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POLITICA

Misiones: dos senadores clave para el Gobierno quedaron en medio de la interna entre Passalacqua y Rovira

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La disputa entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el caudillo Carlos Rovira, quien representó el poder real en la provincia durante las últimas dos décadas, tendrá un round en el Congreso de la Nación. Será durante la votación del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado.

Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut están frente a dos planteos irreconciliables. O acompañan al mandatario, que se opone, o se mantienen en línea con el “hombre fuerte”, quien tiene un acuerdo con la Casa Rosada.

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Según la última versión que se maneja en Posadas, cuando el proyecto sea tratado en la sesión del 6 de agosto, la voluntad de los senadores misioneros se manifestará en una diagonal.

Como gesto hacia los acuerdos de Rovira con Balcarce 50, bajarían al recinto y votarían a favor en general. Pero cuando se debata en particular, se expresarían en contra del capítulo 3, como guiño a Passalacqua.

El apartado en cuestión se refiere a la venta de tierras a extranjeros. Uno de los hombres de confianza del gobernador misionero, Carlos Sartori, dijo al medio local El Territorio que el capítulo representa un riesgo para la provincia. El 90% de los límites de Misiones es frontera con Brasil y Paraguay. En Posadas hay temor por la pérdida de reservas de biodiversidad y recursos hídricos estratégicos.

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Los senadores misioneros ocultarán su decisión hasta último momento (Foto: Prensa Senado)

Arce y Rojas Decut jugarán a la escondida hasta el último minuto. Por un lado, saben que el “poroteo” está muy ajustado. Y eso preocupa al gobierno nacional, que se juega una ficha clave con la iniciativa. Pero, por otro, son conscientes de que su supervivencia política en Misiones, habida cuenta del giro gravitacional que se registró en el oficialismo, está en riesgo si no acompañan la voluntad del gobernador.

El escenario

Passalacqua pidió a los senadores nacionales de su provincia que no voten la ley que impulsa la Casa Rosada. Fue durante una reunión que mantuvo con ambos legisladores en el Instituto de Biodiversidad a mitad de semana. El título del encuentro era elocuente: “Extranjerización de tierras. Reforma a la ley 26.737”.

Hasta hace unos meses, los tres compartían el mismo espacio político: el Frente Renovador de la Concordia (FRC). Pero Rovira decidió romper para frenar las intenciones reeleccionistas de Passalacqua. Así que ahora los senadores, que son roviristas, quedaron en Encuentro Misionero (EM). Y el mandatario formó el Movimiento por lo que viene.

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Rovira tiene desde siempre un pacto con el Ejecutivo nacional. El acuerdo es independiente de qué fuerza ocupe el sillón de Rivadavia. Sus legisladores nacionales han acompañado todos los proyectos que venían de Balcarce 50 en las últimas dos décadas.

Pero la ecuación de poder en Misiones cambió. El veterano caudillo está de salida. Ya adelantó que no será candidato en 2027. Y todos los días dirigentes y referentes del rovirismo buscan el sol que brilla en la vereda del gobernador.

Hugo Passalacqua ya tiene sello propio en Misiones y formalizó su ruptura con Carlos Rovira

De allí que, a esta altura, la fidelidad de Arce y Decut, que llegaron a sus bancas por el dedo del caudillo, haya entrado en la separación de bienes del divorcio Rovira-Passalacqua.

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Un documento premonitorio

Viviana Rovira es prima de Carlos y esposa del gobernador. Con su pariente no se habla desde hace un tiempo. Hoy por hoy, ocupa la titularidad del Instituto de Biodiversidad y lidera la Red de Mujeres que trabaja por la reelección de su marido.

El grupo emitió hace una semana un documento. En el escrito, pidió a los tres senadores misioneros, incluyendo a Martín Goerling (PRO), que voten en contra del proyecto. El representante del macrismo, que suele estar en línea con La Libertad Avanza, fue contundente. Adelantó que acompañará la norma y que el gobierno misionero “tergiversa” el texto del proyecto en discusión.

El reclamo de la Red fue a todo o nada. “No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal”, indica el texto.

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“Instamos al pueblo de la provincia de Misiones a llevar adelante todas las acciones que estén a su alcance —institucionales, comunitarias y ciudadanas— en defensa de la intangibilidad del patrimonio territorial de la provincia. La tierra no se defiende sola. La defiende un pueblo que sabe lo que le pertenece”, añade.

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“Hablar de un acuerdo electoral está lejos”: la definición del PRO tras la cuarta reunión con LLA en la Casa Rosada

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La Libertad Avanza y el PRO tuvieron este jueves un nuevo encuentro en Casa Rosada para reanudar las conversaciones legislativas. Los enviados de Mauricio Macri ratificaron su intención de acompañar el Presupuesto 2027, con matices, y no hubo menciones sobre el plano electoral. Sí se abordó el escenario económico, luego de que este jueves el Indec diera cuenta de una suba de la pobreza.

Como en las últimas reuniones quincenales, volvieron a acudir a las 15 a Balcarce 50 el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador y secretario general de este partido a nivel nacional, Fernando de Andreis. Allí, los esperaban el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador del partido Eduardo “Lule” Menem. Con aviso previo, estuvo ausente el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

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El encuentro se extendió por más de dos horas, entre las 15 y las 17.15, en un clima atravesado por la sesión que transcurría en paralelo en el Senado, donde el oficialismo buscaba tratar la reforma de la carta orgánica del Banco Central —que finalmente aprobó con cambios— y el nuevo régimen de Zonas Frías.

“Ellos estaban muy atentos a lo que estaba pasando en el Senado, si había cambios o no en la ley del Banco Central”, admitió Ritondo a TN tras el encuentro, que si no hubiera sido por eso no hubiera superado la hora de duración. En ese contexto, los representantes de La Libertad Avanza se abocaron por completo a la discusión parlamentaria, sin abordar las complejas negociaciones electorales de cara a 2027 que continúan sin mayores definiciones pese a las intenciones del PRO de acordar en la mayoría de los distritos.

Sin Martín Menem, la mesa política del PRO y La Libertad Avanza se volvió a reunir en la Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

“La elección está lejos, con lo cual hablar de acuerdo electoral también está lejos”, sintetizó el jefe de la bancada amarilla en Diputados. La idea fue luego repetida por De Andreis: “Siempre dijimos que eso era una conversación posterior. Nosotros vamos a seguir garantizando, como lo hicimos desde el primer día, blindar el cambio en la Argentina como suele decir Mauricio Macri, pero hoy no estamos hablando de los acuerdos electorales”.

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A diferencia de los últimos encuentros, el Gobierno no difundió ni una foto ni un comunicado al finalizar la reunión. “No había una novedad puntual que ameritara una nueva comunicación”, sintetizó una fuente del Ejecutivo.

El apoyo al Presupuesto 2027 y la discusión por Discapacidad

En ese sentido, el grueso de la reunión estuvo dedicado al Congreso, de cara al inminente debate en la cámara baja por el Presupuesto 2027 y los ruidos que generó de antemano por los recortes en áreas sensibles como discapacidad.

“Estamos mirando las diferencias, tenemos discapacidad, lógicamente. El Presupuesto es gigante y hay que mirar punto por punto, pero en general diría que estamos bastante de acuerdo”, adelantó Ritondo.

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Dos jueces enviaron exhortos a Gran Bretaña e Israel por la explotación petrolera en Malvinas

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El juez federal Julián Ercolini y su colega Ariel Lijo enviaron exhortos diplomáticos, mediante la Cancillería, a los gobiernos de Gran Bretaña e Israel en las causas en las que la Casa Rosada denunció a empresas de esos países por la explotación petrolera que realizan en cercanías de las Islas Malvinas, dijeron fuentes judiciales a .

La medida judicial de Ercolini fue a pedido del fiscal Eduardo Taiano, que investiga una denuncia inicial del Gobierno contra la empresa Navitas, de Israel.

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La medida judicial de Lijo fue a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que busca información sobre las firmas Rockhopper Exploration PLC y dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum Development and Production Limited.

Ambas se conocen un día después de que el presidente Javier Milei dijo en la Asamblea General de la ONU que Malvinas es una causa nacional y reiteró las denuncias por la explotación “clandestina” de estas empresas en torno a las Islas.

Milei, en la ONU. «Es una organización inútil, que miró para otro lado con la causa Malvinas»Captura de videoi

Estas empresas son las que llevan adelante el proyecto de exploración en la plataforma continental argentina denominado Sea Lion, sin autorización del gobierno argentino, por lo que fueron denunciadas.

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En la causa de Ercolini, las primeras medidas fueron impulsadas por el fiscal Ramiro González, pues Taiano estaba de licencia en la semana en que se denunció el caso.

Ercolini hizo lugar a esas primeras medias, que incluyen requerimientos de información a la Secretaría de Energía para constatar formalmente que Navitas Petroleum no posee concesión, permiso de exploración, ni autorización.

A la Cancillería le pidió los antecedentes de protestas diplomáticas formales o las comunicaciones oficiales que el gobierno argentino haya emitido específicamente contra las filiales de Navitas por sus actividades en el área de las islas.

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Y a Israel y Gran Bretaña les pidió identificar formalmente a los integrantes del directorio y responsables legales de Navitas Petroleum Development & Production LTD y sus socias comerciales en el proyecto de las islas.

Esto busca fijar las responsabilidades penales individuales ante eventuales solicitudes de declaración indagatoria o imputaciones formales.

El juez quiere establecer el lugar de la explotación, por lo que pidió informes del Servicio de Hidrografía Naval para tener certeza del posicionamiento geográfico para certificar formalmente que las coordenadas de exploración y los yacimientos bajo explotación ilícita se encuentran dentro de las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de la República Argentina.

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En el caso del juez Lijo, hizo lugar a la totalidad de las medidas que pidió el fiscal Stornelli al impulsar esta investigación cuando amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Islas Malvinas y sumó como imputadas a estas firmas.

Lijo quiere saber del Reino Unido la composición del grupo Rockhopper; y de Israel, la estructura societaria de Navitas Petroleum Development and Production Limited y sus eventuales vínculos comerciales con las empresas británicas.

La causa había comenzado apuntando solo contra Desire Petroleum Limited por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas, desde 2012, sin autorización del Estado.

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Esa imputación se apoyaba en dos resoluciones de la Secretaría de Energía de hace más de una década: la 130/2012, que había declarado esas actividades “ilegales y clandestinas”, y la 457/2013, que directamente inhabilitó a la empresa por veinte años para operar en el país. Dijo entonces que actuaba usufructuando una licencia de exploración otorgada por autoridades británicas en las islas, sin permiso argentino.

Fotografía del 13 de septiembre de 2026 de un cartel The Falkland Island en Puerto Argentino/Stanley en Islas MalvinasJUAN IGNACIO RONCORONI – EFE

Ahora, el juez, con la ampliación que hizo el fiscal y los datos que le envió Cancillería, estableció que Desire Petroleum seguía figurando, al menos hasta marzo de este año, entre las empresas con participación en licencias hidrocarburíferas británicas, pero con Rockhopper Exploration (Oil) Limited y, sobre todo, con Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí.

Rockhopper Exploration Limited ya había sido sancionada en su momento por la Secretaría de Energía mediante las resoluciones 131/2012 y 476/2013 por participar en actividades de exploración y explotación ilegítimas en la plataforma continental.

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El gobierno de las islas publicó en marzo de este año una lista actualizada de licencias de producción en la que Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) figura con una participación del 35% en las licencias PL032 y PL033, y en la propia área de descubrimiento Sea Lion. El 65% restante de esas licencias, otra vez, quedaba en manos de Navitas Petroleum Development and Production Limited como operadora.

Navitas Petroleum Development and Production Limited aparece como operadora tanto en las licencias que comparte con Desire Petroleum como en las que comparte con Rockhopper.

Se trata de la misma empresa que hace 15 días fue objeto de una medida cautelar dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, en una acción de daño ambiental promovida por la Asociación Civil de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, que le ordenó abstenerse de ejecutar el proyecto Sea Lion.

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La jueza entendió que la firma no había tramitado nunca la evaluación de impacto ambiental que exige la ley argentina.

Lijo, a pedido de Stornelli, también solicitó a la Secretaría de Energía los expedientes completos de las resoluciones sancionatorias de 2012 y 2013 y toda otra actuación vinculada a las cuatro empresas ahora imputadas.

Además, que la Cancillería envíe el expediente completo detrás del informe de la Secretaría de Malvinas, que la Jefatura de Gabinete de Ministros informe sobre denuncias ambientales previas contra las empresas; que el Ministerio de Seguridad reporte si hay actuaciones de las fuerzas federales vinculadas a estas actividades cerca de Malvinas.

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Senado: se aprobó el recorte de subsidios en zonas frías y el Gobierno sumó una victoria en el Congreso

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El Gobierno libertario sumó una victoria de peso en el Congreso: la bancada oficialista en el Senado, que comanda Patricia Bullrich, sancionó el recorte de subsidios en zonas frías empujado durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La medida, que obtuvo 38 votos a favor y ocho en contra, se consiguió a cambio de una promesa para aliviar el peso de la energía eléctrica en provincias “cálidas”.

La extensa -y ahora criticada- ampliación que fomentó el kirchnerismo se retrotraerá y sólo quedará vigente por cuestiones sociales y/o de ingresos. Por caso, que una familia no sobrepase las tres canastas básicas, poco más de $4,7 millones. Mismo sentido para personas con discapacidad y veteranos de Malvinas. Esto apunta a distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, entre otros.

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Tras lo ocurrido, la gran incógnita que resta es cómo impactarán las subas en boletas durante el próximo invierno. Es que, para esa fecha, ya se estará en medio de una campaña presidencial y, casi con seguridad, habrá provincias afectadas por esta ley que definirán gobernador.

Los beneficios sí se sostienen para las zonas originales -Patagonia, Malargüe y la Puna-, con un sistema distinto que implicará aumentos, ya sean de este grupo o el anterior: el subsidio se aplicará sobre la generación de gas y no sobre la distribución, que se lleva la porción más grande del costo final en una factura.

La senadora salteña y titular de la comisión de Energía de la Cámara alta, Flavia Royón (Infobae en Vivo)

Desde la Cámara alta y, luego de meses de idas y vueltas, el cierre de las voluntades para sacar la ley quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada anunció desde junio y en decenas de ocasiones sobre votos que, en realidad, nunca estaban confirmados. El funcionario se llevó así un importante triunfo a su favor.

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“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país”, aseguró la titular de la comisión de Energía del Senado, Flavia Royón (Primero los Salteños). La legisladora agregó: “Hoy, en Argentina, tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 de usuarios que dependen de las garrafas”.

No estuvo de acuerdo con la iniciativa la experimentada radical Mariana Juri (Mendoza), quien observó la “improvisación en un tema trascendental” por “eliminar sin ningún criterio”. Y añadió: “Qué nos van a decir a los del interior, que estamos subsidiando el transporte del AMBA”.

Se sumó su colega de bloque Maximiliano Abad (Buenos Aires): “No se puede cambiar una ley mala por otra ley mala que, además, es arbitraria, injusta y sin rigor técnico”. Ambos rechazaron junto a los también radicales Eduardo Galaretto, Carolina Losada (ambos, de Santa Fe), Daniel Kroneberger (La Pampa) y el mendocino Rodolfo Suárez. Los dos restantes fueron los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que soñaban con “zonas polares”.

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Los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia (Gustavo Gavotti)

Fue curioso el trámite en el recinto del proyecto. Primero, el kirchnerismo, pese a que el tema ya estaba habilitado, anunció que se retiraba del recinto y que esperaría, en la previa de la definición, la confirmación del quorum. No volvieron más.

Después, la estrategia opositora quedó nada menos que en manos de Carambia -su compañera Gadano perdió tiempo en criticar a un mandatario de otra provincia y recibió una dura respuesta por ello-, que solicitó una moción -se votan en el momento- para pasar la sesión a un cuarto intermedio.

A pesar de la situación, el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que presidía el convite, dio lugar a los 15 minutos reglamentarios aunque siguió con la lista de oradores. Con el quorum ratificado y la moción caída, Bullrich mandó a cerrar el asunto y votar. Un final de jornada pésimo para lo que preveía el kirchnerismo horas antes del encuentro.

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En las adhesiones a la ley aparecieron junto a los libertarios -y otros silvestres provinciales- los ahora ex kirchneristas de Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca).

Sus otrora colegas cristinistas, referenciados en José Mayans (Formosa), emitieron -cuando todo lo valioso ya consumado- un comunicado para quejarse por no estar explícito en el texto la parte de zonas cálidas, una acusación contra el Gobierno para enfrentar norte versus sur del país, y para denostar “un incremento promedio de 1.600%” en gas y 800% en electricidad “en estos casi tres años de gestión”.

luciano ingaramo / comunicació

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