POLITICA
Fentanilo mortal: la Justicia detuvo a las dos ex funcionarias encargadas de los máximos organismos de control sobre medicamentos
Por pedido de la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta, el juez Ernesto Kreplak detuvo esta mañana a las ex máximas responsables de los organismos de control de medicamentos. Ambas estaban en funciones cuando los laboratorios de Ariel García Furfaro elaboraron el fentanilo contaminado vinculado a a 90 muertes. Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas estaban al tanto de las deficiencias en la producción y ventas de los Laboratorios Ramallo y HLB Pharma por inspecciones anteriores y no habrían tomado medidas concretas contra las plantas elaboradoras.
En noviembre de 2024, poco antes de la elaboración del fentanilo mortal, una inspección del INAME detectó serias falencias en la planta ubicada en la localidad de Ramallo y propiedad de Ariel García Furfaro, pero no se tomó ninguna acción hasta que se conocieron las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata.
Bisio fue administradora de la ANMAT desde diciembre de 2023. Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida rige desde el 5 de enero de 2026. Si bien se alegaron “razones personales”, se especuló que su salida habría estado vinculada al desgaste generado por el escándalo del fentanilo.
Mantecón Fumado fue Directora Nacional del INAME hasta el 21 de agosto de 2025, fecha en que fue separada preventivamente del cargo. La medida se produjo después de que Infobae revelara que existieron demoras en la resolución de inspecciones sobre Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, y siguió a la detención de Ariel García Furfaro.
En esta segunda etapa de la investigación, la fiscal que impulsa la causa decidió investigar las posibles irregularidades que habrían incumplido los funcionarios a cargo de los organismos de control.
Esta mañana, una delegación de la Policía de la Ciudad se hizo presente en el Ministerio de Salud para detener a Bisio y Mantecón Fumado. Al no estar presentes, las fueron a buscar a sus domicilios. Las fuentes del caso que dialogaron con este medio informaron que el juzgado, a instancias de la fiscalía, presentó un requerimiento para conocer las entradas y salidas de ejecutivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo entre 2024 y 2025. En el expediente, como se explicará más adelante, consta que existió una reunión, pero en las instalaciones de la ANMAT, en el tercer piso de Avenida de Mayo 869. El encuentro entre Bisio y tres directivos de los laboratorios ahora clausurados se realizó a instancias de Mantecón Fumado.
En los registros de entradas y salidas figura que la reunión fue el 14 de enero de 2025. Javier Tchukram, María García, Ariel García Furfaro y su hermano Diego ingresaron a las 15.13 y se retiraron a las 15.55. La reunión, según reconoció Bisio en su declaración testimonial ante el juez y la fiscal “fue acalorada” y se habló sobre los hallazgos que había realizado el INAME en las instalaciones de Laboratorios Ramallo.
“La connivencia o complicidad son aún desconocidas”
La fiscalía ya había anticipado su criterio sobre investigar a los funcionarios públicos. Lo hizo en varias oportunidades a lo largo del expediente que investiga la peor tragedia sanitaria del país. En el dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, la fiscal opinó sobre la insuficiente información aportada a la causa por parte de la ANMAT y las obligaciones del organismo en la ventana de tiempo en la que se elaboró el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
Sobre la ineficiencia y negligencia de los organismos de control, la fiscalía hizo suya la opinión de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que colaboró en la pesquisa: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad son aún desconocidas. Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado, así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible”, sostuvieron los fiscales
Las funcionarias detenidas
La doctora Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT — había sido citada a declaración testimonial y allanada por la Justicia. Fue el 15 de mayo de 2025. El mismo día prestó declaración Mantecón Fumado.
En esta parte de la investigación, la fiscal y el juez ponen el foco en una reunión que el 14 de enero de 2025, en la sede de la ANMAT, juntó a funcionarios del organismo regulador con representantes de la empresa cuyas ampollas contaminadas de fentanilo terminarían llegando a hospitales de todo el país.
Lo que cada uno dijo sobre ese encuentro —y sobre el historial de irregularidades que lo precedió— quedó registrado en declaraciones testimoniales e indagatorias que obtuvo Infobae.
Noviembre de 2024: la inspección que lo cambió todo
El punto de partida de la cadena de hechos que desembocó en la crisis sanitaria fue una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) realizada en noviembre de 2024 sobre una línea de producción de Laboratorios Ramallo SA, el establecimiento que fabricaba los productos inyectables y parenterales bajo titularidad de HLB Pharma Group. La inspección no abarcó la totalidad de la planta sino una línea específica, por desvíos en el tipo de producto.
La directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos declaró ante el juzgado el 15 de mayo de 2025 —en lo que consta como la testimonial de fs. 288— que el laboratorio ya arrastraba un historial previo que justificaba un seguimiento cercano: «El Laboratorio implicado con el producto tiene un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano“.
Sobre la inspección de noviembre, Mantecón Fumado fue precisa: «En noviembre del 2024 hubo una inspección de Laboratorios Ramallo SA de Buenas Prácticas de Fabricación sobre una línea de producción, no sobre toda la planta, por desvíos en tipo de producto. Ahí se constatan irregularidades y se decide proponer una carta de advertencia, que implica la prohibición de elaboración de nuevos productos“.
La carta, explicó, recién se formalizó el 10 de febrero de 2025: “A partir de ahí el Laboratorio Ramallo no puede elaborar nada más hasta que no levante las ‘no conformidades’ informadas por el organismo”.
La funcionaria subrayó que la notificación al laboratorio fue inmediata: “No obstante ello, si bien no estaba ordenado administrativamente, sí mediante la inspección del mes de noviembre de 2024, se le fue notificado al Laboratorio que no podía elaborar ningún producto por no cumplir las Buenas Prácticas de Fabricación. Tal cual quedó reflejado en las actas, rubricadas por los representantes del Laboratorio, se les habría informado que no deberían elaborar productos hasta el levantamiento de las ‘no conformidades’”.
El plazo que la normativa otorgaba al laboratorio para proponer el levantamiento de esas “no conformidades” era de entre cinco y diez días. La empresa presentó documentación, pero fue voluminosa y, según Mantecón Fumado, insuficiente: «Durante el tiempo que se encontraba la evaluación de la documentación presentada por la empresa, paralelamente aquella seguía enviando documentación al respecto, la cual fue muy voluminosa. Cuando el personal termina de analizar la documentación, define que no alcanza lo presentado y ahí ordena la carta de advertencia“.
Y agregó: ”Desde noviembre el Laboratorio tenía conocimiento que no pasaba las BPF, por lo que no podía continuar elaborando productos hasta tanto no levantara las ‘no conformidades’. Paralelamente, en INAME quedaron en proceso un montón de investigaciones por desvíos de productos, retiros de productos no conforme. La mayoría era por cuestiones registrales. Los sumarios de los distintos productos se elevaron en marzo».
Un historial de irregularidades: certificados, trazabilidad y envases no autorizados
La declaración testimonial de Bisio ante el juzgado —prestada también el 15 de mayo de 2025, en su condición de Administradora de la ANMAT— aportó otro plano del cuadro de irregularidades que el organismo registraba sobre HLB y Ramallo con anterioridad al escándalo del fentanilo.
Bisio describió que HLB compraba a otros laboratorios certificados de especialidad medicinal —el documento que otorga la titularidad de un producto— sin completar los trámites de transferencia ante la ANMAT: «Esos trámites no fueron concluidos por HLB en diversos productos, aclarando que no se trata del FENTANILO sino de otros medicamentos indicados en la Disposición 3158. El trámite implica registrar el producto ante ANMAT. No obstante ello, HLB elaboraba esos productos de los cuales aún no tenía titularidad, los comercializaba en el mercado“.
La consecuencia directa fue la falta de trazabilidad: ”En ese marco, productos PROPOFOL no tenían ticket de trazabilidad. Que eso es grave. Por ello retiraron del mercado el PROPOFOL, igual que ocurrió con la DOPAMINA“.
Sobre el estado de Ramallo antes del caso del fentanilo, Bisio precisó: «El Laboratorio estaba habilitado. Que en febrero le elevaron una carta de advertencia por encontrar inconsistencias en el accionar, presentación de papeles, acatar la normativa, entre otras cuestiones. Una de las irregularidades era la utilización de envases de plástico cuando tenía autorizado el envase de vidrio. Además no usarían métodos farmacopeicos que el organismo prevé. Que hubo varias idas y vueltas con el Laboratorio para que acate estas cuestiones“.
Y remarcó que ”con la carta de advertencia, el laboratorio estaba inhibido de producir y comercializar“, aunque aclaró que ”en el presente caso, la elaboración habría ocurrido con anterioridad a esa inhibición“.
Sobre la investigación en curso al momento de su declaración, Bisio informó que se corroboraba si las cantidades declaradas de fentanilo por HLB se correspondían con las producidas: «En el marco de la mesa de trabajo entre ANMAT, Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad, hay en curso una inspección para corroborar si las cantidades declaradas de FENTANILO por HLB se corresponden a las producidas por esa firma, o si hay un desvío. Que interviene en parte el Registro de Precursores Químicos“.
La reunión del 14 de enero de 2025: quiénes, dónde y a qué hora
Fue en ese contexto —con la inspección de noviembre reciente y la carta de advertencia aún no formalizada— que el 14 de enero de 2025 se produjo la reunión que hoy investiga el juez Kreplak. Según consta en los registros de ingreso de la ANMAT, cuatro representantes de HLB Pharma Group SA ingresaron al edificio de Av. de Mayo 869, piso 3°, CABA, a las 15.13, y se retiraron a las 15.55.
Los registros consignan: «Tchukram, Javier, García, María, García, Ariel, García, Diego. Del lado del Estado, estuvieron presentes la doctora Mantecón Fumado, en su carácter de directora nacional del INAME, y la doctora Bisio, en su carácter de Administradora de la ANMAT“.
En su presentación amplia ante el juzgado, Bisio informa sobre reunión del mes de enero. Bisio relató que la convocatoria fue iniciativa exclusiva de Mantecón Fumado y que ella llegó sin conocer el alcance completo del encuentro: «Esta última fue peticionada, vía telefónica, a la suscripta por la Dra. Gabriela Mantecón Fumado, Directora Nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), con 2 días, aproximadamente, previos (muy poca anticipación)“.
En un primer momento, Bisio aceptó reunirse en la sede del INAME, pero Mantecón Fumado luego propuso cambiar la sede al edificio de la ANMAT.
Alo respecto, Bisio declaró: «Solo me manifestó que solicitaba mi presencia, y que fuera en dicha sede, porque son personas complicadas y para que se mantuviera el orden, a lo que accedí. No es nada habitual este tipo de reuniones, por lo que se trataba de algo excepcional“.
La reunión quedó registrada en el Google Calendar institucional para el 14 de enero de 2025 a las 15.30, con el rótulo “HLB con la Dra. Mantecón Fumado”. Bisio aclaró que no se confeccionó la planilla formal de audiencias del ANMAT porque se trató de una reunión convocada internamente: «No se confeccionó la planilla de audiencias del ANMAT, ya que se trataba de una reunión solicitada internamente por la Dra. Mantecón Fumado. Además, conforme lo expuesto, ella fue quien organizó la misma con los interesados (hoy tengo conocimiento que lo hizo formalmente)“.
Lo que se habló: la versión de Bisio sobre el desarrollo del encuentro
Bisio describió su propio rol en la reunión: «Esta fue la primera y única reunión que mantuve con personas vinculadas a la firma HLB PHARMA GROUP S.A. En la misma, me mantuve callada, no habiendo nunca emitido opinión, mientras la Dra. Mantecón Fumado y quienes se presentaron por HLB PHARMA GROUP S.A. se limitaron a tratar el resultado de la última inspección que habían tenido“.
El intercambio, según su relato, fue tenso: «El intercambio entre ellos fue acalorado, defendiendo la Dra. Mantecón Fumado la tarea llevada adelante por los inspectores y resaltando las falencias que se habían detectado. Es decir, se trataron los problemas que se habían constatado en la última inspección realizada en una de las líneas de producción del establecimiento de Laboratorios Ramallo S.A. (tercerista de HLB PHARMA GROUP S.A.), y otras quejas por trámites administrativos iniciados por la empresa, respecto de los cuales reclamaban ‘efusivamente’ que nunca se los aprobaban“.
Bisio también reveló que Mantecón Fumado le pidió que suscribiera la Carta de Advertencia del 10 de febrero de 2025 —que era una función propia del INAME, no de la ANMAT—, aduciendo temor a represalias: «Por más que no era mi tarea, sino una función propia de la Directora Nacional del INAME, me pidió que la suscribiera junto con ella, porque temía represalias contra su persona, a lo que accedí, nuevamente, a pesar de que se trataba de algo excepcional“.
Con el tiempo, Bisio reconoció haber advertido otra lectura posible: ”Hoy, tras todo lo sucedido, advierto que también fue posible que, con esos pedidos, la Dra. Mantecón Fumado intentara involucrarme en cuestiones en las que ella era la única responsable, por sus facultades, para intervenir“.
La versión de Ariel García Furfaro: “Pulgar para arriba”
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma e identificado por la acusación como propietario y gerente oculto de Laboratorios Ramallo SA— prestó indagatoria ante el mismo juzgado. En ella ofreció una versión radicalmente distinta de lo que ocurrió en la reunión del 14 de enero.
Sobre la inspección de noviembre, García fue confrontativo: «En noviembre vinieron tres horas a inspeccionarnos. En tres horas no pueden ponernos esa cantidad de advertencias. No les dio el tiempo para escribir. Vinieron a clausurar. Tuvimos muchos problemas con sueros pero no este tipo de problemas“.
Respecto de las advertencias formuladas en esa inspección y la respuesta de su empresa, sostuvo: «Me junté porque vinieron en noviembre y nos hicieron algunas advertencias, les contestamos todos los puntos, y no nos contestaron nada. Nos dijeron ‘contestanos más’, les mandamos 4.500 fojas“.
Preguntado por la Fiscalía sobre en qué consistió su reunión con Bisio, García respondió: «Fue el 14 de enero. Me hizo así (dedo pulgar para arriba)“.
García también señaló que fue al menos dos veces al ANMAT en enero: ”Yo hablé en enero con ANMAT, me atendió Bisio. Yo habré ido dos veces al ANMAT. El resto de las veces iba Quinteros“.
Sobre un encuentro anterior, el 4 de enero, relató: ”El 4 de enero cuando me encontré con Bisio le dije, ‘¿ustedes los reclamos que hacen no piden factura o remito?’. Porque el año pasado en octubre 364 empleadas de San Nicolás me dijeron que este tipo me venía denunciando todos los días“.
Sobre el historial de conflictos con la ANMAT por los certificados y los recalls, García atribuyó la responsabilidad al organismo: «Ahora, que la ANMAT nos sacó productos que no debería haber sacado, como la de etiquetas, o propofol y dopamina. Yo iba al ANMAT con los abogados y me decían ‘es de arriba’. Cuando los terminé de pagar, los laboratorios estaban quebrados“.
Lo que detectaron las inspectoras en mayo: esterilidad, ampollas faltantes y la respuesta del laboratorio
Cuando en mayo de 2025 el escándalo sanitario ya era público, el INAME ordenó una inspección paralela sobre Laboratorios Ramallo para obtener muestras de museo y contrastarlas con las ampollas contaminadas que habían llegado al Hospital Italiano. Mantecón Fumado declaró que las inspectoras detectaron nuevas “no conformidades” en los exámenes de esterilidad: «Las inspectoras detectaron ‘no conformidades’ en los exámenes de esterilidad. Es decir, no estaba bien la práctica del control de esterilidad tal como estaba planteada por el representante del Laboratorio. En función de toda la documentación colectada, se decidió inhibir la producción, distribución, comercialización y uso de productos del Grupo HLB“.
Y agregó: ”Al detectar deficiencias en las técnicas de control de esterilización, la contaminación de productos podía abarcar otros productos además del que estaba reportado“.
Las muestras de museo obtenidas en Ramallo revelaron otro problema: en dos cajas de lotes no reportados faltaban dos ampollas en cada una.
La explicación del laboratorio alarmó a las autoridades: «Existen 4 ampollas que se desconocen dónde están. Que la respuesta brindada por los responsables de la firma fue que ‘se tomaron para hacer unas pruebitas’“.
Mantecón Fumado subrayó el peso de esa irregularidad: ”El FENTANILO es una sustancia sujeta a control especial, lo que implica que cada ampolla es trazable y se debiera saber dónde está“.
También surgió que HLB no tenía en su sede la información sobre las órdenes de elaboración de los productos que enviaba a fabricar a Ramallo: «Dicha información no se encontraba en la sede de HLB al tiempo de la inspección, pero sí fue hallada en el Laboratorios Ramallo“.
Los análisis del Instituto ANLIS Malbrán sobre las muestras de sangre de los pacientes del Hospital Italiano y las ampollas del lote reportado arrojaron resultados positivos para las mismas bacterias —Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti— tanto en los hemocultivos como en las ampollas: «Los resultados informados dieron positivo tanto para los hemocultivos como para las ampollas de lote reportado, de la presencia de las mismas bacterias“.
La causa FLP 17371/2025 tiene 13 procesado, todos ligados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Bisio y Mantecón Fumado hasta ahora son las dos únicas personas investigadas por fuera de las empresas, pero pueden no ser las únicas.
POLITICA
A un mes de la llegada del Papa, la Iglesia suma focos de tensión y frentes de discusión con el Gobierno
La Iglesia católica y el gobierno nacional tiene una relación sinuosa, tensa y marcada por las diferencias. Un vínculo distante, que entró en un impass por la visita del Papa León XIV, pero que, desde que comenzó la gestión libertaria, estuvo marcada por las críticas, los llamados de atención y los mensajes públicos con alto impacto político.
Según relatan fuentes eclesiásticas de primera línea, la organización para la llegada del Sumo Pontífice ha encontrado a los representantes de la Iglesia y de la Casa Rosada trabajando en forma armoniosa. Al diseño de esa logística, que tiene como temas centrales la seguridad, el desplazamiento de los fieles y el armado de los eventos, también se sumaron los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esa suerte de tregua que se vive en las mesas de coordinación que han existido en Balcarce 50 y también en el ministerio de Seguridad, son una parte de la historia actual en esa relación. Mientras se acumulan los encuentros organizativos, distintos representantes de la Iglesia le marcan la cancha al oficialismo con mensajes teledirigidos.
Ponen en carpeta temas sensibles como la ley de extranjerización de tierras, la emergencia en discapacidad, el aumento de la pobreza y los mensajes de odio en las redes sociales, donde el presidente Milei tiene una gran presencia, mediante insultos y descalificaciones a periodistas, políticos opositores y artistas que no comulgan con las decisiones económicas de su gestión, ni con sus formas, ni con sus miradas sobre la política doméstica.
Este lunes la Pastoral Social de la Comisión Episcopal emitió un comunicado con el título “Por la defensa de nuestro territorio y el cuidado de nuestra soberanía”, en el que hizo referencia a la decisión de la Corte Suprema de dejar vigente el DNU 70/2023, que en su artículo 154 derogaba la ley de tierras, lo que permitía la venta de tierras a extranjeros sin límites.
“Queremos manifestar nuevamente nuestra preocupaciónante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros”, indicaron en el comunicado, que alcanzó mayor impacto cuando fue publicado en sus redes sociales por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
En el mismo mensaje, advirtieron: “Apelamos a la responsabilidad de nuestros legisladores, autoridades del poder ejecutivo y funcionarios de la justicia para que velen por la defensa de nuestra tierra y el cuidado de nuestra Nación que está en directa relación con el bienestar de la población del país”.
La controversia es clara y marcada. El cuestionamiento expresado al principio de esta semana no fue el único. Un puñado de meses atrás, cuando el gobierno de Milei había impulsado el tratamiento del proyecto de ley, la Pastoral Social ya había marcado su rechazo al considerar que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.
Este lunes representantes de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se reunieron con representantes del gobierno en el ministerio de Salud con el objetivo de plantear su preocupación por la continuidad de las prestaciones en las instituciones y organismos sociales que trabajan con los discapacitados.
La recepción y el diálogo abierto por parte del gobierno fue una señal positiva para descontracturar la relación. Sin embargo, los representantes de la CEA dejaron en claro que con la buena voluntad no alcanza. “Es un gesto, pero los gestos solos no alcanzan. Los gestos se traducen en realidades. Los gestos no alcanzan, como dice el dicho: ‘De buenas intenciones está hecho el camino del infierno’”, aseguró María Baya Casal, coordinadora de la mesa de discapacidad, después de la reunión.
Aún más duro fue el coordinar del Foro de Discapacidad, el sacerdote Pablo Molero, de larga experiencia en ese ambiente. “No tienen que pedir ninguna documentación como pidieron. No tienen que pedir nada. Lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que la ley manda y nada más. Entender lo que se está planteando. Uno le lleva la realidad y te piden papeles. Pero después no cumplen. Y saben bien lo que pasa. Ellos generaron la dificultad. No hagan las cosas porque viene el Papa, sino porque la gente lo necesita. Acá el Papa no es el importante, es la gente”, sentenció en una entrevista con FutuRock.
Unos días más atrás, durante la celebración por el día de la Virgen de Luján, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó un mensaje flotando que pareció estar dirigido a Balcarce 50. “Nuestra Patria tiene muchos abrazos pendientes: abrazos de perdón ante tanta descalificación e insulto; abrazos solidarios ante tanta indiferencia”, expresó en una homilía que tuvo contenido un cotenido político indisimulable.
“Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo”, sostuvo García Cuerva, que está apuntado por el gobierno nacional debido a sus reiterados cuestionamientos sobre las políticas libertarias. De todas formas, el gobierno nacional habla, mayoritareamente, en off the record sobre lo que le molesta de la Iglesia. No es un rival que al que insulte, cuestione o intente vencer. Ni a través de la voz de Milei, ni la de ningún otro funcionario de primera línea.
En algunos sectores eclesiásticos creen que esa decisión del oficialismo está atada a qued dentro del universo de votantes mileistas, hay una porción importante que es católica y que tiene un respeto especial, además de una identidad marcada, sobre la Iglesia como institución. A la luz de los hechos, es extraño que Milei, que se enfrenta, sin restricciones, contra todo aquel que lo cuestiona, no diga nada respecto a los cuestionamientos de los principales exponentes del catolicismo en la Argentina.
En la previa de la procesión García Cuerva había dejado un mensaje destinado a toda la política, porque advirtió que atravesaba los gobiernos, pero que fue imposible no decodificar en clave actual. “Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con una gran cantidad de hermanos muy pobres”, indicó.
El mensaje llegó algunos días después de que los datos del INDEC registraran un marcado aumento de la pobreza y la indigencia, números que están en el vértice de la agenda de la Iglesia y que hace tiempo que despiertan una creciente preocupación. En la Casa Rosada están molestos con García Cuerva, pero evitan concretar una avanzada contra la cúpula eclesiástica.
En el último Tedeum García Cuerva fue muy crítico de la gestión libertaria. “Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como decía Francisco”. También sostuvo que nadie es “descartable” y llamó a “ser solidarios con el dolor ajeno”. Todos mensajes que fueron generando diferentes picos de tensión en la relación con la Casa Rosada.
En la Iglesia descartan de plano la posibilidad de que el papa León XIV se meta en la política doméstica, pero saben que seguirá la línea de mensajes, sin destinatarios precisos, que han venido dando los sacerdotes con más renombre dentro del esquema eclesiástico nacional.
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El Gobierno busca reactivar la actividad del Senado durante octubre con dos proyectos que considera en condiciones de avanzar: la nueva Ley de Salud Mental y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En la Casa Rosada reconocen que buena parte de la agenda de la Cámara alta continúa trabada y descartan convocar por ahora a una nueva reunión de comisión por la reforma política.
La decisión supone separar la discusión electoral del resto de los proyectos pendientes. En el oficialismo no quieren volver a reunir a la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta tener cerrado un entendimiento que permita avanzar con los votos necesarios. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de esa negociación con gobernadores y bloques aliados.
El objetivo político sigue siendo aprobar la reforma antes de que termine el año, pero el cronograma de octubre ya no depende de ese expediente. En Nación creen que Salud Mental y el PCT tienen mayores posibilidades de llegar al recinto mientras continúan las conversaciones sobre las PASO, la Boleta Única y el resto de los cambios electorales.
El tratado de patentes es el proyecto que tiene el recorrido parlamentario más avanzado. Diputados aprobó en agosto la adhesión al PCT por 147 votos contra 93, pero incorporó una reserva sobre el Capítulo II y, por esa modificación, el expediente debe volver al Senado para completar su sanción.
El PCT permite presentar una solicitud internacional de patente que luego puede continuar su trámite en los países elegidos por el solicitante, sin reemplazar la decisión de cada oficina nacional sobre si corresponde conceder el derecho. La Argentina firmó el tratado en 1970, pero nunca completó el proceso interno de ratificación.
La modificación incorporada en Diputados excluye el Capítulo II, referido al examen preliminar internacional, una herramienta optativa que permite obtener una evaluación adicional sobre aspectos como novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La reserva fue reclamada durante la negociación por sectores de la industria farmacéutica nacional.
El Gobierno considera prioritario cerrar ese trámite porque la adhesión al PCT también forma parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual. El Ejecutivo prepara además el envío de otros seis tratados internacionales sobre patentes, marcas, diseños industriales, microorganismos y señales satelitales.
POLITICA
Tierras, industria y universidades, los reclamos y protestas de sindicatos y piqueteros previstos para octubre
La decisión de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras desencadenó una serie de protestas que se extenderá durante dos semanas. La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional, distintas organizaciones sociales de izquierda se reunirán el viernes 9 para coordinar una respuesta común y, el jueves 15, una movilización al Congreso acompañará la sesión especial en la que Diputados intentará rechazar el decreto.
La primera concentración ocurrió ayer frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. La impulsaron el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sectores de la izquierda, agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.
La convocatoria tuvo como eje el rechazo al fallo firmado el 29 de septiembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto presidencial, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de esa norma. El máximo tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para presentar una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. Como consecuencia, volvió a producir efectos la derogación de la Ley 26.737, que regulaba la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.
Qué es el DNU 70/2023
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, fue firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. El texto original reunía 366 artículos y dispuso cambios, derogaciones y desregulaciones en áreas como alquileres, comercio, salud, transporte, empresas públicas, mercado laboral, tarjetas de crédito y actividad económica.
El decreto también declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Varios de sus artículos modificaron normas de alcance estructural que continuaron vigentes más allá de ese plazo.
Uno de esos puntos es el artículo 154, incluido en el capítulo de bioeconomía. La disposición derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esa norma, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, en cada provincia y en cada departamento. También impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo, establecía un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restringía la compra de inmuebles con cuerpos de agua relevantes, ribereños de esos cursos o ubicados en zonas de seguridad de frontera.
La Cámara Federal de La Plata había suspendido la aplicación del artículo 154 tras una presentación del CECIM. Esa cautelar permaneció vigente durante más de dos años, hasta el reciente pronunciamiento de la Corte, que aclaró luego que no analizó si el artículo es constitucional y que su intervención se limitó a la legitimación del CECIM. El tribunal también remarcó que otras personas u organizaciones pueden presentar nuevas medidas cautelares y que el Congreso conserva sus atribuciones para tratar el decreto.
La Ley de Tierras se convirtió en el detonante
La reposición del artículo 154 reabrió un conflicto político que hasta ahora no había logrado llegar al recinto de Diputados. El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Como el rechazo de una sola cámara no basta para invalidar un decreto de necesidad y urgencia, la norma continuó vigente.
Bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento y morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Para abrir la sesión, los bloques convocantes deberán reunir un quórum de 129 legisladores. Si la Cámara baja también rechaza el DNU, el decreto quedará derogado hacia adelante, dado que el Senado ya se pronunció en contra.
La discusión supera el capítulo de tierras. Quienes impulsan la derogación cuestionan el alcance del decreto en materia de regulación económica, alquileres, medicina prepaga, comercio exterior y privatizaciones. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron además una medida cautelar para volver a suspender los efectos del artículo 154, con el argumento de que, mientras el Congreso define el futuro de la norma, podrían concretarse adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros que luego queden consolidadas como derechos adquiridos.
El testimonio de los excombatientes de Malvinas
Durante la jornada previa a la marcha a Tribunales, el dirigente del CECIM Hugo Robert explicó en diálogo con Radio 750 los motivos de la convocatoria. “Ya sabemos lo que fue el fallo de la Corte que habilita a la compra completa de Argentina. La Corte le dio el 100%, se puede vender todo”, afirmó.
Robert señaló que el reclamo no apunta solo al Poder Judicial, sino también a la dirigencia política. “También es un llamado a nuestra clase dirigente, que durmió durante más de dos años y medio cuando estuvo vigente el amparo que la Justicia le dio a la presentación del CECIM”, dijo. Y agregó que la preocupación no se limita a la superficie de tierra en discusión: “No es que toda la tierra, absolutamente, es lo que les importa a los extranjeros. Son sectores clave, donde están los recursos”.
Las centrales de trabajadores y la izquierda convocaron a movilizar
El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, calificó el fallo como grave porque, según sostuvo, habilita la venta sin restricciones de tierras rurales a extranjeros y desconoce la legitimación de los excombatientes para cuestionar judicialmente el decreto. El secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, vinculó la protesta por la Ley de Tierras con la sesión del 15 de octubre y señaló que los distintos bloques opositores trabajan para reunir el quórum necesario y debatir tres temas: discapacidad, endeudamiento familiar y la derogación del DNU.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, la diputada nacional Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño, firmantes del pedido de sesión especial e impulsores de la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre, llamaron a movilizar masivamente. “Lo que no pudieron imponer frente a la calle el 6 de agosto, ahora lo resolvieron tres jueces de la Corte en un despacho: la extranjerización total de nuestras tierras”, denunciaron en un comunicado conjunto. “Esa fuerza que se expresó en la calle frente al Senado y que se volvió a replicar en todo el país en la Marcha de la Bronca la tenemos que volver a desatar”, agregaron, y reclamaron a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional activo para el 15 de octubre.
“El 6 de agosto le dimos un golpe enorme al proyecto de saqueo y entrega del Gobierno y sus cómplices. La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras”, planteó Bregman, y remarcó que la discusión excede lo procesal: “No estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio”.
Del Caño comparó el conflicto con un antecedente anterior. “Como hicimos contra el dos por uno en beneficio de los genocidas que también impulsó la Corte, tenemos que derrotarlos en las calles”, afirmó, y convocó a movilizar junto con todos los sectores dispuestos a sumarse. Ayer, durante su discurso en el escenario montado frente a Tribunales, agregó: “Este 15 de octubre tenemos que ser cientos de miles en las calles y exigimos un paro nacional para que caiga todo el decreto 70/23”.
El diputado también planteó la necesidad de unificar agendas de cara a la marcha del 15. “Ese día también está prevista la movilización universitaria, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento. Unir las peleas de la comunidad universitaria, del colectivo de la discapacidad, de los millones de endeudados y empobrecidos por este Gobierno es el camino”, sostuvo, y volvió a exigir a las centrales sindicales un paro nacional activo para esa fecha.
Una autoconvocatoria en Parque Lezama
Este viernes 9 de octubre, las mismas organizaciones sociales, políticas, de izquierda, sindicales, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos que impulsaron la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre volverán a reunirse en el Parque Lezama, en una autoconvocatoria destinada a definir cómo continuar la respuesta callejera contra el fallo de la Corte y a preparar la movilización al Congreso del 15 de octubre, día en el que se celebrará la sesión especial para intentar voltear el DNU 70/2023.
El encuentro busca ampliar el marco de convocatoria y coordinar la participación de los distintos sectores que ya se movilizaron contra el fallo y que acompañarán también la jornada en el Congreso.
La CGT marchará por la industria el jueves 8
La segunda protesta de la semana se realizará este jueves. La CGT convocó a movilizarse a las 15 desde Diagonal Sur y Perú, en la Ciudad de Buenos Aires, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria. La central obrera marchará bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, una frase que retoma la tipografía utilizada en la marcha del 6 de agosto, cuando el Gobierno retiró los capítulos de tierras y de la Ley de Manejo del Fuego del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La convocatoria surgió de una reunión de la mesa chica de la CGT realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La marcha es la cuarta acción de un plan iniciado en julio, que incluyó movilizaciones por los jubilados el 22 de julio, por el Día de San Cayetano el 7 de agosto y por los endeudados el 20 de agosto, coordinadas junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Tras el fallo sobre la Ley de Tierras, la central difundió un comunicado en el que cuestionó a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, pero no adhirió formalmente a la concentración del martes frente a Tribunales ni anunció, hasta el momento, un paro general para el 15 de octubre.
El cosecretario general de la CGT y secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Cristian Jerónimo, explicó esa postura en diálogo con Radio 750. “Entendemos que esa medida la vamos a hacer cuando realmente entendamos que es el momento. Hoy nosotros, haciendo un paro, perjudicamos a los que representamos”, sostuvo. De todos modos, describió un escenario de deterioro social: “Vemos cómo se agudiza la situación social, con pérdida de empleo, el costo de vida más alto. Es una situación angustiante con falta de previsibilidad e incertidumbre. Es el peor de los escenarios”.
El reclamo por la industria se apoya en los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según el último informe del organismo, la actividad industrial cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en comparación con el mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año, el sector acumuló una baja de 3% respecto de igual período de 2025 y se ubica 11% por debajo de los volúmenes registrados en 2022 y 2023.
El reclamo universitario se suma a la agenda de octubre
La semana de protestas incorporó, además, un antecedente judicial directamente vinculado con uno de los reclamos que confluirán en la movilización del 15 de octubre. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) a la definición previa de partidas presupuestarias específicas.
El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la norma, con el dictado de las medidas reglamentarias necesarias. En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto 759/2025 funcionó como un mecanismo “extraconstitucional” equivalente a un veto no previsto por la Constitución, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas requeridas tras el veto presidencial original.
La resolución alcanza a los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. El Gobierno adelantó que apelará la decisión, que corresponde a primera instancia. El fallo se conoció dos días antes de la segunda Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre, que modificó su recorrido original hacia Tribunales para dirigirse al Congreso, en coincidencia con la sesión especial por el DNU 70/2023.
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