No aparecen en el texto ni la cantante Rosalía, ni el actor Samuel L.Jackson, ni mucho menos las durísimas críticas hacia la bandera argentina que desplegaron los jugadores argentinos en el Mundial, con la consigna “Las Malvinas son argentinas”. Pero el decreto 681/26, firmado por el presidente Javier Milei y el gabinete en pleno, que modifica la ley de Migraciones y establece penas de prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de extranjeros que “propaguen mensajes de odio”, es, según distintos funcionarios, la “respuesta necesaria” a la “campaña anti-argentina”, que desde el Presidente hacia abajo, viene denunciando la administración libertaria.

Una campaña que, según afirmó el Presidente y apoyaron otros ministros, provino de los gobiernos opositores de Brasil y México, más el Partido Demócrata de Estados Unidos.

Distintas fuentes oficiales centran el origen del decreto en la oficina que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene en el primer piso de la Casa Rosada. “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”, posteó el propio consultor la semana pasada, luego de distintas expresiones opositoras de condena a dichos de actores, cantantes y mensajes en redes sociales acusando a los argentinos de “racistas”, entre otras descalificaciones.

Caputo suscribió horas después un posteo del intelectual mileista Agustín Laje, para quien “la campaña anti-Argentina es la última manifestación ideológica de la agenda woke”. “Nunca se trató de fútbol, sino de una agresión cultural y política contra lo que hoy representa Argentina en el mundo. Y esa campaña tuvo su validación local en la izquierda y el progresismo”, escribió Laje, una semana antes de la publicación del decreto, que faculta incluso al Gobierno a cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en conductas contra la Argentina, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. Si la inspiración del decreto provino del caputismo y los “celestiales”, fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cercana a la secretaria general Karina Milei, la que se ocupó de llamar a distintos ministros para interiorizarlos del decreto y viabilizar su firma, según contaron cerca de los funcionarios que recibieron las llamadas.

Fuentes con acceso a la “cocina” del decreto explicaron a que la idea es fijar “un criterio más estricto y restrictivo en materia migratoria, incluido el otorgamiento de visas”. La letra del DNU hace mención a la propia Constitución nacional y fallos de la Corte Suprema, que comentan que “toda nación soberana tiene como poder inherente a su soberanía y esencial a su propia conservación la facultad de prohibir la entrada de extranjeros a su territorio”.

La dirección de Migraciones, hoy bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, es la encargada del pedido de visas, en su mayoría provenientes de países de Asia, Medio Oriente y África, que no tienen acuerdos bilaterales con la Argentina, trámite del que están exentos la mayoría de los países de América y Europa. Según fuentes oficiales, será Migraciones la encargada de aplicar este nuevo criterio, ya que –estimaron- “es lógico que antes de otorgar una visa se haga un análisis de información” que suministra el interesado. “Esto no tiene nada que ver con posturas políticas, salvo que seas un extremista”, se atajó la fuente oficial.

En relación a la “campaña anti-argentina”, y en medio de los fuertes roces diplomáticos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, Milei sostuvo el domingo pasado que Brasil, México y el Partido Demócrata de Estados Unidos eran los responsables de su financiación. El canciller Pablo Quirno coincidió en la existencia de la campaña y afirmó que el Gobierno “sabe” de dónde salieron los posteos hirientes, aunque evitó precisar el origen.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, avaló el martes la existencia de la campaña, pero la describió como una “hipótesis” vinculada a sectores de izquierda que buscarían perjudicar al modelo libertario. “Todas aquellas personas que desde Hollywood, España y cualquier parte del mundo hablen de la Argentina como un país racista claramente desconocen nuestra historia”, sostuvo, aunque tampoco precisó qué participación tuvieron los gobiernos de Lula da Silva y el de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien incluso rechazó las acusaciones de manera pública.

El exasesor del Ministerio de Defensa, Nicolás Promanzio, cercano a las Fuerzas del Cielo, insistió en la existencia de una campaña “anti-argentina” de desinformación coordinada desde Brasil, el Reino Unido y Medio Oriente en las últimas semanas”, con el objetivo de dañar al gobierno de Milei, que “lidera la nueva ola política en la región”. Ese fue el espíritu que guio el decreto publicado hoy, que entrará en vigencia mañana.

MIAMI.- Desde las 9 de la mañana (las 10 de la Argentina), los miembros del gran jurado de Miami están reunidos en el séptimo piso del edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de la ciudad. pudo confirmar que hasta ahora no se presentaron testigos para declarar sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y que es improbable que eso ocurra durante la jornada de hoy.

Luego de filtrarse una citación para este jueves, había trascendido que la audiencia iba a ser reprogramada para preservar el carácter reservado del expediente, según reconstruyó en base a fuentes con acceso al expediente.

Las versiones apuntaban a que ese testigo, que siempre se mantuvo en secreto, podría ser el responsable comercial y de Marketing de la AFA, Leandro Petersen. “Estoy en Buenos Aires”, respondió esta mañana, casi a la misma hora que comenzaba la audiencia en Miami, ante una consulta de .

Desde la entidad que lideran Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, en tanto, difundieron que Petersen encabezará este viernes un evento en el predio “Lionel Andrés Messi” de la AFA en Ezeiza.

Se trata del llamado “Sponsor Day”, organizado para las empresas auspiciantes. “Le daremos las gracias a la selección más exitosa de la historia y a las más de 120 marcas que formaron parte de este éxito sin precedentes con su acompañamiento y cercanía incondicional”, dice el comunicado de prensa.

Según versiones que circularon durante los últimos días, abogados de Petersen se habrían contactado con la fiscalía de Miami y acordado reprogramar la audiencia de este jueves para preservar la reserva del expediente.

De confirmarse eso, el testigo podría prestar declaración bajo juramento directamente ante el fiscal y el contenido de su testimonio luego sería presentado al gran jurado como parte de la evidencia reunida por la acusación.

supo que en la audiencia de hoy no está presente el fiscal Michael Berger, a cargo del caso AFA, lo que diluye las chances de que sea parte de la agenda del gran jurado de este jueves.

La citación revelada hace una semana por Infobae, de cualquier manera, confirma que hay un proceso en marcha en Miami. La pesquisa procura determinar el destino de los fondos que recaudó desde 2021 la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni y Erica Gilette, elegida por la AFA para administrar el dinero proveniente de contratos de patrocinio con firmas como Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$ 40 millones), además de ingresos por partidos amistosos y premios deportivos de la FIFA y la Conmebol.

Entre otras figuras, los investigadores analizan la posible existencia de maniobras compatibles con lavado de activos, fraude bancario, fraude electrónico (“wire fraud”), conspiración u otros delitos federales, aunque hasta el momento no se formularon imputaciones penales.

La notificación emitida por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida detalló que el testigo debería presentarse con toda la documentación que posea sobre Tapia, Toviggino, Faroni y Diego Lucero, además de otros documentos vinculados con la operatoria comercial y financiera de la AFA en Estados Unidos.

Lucero aparece mencionado en la investigación local como presunto testaferro de directivos de la AFA y como uno de los integrantes de la sociedad utilizada para adquirir una mansión en Pilar, extremo que también forma parte de la pesquisa.