La causa por el Vacunatorio VIP durante el gobierno de Alberto Fernández, en plena pandemia de Covid 19, inició hoy la ronda de declaraciones indagatorias de 34 acusados por haber sido inoculados fuera de los criterios de prioridad vigentes. La médica Lucía Antolini fue la primera imputada en presentarse en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti.

La imputada llegó a media mañana a Comodoro Py 2002 para declarar y, según fuentes del caso, rechazó las acusaciones.

La ronda de citaciones fue dispuesta por la magistrada a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y se extenderá hasta el 9 de diciembre. Entre los convocados figuran el expresidente Eduardo Duhalde; su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde; el periodista Horacio Verbitsky; el diputado Eduardo Valdés; y el ex canciller Jorge Taiana.

Los beneficiarios de las dosis

Taiano solicitó las indagatorias al considerar que los beneficiarios de las dosis no tuvieron un rol pasivo. Según su dictamen, quienes accedieron a las vacunas contribuyeron de manera sustancial a la presunta maniobra, por lo que fueron imputados como partícipes necesarios del delito de peculado de bienes.

La figura penal apunta al desvío de recursos públicos por parte de funcionarios que los tienen bajo su custodia. Para la fiscalía, los acusados aceptaron la vacuna Sputnik V pese a que conocían que no pertenecían a los grupos prioritarios definidos en un período de disponibilidad limitada.

La investigación analiza la asignación de vacunas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021, cuando el país atravesaba la primera etapa de la campaña de inmunización contra el coronavirus.

El caso se conoció en febrero de 2021, cuando trascendió que varias personas habían accedido a dosis mediante un circuito ajeno a los criterios establecidos para la campaña pública. La pesquisa identificó aplicaciones en el Ministerio de Salud, el Hospital Posadas y domicilios particulares.

La repercusión política derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García, quien también estuvo imputado en el expediente, pero murió en 2024 y su acción penal quedó extinguida.

La investigación inicial se concentró en los funcionarios que habrían permitido o facilitado la aplicación irregular de las dosis. En ese tramo fueron procesados Marcelo Guille, ex secretario privado de González García; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Alberto Maceira, ex director ejecutivo del Hospital Posadas.

Duhalde, Verbitsky, Taiana y Valdés integran la lista de citados

Capuchetti citó al expresidente Eduardo Duhalde, a su esposa, Hilda González de Duhalde, y a Juliana y María Eva Duhalde. El matrimonio deberá concurrir el 4 de diciembre y sus hijas el 9 de ese mes. Cerrarán la ronda de indagatorias.

Entre los dirigentes convocados están Jorge Taiana y Eduardo Valdés. La lista incluye, además, a la esposa de Carlos Zannini, Patricia Alsua, y al ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto junto a su esposa, Filomena Burgos.

También fueron llamados los periodistas Horacio Verbitsky y Gabriel Michi, el fotógrafo presidencial Esteban Collazo y el productor cinematográfico Jorge Devoto.

Entre los empresarios citados figuran Seza Manukian; Florencio Aldrey; Lourdes, Matilde y Dolores Noya Aldrey; y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Guille.

El expediente comenzó con una denuncia presentada en febrero de 2021 por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien pidió investigar si González García favoreció a un grupo de personas con vacunas contra el Covid-19 que debían destinarse a los sectores priorizados.

Marijuan planteó que la maniobra podía constituir un incumplimiento de los deberes de funcionario público y remarcó que la asignación irregular pudo haber impedido el acceso a personas con mayor riesgo sanitario.

La convocatoria de Antolini abre ahora el cronograma de indagatorias, que alcanzará también a otros beneficiarios vinculados con vacunas asignadas al Hospital Posadas por presuntas afinidades personales, comerciales o compromisos con autoridades de la cartera sanitaria.

En cuestión de días, el Gobierno publicará un decreto que efectivizará un plan de retiros voluntarios para el personal civil de planta permanente, el cual abarcará tanto a los empleados públicos que integran la administración pública nacional centralizada y los organismos desconcentrados.

El objetivo de la medida no es otro que el de continuar reduciendo el número de trabajadores que trabajan en el Poder Ejecutivo y sus dependencias. Una estimación realizada por el propio gobierno arrojó que la actual gestión libertaria redujo en 74.332 personas la dotación entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, una baja de 21,6% que incluyó a la administración pública y a las empresas estatales. El Gobierno estimó que la disminución representó un ahorro superior a USD 2.500 millones desde el inicio de la gestión.

Dos funcionarios del Gobierno confirmaron a Infobae que el decreto se publicará en cuestión de días y que ya terminó de confeccionarse y que las inscripciones para los retiros voluntarios arrancarán en noviembre. “Se va a comunicar en breve para que los que estén interesados puedan ir asesorándose”, afirmaron. La información fue revelada primero por la periodista Florencia Donovan de La Nación.

La medida fue trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger, ya que es el área competente para la aplicación de medidas vinculadas a las reformas de la dotación estatal. Más específicamente, esas cuestiones competen al Secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, que tiene a su cargo a la subsecretaria de Modernización del Empleo Público, Rosana Reggi, y el subsecretario de Reforma Estatal, Alejandro Tamer.

En el Gobierno esperan que la convocatoria sea amplia y que se anoten, de mínima, más de 1.000 personas. Explican que habrá tres grupos en particular a los que se les orientará el retiro:

1. Empleados que están en edad para jubilarse y que tengan los años de aportes
2. Empleados en edad para jubilarse pero a pocos años de cumplir con los aportes necesarios
3. Empleados más jóvenes pero que quieren irse de la función pública

“A los primeros les permitiríamos iniciar los trámites y facilitar el proceso. A los segundos les puede llegar a servir porque con ese dinero se paga la moratoria y después se jubila. Y quienes todavía no tienen la edad para jubilarse pero se quiere ir, seguramente le sirva llevarse la plata. Para cada uno de estos grupos, el dinero que se va a llevar es diferente, por supuesto”, explica una fuente que vio el decreto.

Milei defendió su política de recorte en la dotación pública una semana atrás durante una entrevista con Bloomberg en Nueva York. Consultado por el aumento de la desocupación, el Presidente se defendió diciendo que “la economía argentina ha generado 520.000 puestos de trabajo y, si uno suma que además echó a 80 mil del sector público, la expansión es de 600 mil”.

Consultado por Infobae, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó el rechazo sindical que produce la inminente medida: “Para nosotros no existe el retiro voluntario. Se tratan de despidos encubiertos. Son medidas que buscan seguir el achique del Estado y la disminución de la planta del Estado. Desde ATE rechazamos y en el caso de que esto avance y se instrumente de manera generalizada, se alentará a los trabajadores para que no adhieran a cualquier régimen. No descartamos que en la asamblea se apliquen medidas de fuerza para repeler esta posibilidad”.

Asimismo, puntualizó que ya hubo aproximaciones para que se hiciera en organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en la Administración de Parques Nacionales (APN), o en el PAMI. Ya se implementaron esquemas similares en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). “No están en condiciones de hacerlo en la administración pública porque depende en cada caso de los convenios colectivos sectoriales y de la Ley de Contrato de Trabajo, así como también la Ley de Empleo Público que rige en cada uno de los organismos”, agregó.

Cabe hacer la distinción. Al menos por lo que se comunicó por vías oficiales -pero de manera informal-, la medida no sería para los organismos descentralizados pero sí para los organismos desconcentrados. Estas últimas son dependencias públicas que pertenecen a la administración central, pero que no tienen personalidad jurídica propia, un aspecto determinante que los diferencia de los primeros.

El programa de retiros voluntarios del INTA ofreció el pago equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad del trabajador. El INTA contaba a principios de año con 5.750 trabajadores activos y el objetivo oficial era reducir la dotación a un promedio de 4.500 empleados, lo que implicaba una meta de 1.200 desvinculaciones, equivalentes a una baja de alrededor del 21% de la planta. El plazo debió extenderse porque las adhesiones no avanzaban al ritmo esperado y, finalmente, el programa cerró con 905 agentes adheridos, el 75,4% de la meta prevista y el 15,7% de la dotación total. De ese total, 377 ya recibieron la aprobación de su retiro, mientras que otros casos quedaron sujetos a un análisis particular del Consejo Directivo.

Los números del recorte estatal

La revisión de estructuras, los retiros voluntarios y la reorganización del gabinete modificaron el mapa laboral del sector público. Entre julio y agosto de 2026, 1.446 personas dejaron de trabajar para el Gobierno nacional, una contracción mensual de 0,5%.

La dotación estatal total pasó de 343.357 trabajadores en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. La administración pública nacional concentró 51.218 de esas desvinculaciones, al descender de 233.098 a 181.880 personas, equivalente a una merma de 22%.

Las empresas y sociedades del Estado redujeron su personal de 110.259 a 87.145 trabajadores. Ese bloque perdió 23.114 puestos, un 21% de su planta inicial.

La administración centralizada, integrada por los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, registró el recorte proporcional más alto dentro de la administración nacional. Su dotación cayó de 55.858 a 37.543 personas, con 18.315 empleados menos y una reducción de 32,8%.

La administración descentralizada perdió la mayor cantidad de personas en términos absolutos: pasó de 136.763 a 109.988 trabajadores, una baja de 26.775 puestos. La administración desconcentrada se redujo de 24.932 a 21.123 personas, mientras que otros entes descendieron de 15.545 a 13.226.

La reducción más pronunciada en términos porcentuales ocurrió en Télam, reconvertida en Agencia de Publicidad del Estado, cuya planta pasó de 810 a 167 trabajadores: una caída de 79,4%. Educar bajó de 446 a 167 empleados, Contenidos Públicos de 234 a 103 y Casa de Moneda de 1.411 a 694.

Desde hace algunos meses, cada vez que Patricia Bullrich marcó una diferencia con el resto de la cúpula de La Libertad Avanza o insinuó tener ambiciones de competir por la Presidencia, en el Gobierno, e incluso el propio Javier Milei, buscaron minimizar la situación, negar cualquier tipo de tensión y enfocarse en solucionar el conflicto y fortalecer el vínculo con una de las figuras más fuertes que tiene el oficialismo actualmente, aunque en privado esos gestos molestan y crece la desconfianza.

A mediados de este año, especialmente luego de la salida de Manuel Adorni del Gabinete, a la senadora se la comenzó a mencionar como la posible candidata en la ciudad de Buenos Aires, pero con el tiempo empezó a circular nuevamente la versión de que sería la compañera de fórmula del jefe de Estado el año que viene.

“Sin comentarios”, le responde ella a su círculo íntimo cada vez que le consultan si le entusiasma esa idea de estar en la boleta como aspirante a vice, lo cual la mantendría dentro de la Cámara alta que ya conoce, aunque con un rol más importante.

El objetivo de la dirigente es claro: quiere llegar a lo más alto del Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de apertura económica, ordenamiento de la macro y reformas que comenzó Milei, aunque evita especificar a partir de cuándo.

“Nunca pensé que tuviera aspiraciones presidenciales inmediatas. Ella dijo ‘en el 2031′, fue muy clara. No sé por qué lo distorsionan tanto», sostuvo a Infobae una persona de extrema confianza del líder libertario.

Sin embargo, cuando le preguntan en los medios de comunicación si está dispuesta a asumir el cargo en el 2027, Bullrich no solo no lo niega, sino que remarca que está “siempre” preparada.

“Tiene pedidos para reuniones con todos los empresarios, tiene en agenda encuentros pendientes en todas las provincias porque hace años que está en la política y conoce a todos, pero si empieza a viajar por el país van a decir que está haciendo campaña, por eso está un poco frenado eso”, comentó un integrante del equipo de trabajo de la ex ministra de Seguridad.

Cuando terminó su exposición en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, compartió un almuerzo con varios de los ejecutivos que querían verla, pero no los recibió por separado porque a las 17:00 se tomó el avión para regresar a su casa y pasar tiempo con su familia.

Aunque todavía no tiene decidido cuál va a ser su futuro, Bullrich conversa cada 15 días con su círculo más cercano, como los diputados Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Luis Petri, Sabrina Ajmechet y Patricia Vázquez, el legislador bonaerense Diego Valenzuela y el ex senador Pablo Walter, entre otros.

“A ella siempre le interesa tener la visión de las personas que respeta para hacer un análisis de cómo están las cosas. Cada uno tiene su propio estilo, algunos son indudablemente leales y otros capaz que son socios, pero habla con todos”, explicaron.

Si bien lo volvió más chico, dado el contexto, la ahora referente de La Libertad Avanza nunca disolvió el grupo de campaña que trabajó para su candidatura en el 2023, cuando le ganó la interna del PRO a Horacio Rodríguez Larreta para luego quedar en tercer puesto, por detrás de Milei.

A pesar de las diferencias públicas con un sector del oficialismo, la senadora no tiene pensado romper y en su entorno aseguran que, si decide finalmente presentarse el año que viene para la Presidencia, será siempre dentro del partido.

“El objetivo es que el proyecto continúe, todo va a depender de cómo estén las cosas en marzo, si para ese momento no está segura la reelección de Javier y Patricia tiene más chances de ganar, se sentará con él y se lo planteará. Pero hoy el Gobierno está fuerte y puede que eso nunca pase, ya veremos”, precisan.

En los últimos días comenzó a trascender que el mes clave para una decisión de Bullrich es marzo. O al menos para una charla sincera con el Presidente y el equipo electoral de la Casa Rosada. Porque si las luces de alerta que marca la senadora se acentúan, creen en su entorno, va a ser inevitable tomar una decisión que ponga al proyecto por encima de las personas.

Lo cierto es que la ex ministra sigue de cerca los datos de opinión pública, conversa con los empresarios, que le piden que se postule, y no cierra la puerta a esa posibilidad.

“Más que una encuesta, todos tenemos un concepto bien claro, que es el hecho de que, si bien Milei tiene un núcleo duro más alto, llamémosle ‘primera intención de voto’, ella tiene mayor amplitud, lo que le da más chances de ganar en una segunda vuelta o, incluso, en la primera”, confió un diputado bullrichista.

Mientras tanto, continúa dando señales confusas y en estos días publicó en su cuenta de X un video en el que se la ve hablando en un evento sobre los avances y las deudas que tiene la ciudad de Buenos Aires, lo que reavivó las especulaciones sobre su posible candidatura en territorio porteño.

En su equipo aclaran que fue un acto por los 30 años de la creación de la Constitución de CABA, de la que ella fue parte como convencional, pero que de ninguna manera fue un mensaje de cara a las elecciones.

“Nosotros vamos a seguir dando mensajes para despistar a todos, que no sepan hacia dónde vamos. El que sabe leer entre líneas entiende cuál es nuestro horizonte y nosotros también, pero en el interín no nos cerramos a ninguna posibilidad”, agregan.

Por el momento la dirigente no tiene previsto competir en una interna con el mandatario nacional, a pesar de que cuando se lo consultan en entrevistas televisivas, tampoco lo niega.

“Y está bien. Si no le van a decir que es una mentirosa. No es Duhalde”, remarcaron en el círculo cerrado de Milei, que ya tendría los votos para aprobar en el Congreso la eliminación de las PASO, lo que impediría la competencia con Bullrich.

Si bien en el recinto las negociaciones venían fracasando, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habría terminado de conseguir los respaldos necesarios por parte de los gobernadores durante las reuniones que mantuvo con los gobernadores en París, en una de las cuales participó el propio mandatario nacional.

“Todos coincidieron en que fue muy bueno el encuentro, que lo vieron al Presidente sólido y enfocado en el modelo económico, convencidos de los cambios que están habiendo en la Argentina y del norte que tiene su administración”, contó una persona al tanto de lo conversado.

Aunque optan por no aumentar la tensión, dentro del oficialismo hay un sector muy crítico de la actitud que tomó la senadora en el último tiempo y en la mesa política le pidieron que las quejas las hablen en privado y en los ámbitos correspondientes, aunque quienes la conocen dudan de que vaya a cambiar algo.

“Ella es así, es su forma de ser, es frontal y dice las cosas con las que no está de acuerdo, no es que se levanta pensando ‘qué puedo hacer hoy para joder al Gobierno’. Son cosas que ve que no funcionan y las dice”, argumentan.

Semanas atrás, cuando los conflictos entre Bullrich y el resto de la cúpula libertaria estaban cada vez más fuertes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se bajó de un viaje a los Estados Unidos para reunirlos a todos en un restaurante de sushi y limar asperezas.

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