadas a la conducción de la política de seguridad local.
De acuerdo a la información que destacó el municipio, Berredo acumula experiencia en el mando de organizaciones complejas, la gestión de crisis y la articulación entre organismos, tanto en funciones desarrolladas dentro del país como en el exterior. Entre sus antecedentes figura el cargo de Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas (FFAA), posición desde la cual supervisó la vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos de jurisdicción nacional, además de coordinar operaciones de asistencia humanitaria en las 14 zonas en que se divide el territorio argentino.
Su trayectoria incluye también la conducción de la brigada aerotransportada del Ejército —parte de la primera respuesta militar— y un rol de segundo a cargo de una reserva estratégica durante la cumbre del G-20, con planes de actuación ante la eventualidad de un atentado terrorista. En sus años de formación, integró y lideró organizaciones de comandos y paracaidistas.
La Cámara Nacional Electoral le otorgó reconocimiento por los resultados obtenidos en la custodia y seguridad del acto electoral de 2023, mientras que el Ministerio del Interior lo ponderó por la optimización presupuestaria en ese proceso. Otro de los episodios que marcaron su carrera fue la evacuación de 900 ciudadanos argentinos desde Israel en el contexto del conflicto bélico, en el marco de la denominada Operación “Regreso Seguro”.

La salida de Berredo de las FFAA no estuvo exenta de polémicas. En noviembre de 2024, el entonces Comandante Operacional presentó ante el jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Isaac, una denuncia en la que aseguró haber recibido presiones para renunciar a su cargo. El militar afirmó que el subjefe del Ejército, Carlos Carugno, le habría hecho llegar a través de un intermediario la advertencia de que, si no dejaba el puesto, se tomaría una medida en perjuicio de su pareja, también integrante de la fuerza.
La investigación interna que siguió a esa presentación concluyó el 2 de septiembre de 2024 sin determinar faltas graves por parte de los acusados. El entonces jefe del Ejército Carlos Alberto Presti, hoy ministro de Defensa, dispuso el archivo de las actuaciones al no detectar “conductas con entidad suficiente para ser susceptibles de reproche disciplinario”. Pese a ese resultado, Berredo ya había sido apartado por la vicepresidenta Victoria Villarruel del listado de militares enviado al Senado para la aprobación de ascensos.

En San Isidro, Berredo tomará el relevo de una cartera que durante los últimos ocho meses estuvo a cargo del secretario de Gobierno comunal, José Sánchez Sorondo, en conjunto con el subsecretario Fernando Ruíz, quien continuará en su puesto. Según la gacetilla municipal, bajo esa gestión todos los delitos graves bajaron más de un 20%, se crearon las Brigadas de la Patrulla Municipal y se implementó una nueva estrategia de seguridad en el barrio La Cava, en Beccar, orientada a desarticular bandas criminales y recuperar el control territorial.
Desde abril, por primera vez, las Brigadas ingresaron a patrullar ese barrio de manera cotidiana junto con la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, desplegada de forma permanente en el partido. A ese esquema se sumó la Gendarmería Nacional, que modificó su modalidad de trabajo y pasó de puestos fijos a un patrullaje dinámico.
El municipio también amplió el despliegue territorial hasta alcanzar las 130 patrullas, 39 motocicletas y recorridos preventivos a pie. El sistema de videovigilancia cuenta hoy con 2.910 cámaras —equivalentes a nueve por cada mil habitantes— y el cierre del Anillo Digital incorporó 200 lectoras de patentes en los accesos y puntos estratégicos del distrito. San Isidro es, según la gacetilla, uno de los pocos municipios que cruza en tiempo real la información sobre ciudadanos y vehículos con bases de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Otro componente del esquema preventivo es el programa Ojos en Alerta, activo desde hace dos años, que permite a los vecinos reportar situaciones sospechosas mediante WhatsApp y establece contacto directo con el Centro de Operaciones Municipal, próximo a ser inaugurado tras su ampliación y modernización.
“La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos”, afirmó la intendencia de Lanús en el comunicado oficial.
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POLITICA
Elecciones 2023: el ausentismo creció más de 5 puntos respecto de 2019 y preocupa al oficialismo

En los 17 comicios celebrados hasta el momento se registra una creciente suba en la abstención, que supera los 4.800.000 de votantes; “busquen a los que se desilusionaron”, exhortó Massa
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Ya son 17 las elecciones provinciales celebradas hasta el momento y una tendencia que se consolida domingo a domingo es la notable baja en la participación electoral. A excepción de Tucumán, que mantuvo su participación en torno del 84%, todas las provincias han visto disminuir sus números respecto del 2019, un año en el que ya había sido floja la asistencia a las urnas.
Hace dos días, en una recorrida por el conurbano, el precandidato a la presidencia de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, no ajeno a este fenómeno, instó a buscar el voto de los “desilusionados”. El miércoles, después del encuentro con la cúpula de la CGT, refrendó el mensaje: “Sabemos que hay decepcionados”.
Según datos relevados por , el ausentismo ha crecido más de 5 puntos en comparación al 2019: pasó de 25,95% a 31,36% en el universo de las provincias que ya fueron a las urnas (es decir, tomando como referencia la última elección comparable).
“¿Quién se perjudica? Es el gran interrogante de la elección”, señala Facundo Nejamkis de la consultora Opina Argentina en referencia al ausentismo electoral. El consultor señala que tanto el actual oficialismo como Juntos por el Cambio, en distintos momentos, se vieron beneficiados por un crecimiento en la participación electoral.
En las generales de 2019, cuando la participación electoral aumentó más de 4 puntos con respecto a las PASO del mismo año, el candidato Mauricio Macri acortó a 8 la distancia con Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos. Del mismo modo, en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos se vio favorecido cuando la participación aumentó más de 5 puntos entre las PASO y las generales de 2021: logró reducir la diferencia a la mínima (39,81% a 38,53).
“Es de difícil detección. Las elecciones presidenciales tienen un porcentaje más alto que las legislativas, aunque [lo que vimos] podría ser un anticipo”, sostiene Nejamkis ante la consulta sobre un posible sostenimiento de la abstención electoral. Salvo en Mendoza, Chaco y Santa Fe, donde hasta ahora solo ocurrieron las primarias, en 13 provincias las elecciones celebradas este año definieron el futuro gobernador (y en Corrientes se votó para renovar la Legislatura).
Alternancia y descontento
Según los encuestadores, la merma en la cantidad de ciudadanos que se acercan a las urnas es un indicador de un extendido malestar. “Es un síntoma del descontento. Hay falta de representación y de conexión entre los candidatos y la gente. El electorado se siente alejado de una clase política que toma decisiones de manera corporativa”, sostiene Cristian Buttie, de CB Consultores.
“La combinación entre las malas gestiones -en referencia a la de Juntos por el Cambio (2015-2019) y la actual del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria-, la crisis económica y el estrés pospandemia, no hace más que enojar a un segmento del electorado y generar apatía, reforzando la idea de que votar no sirve para nada”, agrega Guido Moscoso de la consultora Opinaia.
El jueves, en un mensaje que se debatía entre el mea culpa y la seducción, Massa exhortó a los suyos: “Vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron, díganles que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas y que tenemos la valentía de encarar lo que viene porque es con la unión de los argentinos”. Fue en Merlo, en un acto compartido con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
“Hay segmentos del peronismo que no votan otra cosa que no sea peronismo. No votan en contra, pero no van a votar”, explica Nejamkis. “Este votante puede ser movilizado por razones de temor. Un votante peronista puede ser eventualmente movilizado si Patricia Bullrich se impone en las primarias de Juntos. Eso no significa, claro, que le alcance a Massa para ganarle”, plantea.
Esta creciente apatía electoral se agrava si a la baja señalada, que en términos porcentuales implica una suba en la abstención de más del 20%, se le suma la cantidad de electores que optaron por votar en blanco o al que se le anuló el voto. El 31,36% señalado se acerca a los 37 puntos cuando se añade el voto de personas que sí fueron a las urnas, pero no manifestaron preferencia por alguna de las opciones en el menú electoral.
La provincia de Tierra del Fuego, donde el gobernador Gustavo Melella logró la relección con el 65,37%, fue el caso más visible de este fenómeno: el número de votos en blanco casi duplicó los votos obtenidos por Pro, la fuerza que resultó “segunda” en el distrito. Si los votos se midieran sobre la base de los emitidos, y tanto los votos en blanco como los nulos fueran computados, el porcentaje obtenido por Melella bajaría al 50%, pero si también se incluyera la variable del ausentismo y los votos se midieran sobre la totalidad del padrón electoral, el 65% obtenido por Melella se vería reducido a poco más del 35%.
Algo similar ocurre en la Santa Fe, cuyo caudal electoral es casi 20 veces mayor que el de la provincia patagónica. Si se aplicara la misma lógica y el porcentaje de los votos obtenidos por Juntos por el Cambio se contabilizaran contra la totalidad de los santafecinos habilitados para votar -y no contra los “votos afirmativos”-, el 63% alcanzado por Unidos para Cambiar Santa Fe -con los aportes del ganador Maximiliano Pullaro más las derrotadas Carolina Losada y Mónica Fein– se vería reducido al 33%. En la vereda de enfrente, y siempre bajo esta luz hipotética, el 27% obtenido por el peronismo –resultado de la sumatoria entre sus cuatro candidatos en el territorio- pasaría a un módico 15%. En la provincia, la participación electoral superó por menos de un décimo el 63%.
Entre las provincias con menor presencia ciudadana en las urnas se encuentran Córdoba (68,2%), Corrientes (66,03%), Rio Negro (68,15%), Salta (69,55%), Chaco (62,93%) y Mendoza (66,35%). Pese a que tanto en Chaco como en Mendoza las elecciones fueron primarias y que en Corrientes fueron legislativas, el promedio general de participación en los 17 comicios provinciales tampoco sobrepasa la barrera del 70%, un piso siempre superado a nivel nacional desde el regreso a la democracia. La única excepción fueron las PASO legislativas celebradas en septiembre de 2021, en las que se registró una participación del 67,78%.
“Los índices de participación están en los mínimos. Va a ser una elección histórica, que sigue la tendencia de 2021″, señala Buttie, que trae otra perspectiva para comprender la desafección electoral.
“Antes había una sanción económica. Se ha instalado la idea de que ya no es así. Y si hay, es simbólica. Todo eso empuja a que la gente no vote. Estamos más cerca de un voto optativo, como en el caso de Chile, que obligatorio, al menos en lo material. Si no te sentís representado, no votás”, completa.
A contramano de las preocupaciones del ministro de Economía, Buttie sostiene que, en ocasiones, la falta de sanción económica es promovida por los gobiernos oficialistas con lógica electoral. “Hay intencionalidad política, mientras mayor participación hay, más complica al oficialismo”, desliza, y señala el caso de Córdoba -el próximo domingo define quién tomará las riendas de la capital- donde no habrá ninguna sanción económica para quienes no asistan a votar.
Factor Milei
Con todo, en la presunta sintonía que existe entre un electorado desinteresado y la prédica del referente de Libertad Avanza, Javier Milei, puede radicar un factor que altere la tendencia observada.
Pese al magro desempeño de sus candidatos en las provincias, Moscoso repara en que la presencia de su figura en las PASO nacionales -sumado al atractivo intrínseco de una elección presidencial- podría empujar a los electores desencantados hacia las urnas, poniéndole un freno a la merma en la participación.
“Al proponer un discurso antipolítica, muy crítico de las instituciones más tradicionales, es probable que logre incentivar la participación electoral. Es esperable que de las PASO a la segunda vuelta, la participación electoral vaya en aumento”, sostiene el consultor.
“Es una forma de institucionalizar el ‘voto bronca’. Ahora se expresa en un canal político”, acota Nejamkis, que prefiere poner el foco en la “ineficaz” alternancia política.
“Es un fenómeno que tiene que ver con la improductividad política. Cuanto menos eficaz se vuelve en la resolución de los problemas, el electorado más se aleja. En los últimos 12 años pasaron tres presidentes y ninguno logró resolver los problemas. Eso genera una acumulación de desengaño. Ese alejamiento lo podés expresar con un enojo, y votar a alguien que tire del mantel y se caiga todo, Milei, por ejemplo, o decir ‘no voy a votar’”, explica.
El número total de electores que han optado por no acercarse a las urnas a emitir su voto, sin contar Chaco que no se pudo comparar con 2019, es de 4.843.782. Pero, contemplando los números de esa provincia, la cifra asciende a más de 5.200.000, lo que representa más del 31% del padrón electoral de las provincias que ya tuvieron elecciones, una cifra similar a la suma de los padrones electorales de las provincias de Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, Salta y San Luis. Si, de nuevo, a ese número se le añade el voto en blanco o el nulo, serían 6.138.830 las personas a las que, hasta ahora, ningún nombre propio logró seducirlas.
Federico González del Solar,LA NACION,Política
POLITICA
Tras la marcha al Congreso con los jubilados: ¿cómo sigue la agenda de protesta de la CGT?

La concentración de este miércoles frente al Congreso de la CGT junto a las dos CTA y los movimientos sociales fue apenas el primer paso de un cronograma de manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei que se están coordinando desde hace semanas.
El próximo hito compartido por las tres centrales ya tiene fecha confirmada: el 7 de agosto, Día de San Cayetano, cuando la CGT y ambas CTA participarán de forma orgánica —no solo con adhesión testimonial, como en ediciones anteriores— de la tradicional peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.
La marcha partirá desde el santuario de San Cayetano, en Liniers, y llegará hasta Plaza de Mayo, el mismo recorrido que se repite desde 2016, cuando organizaciones de la economía popular peregrinaron en reclamo a la gestión de Mauricio Macri. Este año se cumplen diez años de aquella primera edición masiva.
“Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno”, alertó este miércoles desde la manifestación frente al Congreso Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. “Vamos a impulsar una gran jornada de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, adelantó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.
La CGT eligió enviar por redes sociales el mensaje “hoy salimos a las calles”. Este martes el cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo remarcó las diferencias con la gestión libertaria: “No acompañamos ninguna ley que presenta el gobierno”.
Otras manifestaciones en agenda
Antes de San Cayetano, el 3 de agosto, la CTA y los movimientos sociales convocan a una marcha universitaria, en un contexto en el que los gremios docentes evalúan un paro para el regreso a clases. “Logramos reconstituir la unidad de las tres centrales y definir un plan de acción”, ratificó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, quien además precisó que su central marchará al Ministerio de Economía el 22 de agosto para reclamar por el endeudamiento familiar.
Esa fecha y la del 2 de septiembre, por ahora, figuran en un comunicado de la CTA-T junto a los movimientos sociales; no hay confirmación de que la CGT o la UTEP vayan a sumarse a esas dos convocatorias puntuales.
Según confirmó la CTA de los Trabajadores tras una reunión con movimientos territoriales, su plan de lucha también incluye el rechazo a la Ley de Extranjerización de Tierras y a la privatización de AySA, dos reclamos que se suman a la agenda previsional y de programas sociales que motivó la marcha de los jubilados.
Leer más: La CGT y organizaciones sociales se manifestaron frente al Congreso en apoyo a los jubilados: hubo incidentes en Avellaneda
El calendario de agosto se completa con los reclamos centrales de la convocatoria de San Cayetano, que sí reúne a las tres centrales: el Salario Social Complementario, el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo —que dejará sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios a partir de agosto, tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín— y la paralización de obras de integración sociourbana en barrios populares.
Ya en septiembre, Yasky anunció una movilización de pequeñas y medianas empresas para el 2 de ese mes, en rechazo a lo que la CTA-T describe como “la destrucción del entramado productivo”. Ese acto es la antesala del horizonte de todo el cronograma: octubre, cuando movimientos sociales y centrales sindicales esperan confluir en una Marcha Federal acompañada de un paro general que, por ahora, está en debate en el interior de la CGT.
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