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El intendente de Valle Fértil dio detalles del momento en que el helicoptero se estrelló en San Juan: “Había neblina y el lugar no era accesible”

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El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, dio detalles del trágico accidente del helicóptero que se estrelló en San Juan cuando iba a hacer capacitaciones y que dejó siete víctimas fatales.

“Yo me encontraba en mi despacho esperando la jornada de capacitaciones. El jefe del Escuadrón 4 de los Bomberos me avisó un rato más tarde que se suspendía el evento y después me informaron que un helicóptero había sufrido un siniestro en la zona de Parque Provincial Ischigualasto”, explicó en diálogo con Está Pasando (TN).

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Según Riveros, la tripulación habría tenido problemas de visibilidad: “Cuando tomé contacto con personal de fuerza civil de la provincia, me informaron que la zona del Parque estaba con neblina y era allí donde se había producido el hecho».

“A las 13, personal de Defensa Civil nos indicó que el helicóptero había sido visibilizado por otra aeronave de La Rioja. El lugar no era muy accesible», detalló y aclaró que pasaron alrededor de 40 minutos entre que se perdió contacto y localizaron al helicóptero.

El intendente se solidarizó con las familias y concluyó: “Me puse a disposición como autoridad del departamento y también a todo el equipo que me acompaña en la gestión para brindarle todo el apoyo necesario que cuenta el municipio”.

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Un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias sufrió un accidente en San Juan. (Foto: Archivo/X @MinSeguridad_Ar)

El mensaje del gobernador de San Juan tras el trágico accidente

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, hizo un descargo en sus redes sociales luego de que se confirmaran 7 muertos en un trágico accidente durante una capacitación de combate del fuego realizado con un helicóptero.

“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”, señaló Orrego. Luego, nombró a varias de las víctimas: Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos.

Leé también: Cómo era el helicóptero que se cayó en San Juan en el que murieron siete personas

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“Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”, afirmó el mandatario provincial. “También acompañamos a las familias de Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y de los brigadistas de AFE, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta”, agregó.

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Milei acusó a Cristina Kirchner de haber robado “10.000 millones de dólares” con el Banco Central

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El presidente Javier Milei arremetió este jueves contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y la acusó de haber “robado 10.000 millones de dólares” con el Banco Central en 2010, durante su primera gestión.

En un discurso difundido por cadena nacional para presentar el proyecto de reforma del Banco Central, el mandatario vinculó a Fernández de Kirchner con maniobras de corrupción durante su gestión e hizo énfasis en su actual condena por “delitos de corrupción” en la causa Vialidad.

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“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí”, inició el mandatario, al recordar medidas económicas pasadas como la convertibilidad.

El presidente Javier Milei envía mensaje sobre Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en cadena nacionalCaptura

Y acto seguido agregó: “En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares”, expresó Milei.

El jefe de Estado señaló que esos “10.000 millones de dólares, expresados a moneda de hoy, equivalen a 15.000 millones de dólares”.

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“A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”, señaló Milei sobre la gestión de Marcó del Pont, ya en el segundo mandato de Fernández de Kirchner.

Mercedes Marcó del PontAFP

Y añadió: “Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central”.

La reforma

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Milei presentó este jueves por la noche en cadena nacional el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, una de las prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas.

El Presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales” en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”, dijo como primer punto.

Y añadió que también “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”.

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El mandatario estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado) y Martín Menem (titular de la Cámara Baja).




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Y un día Milei descubrió el nacionalismo

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Era la estación que faltaba, pero a la que finalmente llegó. Un día Javier Milei descubrió el nacionalismo como insumo para tratar de recuperar imagen y soporte político. Lo que hasta ahora había estado ausente en su narrativa y lo diferenciaba de sus pares de la nueva derecha mundial lo encontró en el último campeonato mundial de fútbol.

La llamada “ola antiargentina”, calificada por el Gobierno como “campaña antiargentina”, desatada e instalada en redes sociales, especialmente en las instancias finales de la Copa, aportó el contexto para que un nuevo eje discursivo y de acción fuera adoptado por Milei.

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El monitoreo permanente del universo digital, que hace el comando liderado por Santiago Caputo, había detectado ahí un terreno fértil, especialmente entre sus seguidores, para intentar cultivar un nacionalismo que ya otros gobiernos populistas habían explotado en circunstancias adversas.

En las últimas semanas se habían encendido luces amarillas en la Casa Rosada por la consolidación de una tendencia negativa en el humor social respecto del Gobierno y se buscaba con urgencia un nuevo repertorio para recuperar el protagonismo en la agenda pública. La usina comunicacional mileísta recurrió, entonces, al manual: en tiempos de crisis, la construcción de un enemigo externo y la instigación al nacionalismo pagan.

Por eso, no debería sorprender (y, menos aún, resultar indiferente) que en las primeras horas de este jueves el Gobierno lanzara (y publicitara) un decreto reglamentario de la ley de migraciones que habilita el rechazo o la expulsión de extranjeros “que hubieren dirigido mensajes de odio, ya sea en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en alidad de este último”.

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El escenario parecía propicio y las circunstancias por las que atraviesa el oficialismo lo explican y lo autojustifican. El horario y la forma en la que se difundió no fueron casuales: por las redes sociales y apenas despuntaba el día para que ocupara los títulos de apertura de los portales de noticias y programas de radio y televisión, de forma que se viralizara.

La decisión presidencial no pasó inadvertida. De inmediato circuló, fue celebrada por las milicias digitales libertarias y defendida por los voceros habituales del oficialismo. Pero también despertó la crítica de un muy amplio espectro de constitucionalistas, de distintas organizaciones de la sociedad civil y de dirigentes opositores, alarmados, sobre todo, por el margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades el decreto respecto de conductas no detalladas ni tipificadas. “¿Quién define qué es un mensaje de odio?”, es la pregunta del momento.

Nada de eso, sin embargo, pareció afectar al súper asesor y su equipo, impulsores y ejecutores del decreto, con el que dicen solo haber dado forma y curso a una idea que tiene un único autor, que es el Presidente, cuya figura, algo dañada en las últimas encuestas de las consultoras más serias, se pretende reparar. Al mismo tiempo, ellos necesitan recupera su confianza. Eso sí, nadie oculta que la autoría material corresponde a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, la muy caputista María Ibarzabal Murphy.

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“Es, por lejos, el comunicado más likeado de la historia de la OPRA (Oficina del Presidente de la República Argentina) desde su creación. Cuadruplica los números de los mejores comunicados, que rondaban los 40.000 likes y está ya está superando los 200.000. Y en Instagram y en X es también el más likeado y compartido”, se jactaba ayer a media tarde una de las personas más cercanas al gurú, que también se afana por recuperar influencia y cree haber encontrado en la veta nacionalista la clave de bóveda.

El entusiasmo del colectivo caputista pareció no reparar en que esa admisión implica, por contraste, subrayar el relativo interés público despertado por centenares de anuncios presidenciales previos. Incluido el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, una de las mayores obsesiones de Milei, que motivó la flamígera cadena presidencial de anoche. Otro ladrillo más en la construcción del enemigo.

“Evidentemente, nos metimos en la mesa de la gente. Cuando pasan esas cosas es porque eso ya se estaba hablando y lo único que hiciste fue sumarte a la conversación. Si estás conectado con la realidad, se nota muchísimo cuando comunicás”, ampliaban con notable euforia desde la oficina de Santiago Caputo. Quizás en un tiro por elevación a sus adversarios internos del karinismo que le vienen ganando la disputa por la estrategia política.

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Sin embargo, diversas consultoras que hacen seguimiento de redes sociales relativizan esa afirmación y advierten que si bien lo de “la ola antiargentina” tuvo una atención transversal, no ocurrió lo mismo con las reacciones oficiales y, menos aún, con el decreto nacionalista.

“Por el seguimiento que hicimos, advertimos que el tema se encapsula en una burbuja oficialista que lo apoya, pero casi no incluye a sectores ajenos al oficialismo. Y si se potenció fue por la reacción negativa de opositores políticamente comprometidos, pero no por la interacción de personas comunes, de sectores sociales no politizados”, señala Patricio Hernández, director de la consultora Méthodo, especializada en el comportamiento en el universo digital.

Así, la conexión con la realidad de la que hablan el asesor y su equipo parece centrarse en las muy difundidas reacciones de un orgullo nacional herido que se sucedieron tras las críticas generalizadas a los argentinos como racistas y transgresores, por un lado, y por haber gozado el seleccionado nacional de supuestos beneficios por parte de la FIFA.

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A eso se sumó el impacto generado por la aparición de la bandera reivindicatoria de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, que portaron algunos jugadores del seleccionado en la cancha después del épico triunfo, en los minutos finales, sobre Inglaterra, que fue celebrada por una buena parte de la sociedad y cuestionada desde el exterior.

Poco importaba que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, hubiera admitido antes del partido que había acordado con la FIFA que no se pudiera ingresar al estadio con elementos que pudieran considerarse “políticos o provocativos”, entre los que incluyó expresamente referencias al archipiélago ocupado por el Reino Unido.

Si, como señala Giuliano Da Empoli, “la nueva política es ira más algoritmo”, las condiciones estaban dadas y se habían probado potentes. Aunque pocas veces haya correlación entre pasión futbolera y política, la fibra del nacionalismo herido alimentaba a los ideólogos del ensayo.

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Sobraba enojo y las redes lo potenciaban. Solo faltaba tratar de capitalizarlo, porque “una vez que la ira se ha desatado se hace posible construir cualquier clase de operación política”, sentencia el sociólogo y escritor italiano, autor de Los ingenieros del caos. Por algo a Santiago Caputo se lo ha bautizado como El mago del Kremlin, otra creación de Da Empoli.

La línea del tiempo de la conducta oficialista es tan recta que muestra y explica con claridad el derrotero que va de las derivaciones mundialistas al decreto de ayer. En eso se inscribe la denuncia de “una campaña antiargentina” por parte de Milei, a la que le agregó la acusación de haber sido financiada en “un 25% por el gobierno de Brasil” para justificar los insultos proferidos en ese país contra el presidente brasileño y un ministro del Tribunal Superior, que derivó en el mayor conflicto diplomático con el principal socio comercial de la Argentina.

En el medio, apareció un oportunista proyecto de ley del diputado caputista bonaerense Agustín Romo para imponer cargos a los extranjeros que estudien o sean atendidos en centros de salud públicos. Globos de ensayo que precedieron la norma presidencial. Además de potenciadores de las acusaciones de xenofobia de los críticos. El fomento de la polarización no sabe de fronteras.

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Legalidad más que dudosa

La viabilidad legal de la disposición presidencial y la probabilidad de su aplicación sin ser judicializada parecen, por eso, ser cuestiones poco relevantes para el Presidente y sus asesores.

El objetivo, admiten en la cima del oficialismo, es netamente político. Parte de una construcción de una ola de acontecimientos para recuperar el centro de la escena política y desplazar de la agenda datos negativos para el Gobierno, que estaban pregnando en la opinión pública, a pesar de que algunos indicadores macroeconómicos seguían mostrando signos positivos.

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La máxima de Steve Bannon, el estratega norteamericano de la nueva derecha, de “inundar la zona” con anuncios, golpes de efecto y medidas de alto impacto social, se había seguido al pie de la letra una vez más. Un regreso a las fuentes que llevaron a Milei a la Presidencia. Aún cuando el clima ya no sea tan benigno.

Sin embargo, las debilidades legales del decreto, advertidas por numerosos expertos, obligarán al Gobierno a potenciar esa táctica, generar constantes hechos de fuerte repercusión y lograr en forma urgente algunos resultados positivos que desplacen este asunto del primer plano, ya que se prevén uno o varios reveses judiciales, si es que el Estado de Derecho sigue gozando de buena salud. Podría ser una prueba de fuego.

“Por un lado, no está justificada la necesidad y urgencia, porque es evidente que no hay una legión de odiadores extranjeros que quieran entrar o que estén en el país. Por otro lado, la categoría de discurso de odio tiene una indeterminación y una vaguedad absoluta y estaría en colisión con el derecho de entrar, salir y permanecer en territorio argentino que establece el artículo 14 CN”, advierte el abogado y excamrista federal Ricardo Gil Lavedra.

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“El decreto es un verdadero dislate. Tiene dos problemas serios. Primero, afecta el principio de legalidad, ya que la idea es que las normas deben ser previas a los hechos y en este decreto se castiga las expresiones previas. Segundo, se afirma que es para proteger el ‘honor’ del Estado argentino, pero solo las personas humanas tenemos honor. Es decir, se usan argumentos falsos. Y, tercero, ya existen normas en el código penal o en el Pacto de San José, que priorizan la libertad de expresión y sólo responsabilizan civil o penalmente por los actos que afecten los derechos de terceros. Ergo, se debe hacer juicios para acreditar si esos extranjeros cometieron actos que dañaron a alguien. Por lo tanto, es un acto inconstitucional”, afirma el abogado Hugo Wortman Jofré, expresidente y actual directivo de Poder Ciudadano.

En la misma línea, el constitucionalista Roberto Gargarella sostiene: “Me parece una aberración inconstitucional. No puede decidirse sobre esta materia por DNU; no puede modificarse la ley de migraciones dejando de lado al Congreso; contradice su discurso e iniciativas en otras áreas (como la Ley de Tierras). Sin contar con que esto se lleve pésimo con la (burda) retórica alberdiana que suelen invocar cuando les conviene”.

En el plano legal, por lo tanto, parece que sobrará trabajo para los tribunales. Habrá que ver, entonces, si con el (re)llenado y reconfiguración que con tanta celeridad está llevando a cabo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el Gobierno logra fallos que refuten los argumentos de los críticos.

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Mientras tanto, queda instalada la nueva retórica nacionalista adoptada por el presidente anarco-libertario aperturista. Todo sea por recuperar terreno y ocupar el centro de la escena en días complicados.




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La CGT se encamina a participar en la marcha del 6 de agosto contra la Ley de Propiedad Privada

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La Confederación General del Trabajo (CGT) se encamina a participar de la movilización convocada para el próximo 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará aprobar en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen vigente para la venta de tierras rurales a extranjeros.

Según pudo saber TN, la central obrera se sumará al rechazo público que ya plantearon las dos CTA, la UTEP y otras organizaciones sociales que ya habían confirmado su presencia en la movilización del jueves. “Acompañaremos el rechazo”, apuntó una importante fuente sindical. Se analiza una conferencia de prensa conjunta para los días previos a la sesión del jueves.

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Se trata de un paso más en la agenda de acciones que la CGT viene desplegando contra el Gobierno: el miércoles de la semana pasada marchó junto a jubilados frente al Congreso, y ya tiene previsto participar el 7 de agosto de la peregrinación de San Cayetano, desde Liniers hasta Plaza de Mayo.

La ley propuesta por el Gobierno elimina los límites vigentes para la venta de tierras rurales a extranjeros, con la única excepción de las zonas de frontera, cuya autorización quedaría sujeta a una doble aprobación de la Nación y de las provincias.

La ley vigente, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país, prohíbe la compra de campos en zonas de frontera y fija un límite de 1000 hectáreas en la zona núcleo.

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La senadora Patricia Bullrich es la encargada de negociar con los aliados del Gobierno los votos para la sanción de la ley de Propiedad Privada. Foto: TN

Dudas sobre la mayoría oficialista

El debate por la reforma ya fue postergado en cuatro oportunidades. La última vez, la senadora Patricia Bullrich pidió un cuarto intermedio en pleno recinto al advertir que no contaba con los apoyos necesarios, y la sesión quedó reprogramada para el 6 de agosto. Aunque el oficialismo ajustó el texto tras sucesivas rondas de negociación con el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, en La Libertad Avanza reconocen que todavía no hay certezas sobre las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa.

Desde el oficialismo defienden los cambios con el argumento de que favorecerán la producción y las inversiones. “La ley es favorable a la producción y va a generar fuentes de trabajo. La tierra va a estar relacionada con la producción, donde no se pierde ninguna soberanía, se van a permitir inversiones y generación de empleos”, sostuvo el senador libertario Bartolomé Abdala.

Leer más: El Gobierno utilizará las alertas migratorias para impedir el ingreso de extranjeros que hayan difundido mensajes anti-Argentina

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El proyecto enfrenta resistencias incluso en sectores habitualmente cercanos al Gobierno. Uno de los focos de incertidumbre está en Misiones, donde el Frente Renovador de la Concordia atraviesa una crisis política entre el gobernador Hugo Passalacqua y el líder provincial Carlos Rovira. Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut todavía no anticiparon cómo votarán, mientras que el diputado nacional y exgobernador Oscar Herrera Ahuad expresó públicamente su rechazo: “Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”.

A esas resistencias se suma la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ya manifestó su rechazo a la liberalización de la venta de tierras a extranjeros. También la Iglesia Católica volvió a cuestionar el proyecto: en una carta enviada a todos los senadores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Pastoral Aborigen y Cáritas pidieron que “quienes debatan esta iniciativa guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel rechaza la ley de Propiedad Privada pero no estaría en la sesión del jueves ante la ausencia de Milei por su viaje a Colombia. (Foto: Archivo/NA - Claudio Fanchi)
La vicepresidenta Victoria Villarruel rechaza la ley de Propiedad Privada pero no estaría en la sesión del jueves ante la ausencia de Milei por su viaje a Colombia. (Foto: Archivo/NA – Claudio Fanchi)

En la Unión Cívica Radical, aliados habituales del Gobierno, la posición predominante es acompañar la iniciativa. El bloque que conduce el correntino Eduardo Vischi considera que la redacción final del proyecto convence, en principio, a siete de los diez integrantes. Los rechazos confirmados corresponden a Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, mientras que Flavio Fama todavía no definió su voto. En paralelo, la conducción nacional de la UCR difundió un comunicado que cuestionó la propuesta oficial y advirtió que “se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional”.

Bullrich convocó a los senadores de La Libertad Avanza para el miércoles previo a la reanudación de la sesión y mantendrá además una reunión con legisladores dialoguistas, con el objetivo de determinar con precisión cuántos votos tiene asegurados el oficialismo. La senadora espera contar con los 21 integrantes del bloque libertario y los tres representantes del PRO, y aspira a sumar a Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Flavia Royón y Julieta Corroza, además del bloque Convicción Federal —encabezado por Carolina Moisés, junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada—. También busca capitalizar la cercanía política entre Arce y Rovira para destrabar el voto de Misiones.

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