En una actividad oficial pero con fuerte lectura política, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, viajó este lunes a Resistencia, Chaco, donde fue recibida por el gobernador Leandro Zdero y se sumó su vecino correntino Juan Pablo Valdés, ambos radicales.

La actividad tuvo lugar mientras la Casa Rosada echó a rodar el operativo reelección para Javier Milei, que incluye posibles acuerdos electorales con aliados de La Libertad Avanza (LLA). En rigor, se trató de una jornada de coordinación destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y las provincias frente al fenómeno de El Niño.

En el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, la funcionaria se mostró junto a dos de sus funcionarios más cercanos en el Gobierno: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, uno de sus armadores políticos para el interior del país.

Los gobernadores Zdero y Valdés son de origen radical y tienen buena sintonía con la Balcarce 50. El año pasado, el mandatario chaqueño fue el primero con el que los libertarios cerraron un acuerdo electoral, lo que les garantizó la victoria en la provincia norteña, a la que destinaron fondos nacionales.

En cambio, LLA no pudo acordar en Corrientes con el exgobernador Gustavo Valdés, aunque mantiene buenas relaciones con su hermano Juan Pablo, actual gobernador provincial. Santilli y Lule Menem tienen trato político directo con ambos mandatarios, afirmaron fuentes oficiales.

La reunión ya llevaba semanas en agenda, pero coincidió con las declaraciones que horas antes hizo el presidente Milei, quien dejó abierta la posibilidad de acuerdos para las elecciones del año próximo. Fue cuando, al ser consultado por su posible compañero de fórmula en 2027, dijo: “Tengo alternativas y tengo orden de preferencia, ¿ok? Esa es la definición. Pero usted sabe, la política es dinámica, pueden ocurrir acuerdos y en función de esos acuerdos usted puede tomar una opción u otra”.

La delegación

Por el Gobierno también estuvieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, ambos también de mucha confianza con Karina Milei.

En el encuentro de este lunes, además de los enviados del gobierno nacional y los dos gobernadores, dijo presente el ministro del Interior de la República del Paraguay, Enrique Riera Escudero.

Durante el cónclave, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, expuso los lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, una estrategia orientada a reforzar la articulación entre la Nación, las provincias y los municipios para anticipar y responder de manera coordinada ante inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno El Niño.

El plan contempla acciones de planificación preventiva, monitoreo permanente y coordinación operativa, integrando el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

Desde el Ejecutivo agregaron que actualmente, las condiciones del fenómeno El Niño ya se encuentran presentes y los modelos climáticos prevén una probabilidad cercana al 100 % de que continúe durante los próximos meses, con una intensificación prevista hacia la primavera.

Frente a este escenario, el Gobierno dijo que desarrolla “una estrategia de preparación anticipada junto a las provincias de la Cuenca del Plata mediante reuniones de coordinación, el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME para el monitoreo en tiempo real, la elaboración de modelos de riesgo para municipios y la capacitación de equipos para fortalecer la respuesta federal”.

La jornada contó con la participación de autoridades de la Agencia Federal de Emergencias, ministros provinciales, representantes de las fuerzas federales y equipos técnicos, quienes avanzaron en la coordinación de acciones para fortalecer la preparación frente a los posibles impactos de El Niño.

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En una movida estratégica, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para establecer que las tierras fiscales de la provincia solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas. La iniciativa surge en la antesala del debate que el Senado llevará adelante este jueves sobre las modificaciones al régimen nacional de tierras rurales.

El proyecto de Figueroa propone modificar la Ley Provincial 263 con el objetivo de que la adjudicación de estas tierras esté estrictamente orientada a proyectos productivos, ganaderos o turísticos. Desde el Poder Ejecutivo provincial aseguran que la intención es fortalecer el dominio sobre los recursos estratégicos y generar seguridad jurídica sin necesidad de transferir la titularidad de las tierras a extranjeros.

“Las tierras neuquinas solo podrán ser vendidas a argentinos”, sentenció el gobernador al referirse al blindaje que busca imponer sobre los recursos de la jurisdicción. Añadió que buscan “defender el federalismo, preservar el dominio provincial sobre el territorio y generar seguridad jurídica”.

Como ejemplo de este modelo, el gobierno neuquino cita el esquema aplicado en Vaca Muerta, donde la provincia conserva la titularidad de las tierras mientras otorga concesiones para la explotación de hidrocarburos. Actualmente, existen 56 concesiones no convencionales funcionando bajo este régimen que protege el patrimonio provincial.

El anuncio provincial coincide con el tratamiento en la Cámara Alta del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por la administración de Javier Milei, que busca flexibilizar la tenencia de tierras por parte de extranjeros eliminando los límites actuales. Ante esto, Figueroa ha solicitado a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulse en el Congreso la incorporación de un límite cuantificable para la venta de tierras a extranjeros en todo el territorio nacional.

A pesar de las tensiones, se informó que el proyecto nacional que llegará al recinto reconoció, tras su paso por comisiones, que cada provincia conserva la potestad de definir el régimen jurídico aplicable dentro de su territorio. En este sentido, la postura de Neuquén es utilizar esa autonomía para garantizar que el desarrollo regional quede en manos locales.

Más allá de la restricción a extranjeros, la política de tierras del gobierno neuquino busca acelerar procesos de regularización para familias y pequeños productores. A través del programa Neuquén Habita, ya se han entregado escrituras a 1.500 familias, y se proyecta alcanzar las 3500 el próximo año.

Complementariamente, la herramienta Invierta en Neuquén ofrece estabilidad fiscal por diez años y exenciones impositivas para fomentar inversiones productivas, habiendo captado ya el interés de unas 160 empresas. Con este paquete de medidas, Neuquén busca consolidar un Estado que establezca reglas claras y proteja su patrimonio ante los cambios normativos que se discuten a nivel nacional.

Rechazo de la Iglesia Católica

A través de la Pastoral Social de la región Patagonia-Comahue, la Iglesia Católica manifestó un firme rechazo al proyecto de ley nacional que busca declarar la “inviolabilidad absoluta de la propiedad privada”.

Los equipos pastorales sostuvieron que la iniciativa contradice los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y el concepto del “destino universal de los bienes”, que establece que la tierra y sus frutos son para beneficio de todos los seres humanos sin exclusión.

Asimismo, reafirmaron que la propiedad privada no es un derecho absoluto, sino que posee una función social y debe estar subordinada al bien común. En ese sentido, advirtieron que la tierra en la Patagonia no puede ser reducida a un objeto de apropiación exclusiva.

El pronunciamiento, que lleva la firma de las pastorales sociales de las diócesis de Neuquén, Viedma, Alto Valle, Río Gallegos, Rawson y Bariloche, expresó preocupación por la concentración de tierras y su adquisición con fines especulativos, tanto por parte de argentinos como de extranjeros.

Los equipos señalaron que la explotación desmedida de recursos naturales como agua, minerales, gas y bosques contradice el llamado al “cuidado de la casa común”. Finalmente, la Iglesia exhortó a las autoridades a promover políticas que garanticen un acceso equitativo a la tierra y al trabajo.