POLITICA
Paritarias: el Sindicato de Comercio acordó un aumento trimestral de 5,7%

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) cerró un nuevo acuerdo paritario que regirá para los meses de julio, agosto y septiembre de 2026 tras una negociación con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca). El aumento salarial será de 5,7% en tres cuotas, además de contemplar un pago extraordinario de un bono de $50.000 en dos partes.
El entendimiento contempla un incremento trimestral distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en julio, 1,9% en agosto y un 1,9% en septiembre. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $50.000 para los trabajadores de todas las categorías, a pagarse en dos cuotas iguales de $25.000 en julio y en agosto. El bono de $50.000 será como una asignación extraordinaria “por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo”, según informó el gremio que lidera Armando Cavalieri en un comunicado.
Cavalieri, que tiene 89 años, está al frente del gremio mercantil desde hace cuatro décadas. Se trata del gremio más numeroso del país, con un millón de afiliados, y cuya paritaria sirve de referencia para otros sectores.
También se pactó “prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000”, acordada en la firma de la paritaria en abril. Se concretará con la incorporación de $20.000 en los sueldos de diciembre de 2026 a mayo de 2027.
“Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial. La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”, dijo Cavalieri.
Y añadió: “Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo. Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.
El anterior acuerdo paritario firmado había sido en marzo. Por entonces, contemplaba un incremento del 5% distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Fue homologado a fines de abril por el Gobierno.
En todos los casos, se debe tener en cuenta que a estos valores se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada empleado le corresponde un 1% más por año trabajado. Este se aplica a las cifras remunerativas y a las no remunerativas, como es el caso de las sumas fijas que se incluyen en este acuerdo.
Colectiveros
Se cerró esta semana también el acuerdo salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras de colectivos de corta y media distancia del AMBA. También es un acuerdo trimestral, del 10,5%. Se distribuirá con un 6,5% en julio, 2% en agosto y 2% en septiembre.
Se pactó, además, una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000 y los viáticos diarios también fueron actualizados: $ 20.000 en julio, $ 21.000 en agosto y $ 22.000 en septiembre.
De esta manera, la remuneración total que recibirá un chofer sin experiencia llegará a $ 2.125.721,35 en julio, $ 2.230.990 en agosto y $ 2.295.175,80 en septiembre.
Armando Cavalieri,el acuerdo salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA),Paritarias,Conforme a
POLITICA
Los nuevos gestos que hace el Gobierno con las provincias para tratar de suspender las PASO del 2027

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció al interior del Gobierno que en los próximos días mantendrá encuentros con gobernadores para formalizar convenios clave. Aunque se tratan de gestiones particulares con las respectivas provincias, estas charlas no escapan de la lógica de construcción con actores de la oposición que tiene la Casa Rosada a los fines de poder incrementar las posibilidades de avanzar con las reformas libertarias.
Las próximas actividades en agenda fueron anunciadas después de la reunión que mantuvo la Mesa Política ayer por la tarde en la Casa Rosada. Allí destacaron la firma que habrá este mediodía con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para el traspaso de obras viales; pero también se anunciaron dos viajes que mantendrá la próxima semana. Una será a la provincia de Catamarca y otra en Santiago del Estero para avanzar en proyectos de acueductos y plantas potabilizadoras (como el sistema Albigasta), además de otros planes de infraestructura.
En Catamarca creen que pueden recibir a Santilli cerca del 1 de agosto. Ya hubo contactos entre ambas esferas y no se descarta que al viaje pueda ir Javier Milei. La condición de posibilidad para que el Presidente vaya es que el clima acompañe: y es que quieren llevarlo a ver diferentes áreas productivas mineras de litio en la Puna catamarqueña, más específicamente al Salar del Hombre Muerto.
Hay un único inconveniente: el clima. En los últimos días comenzó un temporal de nieve de magnitudes que forzó a las autoridades a tener que realizar tareas de rescate a turistas y mineros varados. Si es así, Casa Militar, la fuerza encargada de la custodia y la seguridad presidencial, no va a convalidar un viaje de esas características.

“Es muy difícil para gente que no es de acá hacerlo por tierra. Por aire es más fácil pero tienen que tener cuidado. Si quiere venir Diego Santilli, no tenemos problema. Ya tenemos experiencia en rescatar a personas del PRO. Al margen del chiste, estaría bueno que venga”, afirmaron cerca de Jalil. La alusión es a un aterrizaje de emergencia que tuvo que realizar un helicóptero que llevaba a funcionarios del área presidencial de Mauricio Macri en los albores de 2018.
Santilli viajaría a Catamarca a sabiendas de que Jalil -uno de los gobernadores con más poder legislativo propio al interior del Congreso de la Nación- ya dijo públicamente que está en favor de eliminar las PASO. No es la misma postura que han marcado diferentes jefes provinciales que tienen el mismo poder. Uno de ellos es Elías Suárez, gobernador de Santiago del Estero. Días atrás afirmó: “Mientras más participación haya, más se favorece a la democracia”.
Tanto voceros de Santilli como de Suárez afirman que no hubo contacto entre ambos y que la aparición en la provincia no está confirmada. Sin embargo, desde Nación indican que está la voluntad de ir. Y desde Santiago del Estero no tienen problema en recibirlo.
En el Gobierno afirman que es “muy difícil” que el Gobierno pueda eliminar las PASO, pero sí que hay mayores chances de suspenderlas. Aunque asumió como jefe de Gabinete hace algo más de un mes y comenzó a ganar poder con la obtención de diferentes áreas estatales, la evaluación de Santilli a los ojos de los Milei está altamente influida por las negociaciones que vaya a tener para la quita de las Primarias del calendario electoral del año próximo. Es la principal tarea que le dieron los hermanos libertarios.
Puertas adentro, el ministro coordinador afirma que, a diferencia de la gestión de Manuel Adorni, le está dando “volumen político” a sus actividades y que la reforma política va a poder aprobarse porque hay una posición mayoritaria en el electorado en favor de la suspensión de las PASO. “La reforma política le sirve al Presidente, pero es algo que también lo ve la gente. Los partidos compiten en sus primarias en la gran parte del mundo, no tenés a los 40 millones metiéndose. El electorado entiende que son 300 millones de dólares para una instancia electoral que, además, te alarga mucho la incertidumbre en todo el año calendario”, afirman.

La lectura que tiene Santilli al respecto de todas las políticas es que tiene que existir un esquema y una cierta cantidad de acuerdos que puedan incrementar sustancialmente las posibilidades de Milei de ser reelecto: “Tiene que hacer un goberno no peronista que reelija, eso es lo que va a dar previsibilidad hacia adelante y generar condiciones para que se termine de estabilizar la macroeconomía”.
Al interior del círculo que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, afirman que el oficialismo va a tener que “quemar naves” para que se produzca la reforma que tanto buscan. “La quita de las PASO va a tener que existir. La vamos a conseguir. Creemos que en los próximos meses van a ser clave y que ‘El Colo’ va a terminar de conseguir los acuerdos necesarios”, afirman.
El oficialismo tiene varias herramientas de negociación. Una es la parte de los acuerdos electorales que maneja el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. Otra son los pliegos de jueces, fiscales y defensores que impactan en varias provincias clave y que prevé impulsar el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Al mismo tiempo, sin la presencia de Adorni como jefe de Gabinete, ahora Santilli tiene la potestad de negociar con gobernadores a sabiendas de que puede modificar el Presupuesto o implementar transferencias discrecionales a las provincias.
Según el último informe de la consultora Politikon Chaco, las transferencias automáticas a provincias muestran estabilidad en la comparación interanual. En relación al mismo período de 2025, el total de envíos presenta un leve incremento real del 0,1%. Este resultado surge por el impulso de la coparticipación, que registra una suba real del 0,9%. Sin embargo, los fondos provenientes de leyes especiales presentan una caída de 1,5% y los recursos por Compensación del Consenso Fiscal muestran una baja del 13,0%.
Las transferencias no automáticas son fondos discrecionales que el gobierno nacional distribuye a las provincias fuera de los mecanismos automáticos. Estas transferencias suelen responder a decisiones políticas o coyunturales y no se rigen por criterios preestablecidos. Al 17 de julio de 2026, el monto total de transferencias no automáticas ascendió a $32.693,5 millones en su etapa pagada. Se destaca como novedad la reaparición de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que representaron el 76% del total después de dos meses sin distribución.

Cinco provincias recibieron ATN por $5.000 millones cada una: Catamarca (tercera vez en el año), Córdoba (primera vez en el año y durante el gobierno de Milei), Entre Ríos (tercera vez en el año), Misiones (cuarta vez en el año) y Santa Fe (segunda vez en 2026). En tanto, Jujuy tiene un ATN devengado por $5.000 millones aún no pagado. El resto de las provincias recibió montos menores, sin la asignación de ATN.
Todas ellas tienen una importancia relativa en el Congreso, aunque tanto desde el sector de los gobernadores como en la misma Casa Rosada afirman que las ATN son un porcentaje menor respecto a las transferencias que reciben por Coparticipación. La gran incertidumbre que se genera entre los mandatarios provinciales es sobre la evolución del crecimiento económico, ya que en caso de ser positivo favorecerá a sus arcas. De no ser así, las negociaciones electorales pueden complicarse hacia más adelante porque, al mismo tiempo, una falta de crecimiento también produce un efecto negativo en la evaluación que el votante hace de la gestión de Milei.
POLITICA
Tras el caso Adorni, la oposición pide excluir a los funcionarios del proyecto de “Inocencia Fiscal 2”

“La doctrina Adorni sigue vigente”. Con ese tono de críticas, la oposición recibió el proyecto de “inocencia fiscal 2” que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados. La iniciativa, con la que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que los ahorros “puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo”, permite que funcionarios y exfuncionarios públicos adhieran al régimen. Ese es uno de los puntos que enfrenta mayor resistencia en el Congreso.
Sonia Becherman, una de los tres tributaristas convocados por el Gobierno para explicar el contenido técnico del proyecto en la conferencia de prensa que encabezó Caputo, confirmó que están incluidos en el sistema: “No hay exclusiones que tenga la ley en este caso [por los funcionarios]. Todos los contribuyentes que cumplan las condiciones de la ley podrán ingresar en el régimen simplificado”.
El proyecto busca incentivar la bancarización de los “dólares del colchón” mediante la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Gananciasy el fortalecimiento de las garantías jurídicas para los contribuyentes. Quien se acoge a este beneficio evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas.
Las dudas y los cuestionamientos de dirigentes opositores aluden a la adhesión de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete, al régimen simplificado de Ganancias incluido en la primer Ley de Inocencia Fiscal. Lo hizo el 31 de mayo pasado, días antes de que el ahora exministro coordinador presentara su declaración jurada, en medio de un escándalo político y judicial en torno a su situación patrimonial.
El diputado radical Pablo Juliano, integrante del bloque Provincias Unidas, fue quien sostuvo que “la doctrina Adorni sigue vigente”, al tiempo que aseguró que durante el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal, en diciembre pasado, pidieron excluir a los funcionarios, “pero no quisieron”.
“¿Qué pasó después? La usaron Adorni, [Guillermo] Francos, [Federico] Sturzenegger, Felipe Núñez y [José Luis] Espert. ¿Creen que el Gobierno recapacitó? No. La ‘inocencia fiscal 2’ sigue abierta para ellos”, se lamentó. En la votación de diciembre, 13 integrantes de la bancada votaron en contra del proyecto, uno a favor y una se abstuvo.
Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas, indicó que aún no definieron su postura respecto del nuevo proyecto en su conjunto, pero advirtió a que está “en desacuerdo” con el hecho de que habilite la adhesión de funcionarios. Afirmó que volverán a insistir con una modificación para “excluir a las PEP [Personas Expuestas Políticamente]” de la iniciativa.
La legisladora es miembro de Pro, aunque está alineada con el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien anteayer firmó con el Gobierno el traspaso de la ruta nacional A012, para que la provincia se haga cargo de la administración, el mantenimiento y las obras.
Desde la misma bancada, Esteban Paulón (Partido Socialista) habló de “impunidad libertaria”. Tras la divulgación de que la esposa de Adorni había adherido al régimen, el diputado presentó un proyecto para excluir del régimen a funcionarios, magistrados, legisladores, y a sus cónyuges y convivientes. Ahora afirmó que insistirá con esta iniciativa para que “no lo usen para eludir explicaciones como hizo en su momento Manuel Adorni”.
En aquella oportunidad, el diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas) afirmó que la Ley de Inocencia Fiscal “es un blanqueo a medida de los más ricos: te perdonan el pasado y no miran de dónde salió el patrimonio”. Y agregó: “Que la inocencia te valga, Manuel”.
En la misma línea, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) sostuvo en su momento que es “una ley con nombre y apellido que benefició a evasores, que alcanzó a Lázaro Báez y que ahora también beneficia al entorno familiar de Manuel Adorni”. En marzo, la Justicia sobreseyó parcialmente a Báez y a otras 11 personas acusadas de evasión en Austral Construcciones, al aplicarle la Ley de Inocencia Fiscal (que benefició a los acusados del 81% de las causas del fuero penal económico al elevar los montos punibles por presunta evasión).
En las últimas horas también surgieron críticas a la “inocencia fiscal 2” desde el peronismo, por el mismo motivo. “Vergonzoso: la nueva ley de ‘inocencia fiscal’ beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida”, introdujo el diputado nacional Agustín Rossi (Unión por la Patria). Y agregó: “Habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”.
A su vez, consideró que “estamos ante un gobierno de corrupción extendida”, fenómeno en el que “está involucrado Adorni”. “Evaden, son funcionarios y ahora les permiten blanquear sin tener que preguntarles de dónde sacaron la plata”, concluyó, en diálogo con LT9.
Entre tanto, su compañero de bancada Guillermo Michel estimó que el justicialismo “planteará excluir a los funcionarios” del régimen, con un dictamen de rechazo en comisiones o durante una eventual votación en particular en el recinto. De todos modos, advirtió a que si el Gobierno consiguiera aprobar la iniciativa incluyendo a los funcionarios, “no quedarían excluidos de la responsabilidad penal ni de la figura de enriquecimiento ilícito”. A su vez, señaló que la iniciativa “es inconstitucional porque el Estado no puede renunciar a su facultad de fiscalización”.
El bloque Unión por la Patria en su totalidad votó en contra del proyecto oficialista en diciembre pasado.
En paralelo, el diputado Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo), un aliado frecuente del oficialismo en el Congreso, apuntó contra Caputo, en diálogo con . Cuestionó: “El ministro de Economía se la pasa diciendo que su familia tiene plata afuera: ¿es en blanco o en negro?”. Sin embargo, se preguntó: “¿Cuál es [la diferencia entre que] un funcionario evada impuestos y un comerciante [lo haga]? ¿No es el mismo evasor? Ahora, si el dinero proviene de cuestiones ilícitas, es totalmente distinto. Habría que verlo”. El MID votó a favor del proyecto original a fin del año pasado.
Mientras, Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), socios de La Libertad Avanza, se mantuvieron cautos y argumentaron que están estudiando el proyecto. El macrismo comparte “el espíritu” de la iniciativa, pero no discutió formalmente sobre el articulado. “Está todo muy verde”, observó una fuente legislativa. “Es muy reciente para dar una opinión definitiva”, justificaron en el radicalismo. Ambos bloques acompañaron al Gobierno en la votación de diciembre pasado.
proyecto de “inocencia fiscal 2”,la adhesión de Bettina Angeletti,[Federico] Sturzenegger, Felipe Núñez y [José Luis] Espert,presentó un proyecto,pic.twitter.com/mwYcGs5feb,July 23, 2026,Manuel Adorni,Conforme a
POLITICA
La justicia laboral dictó un fallo favorable a una pyme que sufrió un bloqueo sindical y despidió 35 empleados

La pyme FADEMI, ubicada en Larroque, un pueblo entrerriano de 6.500 habitantes, atravesó un extenso y virulento conflicto laboral que comenzó en junio de 2024 e incluyó medidas de fuerza, bloqueos contra sus instalaciones y hasta amenazas mafiosas con un paquete de balas que le dejaron a su dueña en su casa.
Ahora, la justicia laboral acaba de revocar un fallo que en enero del año pasado le había ordenado a FADEMI reincorporar a 35 trabajadores que participaron del bloqueo, por lo que quedaron en firme esas cesantías.
La resolución del juez Julio Armando Grisolía, a cargo Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 55, dictada el 17 de este mes, se convirtió en otro capítulo de una verdadera pesadilla que sufrió esta pyme familiar que fabrica baterías para vehículos desde que, en junio de 2024, el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, según argumentó la empresa, era imposible de pagar.

Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados habían recibido una mejora del 400%, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. El sueldo inicial neto del sector estaba desde hacía 7 meses en $1,5 millones y el sueldo promedio mensual de bolsillo que pagaba la empresa ascendía a $2 millones.
Como informó Infobae, los sindicalistas adujeron como una de las razones para justificar su reclamo el incremento en las cuotas de los colegios privados. “Pero en Larroque no hay”, les respondió el apoderado de FADEMI, Emiliano Gietz, pero el razonamiento quedó sin respuesta. No hubo negociación posible y de inmediato el sindicato comenzó con las medidas de acción directa.
Según Gietz, “primero hicieron asambleas: se retiraban del lugar de trabajo por un tiempo que fue de una a cinco horas; después pasaron al quite de colaboración y redujeron la producción a un 10%, por lo que de 1.200 unidades diarias programadas hacían unas 100, a veces menos”. Como consecuencia de estas medidas sindicales, la pyme aseguró que dejó de producir 30 mil baterías.

La tensión fue escalando hasta llegar el bloqueo de la planta cuando, a comienzos de junio de 2024, un camión que debía cargar productos no pudo ingresar al predio porque el sindicato se lo impidió. El gremio también forzó el retiro de los empleados de la línea de producción en medio del proceso. La medida puso en peligro la fabricación de 2 mil unidades abandonadas sin terminar y con exposición de productos químicos de alto riesgo. Finalmente, el lote pudo ser salvado.
Sin embargo, todo empeoró: el viernes 5 de julio arrancó el cese total de actividades que dejó a la planta con producción en cero y sin stock. La protesta llevó a que muchos clientes cancelaran sus pedidos ante el incumplimiento de las entregas. La empresa entró en una situación dramática. Su flujo de fondos estuvo cortado y no podía cumplir con las obligaciones con sus proveedores.
El prejuicio no sólo fue económico: el sindicato, según la empresa, impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI que incluyeron desde pintadas en el frente de una de sus casas hasta las bombas de estruendo arrojadas contra otro domicilio, pasando por la irrupción de activistas con bombos en medio de un asado familiar.

Según el sindicato, FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta (algo que no verificaron las autoridades) y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Luego siguió el despido de 3 empleados, que derivó en una huelga en demanda de su reincorporación, mientras que a continuación se concretaron 25 cesantías. El 20 de enero de 2025, finalmente, la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del sindicato y le ordenó a la empresa la reincorporación de los despedidos por haber participado de una huelga.
Aun así, el conflicto se tiñó nuevamente de violencia: en enero de 2025 apareció ante la casa de la dueña de la pyme un paquete que contenía dos balas y la leyenda “Familia FADEMI”. Fue un claro mensaje intimidatorio que se complementó con otro hecho grave, ya que en esos días a los empleados les llegó por WhatsApp un sticker que utiliza un dirigente sindical y en el que se lo ve a él con las cabezas sangrantes de dos de los dueños de FADEMI, como si hubieran sido degollados.
Tras la inmediata denuncia policial, intervino la Fiscalía de Gualeguay y la sorpresa llegó cuando los responsables de haber dejado el paquete con balas fueron identificados rápidamente porque quedaron filmados por una cámara ubicada en el frente de la casa: se descubrió que eran dos empleados de la pyme que viven en Larroque y habían participado de las protestas en la empresa.

En el video se ve cómo uno de ellos se baja de un auto, manejado por otra persona, y deja el paquete ante la puerta. La curiosidad es que queda a la vista la patente del vehículo y se determinó que es el mismo con el que uno de los empleados va a trabajar a la fábrica. Los dos agresores fueron detenidos en una carpa del sindicato instalada ante la entrada de FADEMI.
Ambos, Mauricio Javier Taffarel y Cristhian Aurelio Taffarel, permanecieron dos meses en prisión, luego quedaron libres porque les morigeraron la prisión preventiva, pero, de todas formas, quedaron imputados en la causa por coacciones agravadas y la primera audiencia del juicio oral será en octubre próximo.
El abogado de FADEMI es Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), desde donde vienen logrando fallos judiciales clave en favor de las pymes que son bloqueadas y condenas contra los responsables de esas protestas.
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