Los Metrodelegados irán a elecciones con 3 listas el 26 de noviembre próximo, en una contienda de resultado incierto ante un cuadro atomizado: tras el cierre del plazo para la presentación de las nóminas, en la medianoche de este viernes, se confirmó la ruptura del sector oficialista que lidera el sindicato desde 2008, pero también se fisuró la oposición de izquierda.

De esta forma, como anticipó Infobae, la renovación de autoridades de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados, refleja el shock interno que produjo el fallecimiento en enero pasado de Beto Pianelli, uno de los fundadores del sindicato y su líder durante 18 años.

Las listas que competirán en los comicios estarán encabezadas por dos fracciones del oficialismo: la Verde, del actual secretario adjunto del sindicato, Néstor Segovia; la Colorada-Violeta, de Virginia Bouvet, secretaria de Organización y referente del pianellismo; y la Bordó-Azul, de Claudio Dellecarbonara, única opositora, que representa a la izquierda.

La ruptura entre los dos grupos oficialistas modifica el escenario de un sindicato de 1.500 afiliados con influencia decisiva en la actividad de los subtes, en donde la división interna que ya existía se profundizó tras la muerte de Pianelli, quien compartió durante años la conducción con Segovia pese a sus diferencias políticas.

Pianelli y Segovia lideraron el gremio desde su creación, tras la ruptura de delegados del subte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El primero provenía del Movimiento al Socialismo (MAS), trotskista, mientras que Segovia siempre se reconoció peronista.

El sector más cercano al dirigente fallecido no considera que Segovia deba ser el heredero natural para ocupar la secretaría general. Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto a Pianelli contra la conducción de la UTA, quedó como referente de esa corriente.

Segovia propuso una nómina de unidad, incluso con sectores de izquierda, ante lo que interpreta como riesgos para los trabajadores en la etapa que viene. Sus allegados sostienen que el rechazo del pianellismo se explica por diferencias ideológicas y por el perfil “peronista y evangélico” del actual secretario adjunto.

“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirmaron cerca de Segovia. Desde el pianellismo habían reclamado construir “la mayor unidad posible” ante la reforma laboral y la persecución judicial contra los sindicatos», aunque las negociaciones no avanzaron y se confirmó la ruptura interna.

La izquierda llegará con una lista piloteada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) a través de Dellecarbonara, más otras agrupaciones combativas, pero quedaron afuera el Partido Obrero (PO) y sectores que tienen menos inserción en las bases de los subtes.

En las elecciones de Metrodelegados realizadas en 2022, todas las variantes de izquierda compitieron unidas en la Lista Multicolor y reunieron el 40,9% de los votos frente a la fórmula Pianelli-Segovia, que ganó con el 59,1%.

Dellecarbonara, vocal del gremio por la minoría y delegado de la Línea B, había intentado en sintonía con Segovia un acuerdo entre todos los sectores internos para armar una lista unificada, pero el PO rechazó esa posibilidad y el pianellismo tampoco quiso avanzar en esa dirección.

El PTS de Metrodelegados propuso que la lista de unidad se hiciera a partir de un programa consensuado, ya que cuestiona el funcionamiento interno del sindicato y la reelección indefinida de sus principales autoridades, una cláusula que Pianelli y Segovia incorporaron al estatuto. También consideran que la discusión debía centrarse en un gremio “democrático, participativo y combativo”.

La ruptura del oficialismo y las fisuras en la izquierda representan una atomización interna en Metrodelegados que torna muy difícil predecir lo que pasará en las urnas cuando los afiliados voten el 26 de noviembre la primera conducción sindical sin el liderazgo de Pianelli.

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En las últimas horas se confirmó que uno de los gobernadores recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de la Ley de Tierras. Se trata del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que instruyó al fiscal de Estado provincial, Eduardo Duarte, para oponerse a las operaciones de compra de tierras que puedan afectar los intereses de la provincia.

El decreto provincial se conoció después de que la Corte Suprema dejara sin efecto una resolución judicial que había suspendido la aplicación del artículo del DNU que eliminó las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros. El máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad del régimen, sino que consideró que la organización que había iniciado esa demanda no tenía legitimación suficiente para plantear el reclamo en esos términos.

Passalacqua justificó la medida en la necesidad de preservar el territorio provincial y cuestionó el impacto que, según sostuvo, tiene la nueva situación sobre Misiones. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, afirmó el gobernador, quien remarcó además que la provincia posee una extensa frontera internacional con Brasil y Paraguay, una importante biodiversidad y una economía con fuerte presencia de pequeños productores.

La decisión quedó plasmada en el decreto 1935, firmado este viernes, que le encomienda a la Fiscalía de Estado ejercer las acciones judiciales y defensas que considere necesarias frente a la derogación de la Ley 26.737. Esa norma establecía restricciones para la titularidad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras y fue dejada sin efecto por el artículo 154 del DNU 70/2023.

El juez Francisco Astoul Bonorino, a cargo del juzgado de Villa La Angostura, rechazó in limine el pedido de intervención voluntaria de la Comunidad Mapuche Lof Melo y de José Lucas Melo en el juicio que la Comunidad Mapuche Lof Kinxikew inició contra María Cristina Broers, propietaria de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de esa localidad neuquina, donde ambas comunidades mantienen un prolongado litigio territorial.

La comunidad Lof Quintriqueo, identificada como Kinxikew, promovió una acción reivindicatoria con el objetivo de recuperar un espacio del que había sido desalojada en el marco de un proceso judicial por usurpación.

En ese expediente, la comunidad integrada por miembros de la familia Melo intentó incorporarse a la demanda civil con una pretensión que, según expuso, estaba vinculada con la ocupación y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de esas tierras. Sin embargo, el magistrado rechazó la presentación, realizada a través del abogado Luis Virgilio Sánchez.

Una adhesión sin pretensión propia

En su resolución, el juez señaló que el Lof Melo se presentó como “legitimado activo necesario”, es decir, como litisconsorte necesario de la parte actora, bajo el argumento de que el predio está ocupado por la comunidad y constituye “tierras indígenas”.

No obstante, advirtió que, en el objeto de su presentación, la comunidad se limitó a manifestar su adhesión a la demanda, sin formular una pretensión procesal propia.

Para Astoul Bonorino, esa adhesión no configura un litisconsorcio ni modifica la composición de las partes del proceso. Se trata, según explicó, de personas que comparecen para expresar su acuerdo con lo solicitado por la parte actora, sin que se advierta “la utilidad o el sentido de su admisión como partes”.

El magistrado también señaló una contradicción en el planteo. Si la intención del Lof Melo hubiera sido reclamar para sí el mismo derecho que invoca el Lof Kinxikew, la presentación resultaría “a todas luces contradictoria”.

El motivo es que la propia demanda describe la convivencia de ambas comunidades en el territorio y reconoce expresamente la posesión y la propiedad comunitaria del Lof Kinxikew.

Una presentación “rayana a la mala fe procesal”

Más allá de los aspectos formales, el juez cuestionó el momento en que se produjo la intervención del Lof Melo y consideró que su actuación “luce rayana a la mala fe procesal”.

En ese sentido, observó que la comunidad había sido mencionada desde el inicio de la demanda, aunque nunca fue citada formalmente al proceso. Sin embargo, se presentó espontáneamente después de que se rechazara la recusación con causa promovida por la actora original, una decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 13 de junio de 2025.

Una vez incorporada al expediente, la comunidad intentó recusar al magistrado sin expresión de causa, sin aportar nuevos hechos o argumentos y sin explicar los motivos de esa presentación fuera de la oportunidad procesal correspondiente.

Astoul Bonorino calificó de “peculiar y poco frecuente” la presentación escalonada de supuestos litisconsortes de una misma parte, especialmente cuando se trata de comunidades que, según sus propios argumentos, conviven de manera pacífica y coordinada en el territorio.

A partir de esa secuencia, concluyó que el planteo “parece acercarse más a una maniobra procesal” destinada a sortear el rechazo de la recusación con causa presentada originalmente.

De todos modos, el fallo no impuso sanciones ni declaró formalmente la existencia de mala fe procesal. La expresión utilizada por el juez se enmarca en la valoración que realizó sobre las circunstancias y los tiempos de la presentación.

La contradicción sobre la titularidad de las tierras

Otro de los puntos centrales de la resolución fue la incompatibilidad que el magistrado advirtió entre la postura del Lof Melo y los términos de la demanda a la que pretendía adherirse.

El juez sostuvo que no resulta coherente reclamar para sí un territorio y, al mismo tiempo, respaldar una acción judicial que reconoce la posesión y la propiedad comunitaria de otra comunidad sobre ese mismo espacio.

En el escrito presentado, el Lof Melo no incorporó hechos nuevos ni desarrolló una pretensión independiente. Por el contrario, adhirió a una demanda que describe su presencia en el inmueble, pero que reconoce expresamente los derechos invocados por el Lof Kinxikew.

“Nos encontramos ante una situación que no puede tener efecto alguno en la constitución o modificación de las partes procesales. Se trata simplemente de personas que comparecen al proceso a manifestar que están de acuerdo con lo solicitado por la actora en su demanda”, sostuvo Astoul Bonorino.

De ese modo, el magistrado concluyó que la presentación no reunía las condiciones necesarias para justificar la intervención de la comunidad como parte en el expediente.

Un conflicto territorial con más de una década de litigios

El conflicto por esas tierras se tramita en la Justicia neuquina y se remonta a 2011, cuando se produjo la ocupación del predio. La propietaria documentó sus derechos sobre el inmueble y, a lo largo de los años, distintos jueces dictaron resoluciones favorables a su posición e incluso ordenaron el desalojo de las tierras.

En agosto pasado se concretó el desalojo de una de las fracciones ocupadas, mientras que la ejecución de la medida en el sector restante quedó inconclusa.

Semanas después, el magistrado ordenó completar el procedimiento y libró un nuevo mandamiento judicial para ejecutar el desalojo en la superficie que todavía permanece ocupada.

La resolución que rechazó la intervención del Lof Melo se inscribe en ese extenso proceso judicial, en el que continúan en disputa los derechos sobre el territorio y las condiciones para hacer efectiva la restitución del inmueble.

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