POLITICA
Macri, Lacunza y la apuesta por un electorado vacante entre Milei y el kirchnerismo que tensa la interna del PRO

La decisión de Hernán Lacunza de confirmar que está dispuesto a representar al PRO como candidato presidencial en las elecciones de 2027 forma parte de una estrategia política que Mauricio Macri comenzó a impulsar junto a un sector de la conducción del partido, convencido de que existe un electorado que hoy quedó políticamente vacante y que puede convertirse en el punto de apoyo para reconstruir una alternativa propia de cara al próximo turno presidencial. Más que la aparición de un nuevo postulante, el movimiento expone una discusión de fondo sobre la identidad del macrismo y sobre el lugar que deberá ocupar la principal fuerza de centroderecha en el escenario político que dejó la llegada de Javier Milei al poder.
Según pudo reconstruir Infobae, ese diagnóstico empezó a consolidarse hace más de dos meses durante una serie de conversaciones reservadas que Mauricio Macri mantuvo con quien fue el último ministro de Economía de su gobierno y que, con el paso de las semanas, se ampliaron a dirigentes de su máxima confianza, entre ellos Fernando De Andreis, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Gabriela Michetti y otros referentes históricos del PRO. Lo que inicialmente fueron intercambios sobre la evolución de la economía, la actividad, el consumo, la construcción y los desafíos pendientes del programa económico oficial terminó derivando en una conclusión política compartida: antes de resolver con quién competir, el PRO debía responder una pregunta más profunda, vinculada con su propia identidad y con el electorado que pretendía representar.
La hipótesis que ordena esa estrategia parte de una lectura que ese sector del macrismo considera cada vez más visible en las encuestas. Sostienen que comenzó a consolidarse un segmento de votantes que acompaña buena parte de las reformas impulsadas por Javier Milei, que no quiere un regreso del kirchnerismo, pero que tampoco se siente plenamente identificado con el estilo político del Presidente ni con algunos aspectos de la implementación de su programa económico. Se trata, entienden, de un electorado de raíz mayoritariamente macrista, con una impronta más institucional y republicana, que comparte la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y las reformas estructurales, pero que reclama otra forma de ejercer el poder y una agenda capaz de complementar la estabilización con crecimiento, inversión, empleo y desarrollo.

El diagnóstico político no nació alrededor de una encuesta sino de la economía. Durante semanas, Macri y Lacunza intercambiaron análisis sobre la marcha de la actividad, el empleo, la construcción, el consumo y la inversión. La conclusión a la que llegaron no fue que el rumbo económico estuviera equivocado. Por el contrario. Entienden que el equilibrio fiscal, la desregulación y la estabilidad monetaria constituyen pilares que deben preservarse. La preocupación pasa por otro lado: creen que el modelo necesita una segunda etapa capaz de atender los sectores que todavía no logran recuperar dinamismo y ofrecer una agenda de crecimiento que complemente la estabilización. Según pudo reconstruir este medio, esa conversación fue el punto de partida de una discusión política más amplia sobre quién podía expresar esa mirada dentro del sistema político.
Fue esa lectura la que terminó derivando en una decisión política. Mauricio Macri impulsó la idea de mantener abierta la discusión presidencial dentro del PRO y alentó la disposición de Hernán Lacunza a representar al partido en una eventual candidatura si esa termina siendo la estrategia elegida. La construcción fue conversada y compartida con dirigentes como Fernando De Andreis, María Eugenia Vidal, Humberto Schiavoni, Gabriela Michetti y otros referentes que comparten la idea de que el PRO no puede resignar anticipadamente una candidatura presidencial ni limitar su estrategia a evitar un regreso del kirchnerismo.
La aparición pública de Lacunza no abrió esa discusión. Simplemente la volvió imposible de ocultar.
Desde hace meses conviven dentro del PRO dos diagnósticos distintos sobre el futuro del partido. No expresan diferencias ideológicas profundas ni visiones contrapuestas sobre el rumbo general del Gobierno. La discusión pasa por otro lado. Mientras un sector entiende que el desafío principal consiste en representar un espacio político que considera vacante, otro observa el escenario desde las responsabilidades de gestión y las necesidades del poder territorial.
Esa segunda mirada es la que predomina entre quienes gobiernan distritos o tienen responsabilidades ejecutivas. La prioridad, sostienen, pasa por construir un entendimiento político y electoral con La Libertad Avanza que permita preservar los gobiernos que hoy administra el PRO y consolidar nuevos espacios de poder en 2027. Esa lógica explica las conversaciones que impulsa Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, el trabajo político de Cristian Ritondo para fortalecer una candidatura de Diego Santilli a la gobernación bonaerense dentro de un frente común con los libertarios, la posición de los gobernadores Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, e Ignacio Torres, en Chubut, y la de numerosos intendentes bonaerenses que observan ese acuerdo como la herramienta más eficaz para sostener sus distritos.

En el entorno de Mauricio Macri suelen resumir esa diferencia con una metáfora futbolera. Dicen que hoy el PRO está jugando en dos estadios distintos. En uno se juega el partido de la representación política: comprobar si todavía existe un electorado propio y ofrecerle una candidatura presidencial antes de definir cualquier alianza. En el otro se juega el partido de la representación territorial: preservar gobernaciones, intendencias y espacios de poder mediante un acuerdo con La Libertad Avanza. No consideran que una estrategia invalide a la otra. Lo que sostienen es que responden a prioridades diferentes. Mientras un sector organiza su estrategia mirando el mapa de los distritos que gobierna, el otro la construye mirando el mapa del electorado.
En esas conversaciones reservadas, según pudo reconstruir Infobae con distintos interlocutores, Lacunza suele recurrir a una paráfrasis de Jorge Luis Borges para sintetizar esa disputa. Toma el célebre verso de la Oda escrita en 1966 —“Nadie es la patria, pero todos lo somos”— y lo adapta a la vida partidaria: “Nadie es el PRO, pero todos lo somos”. La frase resume una de las ideas centrales de esa construcción: ningún dirigente, por importante que sea el cargo que ocupe o el territorio que gobierne, puede arrogarse la representación exclusiva del partido ni dar por saldada una discusión estratégica que definirá su papel en los próximos años.
La discusión excede largamente el nombre de quien finalmente encabece una eventual fórmula presidencial. En el fondo, lo que está en debate es si el PRO debe llegar a las elecciones de 2027 como una fuerza con vocación de disputar nuevamente la Presidencia o si su destino pasa por integrarse, desde una posición de socio político, a una coalición liderada por La Libertad Avanza. La disposición de Lacunza constituye el primer movimiento visible de esa estrategia y, al mismo tiempo, la confirmación de que Mauricio Macri decidió volver a intervenir activamente en la definición del futuro de su partido.
Queda un segundo capítulo que todavía no salió a la luz y que probablemente termine de definir el alcance de esa apuesta: cómo se traducirá ese diagnóstico en una propuesta política concreta. En las conversaciones reservadas que dieron origen a esta construcción aparece una coincidencia: el rumbo general de la política económica del Gobierno merece ser sostenido, pero también requiere una agenda complementaria para atender cuestiones vinculadas con la actividad, el empleo, el desarrollo productivo y la institucionalidad.
En ese punto, Lacunza empieza a delinear el perfil de la propuesta que estaría dispuesto a representar si el PRO decide competir con candidato propio. No se trata de una alternativa construida para confrontar con Milei, sino de una oferta que buscaría disputar un electorado que comparte buena parte de las reformas económicas, pero que reclama otro estilo político y una agenda más amplia para consolidarlas en el tiempo.
Esa diferencia también aparece cuando aborda una de las críticas más persistentes sobre su gestión como ministro de Economía: el reperfilamiento de la deuda en pesos dispuesto en 2019. En esas conversaciones desarrolla un argumento técnico que considera central para responder a quienes calificaron aquella medida como un default. Según esa mirada, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Gobierno parte de un principio similar: impedir el financiamiento monetario del Tesoro obliga, cuando no existen recursos suficientes, a priorizar el equilibrio fiscal aun cuando eso implique reprogramar obligaciones. Más que reabrir una discusión sobre el pasado, el planteo busca instalar un debate sobre las herramientas disponibles para sostener un régimen de disciplina fiscal permanente.
Detrás de ese razonamiento económico también aparece una definición política. En el sector que impulsa esta estrategia sostienen que el PRO no puede limitarse a resignar una candidatura presidencial con el único argumento de evitar un regreso del kirchnerismo. Entienden que esa posición puede resultar eficaz desde el punto de vista electoral, pero insuficiente para un partido que nació con vocación de gobierno y que, a su juicio, todavía conserva un electorado propio. La pregunta que intentan responder no es solamente con quién competir, sino qué proyecto ofrecer y qué identidad preservar.
Falta más de un año para la elección presidencial y nadie dentro del PRO puede asegurar hoy cuál será el desenlace de esa discusión. Mauricio Macri tampoco resolvió cuál será su propio papel en 2027. Pero la disposición de Lacunza terminó por sacar a la superficie un debate que hasta hace pocas semanas transcurría exclusivamente en conversaciones reservadas. Ya no se trata solamente de decidir si el partido competirá con candidato propio o integrará una coalición encabezada por La Libertad Avanza. La discusión es anterior: qué identidad quiere preservar, qué electorado aspira a representar y desde qué posición negociará el futuro de la centroderecha argentina.
POLITICA
La Argentina se sumó a EE.UU. y otras economías con una declaración para combatir la sobreproducción industrial

WASHINGTON.- En un nuevo paso del alineamiento de la administración del presidente Javier Milei con el gobierno de Donald Trump, su principal socio internacional, la Argentina adhirió este miércoles junto a otros países a una declaración impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para combatir la sobreproducción industrial en sectores manufactureros claves, considerado como un “desafío fundamental para la economía global”.
El documento de la “Declaración ministerial conjunta” destinada a “abordar el exceso de capacidad y producción estructurales” fue firmado también por Australia, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, la India, Italia, Japón, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y la Unión Europea (UE), en el marco del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El USTR, que lidera el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había convocado una reunión de altos funcionarios de las 14 economías para iniciar labores destinadas a abordar esa problemática que apunta a la competencia con China en materia comercial.
Como resultado, los países que suscribieron el documento junto con Estados Unidos -que partió de las deliberaciones sostenidas durante la reunión ministerial de comercio del G-20 realizada en Milwaukee la semana pasada- expresaron su determinación de trabajar mediante “nuevas plataformas sectoriales específicas para examinar y adoptar medidas eficaces” frente a este problema en diversos sectores considerados de preocupación.
La declaración también hace un llamado a todos los países a poner fin al uso de políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado, que, según los firmantes, “distorsionan los mercados y perpetúan el exceso estructural de capacidad y producción”.
“Durante la presidencia de Estados Unidos del G-20, numerosas economías señalaron casos de exceso estructural de capacidad y producción en economías que superaban persistentemente la demanda mundial, sostenidos por políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado aplicadas por gobiernos extranjeros”, declaró Greer mediante un comunicado, en el que no hizo mención a China.
“De no controlarse, estos problemas seguirán perjudicando gravemente a las industrias nacionales, desplazando la producción local y obstaculizando nuestra capacidad para elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias”, amplió Greer, el funcionario que en febrero pasado firmó en Washington junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo recíproco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina.
“La administración Trump seguirá colaborando con nuestros socios comerciales para defender nuestras industrias nacionales, a nuestros trabajadores y nuestra economía frente a las distorsiones derivadas de estas políticas y prácticas generalizadas”, completó Greer.
Aunque el texto de la declaración no nombra a ningún país en particular, el tema remite de manera directa a China, cuyo modelo industrial, apoyado en subsidios estatales y una capacidad instalada que supera con amplitud su demanda interna, ha sido el blanco recurrente de las quejas de Washington, Bruselas y otros gobiernos por la sobreproducción en sectores como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los paneles solares y los semiconductores.
El régimen de Xi Jinping ha rechazado esas acusaciones en reiteradas ocasiones y sostiene que su competitividad responde a ventajas de eficiencia y a la dinámica del mercado.
“En particular, el exceso de capacidad y producción estructural conduce a la sobreproducción y a una concentración excesiva de la producción; desalienta la inversión, la producción y el desarrollo de capacidad basados en el mercado; y socava las exportaciones basadas en el mercado», señaló el documento firmado por los 14 países.
“Reconocemos que el exceso de capacidad y producción estructural en cualquier país plantea desafíos importantes para todos sus socios comerciales, ya que distorsiona los precios y los patrones de producción, disuade la entrada de nuevos actores y obstaculiza la innovación y la competencia”, añadió.
Específicamente, el texto detalló que en las deliberaciones de este año los miembros expresaron su preocupación por el exceso de capacidad y producción estructural —existente o proyectado para el futuro— en muchos sectores, entre ellos, automóviles y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.
“Nos preocupa que, a falta de medidas oportunas y eficaces, el exceso de capacidad y producción estructural en estos sectores paralice nuestras industrias nacionales, desplace la producción local, destruya empleos, socave nuestras economías, obstaculice los esfuerzos de desarrollo e industrialización y, en última instancia, reduzca el nivel de vida de nuestra población”, alertó.
La relación comercial entre Estados Unidos y China ha estado bajo tensión durante la segunda administración Trump, por la imposición de aranceles, actualmente bajo una tregua hasta el 10 de enero de próximo tras acordar una prórroga a una competencia que ha afectado los mercados globales.
Guillermo Idiart,Estados Unidos,Donald Trump,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Malvinas: el Gobierno analiza sumar una comisión bicameral y rechazó dividir el proyecto de Defensa de la Soberanía

El Gobierno buscó avanzar este miércoles en su ley de Defensa de la Soberanía en medio del renovado reclamo por Malvinas. La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dijo en Diputados que analiza agregar al proyecto parlamentario un artículo para crear una comisión bicameral que siga el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional. También rechazó dividir la iniciativa, como pide la oposición. Fue durante el tercer plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que se hizo en un clima tenso, con gritos e interrupciones.
“Estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes”, explicó la funcionaria, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Y agregó: “Estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional”.
El oficialismo quiere tener listo el dictamen para llevar el proyecto al recinto en una sesión especial el miércoles 21 de octubre. Antes, el plenario volverá a reunirse el martes 13. Pero la oposición dialoguista pone condiciones. El bloque Provincias Unidas prepara un dictamen propio y propondrá. Unión por la Patria, en cambio, insiste en separar el expediente en dos: por un lado, el régimen especial sobre Malvinas, y por otro, la reforma de Seguridad, Defensa e Inteligencia.
Ibarzabal Murphy respondió a esos planteos al contestar las preguntas de los diputados: “El Título I es vital para nosotros”. Y sostuvo que el proyecto busca “lograr las herramientas necesarias que fortalezcan y le den cuerpo a las relaciones diplomáticas para que no queden en palabras”.
Cuando le preguntaron por la supuesta amnistía que incluye el texto, la secretaria aseguró que “el régimen de desistimiento bajo ningún concepto quiere beneficiar a las ilegítimas licenciatarias que han tenido intervención en las Islas Malvinas”. Pero aclaró: “Es muy necesario poner incentivos en lugares correctos”. Además, consideró que “las inhabilitaciones no generan las consecuencias prácticas que necesitamos”.
Durante su exposición, la funcionaria criticó la ley vigente, la 26.659, aprobada en 2011. Dijo que “tiene muchas fallas técnicas que hacen compleja la práctica”, que “no prevé delitos vinculados a la pesca” y que “es demasiado vaga”. Y resumió el objetivo del nuevo proyecto en tres puntos: “Castigar a quienes explotan nuestros recursos de manera ilegal; incentivar el cese de esas conductas, y dotar al Estado nacional para proteger ante las amenazas externas”.
Las críticas de la oposición
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en hablar: “Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”. Volvió a pedir que vayan al Congreso el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y que se convoque a organizaciones de la sociedad civil.
El exministro de Defensa Agustín Rossi (Unión por la Patria) anticipó que, si el proyecto se aprueba en Diputados, “Patricia (Bullrich) se lo va a cambiar a esto”, en referencia al paso del texto por el Senado.
El enojo de Carignano: “A ver si el decorado se calla”
El momento más tenso fue durante la intervención de la diputada de Unión por la Patria Florencia Carignano. Se enojó con los legisladores que hablaban mientras ella exponía y le dijo a Ibarzabal Murphy: “¿Secretaria, podría escuchar lo que estoy diciendo?”. Después agregó: “A ver si se calla el decorado, hay como un cotorrerío que está molestando”.
La diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado le respondió: “Está escuchando atentamente. El hecho de que vengan diputados, se paran adelante nuestro, eso complica… pero que sigan hablando no es coartar el uso de la palabra. Que sus preguntas fueran concretas ayudaría mucho”.
Al principio de su intervención, Carignano también criticó al presidente Javier Milei: “Es poco creíble el ataque de la pasión malvinera que le agarró a Milei, que se declaró admirador de (la exprimera ministra británica) Margaret Thatcher. Quedaron muy expuestos con el tema de la bandera de Malvinas y tuvieron que inventar este proyecto, que habla de soberanía”.
Sea Lion, el “punto de quiebre”
Ibarzabal Murphy abrió su exposición con una defensa del proyecto: “Como dijo Milei, este es un tema que nos convoca a todos, se trata de defender nuestra soberanía. Vengo como argentina y como parte del Gobierno nacional”.
POLITICA
Mendoza: autorizan al exjuez Walter Bento, condenado por corrupción, a volver a su casa en un country los fines de semana

MENDOZA.- El exjuez federal mendocino Walter Bento, condenado a 18 años de prisión por corrupción, accedió a un beneficio especial, lo que generó fuerte repercusión en la provincia cuyana. Un magistrado riojano, con actuación en Mendoza, le otorgó un permiso para volver todos los fines de semana a su casa, con el fin de cuidar a su hijo discapacitado y a su esposa, que se encuentra convaleciente.
De esta manera, el polémico exfuncionario judicial, sentenciado por cobrar coimas a cambio de beneficios a presos, podrá pasar tres días por semana fuera de prisión.
Actualmente, se encuentra tras las rejas en el complejo penitenciario de la localidad montañosa de Cacheuta. Con la resolución judicial, Bento podrá regresar al hogar familiar, en el country Palmares, ubicado en Godoy Cruz, desde los viernes a la mañana hasta los lunes a la tarde, lo que en los pasillos de tribunales calificaron de “finde XXL”.
La decisión fue tomada por el juez federal de La Rioja Jorge Gamal Abdel Chamia, integrante del Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza, quien hizo lugar a una solicitud de la defensa del mendocino, por lo que Bento ya está habilitado para dejar una vez por semana el Complejo Penitenciario Federal VI, donde cumple la condena. Aunque no se trata del acceso a la prisión domiciliaria, sus letrados destacaron la decisión del juez aunque insistirán con el pedido de ese beneficio para que Bento logre estar todos los días en su hogar.
Por su parte, desde la Fiscalía se espera la presentación de una oposición a la medida para que sea revisada y rechazada por la Justicia, ya que se considera que la familia del exmagistrado cuenta con la prestación necesaria para el cuidado integral del hijo de Bento. Esto es, cuidadoras las 24 horas, kinesiólogo, centro de día y transporte adaptado.
Entre las medidas de seguridad que dispuso Chamia se encuentran los traslados que estarán a cargo del Servicio Penitenciario Federal y los controles aleatorios en el domicilio de Bento, que serán realizados por Gendarmería Nacional. En tanto, se espera la orden para que el exmagistrado porte una tobillera electrónica, aunque es una medida aún bajo análisis.
De acuerdo con los fundamentos de la decisión, el magistrado riojano entendió que hubo cambios en la dinámica familiar a raíz del empeoramiento en el cuadro de recuperación de la esposa de Bento, Marta Boiza, quien había sido intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades por una grave afección en la rodilla, que comenzó luego de un altercado con un periodista.
Actualmente, según la defensa, la mujer se encuentra en silla de ruedas, con un fijador externo, edema y una fístula, por lo que necesita asistencia constante. Esta situación atentaría contra las condiciones necesarias para poder cuidar a Facundo, el hijo del matrimonio que padece discapacidad severa y dependencia funcional.
Bajo este escenario, los abogados de Bento solicitaron a la Justicia que contemplara el inconveniente familiar, asegurando que el exmagistrado es la persona indicada para cumplir esa función en el hogar, entre las que destacan la contención emocional del joven. Los otros dos hijos de la pareja están fuera de la provincia: uno, en Buenos Aires; el otro, en España.
Fue este punto de “vinculación afectiva” en el que el juez Chamia hizo foco para otorgar el beneficio, más allá de lo material y asistencial que necesita Facundo, y que tiene garantizado. De hecho, el magistrado riojano tuvo en cuenta los testimonios que aseguran que el joven muestra mejoras cuando está en contacto con su padre, con quien hasta ahora sólo tenía encuentros esporádicos y restringidos.
18 años de prisión
A la espera de las presentaciones que se realicen en las próximas jornadas, desde la Justicia dejaron en claro que la decisión es “excepcional, provisoria y revisable”. Después de dos años de debate, en febrero del 2026, Bento fue condenado a 18 años de prisión por graves delitos relacionados a una red de corrupción que operó durante años desde el Juzgado Federal N°1 de Mendoza.
Las juezas del Tribunal Federal N°2, Gretel Diamante, Carolina Pereira y Eliana Rattá, fueron las encargadas de declararlo culpable de liderar una asociación ilícita, además de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. “Hubo corrupción judicial. Bento utilizó su cargo de juez como plataforma para la obtención y legitimación de beneficios ilícitos”, sostuvo el tribunal en los fundamentos.
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