El diputado Miguel Ángel Pichetto volvió a sumarse a la discusión por el ingreso de autos chinos a la Argentina y criticó la medida del Gobierno que permite la importación desde el país asiático. El funcionario también apuntó contra el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, a quien acusó de hacer negocios con la administración mileísta por tener agencias dedicadas al ingreso de vehículos extranjeros al país.

El legislador de Encuentro Republicano Federal aseguró el ingreso de autos chinos es “un favor inmenso” del gobierno de Javier Milei a Dietrich. “Es uno de los principales importadores de autos chinos, hay un montón de agencias que abrieron sobre avenida Libertador…”, acusó este jueves.

Pichetto también consideró que el libre ingreso “impacta en el mercado y destruye todo”. “Nadie puede competir con los productos chinos, que tienen financiamiento del Banco Central y que ingresan sin ningún tipo de aranceles o libre de impuestos. Es atentatorio y muy grave lo que se hace con la industria automotriz”, añadió.

El funcionario también comparó la situación nacional con lo que ocurre en otros países de la región, como es el caso de Brasil. “A diferencia de la Argentina, en donde somos estúpidos y trabajamos para la destrucción del empleo y los trabajadores argentinos, obligan a los chinos a abrir las fábricas allá”, explicó en diálogo con Futurock.

“No como acá, que llegan armados. Lo que viene es peor, porque hay más de 30 marcas chinas dando vueltas. Es la historia de la industria nacional y de las Pymes: en poco tiempo, frente al fenómeno chino no queda nada. Es un industricidio realizado con la lógica más perversa”, señaló.

Por otro lado, Pichetto se refirió al DNU 70/2023 promulgado por la administración mileísta, que volvió a ponerse en agenda y se debatirá la semana que viene en Diputados. El proyecto, entre otras cosas, permite importar a cualquier persona humana o jurídica sin necesidad de estar inscripta en un registro especial.

“Hay que ver qué hacen unos gobernadores que viajaron a París. Siempre que logramos mayoría para temas trascendentes, el Gobierno después no cumple con la ley y la Justicia demora en las resoluciones para que no se cumplan. Es un modelo complejo y difícil”, apuntó el diputado y remarcó: “Este modelo es mirado con preocupación desde EE.UU. porque es incomprensible para ellos que no se cumplan las leyes del Congreso. Amamos tanto a [Donald] Trump pero después hacemos lo que se nos da la gana acá y eso impacta en la credibilidad y las inversiones”.

“La voluntad es derogar el DNU, porque están haciendo uso y abuso de este decreto, que les sirvió para generar unos primeros instrumentos de gobernabilidad. Luego, en manos de un personaje como [Federico] Sturzenegger, destruye todo. Algún día van a tener que rendir cuentas de lo que están haciendo”, adelantó.

Y sumó: “No me preocupa la derogación de otras normas del DNU; hay cosas que se pueden sanear rápidamente con leyes, como el tema alquileres, que se puede ordenar. En ese sentido, hay temas que pueden analizarse y desmalezar lo que no sirve, que es lo que deberían haber hecho antes. Pero intentan estupideces, como la de los prácticos. Después de tres años de Gobierno, deberían haber trabajado en el marco normativo con el Congreso para poder ordenar la cuestión y dejar lo útil”.

Finalmente, Pichetto dio su opinión acerca de cómo ve al Gobierno y evaluó la posibilidad de una reelección de Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. “Veo un gobierno en una profunda crisis política, con un Presidente muy ausente de la gestión pública, apareciendo de vez en cuando… La pregunta sería quién gobierna la Argentina, pero todos sabemos que esa tarea está siendo suplida por Karina Milei”, lanzó.

“La sociedad no va a votar a alguien que perjudicó tanto a la clase media, a los trabajadores y les hizo perder calidad de vida. Este Gobierno pierde las elecciones. Indudablemente que en la oposición hay que armar una propuesta y se va a hacer, pero no veo posibilidad de reelección ni espíritu de reelección en la sociedad”, cerró.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay, el mismo que concentró la mayoría de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobreseyó a media docena de familiares directos del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La decisión judicial se concretó en el marco de un expediente por lavado de dinero que se inició en la provincia de Santiago del Estero, donde están radicadas la mayoría de sus empresas.

En esa causa, el fiscal de Santiago del Estero Pedro Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que habría comenzado en 2018. Según el dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a ARCA al engañar al Fisco Nacional sobre el verdadero tributo debido, lo que se obtuvo mediante la emisión de facturas que se presumen falsas, y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.

Simón pidió la indagatoria y la detención de Tapia y Toviggino, pero además había imputado a un total hay 26 personas. En el listado aparecían dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su ex mujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana, entre otros.

El mismo día que regresó de sus vacaciones, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay desestimó la denuncia, pero fue apartado del expediente porque se detectó que su hija le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio del 2024. Cuando todo indicaba que la Cámara de Tucumán podía revocar el fallo, el fiscal general de esa provincia, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había planteado su colega de primera instancia y la causa terminó en manos de González Charvay, el mismo juez que eligieron los presuntos testaferros de la mansión de Pilar.

Con el argumento de que “no hay impulso fiscal”, el juez federal de Campana sobreseyó a trece familiares y allegados de Pablo Toviggino y a seis empresas vinculadas a su familia: HR SRL, Barwa SRL, Bori SRl, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS.

La resolución no incluye a Toviggino, quien no se presentó en esa causa, a Tapia, y a otras personas que figuraban en la imputación inicial.

Los sobreseimientos fueron pedidos por los abogados Alvaro Aitor Irazusta, en representación de los familiares de Toviggino, y dos abogados en nombre de la pareja del tesorero de la AFA.

“Se verifica en autos que respecto de las personas cuyo sobreseimiento se solicita no existe impulso penal por cuanto el requerimiento de instrucción oportunamente formulado fue desestimado”, dice la resolución firmada este miércoles por González Charvay. Y agrega: “No hay acción habilitada contras las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”.

La causa que derivó en el pedido de detención de Tapia y Toviggino y otras 22 personas (solo quedaron afuera los dos hijos del tesorero) comenzó en diciembre del año pasado, a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi.

En casi cuatro meses, el fiscal Simón obtuvo informes de la Anses, del Renaper, de la Dirección de Migraciones, de los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, y de ARCA, entre otros organismos. Solo en la provincia de Santiago del Estero se individualizaron 35 inmuebles.

La investigación patrimonial de las sociedades arrojó algunas sorpresas. La empresa HT SRL, dedicada a la venta de combustible, y con apenas un empleado registrado, fue creada en 2016 y comenzó con un patrimonio neto de $17.390. En 2024, finalizó con un patrimonio neto de $2.026.874.657, lo que significa que se multiplicó aproximadamente 116.552 veces.

La empresa Carbello SRL se destaca por la compra de bienes por más de 2 millones de dólares. El fiscal enumeró siete bienes: El Deán, Lote B, adquisición por $12000000; El Deán, Lote C, adquisición por $28000000; Lote 3A, adquisición por US$235.950; Lote 3B, adquisición por US$627.900; Lote X, adquisición por US$315.900; inmueble en calle pública, zona rural, por US$200.000; inmueble en calle pública, zona rural, por US$420250.

Otro caso especial es del SOMA SRL, donde aparece la pareja de Toviggino. Se encontraron a su nombre una docena de vehículos, varios de lujo, un avión privado matrícula LV-FUT, pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el nivel de facturación a partir de 2021. “Registra acreditaciones bancarias en el año 2022 por $1.831.176.994, en el 2023 $7.048.180.804, en el 2024 por $32.634.470.137 y en el 2025 por $5.043.601.193“, expuso el fiscal.