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Se reactiva el traspaso de la justicia laboral a CABA: la discusión que lo mantiene trabado y las dos fechas clave para su puesta en marcha

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Hay una decisión política de acelerar el traspaso de los juzgados laborales a la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica disolver los que funcionan a nivel nacional y que desde el oficialismo, la oposición y el empresariado son vistos como “hostiles” y “cercanos al kirchnerismo”, pero la instrumentación sigue empantanada entre trabas económicas, legales y judiciales que surgieron.

Ahora, sin embargo, aparecieron señales alentadoras para que se pueda cumplir a pleno con la autonomía porteña establecida por la Constitución Nacional a partir de su reforma de 1994: la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires prevé aprobar en agosto una ley que desbloquearía el traspaso y ya circula una fecha tentativa para que funcione el fuero laboral porteño: febrero de 2027.

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Para definir todos los detalles del nuevo fuero laboral porteño, el jefe de Gobierno, Jorge Macri delegó esa tarea en su ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno, dos funcionarios clave para una misión tan estratégica.

Jorge Macri y Gabino Tapia, ministro de Justicia de CABA

Hace un mes y medio, Jorge Macri presentó en la Legislatura de la ciudad un paquete de proyectos de ley vinculados con la reestructuración del Poder Judicial en el distrito, con eje en la transferencia de competencias del gobierno nacional acerca de la justicia laboral.

Pero los promotores del traspaso aclararon a Infobae que “no hay transferencia de la justicia” en el sentido habitual que muchos esperaban sino que “lo que se firmó fue un traspaso de competencias judiciales, no de jueces ni de tribunales nacionales en bloque”.

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Ese esquema, destacaron, supone que los actuales magistrados del fuero nacional laboral no pasarán automáticamente a la órbita porteña. Los expedientes que ya estén en trámite seguirán en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución, mientras que las nuevas causas ingresarán al sistema de la ciudad una vez que se cumplan ciertas condiciones y venza el plazo operativo de 6 meses, que llevaría el cronograma a febrero.

La justicia nacional del trabajo pasará a una etapa residual hasta que resuelva los expedientes en curso

Entre esas condiciones figura que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional (algo que ya sucedió con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral), que sea ratificado por la Legislatura porteña y, además, que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad.

El sensible tema de las partidas presupuestarias para que funcione la justicia laboral de la ciudad se convirtió en estas últimas semanas en el principal obstáculo para avanzar con el traspaso. Es que los funcionarios porteños aún está negociando con sus pares del gobierno nacional para que también deriven los fondos: aunque el costo estimado del nuevo esquema estaría entre 0,5% y 0,8% de un punto de coparticipación (que significaría entre $48.000 millones y $76.800 millones por mes). La discusión se concentra en cuánto dinero transferirá Nación para sostener juzgados, jueces y estructura administrativa cuando el sistema empiece a funcionar.

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El problema presupuestario atraviesa hoy toda la discusión. Si la transferencia llega con recursos asignados por la Nación, el esquema será uno, pero si eso no ocurre la Ciudad tendrá que evaluar qué partida incorpora en el Presupuesto de 2027 para sostener la nueva competencia. La lógica esperable sería que la administración nacional transfiriera a la Ciudad los fondos que hoy destina al funcionamiento del fuero laboral. ¿Es sólo un tema económico o netamente político por parte del gobierno de Javier Milei? Es el gran interrogante que tienen dentro del andamiaje de poder macrista.

Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia firman la transferencia de nuevas competencias penales

Pese a esa incertidumbre, y aunque el tema no deja de ser relevante, algunos dirigentes del PRO relativizaron el efecto inmediato del costo fiscal: este año podría impactar menos porque ya transcurrió buena parte del calendario y la instrumentación demandará tiempo.

En la Legislatura porteña, por su parte, están seguros de que las trabas para el traspaso podrían resolverse en agosto próximo si antes se resuelven las discusiones sobre fondos, estructura judicial y cambios normativos que acompañan la transferencia.

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Ese proceso, de todas formas, no se limita a una sola votación, donde habría mayoría en favor del traspaso del fuero laboral a CABA. El paquete enviado por el Ejecutivo porteño incluye al menos cuatro iniciativas: la aprobación del convenio de traspaso, la modificación de la llamada Ley 7 (la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires) sobre la estructura del fuero local, la reforma del Código Procesal Laboral y la creación de un sistema de mediación como existe a nivel nacional con el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

La reforma laboral sancionada por el Congreso incluye el convenio de transferencia de la justicia del trabajo (Foto: Charly Díaz Azcue/Comunicación Senado)

En realidad, esta secuencia es similar a la que se aplicó con el traspaso de la Policía Federal a CABA, que comenzó en 2016, pero como no se concretaba también fue creada la Policía de la Ciudad mientras seguía pendiente el pase completo de la competencia.

En estos días, además del fuero laboral, Nación y Ciudad dieron un paso decisivo para el traspaso de la justicia penal a CABA: el 3 de julio pasado, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y su par porteño, Gabino Tapia, firmaron el convenio por el cual se transfieren las competencias judiciales en materia penal como delitos contra el honor, como calumnias e injurias; la integridad sexual, como abuso sexual y explotación, y la libertad, como privación ilegítima y amenazas coactivas. También incorpora delitos vinculados a la propiedad intelectual y a la protección de fauna, entre ellos el ejercicio ilegal de la medicina veterinaria.

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Además, la Ciudad asumirá en forma exclusiva el conocimiento y juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, así como la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

Julio Piumato, líder del gremio de judiciales, logró que la Justicia frenara el traspaso del fuero laboral (Foto: Adrián Escandar)

El desafío de transferir los juzgados nacionales del trabajo es mucho mayor. El fuero laboral porteño fue diseñado con una estructura más reducida, con una cantidad limitada de juzgados para un esquema incipiente y no para administrar todos los conflictos laborales de la Capital.

Por esa razón, una de las reformas que el oficialismo considera necesarias a través de la Legislatura es ampliar esa capacidad. La modificación de la ley de creación del fuero apunta a dotarlo de más juzgados y más herramientas para que pueda absorber la competencia que hoy permanece en la órbita nacional.

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De la misma forma, el Código Procesal Laboral aprobado por la Ciudad debe ser revisado: había sido pensado para litigios individuales y que ahora debe incorporar aspectos que no estaban contemplados en el diseño original.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral contemplan el “Acuerdo de Transferencia de la función judicial en materia laboral” y allí “se encomienda al Poder Ejecutivo nacional a transferir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero del trabajo de la Ciudad, garantizando el adecuado funcionamiento transitorio de la Justicia Nacional del Trabajo”.

Según el convenio firmado entre ambas jurisdicciones, la Ciudad deberá, en un plazo máximo de 180 días, seleccionar a los jueces del nuevo fuero laboral y garantizar la infraestructura y los recursos necesarios. Una vez operativo, será el único fuero competente para causas laborales iniciadas desde ese momento.

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Pero los 180 días no corren desde la promulgación de la reforma laboral, que llevaría a instrumentar el nuevo fuero del trabajo porteño desde el 1° de septiembre próximo, sino desde que queden cumplidas las condiciones legales requeridas (que el traspaso sea ratificado por el Congreso Nacional, que sea ratificado por la Legislatura porteña y que haya un convenio específico en materia de transferencia de recursos desde Nación a Ciudad). Mientras tanto, el fuero nacional laboral sigue funcionando como siempre, aunque con vacantes que serán cubiertas mediante subrogancias.

Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires

La consecuencia práctica de ese esquema es doble. Para Nación, se reduce el costo de los salarios de jueces; para la Ciudad, la preocupación es que el nuevo sistema no se active sin una transferencia suficiente para financiar a los magistrados, el personal y el funcionamiento.

El diseño institucional en estudio en la Ciudad no replica de manera automática la estructura nacional. Aunque la justicia laboral nacional tiene 80 juzgados y la legislación local está “espejada” con ese esquema, la intención no es abrir la misma cantidad en CABA.

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Ya hubo concursos para nuevos juzgados y en agosto habrá 10 jueces nuevos. Después se abrirá otro concurso para cubrir entre 30 y 40 cargos adicionales, dentro de una proyección total de entre 40 y 50 juzgados.

La Cámara de Apelaciones del Trabajo local también crecería. Hoy existen 2 salas y el plan es sumar otras 3, mientras que los actuales camaristas nacionales no serán absorbidos por el sistema porteño.

Los líderes de la CGT, en una marcha ante el Congreso en rechazo de la reforma laboral

Sobre el destino del fuero nacional laboral, la idea es que pase a una etapa residual. Seguirá resolviendo las causas ya iniciadas hasta su resolución, un proceso que podría demandar entre 2 y 7 años, según el tiempo que insuma el trámite de los expedientes pendientes.

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De todas formas maneras, la negociación política entre Nación y Ciudad no se agota en lo jurídico y en lo económico. Hay una fuerte resistencia del peronismo y un lobby judicial en contra de la disolución del fuero nacional laboral y su pase a la órbita de CABA.

De por sí, rige una medida cautelar del 17 de marzo pasado que frenó el traspaso, impulsada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), liderada por Julio Piumato, e incluso la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó en mayo pasado el recurso extraordinario que presentaron el Consejo de la Magistratura de CABA y el gobierno porteño para revertir la suspensión preventiva de la Ley 6789, que habilita la creación del fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en el gobierno porteño interpretan que, una vez que la Legislatura complete la aprobación y el traspaso quede convertido en ley plena, la encerrona judicial perderá sustento para detener el proceso.

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Senado: semana de definiciones entre las PASO y una eventual sesión por discapacidad

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Con una agenda cargada de temas que generan expectativa y tensión, el Senado comenzó la última quincena de sesiones ordinarias y la energía de la Casa Rosada está concentrada en avanzar mañana, en comisión, con la suspensión de las PASO. Mientras tanto, la oposición da por descartado que el jueves se sancionará en el recinto la nueva ley de discapacidad que Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem, arreglaron con kirchneristas y dialoguistas -cedieron en casi todo- y que, ahora, a Balcarce 50 no le agrada y pretende, en un escenario delirante y sin chances, modificar.

La cita en Asuntos Constitucionales representa un desafío no menor para el Gobierno libertario. Desde el jueves pasado agitó tanto una iniciativa -dormida durante meses- y un supuesto acuerdo con mandatarios provinciales -el borrador se encuentra en análisis- que, de no lograr las rúbricas, derivaría en un nuevo papelón. De hecho, el Ejecutivo vendió durante dos meses que todo este trámite finalizaba, a más tardar, en octubre.

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El proyecto en cuestión además incluye cambios sobre la Boleta Única, retomar Ficha Limpia, financiamiento privado y adhesiones para que un partido sea considerado fuerza nacional. Se da por descontado que algunos ítems quedarán en el camino. Sí sorprendería, tras más de medio año de demora y varios puntos delicados para revisar dentro del articulado, un despacho exprés. Y sin contar lo de las colectoras, que desde el oficialismo tendrán que explicar en las próximas horas.

Asuntos Constitucionales está conformada por 19 legisladores. Es decir que, para un dictamen, se precisan al menos 10 firmas distribuidas entre mayoría y minoría, de existir ambas opciones. Los libertarios tienen a quien comanda la comisión, el fueguino Agustín Coto -en la mira de un sector de la Rosada y de su bloque por actitudes que generan desconfianza-, su comprovinciana Belén Monte de Oca -mejor considerada-, Nadia Márquez (Neuquén), Patricia Bullrich -la porteña es la jefa del espacio, pese a las operaciones karinistas-, el saltarín Luis Juez (Córdoba) e Ivanna Arrascaeta (San Luis).

El radical Flavio Fama

Entre los mencionados suman seis rúbricas. El resto deberá provenir de aliados que, según el caso, responden o no a gobernadores. En el primer grupo se hallan los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza) y Eduardo Vischi (Corrientes), la oscilante justicialista Alejandra Vigo (Córdoba) y la ex filo macrista Beatriz Ávila (Tucumán). Sin terminal se anotan el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), Flavio Fama (UCR-Catamarca) y la ahora ex kirchnerista Carolina Moisés (Jujuy).

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Dentro de lo que la Casa Rosada desliza como entendimientos cerrados registran a Suárez, Vischi y a Vigo. En los últimos meses, la cordobesa buscó desmarcarse lo más que pudo del mileísmo y parece ofuscada en cada trabajo legislativo en el que participa y hace uso de la palabra. ¿Tan dispuesta estará a firmar el martes? Sería notable y, con ello, restaría una ayuda más. En tanto, Ávila responde al multi peronista -según la temporada- Osvaldo Jaldo, que defiende las PASO. No obstante, al ser Argentina, todo puede ocurrir.

Quien no suele ser un amante de las decisiones apresuradas es Espínola, por más que avale en un futuro cercano. Moisés es vice de la Cámara alta, tuvo un guiño ágil días atrás con la ley de cabotaje que tanto promocionó, recibió otros tantos desde que aterrizó como senadora desde lo administrativo y charla seguido con un gobernador que no es de su provincia, el salteño Gustavo Sáenz. Fama dio señales de ir en contra en el pasado, aunque tuvo un 2026 algo divergente, como con propiedad privada y la venta de tierra a extranjeros.

En caso de no llegar mañana un dictamen, una aceleración del tema precipitará decisiones. Difícil que se estire más, aunque hay legisladores que prefieren un despacho antes que termine el mes para aprobar la iniciativa en extraordinarias -si el Ejecutivo convoca, en diciembre- y que Diputados sancione antes de fin de año. Sobre todo, para que la Justicia electoral sepa bien por dónde iría el sendero del proyecto.

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Más allá de otras comisiones durante la semana, el miércoles habrá Labor Parlamentaria para definir la casi segura sesión del jueves, donde obtendría luz verde discapacidad y el tratado de patentes que reclama Estados Unidos. También se encuentra la ley de propiedad privada que volvió de la Cámara baja, en segunda revisión -restitución del tope de 15% de venta de tierras a extranjeros- y la norma sobre cabotaje con la que Moisés busca colgarse una medalla.

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“No queremos que los candidatos del PJ se designen a dedo o por WhatsApp”: la advertencia del líder de las 62 Organizaciones

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“No queremos que nos regalen nada, no queremos ir colgados de nada ni de nadie, pero estamos trabajando para recuperar el histórico 33% que nos dejó Juan Domingo Perón para ocupar lugares en los cargos electivos donde participe el Partido Justicialista”. En diálogo con Infobae, la definición es de José Ibarra, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis y secretario general de las 62 Organizaciones, tradicional brazo político del sindicalismo peronista.

La dirigencia gremial viene perdiendo espacios en el armado político y en las listas de candidatos del PJ desde hace muchos años, pese a los reclamos a los líderes del peronismo efectuados desde la CGT, el Movimiento Nacional Sindical Peronista y el partido Trabaj.ar, de Luis Barrionuevo (gastronómicos).

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Ahora, mientras sigue atomizada la estrategia gremial frente a la recomposición del PJ con vista a las elecciones, el sector que tomó la iniciativa es el de las 62 Organizaciones que lidera Ibarra, una de las tres fracciones en que se dividió ese espacio político-sindical y el único reconocido por la Inspección General de Justicia (IGJ), que fue relanzado en 2022.

El afiche de onda vintage para difundir el acto de las 62 Organizaciones

Ibarra, junto con otros dirigentes como Rubén Ledesma (Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Oeste) y Juan Miguel “Cacho” García (Federación del interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio), están desplegando una intensa ronda de contactos con referentes del peronismo: ya estuvieron con Sergio Massa, con el senador nacional Gerardo Zamora y la semana pasada, con Máximo Kirchner y Wado de Pedro, mientras que en estos días verán a Axel Kicillof y está pendiente un encuentro con Sergio Uñac.

Ledesma afirmó que “desde las 62 no sólo venimos trabajando en estos encuentros con todos los dirigentes políticos del mapa nacional, sino que además tenemos una convicción muy clara: los trabajadores no podemos ser más espectadores de las decisiones políticas sino que debemos recuperar el protagonismo y los espacios de representación que históricamente supimos tener y que en los últimos años fuimos perdiendo”.

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Por eso la apuesta más fuerte de las 62 será el acto que realizarán el martes próximo, a las 17, en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75, en el que se proponen dar una demostración de fuerza en medio de las negociaciones para unir al peronismo detrás de un solo candidato presidencial en las elecciones de 2027.

Sergio Massa, en el encuentro que tuvo con las 62 Organizaciones

En el encuentro, que tendrá lugar en el Día de la Militancia Peronista (se conmemora el regreso de Perón a la Argentina tras su exilio), se prevén las presencias de Kicillof, otros gobernadores del PJ, líderes de la CGT y distintos dirigentes y legisladores del partido.

“Elegimos esa fecha porque desde hace mucho tiempo venimos reclamando la participación de las bases, de la militancia, y no queremos que los candidatos se designen por WhatsApp, a dedo o por dirigentes encerrados entre cuatro paredes”, advirtió Ibarra.

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Esa forma de definir las candidaturas en el PJ, agregó el dirigente gremial, “no sólo dio el resultado que esperábamos desde el peronismo o el sindicalismo sino no ha dado resultados a la sociedad en su conjunto”.

José Ibarra:

— ¿Tiene que haber una interna en el PJ para definir las candidaturas?

— Deberían hacerse las PASO. Esa es la gran interna que tiene que haber. Está mal eso de que “cuando a mí me conviene las hago y cuando no me conviene no las hago”. Las reglas deben ser claras para todos.

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— Si el Gobierno logra la suspensión de las PASO, ¿debería hacerse una interna en el PJ?

— Tendríamos que hacer una interna, pero insisto en que las reglas tienen que ser claras para todos y no se pueden cambiar sobre la hora. Si (el Gobierno) se rasga las vestiduras con la casta, la peor casta la tienen ahí adentro. ¿Por qué ahora no convienen las PASO? ¿Por el juego de continuar con la destrucción de la Argentina? Hagamos las PASO y que sean una gran interna que permitan la participación de la gente y la militancia.

— ¿Las 62 tienen un candidato presidencial en el PJ con el que sientan más afinidad?

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— Primero nos propusimos trabajar y recorrer el país para llevarles las 62 a todos los compañeros del movimiento obrero como herramienta para que puedan hacer política en defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso decidimos el acto del 17 de noviembre y empezamos con la ronda de contactos, que arrancaron con una visita al PJ, donde nos recibió Teresa García, y después fuimos recibidos en la provincia de Buenos Aires por Andrés Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense). Después, entre otros, estuvimos con diputados como José Gómez, senadores como Gerardo Zamora y José Neder, y también con Sergio Massa, que empezó a trabajar para la unidad del peronismo.

El metalúrgico Lorenzo Miguel, histórico líder de las 62 Organizaciones

— Ahora se reunieron con Máximo Kirchner, que, junto con su madre, fueron los responsables de las designaciones a dedo de las candidaturas en el PJ desde hace muchos años. ¿Qué les dijeron?

— Sí, hablamos muchísimo. Desde este espacio no nos quedamos sin nada que decir. Ellos tampoco.

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— ¿Le plantearon las críticas por la forma en que manejaron el peronismo hasta ahora?

— Todos hicimos autocrítica. Y después de eso coincidimos en algo: “De acá en más, los espejos retrovisores sólo para los autos”. No mirar hacia atrás. Vamos para adelante, a construir, porque hay una enorme necesidad de la mayoría de los argentinos que no la están pasando bien. La situación no da para más.

— Máximo Kirchner propone la candidatura presidencial de Cristina. ¿Qué postura tienen las 62?

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— En este momento está todo dado para cualquier compañero que se quiera candidatear. Están en todo su derecho. Por eso primero deben ir a la interna o a las PASO. Ahí debe dirimirse todo. Y volver a una frase histórica: el que gana, gobierna; el que pierde, acompaña.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof

— En el apogeo de las 62 Organizaciones, con Lorenzo Miguel como líder, el 33% de los lugares en las listas de candidatos eran para la rama gremial. Hace muchos años que esto no se cumple. ¿Cómo piensan lograr que haya más candidatos de extracción sindical?

— Eran otros tiempos, otros hombres, otras mujeres. El mundo y la Argentina también cambiaron. Pero no nos guardamos nada en el tintero. A cada uno de los referentes del peronismo le llevamos las críticas porque dejaron de lado al movimiento obrero y le pedimos que vuelvan a darle la participación que se merece.

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— ¿Qué les responden?

— Nos miran sorprendidos, pero les dejamos en claro que estamos trabajando para recuperar el histórico 33% por ciento que nos dejó Juan Domingo Perón para ocupar los cargos electivos donde participe el Partido Justicialista. Y también decimos claramente: no queremos que nos regalen nada, no queremos ir colgados de nada ni de nadie. Queremos llegar a través del enorme trabajo que estamos haciendo y que se tiene que ver reflejado.

— En las últimas dos reuniones cumbre del PJ, los sindicalistas no fueron invitados. La CGT ya expresó su molestia. ¿Ustedes se sienten marginados?

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— Eso va a llegar por decantación. A partir de este tipo de charlas que tenemos para buscar un consenso se empieza a trazar un camino en el cual vamos a tener algún tipo de injerencia en las grandes decisiones del peronismo.

Máximo Kirchner,Eduardo de Pedro,Día de la Militancia,62 Organizaciones Peronistas,peronismo,Argentina

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La apuesta del Gobierno por recuperar la gestión y postergar las diferencias internas

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A días del cierre formal del período ordinario legislativo, el Gobierno intensifica los esfuerzos para retomar el control de la agenda de gestión, diluida entre los viajes al exterior del presidente Javier Milei y la reciente visita de León XIV. Se trata de uno de los desafíos más complejos que afronta, dado que deberá acelerar el tratamiento de las reformas enviadas al Congreso durante las últimas semanas del año.

En Casa Rosada saben que la prioridad será intentar aprobar la mayor cantidad de iniciativas posibles, en particular la reforma electoral y el Presupuesto 2027, por lo que decidieron postergar los debates internos hasta la finalización del cronograma legislativo, que supondría la convocatoria a sesiones extraordinarias -al menos-durante el mes de diciembre.

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Con intención de ordenar los próximos pasos, la mesa política se reunirá nuevamente este martes, a las 11, luego de tres semanas sin verse, para intentar definir los tiempos. La decisión de aplazar las discusiones no implica que las diferencias hayan quedado saldadas. Más bien lo contrario: el intercambio de este martes se da en medio de los mensajes cruzados entre el Poder Ejecutivo y la senadora Patricia Bullrich, quien no duda en hacer públicos sus contrapuntos y envía mensajes al Poder Ejecutivo.

Pese a que varios alfiles libertarios aseguraban que, tras la partida de León XIV, los Milei tomarían medidas contra la legisladora, nada de eso parece estar próximo a pasar. Si bien el malestar es compartido por todas las tribus, hay coincidencias sobre la necesidad de preservar a Bullrich en el espacio. “Ni nuestros votantes la quieren afuera, ni los suyos le piden que rompa”, explicó ante Infobae un integrante del ala política.

La senadora Patricia Bullrich en el recinto

“Después de las reformas vamos a tener otro tipo de diálogo”, prometieron desde el karinismo en medio de la inacción de los últimos días. Sin embargo, otros descreen de esa posibilidad y vaticinan que, actualmente, las condiciones están dadas para que la senadora compita en fórmula con el libertario en 2027.

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En Balcarce 50 detectan que entre la agenda internacional y la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica se perdieron varias semanas clave, por lo que aspiran a motorizar las iniciativas cuyos apoyos todavía se encuentran en plena negociación.

El objetivo libertario es llegar lo más ordenado posible a los próximos comicios, lo que implica concretar la suspensión de las PASO, pero también ordenar el ambicioso articulado.

El exdiputado y ladero bullrichista Gerardo Milman realizó una advertencia sobre el sistema de colectoras incluido en el proyecto. A través de su cuenta de X, planteó que las colectoras podrían ser inconstitucionales para elegir senadores nacionales debido a que permitirían alterar el sistema de representación por mayoría y primera minoría que establece la Constitución.

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Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

En estricta reserva, algunos senadores violetas coincidieron con el planteo, aunque lo atribuyeron a un mensaje enviado a través de terceros que llevaría el sello de la propia Bullrich.

En medio del debate, el senador libertario Agustín Coto convocó para este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la idea de dictaminar el proyecto e intentar lograr la media sanción el 26 de noviembre. La hoja de ruta que diseñó Casa Rosada contempla una sesión especial el miércoles en Diputados para tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Para la semana próxima quedará el debate del Presupuesto 2027.

No obstante, todas las iniciativas demandan, a su vez, el acercamiento del oficialismo a los gobernadores aliados, cuyos entendimientos legislativos parecerían empezar a destrabarse por carriles diferenciados de los electorales. “Vamos a acordar con todos, pero cuando se avecine la fecha de la elección”, sostuvieron desde el armado.

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Lejos de la promesa del año más reformista de la historia, que hizo Milei el 1° de marzo, los libertarios deberán evitar errores del pasado y recolectar apoyos a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que trabaja en el vínculo con los mandatarios provinciales aliados y los primos Menem si aspiran a cerrar el 2026 con algunos de los objetivos cumplidos.

En paralelo a las negociaciones y conversaciones para intentar destrabar el debate legislativo, el presidente protagonizará una intensa agenda de actividades empresariales y académicas. Durante la semana, mantendrá reuniones con autoridades de Toyota y participará del lanzamiento oficial de Tesla en el barrio de La Boca. También recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel y disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.

Diego Santilli,Gobernadores

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