POLITICA
Javier Milei repite un libreto dogmático que trae consecuencias impredecibles
El presidente de la Nación, Javier Milei, nunca pensó que Brasil iba a responder a sus insultos con el retiro de su embajador en Argentina. “Lula es un ladrón. Es un corrupto. Estuvo preso. Lo sacaron de prisión por un argumento administrativo. Esperemos que Brasil se pinte de azul. Por el bien de los brasileños. Sacarse a los corruptos, chorros de encima siempre es bueno”, planteó. En cuestión de horas el presidente Lula Da Silva decidió retirar a su embajador Julio Bitelli y, además, rebajó al mínimo su relación diplomática con el gobierno argentino.
Una semana atrás, el canciller argentino Pablo Quirno había subestimado el conflicto. “Argentina no eleva el tema a nivel institucional. Separamos el carril político e ideológico del institucional. Nosotros no respondemos a las declaraciones de Lula ni sus funcionarios (…) es así de fácil (…) No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan”, dijo. Su obsecuencia ante el Presidente quedó a contramano de la realidad.
Milei no se detuvo allí. Por estos días dijo que existen “terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores y terroristas disfrazados de investigadores”. La afirmación la realizó el domingo. No hubo una aclaración al respecto. El mandatario también insistió en que la inflación “sería 0” si no hubiera sido por la guerra. También aseguró que la actividad es récord, que la economía crece de manera sostenida, que el consumo está “en un pico histórico” y que los salarios formales le empatan a la inflación, pero que los informales “vuelan”.
Por último, aseguró que “nadie le puso un revólver en la cabeza” a quienes tomaron un crédito de uno o dos millones de pesos para que las cuentas cierren. Más allá de las palabras presidenciales, naturalizadas por la opinión pública como algo anecdótico, el Gobierno avanza a sabiendas de las complicaciones económicas que existen, sobre todo cuando se piensa en el escenario del 2027.
Economistas liberales y muy cercanos a la política económica, como Miguel Ángel Broda, pidieron por estos días algún cambio. A resumidas cuentas, Broda primero dijo que “seguramente la calle estaría mejor con un dólar un poco más caro, pero la obsesión de la inflación claramente no permite un ajuste”. Luego dijo que “abrir la economía con un dólar barato produce que de cada 10 empresas que cierran 5 sean al cuete (…) primero deberíamos tener en cuenta el proceso de transición”.
Dijo además que abrir la economía de esta manera “con China pujante, cambios en ventajas comparativas (…) en un contexto de un tipo de cambio que favorece las importaciones no es lo mejor para un país que tiene que tener industria”. Por último, señaló que “si la economía fuera el elector del presidente Milei, mi impresión es que, a diferencia de mis clientes, va a ser duro”. Por su estudio pasaron economistas como Carlos Melconian, Luis Secco, José Luis Espert, Diego Giacomini, Rodolfo Santángelo y… Javier Milei.
En la urgencia parlamentaria, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cree que ya no tendrá que realizar más cambios a la Ley de Tierras. Pero del Senado llega otra idea. “Pasamos al 25% el techo. El resto no cambió”, aseguraron desde su entorno a Infobae para desactivar el rumor de más cambios propuestos por bloques aliados que insistieron, durante meses, que el proyecto sin ningún límite a la compra extranjera no iba a salir.
Por estas horas no hay garantías de que estén los votos. ¿Habrá sesión? La pregunta sobrevoló a senadores aliados al bloque que conduce Patricia Bullrich. Desde el sector libertario descartaron una caída de sesión, pero sí entienden que aún no pueden dar por terminada la discusión. “Estamos exageradamente justos. Hay varios senadores que no quieren dar el voto a algo tan importante de esta manera. No descartemos más cambios de acá al jueves”, reconoció un legislador oficialista que, si bien votará a favor, también se preguntó “por qué el apuro de Sturzenegger con algo que no se debatió como corresponde”.
Para sumar condimentos a una sesión que será caliente, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilitó a la senadora Anabel Fernández Sagasti a que vote a distancia desde Mendoza por su embarazo e imposibilidad para viajar a la Ciudad de Buenos Aires el día de la sesión. Igualmente, la medida deberá ser respaldada por los senadores en plena sesión. Más tensión.
Por fuera de este proyecto, como tantos otros que salen de la cabeza del ministro desregulador, puede ser un dolor de cabeza para la gestión libertaria, aunque cuenta con el apoyo total de Javier Milei. La idea de estos cambios ya estaban en la Ley Bases. Luego pasaron a Diputados. Luego se retiraron de esa Cámara y fueron al Senado. Allí, en negociación constante con gobernadores, hubo un camino lleno de obstáculos. Primero volvió a comisión, luego no hubo quórum. En pleno mundial se pidió un cuarto intermedio para rearmar la estrategia y finalmente se llegó a la sesión de mañana jueves. ¿Están los votos? Habrá que ver para creer.
“Esto siempre es hasta el minuto 90”, suele repetir Bartolomé Abdala, senador puntano del oficialismo que el jueves estará al frente de la sesión, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará al frente del Ejecutivo. Este detalle es clave. Milei adelantó su viaje a Ecuador para que la vice no pueda comandar la sesión y, en caso de un desempate, no vote. “No vamos a tener un Cobos”, aseguran.
Más allá de este proyecto, las formas y el fondo de Sturzenegger no dan margen para estar en el medio. Al funcionario lo aman u odian. Sin punto medio. Su ánimo desregulador como un dogma puede generar cambios. Aunque eso no signifique algo positivo. Por lo pronto, en tensión están los sectores de los laboratorios y quienes están en el negocio del Seguro. En batalla abierta quedaron quienes están en el negocio del practicaje y pilotaje mercante. Ante los cambios impuestos, comenzó una medida de fuerza que paralizó la operatoria en los puertos comerciales de la Argentina y afectó a 45 buques del polo agroindustrial. El perjuicio económico oscila entre US$50.000 y US$100.000 diarios por barco. El caos fue tal que el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con el decreto y activó una mesa de trabajo para reducir los costos de las tarifas.
“Quieren perder, no hay otra”. La frase retumbó en las oficinas del gobernador Axel Kicillof cuando los dichos de expropiación y nacionalización que lanzó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, comenzaron a viralizarse. Desde La Plata no creen en los errores, sino en “el poder de daño” que tiene La Cámpora para presionar al mandatario bonaerense a que haya una negociación con los tiempos que desea Cristina Kirchner. “Nosotros mandar a un gobernador a decir algo así es una estupidez difícil de responder”, respondieron desde el camporismo.
Quienes escucharon los últimos días a Kicillof entienden que la idea de una conversación para forzar la unidad con Cristina no sucederá, ya que aún suenan los insultos y acusaciones de Parque Lezama. “Lo putean por traidor e hijo de puta y ahora quiere negociar”. Cree Kicillof que rearmar el Frente de Todos es “perder”. Cuando imagina “nuevas canciones”, el exministro de Economía se refiere, entre otras cuestiones, al armado electoral. En parte por eso y por motivos personales no estuvo el sábado en La Rioja para el acto peronista. ¿Quintela se habrá cortado solo por el desplante? Imposible saberlo.
Kicillof no quiere hablar de internas. Su espacio entiende que es una palabra vieja. “No hay interna cuando tenemos nuestro lugar, que es el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Sí Máximo tiene otro candidato que lo construya. Lo mismo corre para Sergio (Massa). Cada uno arma lo suyo y el año que viene, con encuestas en la mano, se decidirá. Que haya una PASO o una interna. Y se acabó el asunto”, reiteran. Más allá de esa situación, el PJ gobierna Buenos Aires sin el aporte de Nación, a diferencia de Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y el propio Kicillof con Alberto Fernández. La situación es otra. El Presidente cortó todo tipo de ayuda. “A pesar de eso pagamos sueldos. Dependemos de la economía nacional para que esto no pase a ser un problema imposible. La coparticipación sigue cayendo”, reclaman, al tiempo que no desconocen el ajuste en las cuentas.
De hecho, cuando uno observa las provincias que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) la provincia de Buenos Aires tiene 0$. Lidera el ranking Misiones con 15 mil millones de pesos. Luego, Corrientes y Mendoza con 14 mil millones y, más atrás, Neuquén con 12 mil y Salta con 11 mil. Será una moneda de negociación de Diego Santilli con esas provincias por la Ley de Tierras. Todos miran al gobernador misionero Passalacqua.
Kicillof ya camina como candidato aunque no lo diga públicamente. Se niega a adelantar medidas o calmar a los mercados “por su histeria” y aguarda el movimiento de Casa Rosada por el sistema electoral para decidir el propio. “No podemos pensar que ganamos o perdemos por un sistema electoral”, aseguran. Uno de los puntos más sensibles -para la rosca, no para los bonaerenses- es la reelección indefinida. La alternativa judicial para dar marcha atrás con la ley aprobada en la gestión de Vidal se desinfló y el ejecutivo bonaerense no está dispuesto a dejar los dedos pegados por los intendentes. Apareció, sin embargo, una salida en diagonal. La idea, descabellada pero legal, es reformar la carta orgánica de los municipios para dejar librado a la “libertad” de cada intendencia de elegir si puede haber reelecciones o no. “Ya estamos contando los concejales”, reconoció un dirigente radical interesado en el asunto.
Más allá de la grieta, negocios son negocios. De todo ese mar de dirigentes deberá salir el candidato a gobernador. Kicillof pondrá una sola condición. Que ese candidato peronista afirme su verticalidad con el titular del PJ. No parece ser un lugar para Wado de Pedro.
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POLITICA
Fentanilo mortal: el juez Kreplak indagará a las dos ex funcionarias detenidas que estaban a cargo de los controles de los laboratorios
El juez Ernesto Kreplak, y la fiscal María Laura Roteta, los investigadores del fentanilo contaminado vinculado a la muerte de 90 pacientes; indagarán hoy a las dos ex funcionarias detenidas ayer y que eran las responsables de controlar la calidad de los medicamentos que se elaboraban y salían la la venta en el país. Las ex funcionarias permanecen detenidas en una repartición de la Policía de la Ciudad hasta su traslado a La Plata.
Infobae tuvo acceso a los fundamentos de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, para solicitarle al magistrado la detención de las ex funcionarias que debían velar por que los remedios curen y no perjudiquen a los pacientes que los consumen.
El dictamen, de 192 fojas es revelador. Describe con precisión como las entonces máximas responsables de controlar los laboratorios y con poder de policía “sabían del riesgo (de que los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo salieran a la venta) y no actuaron”. Pero además describen los mensajes que las profesionales intentaron borrar, los diálogos entre ellas y con los empresarios y reconstruyen el momento en que las entonces funcionarias tomó conocimiento de las irregularidades que rodeaban la producción del opioide y las decisiones que tomaron —o no tomaron— a partir de entonces.
Los delitos que se les imputan
La imputación que pesa sobre ellas está enmarcada en la causa por el fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma vinculado a la muerte de 90 pacientes.
En su dictamen la responsable de la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, entendieron que además de los responsables de la fabricación y venta del anestésico contaminado con dos bacterias “la investigación por la producción, comercialización y aplicación de fentanilo contaminado recae también sobre la actuación de los organismos de control en la tragedia sanitaria”.
Las ex funcionarias bajo sospecha son Agustina Nélida Bisio, ex directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de la ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.
El pedido de detención e indagatoria, al que hizo lugar el juez federal Ernesto Kreplak, fue a pedido de Roteta y Rodríguez.
“Manto de cobertura estatal”
Para fundar su pedido sostuvieron que los laboratorios medicinales HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., controlados por el grupo familiar de los hermanos Ariel y Diego García, “registraban un historial de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación de productos medicinales. Ese historial se explica, para el Ministerio Público Fiscal, por la existencia de un manto de cobertura estatal que permitió a los laboratorios continuar con su actividad productiva en pésimas condiciones de calidad. Ello derivó en la contaminación del fentanilo HLB con dos tipos de bacterias multirresistentes a los antibióticos en al menos dos lotes de Fentanilo HLB Pharma.
La hipótesis fiscal sostiene que las ex funcionarias tuvieron responsabilidades en que “se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado”, que culminó, hasta ahora, con el fallecimiento de 90 pacientes identificados, una cifra que podría ser mayor.
El Ministerio Público Fiscal propuso encuadrar las conductas atribuidas a ambas a Bisio y Mantecon Fumadó, en relación con el lote N°31.202 de fentanilo marca HLB Pharma, en el delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal (envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones) y, respecto del lote N°31.244 del mismo producto, en el artículo 200, en concurso real (artículo 55). Esto es “envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales, con el propósito de causar un peligro para la salud pública. Es un delito de peligro: no requiere que haya víctimas concretas, sino que la conducta genere un riesgo para la población”. En la primera de las imputaciones la pena oscila entre 10 a 25 años de prisión, una calificación similar que pesa sobre los hasta ahora 13 procesados, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La fiscalía deja la puerta abierta a otro tipo de calificaciones “que pudieran surgir con el avance del proceso, en particular en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal (homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común)”.
El inicio de la tragedia
Lo que sigue es la reconstrucción de la fiscalía sobre la mayor tragedia sanitaria del país, que se podría haber evitado.
El lote de fentanilo contaminado que se fabricó el 15 de diciembre de 2024 en Laboratorios Ramallo y que el 4 de enero de 2025 fue aprobado por el jefe de control de calidad del establecimiento —pese a las graves irregularidades que el propio organismo regulador conocía desde noviembre del año anterior— llegó a hospitales y clínicas de todo el país a partir de febrero de 2025.
La fiscal Roteta, y el titular de la PIA, sostienen en un dictamen de 192 fojas que la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos sabían del riesgo y no actuaron.
El escrito, incorporado al legajo FLP 17371/2025/195 del Juzgado Federal N°3 de La Plata, reconstruye con precisión cronológica —a partir de correos electrónicos, audios transcritos, chats de WhatsApp extraídos de teléfonos celulares y documentación administrativa— el momento en que cada funcionaria tomó conocimiento de las irregularidades que rodeaban la producción del opioide y las decisiones que tomaron —o no tomaron— a partir de entonces.
Los hallazgos en los teléfonos
La evidencia digital es el núcleo del dictamen. Las pericias fueron realizadas por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuyos informes quedaron incorporados al sistema LexI00 del expediente.
Del teléfono de Bisio se extrajo una conversación del 15 de abril de 2025 con Mantecón Fumadó que los fiscales consideran determinante.
Esa noche, Bisio le escribió a su subordinada para preguntar si el INAME había recibido reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre eventos adversos en anestesia raquídea. Mantecón Fumadó le confirmó que sí los había visto. En un tramo de esa conversación, Bisio calificó la situación como de “mucha gravedad” y pidió cautela: “hay q ser cuidadosos” (sic). La misma noche, Mantecón Fumadó le anticipó la respuesta que el INAME tenía previsto dar al reporte y le informó que planeaban inmovilizar los lotes involucrados (del fentanilo de HLB Pharma). “Lo tienen que hacer mañana esto. Porq esta desde el viernes”, le respondió Bisio.
Esa conversación se produjo un día después de que la directora del Programa Argentino de Reporte y Gestión de Incidentes en Anestesia enviara correos electrónicos al Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT y a la casilla ANMAT Responde para informar que en los últimos 30 días había recibido un número importante de reportes vinculados a anestesia raquídea, que había analizado y confirmado 16 casos de síntomas de irritación meníngea de distinta gravedad, y que creía que aún faltaban reportar muchos más. Entre los medicamentos en común que figuraban en la documentación adjunta que la reportante envió días después estaba el fentanilo HLB, lote 31.202.
El 22 de abril de 2025, la jefa del Departamento de Post Comercialización y Acciones Reguladoras le envió un mensaje a Mantecón Fumadó informándole que entre los productos reportados figuraba uno de marca HLB. El texto decía: “Es popurrí, de GOBBI, HLB y LAB GRAY”. Cuatro días después, el 26 de abril, el Departamento de Vigilancia Post Comercialización y Acciones Reguladoras elevó la alerta a la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo con nivel de criticidad CRÍTICO y prioridad ALTA.
El dictamen informa también que del teléfono de Javier Maiorano el director técnico de HLB Pharma se obtuvieron audios que revelan que el 16 de abril de 2025 —cuando ya se había ordenado el recall d(retiro del mercado) de un producto de HLB el 28 de febrero— Ariel García Furfaro (el propietario) había dado la instrucción expresa de no iniciar el retiro-. En el audio, un interlocutor identificado como Antonio dice: “No el recall no lo vamos a empezar porque Ariel no lo quiere empezar, o sea, vamos a esperar que él nos diga”. El mismo audio revela que García había prometido ir al INAME el lunes siguiente a hablar sobre el tema.
Del mismo teléfono de Maiorano se extrajo otro audio del 5 de mayo de 2025 en el que Javier Tchukram, directivo de HLB, relata que llamó y escribió a Mantecón Fumadó para saber cuándo llegarían a inspeccionar el laboratorio, y que la funcionaria le informó que irían entre el miércoles y el jueves de esa semana. “Mejor, menos días para auditar, porque el fin de semana no se van a quedar”, concluye Tchukram en el audio. Los fiscales señalan este episodio como un indicio de que la directora del INAME adelantó a los representantes del laboratorio la fecha de la inspección.
La eliminación de prueba
El dictamen dedica un tramo específico a la destrucción de evidencia. Además de la destrucción de registros, batch records, servidores y datos en teléfonos por parte del personal de los laboratorios, los fiscales señalan que Mantecón Fumadó eliminó, el 14 de julio de 2025, todos los chats de WhatsApp de su teléfono celular. Con posterioridad, la ex directora del INAME intentó recuperar esos mensajes con la asistencia de un especialista en informática, sin éxito.
La conversación del 5 de mayo de 2025 entre la Droguería Nueva Era y María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad de Laboratorios Ramallo, tampoco pudo ser encontrada en el teléfono de García: los fiscales sostienen que probablemente fue eliminada. Algunos documentos sobrevivieron porque no pudieron ser borrados de los servidores del laboratorio (informe PSA 071_UC1/25 SERVIDOR-PI, fs. 3998/4007). Entre ellos, un archivo Word titulado “Nota base.doc”, fechado el 14 de mayo de 2025, que reconstruye la cadena de hechos desde la fabricación del lote 31.202 el 15 de diciembre de 2024 hasta la comunicación del Hospital Italiano. Una impresión de ese archivo fue hallada en el allanamiento del 4 de julio de 2025 en el domicilio de Carolina Ansaldi, la directora técnica de Laboratorios Ramallo.
Lo que sabían y cuándo
La cronología que construye el dictamen ubica el conocimiento de las funcionarias bastante antes del estallido público de la crisis. La inspección de noviembre-diciembre de 2024 sobre una línea de producción de Laboratorios Ramallo detectó irregularidades estructurales en las condiciones de elaboración y en los sistemas de control y aseguramiento de calidad.
El propio laboratorio fue notificado en ese momento de que no podía continuar elaborando productos hasta levantar las “no conformidades” detectadas, según consta en actas rubricadas por sus representantes. Pese a ello, la carta de advertencia que formalizó administrativamente esa prohibición recién se firmó el 10 de febrero de 2025, semanas después de que el lote contaminado 31.202 ya hubiera salido al mercado.
El 2 de mayo de 2025, la jefa de Farmacia del Hospital Italiano de La Plata envió un correo a la ANMAT donde detalló que en abril habían tenido un brote de Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii, que todos los pacientes afectados tenían en común el uso de fentanilo, y que de doce muestras de ampollas marca HLB cultivadas, diez habían arrojado resultados positivos para esas bacterias.
El 5 de mayo de 2025, primer día hábil posterior al fin de semana largo, se realizó una reunión en el despacho de Mantecón Fumadó en la que participaron Bisio, Mantecón Fumadó, Enriqueta Pearson, Ana Laura Canil, Mariela Baldut y Maximiliano Lalín. Según la declaración testimonial del 28 de julio de 2026 incorporada al expediente, en ese encuentro se puso en conocimiento de las máximas autoridades el reporte del Hospital Italiano, la necesidad inmediata de retirar el lote 31.202 y el historial de incumplimientos del laboratorio.
Ese mismo día, el personal de Laboratorios Ramallo analizó sus propias contramuestras del fentanilo y llegó a la misma conclusión que el hospital: el producto estaba contaminado. Así lo revelan los chats hallados en el teléfono de Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad, donde un integrante del grupo de WhatsApp de 24 miembros informó el 6 de mayo que el fentanilo “dio mal” y que necesitaban repetir el ensayo al día siguiente.
La reunión del 14 de enero de 2025
Los registros de ingreso y egreso del edificio de la ANMAT en Avenida de Mayo 869, piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires, confirman que cuatro representantes de HLB Pharma Group S.A. ingresaron el 14 de enero de 2025 a las 15.13 horas y se retiraron a las 15.55 horas. Los nombres consignados en el registro son: Javier Tchukram, María García, Ariel García Furfaro y Diego García. Del lado del Estado estuvieron presentes Mantecón Fumadó, en su carácter de directora nacional del INAME, y Bisio, su superiora, por estar a cargo de la ANMAT. La reunión fue convocada a instancias de Mantecón Fumadó.
En su declaración testimonial ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Roteta, Bisio reconoció que el encuentro “fue acalorado” y que en él se discutieron los hallazgos que el INAME había realizado en las instalaciones de Laboratorios Ramallo durante la inspección de noviembre de 2024. Los fiscales señalan que, pese a que en esa reunión se trató de forma expresa el cuadro de incumplimientos del laboratorio, ninguna de las dos funcionarias adoptó con posterioridad medidas preventivas sobre los productos que HLB ya había elaborado y distribuía.
Las sospechas sobre los laboratorios
El dictamen describe a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. como una sola estructura empresarial bajo el control oculto de los hermanos García —Ariel, Diego y, para la fiscalía, también Damián—, con cargos directivos formales ocupados por personas de paja que iban desde la abuela nonagenaria de los García hasta un cuentapropista de un taller mecánico. Ramallo producía en exclusiva para HLB los productos inyectables; HLB los comercializaba. La mayoría de los empleados de ambas plantas estaban registrados en la droguería Alfarma, también controlada por el grupo.
El escrito señala que HLB compraba a otros laboratorios certificados de especialidad medicinal sin completar los trámites de transferencia ante la ANMAT, y que elaboraba y comercializaba productos sobre los cuales aún no tenía titularidad formal. Como consecuencia directa, productos como el Propofol y la Dopamina carecían de trazabilidad y debieron ser retirados del mercado. El fentanilo del lote 31.202 tampoco tenía trazabilidad, lo que obligó a la Justicia a reconstruirla de manera artesanal para identificar a las víctimas.
El 11 de abril de 2025, las inspectoras del INAME Sandra Fabiana Chico y Sandra Judith Berndt ratificaron mediante el informe IF-2025-37838499-APN-DFYGR#ANMAT que Laboratorios Ramallo “no posee un nivel aceptable de cumplimiento con las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF)” y que lo presentado “no subsana las deficiencias críticas y mayores detectadas en la inspección realizada”. Ese mismo día, el laboratorio presentó un pronto despacho para que le indicaran con urgencia la fecha de la auditoría “para poder volver a nuestras actividades de forma normal”. Mientras tanto, -recuerdan los fiscales- ninguna medida concreta se adoptaba respecto de HLB ni de los productos que esa firma ya comercializaba, entre ellos el fentanilo.
Los conceptos del escrito fiscal
Los fiscales construyen la imputación sobre la figura del “estándar reforzado de debida diligencia técnica”, que el dictamen define como la obligación de los funcionarios de la ANMAT de ir más allá de la verificación formal del cumplimiento normativo para realizar “la evaluación sustantiva del riesgo sanitario, la detección temprana de desvíos y la adopción oportuna de medidas preventivas o correctivas”. Sobre esa base, el escrito plantea que los presuntos delitos que habrían cometido según el Código Penal y que le podrían imponer penas de hasta 25 años de prisión, y dejan abierta la posible aplicación del artículo 80, inciso 5° del mismo código, que tipifica el homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común.
El dictamen también incorpora el concepto de “manto de cobertura estatal” para explicar el historial de irregularidades de los laboratorios, y hace suya la caracterización de la PIA sobre “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo”, cuyas consecuencias, dice el escrito, “son aún desconocidas”. La reticencia de los funcionarios de ANMAT e INAME desde el inicio de la investigación —la escasez y poca claridad de la información suministrada, tanto por escrito como en declaraciones testimoniales— es interpretada por los fiscales como una conducta orientada a “solapar la deficiente actuación del organismo de control especializado”.
La resolución fiscal que derivó en la detención de la ex funcionarias resaltó que la mayor tragedia sanitaria registrada en el país “demuestra la relevancia de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en la producción de medicamentos. Tanto en su cumplimiento por parte de los laboratorios como en su control por parte del Estado. En este sentido, la población accede a las sustancias medicinales por vías reguladas. No cuenta con herramientas propias para efectuar un control de calidad. De allí la noble función de instituciones como ANMAT e INAME para cuidar y garantizar la salud de las personas”.
El lunes 4 de agosto, las dos funcionarias, a pedido de la fiscal Roteta y del titular de la PIA, fueron detenidas a instancia del juez. Ambas estaban en sus domicilios. En el transcurso del día de hoy Bisio y Mantecon Fumado serán trasladadas desde la repartición de la Policía de la Ciudad en la que están detenidas al juzgado federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak para ser indagadas. Hasta ahora son las dos únicas personas vinculadas a la causa por fuera de los responsables de los laboratorios que elaboraron y distribuyeron el fentanilo mortal.
POLITICA
Conflicto en los puertos: el Gobierno anunció que suspenderá el decreto de desregulación y reducirá un 20% las tarifas de practicaje
El Gobierno acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. El entendimiento permite normalizar el movimiento de los buques que permanecían sin operar en puertos y vías navegables.
Como parte del acuerdo, el Ejecutivo suspenderá la aplicación del decreto que modificó el régimen de practicaje y abrirá una mesa de trabajo para revisar sus principales disposiciones. El comunicado oficial no precisó todavía mediante qué instrumento jurídico se formalizará la suspensión ni durante cuánto tiempo quedará interrumpida la vigencia del nuevo esquema.
La instancia será coordinada por la administración nacional y contará con la participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos con competencia en la actividad. Las conversaciones abarcarán los aspectos tarifarios, operativos y de seguridad que generaron diferencias tras la publicación de la normativa.
En la Casa Rosada presentan la baja del 20% como el resultado inmediato de la negociación. El texto difundido, sin embargo, no detalla sobre qué cuadro de precios se aplicará el recorte, si alcanzará a todos los servicios y zonas de navegación ni desde qué momento comenzará a regir.
Los prácticos son profesionales habilitados que suben a los buques para asesorar a los capitanes sobre las rutas, las maniobras y las reglas específicas de cada puerto, río, paso o canal. El capitán conserva la conducción y la responsabilidad sobre la embarcación, mientras el práctico aporta el conocimiento técnico de la zona.
El régimen vigente desde 1991 define al practicaje y al pilotaje como un servicio público vinculado con la seguridad de la navegación. Los profesionales pueden ser contratados de forma individual o mediante empresas habilitadas, mientras la Prefectura Naval ejerce el poder de policía y controla las condiciones operativas.
El decreto de desregulación apuntaba a ampliar la competencia, reducir los supuestos en los que era obligatorio contratar un práctico, flexibilizar los medios utilizados para trasladarlos hasta las embarcaciones y fijar mayores exigencias de transparencia sobre los precios. También contemplaba topes tarifarios y nuevas excepciones para determinados buques y capitanes.
En Nación sostenían que el sistema anterior generaba costos superiores a los registrados en otros puertos y limitaba el ingreso de nuevos prestadores. Los representantes de la actividad respondieron que algunas modificaciones reducían controles técnicos y podían aumentar los riesgos durante las maniobras.
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La interrupción de tareas dejó al menos 140 buques mercantes sin poder ingresar, salir o realizar operaciones en distintas terminales. El conflicto afectó puertos de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, según la información difundida por las cámaras empresarias.
El impacto más inmediato se registró en la cadena energética. La falta de asistencia impidió el ingreso de petróleo a algunas refinerías, frenó el despacho marítimo de combustibles hacia centros de distribución y demoró la carga de crudo destinado a la exportación.
En Balcarce 50 seguían con especial atención la situación de la Patagonia sur. El combustible refinado sale de las terminales de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia, desde donde se distribuye a una región que cuenta con menos alternativas logísticas que el centro y el norte del país.
El conflicto no podía encauzarse mediante una conciliación obligatoria convencional. Los prácticos actúan como profesionales independientes o a través de empresas de practicaje, por lo que la administración concentró la negociación en los representantes de la actividad y en las herramientas regulatorias de Prefectura y de las áreas portuarias.
Gobierno, decreto
POLITICA
Santilli hizo un pedido a los prácticos en medio del paro y respondió a los dichos de Quintela
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, reforzó el pedido que hizo el Gobierno a través de la Prefectura Naval Argentina (PNA) para que los profesionales del practicaje y pilotaje de barcos reanuden sus funciones tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado . Al mismo tiempo, respondió a los dichos del gobernador Ricardo Quintela, quien adelantó que, si el peronismo gana las próximas elecciones presidenciales, van a “revisar absolutamente todo” lo dictado por la administración libertaria.
En medio de la medida de fuerza adoptada por los especialistas encargados de maniobrar las naves en ríos, pasos y canales de la hidrovía, Santilli destacó que la desregulación propuesta por el gobierno de Javier Milei “no elimina su trabajo”. “No se elimina la actividad, sino que da una mayor amplitud en donde el capitán es habitual y conoce el área, aumenta el tamaño del barco y reduce la cantidad de cambios a realizar, por ejemplo, en la hidrovía”, enumeró.
“Yo llamo a todos a la responsabilidad y a que vuelva a la normalidad el trabajo”, pidió en diálogo con radio Rivadavia. En la misma línea que el funcionario, la PNA, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.
Por otro lado, antes del debate previsto para este jueves en el Congreso por la ley de extranjerización de tierras, respondió a las críticas del gobernador riojano, quien lanzó advertencias de cara a las elecciones. “Hay que avisarles a los inversores: el peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar», dijo Quintela.
Ante el cuestionamiento de las políticas del presidente Milei, Santilli afirmó: “Les dice a los argentinos ‘queremos que sigan siendo pobres’. Nos dejaron en el 57% de pobreza… Nosotros tenemos que seguir mejorando la situación».
“La política tardó en entender que no se puede gastar más de lo que se generaba. Ahora lo entienden, salvo algunas personas que dicen que si tienen que emitir, emiten, y si tienen que expropiar, expropian…”, lanzó.
Sobre el proyecto que impulsa el gobierno, que establece un límite del 25% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, Santilli aseguró que está “convencido” de que va a salir. “No va a ser por negociaciones, sino por lo que piensan los que votan. Hablo con gobernadores, todas las semanas con Patricia Bullrich, con Martín Menem. Veo un cambio que empieza a llegar fuertemente a toda la sociedad”, consideró.
En la misma línea, destacó las reformas que fueron enviadas durante los últimos dos años por el Gobierno y adelantó que la Argentina crecerá “tres años seguidos”. “14 de los 16 sectores de la economía vienen creciendo; los otros dos están un poco más rezagados. Cuando mirás los procesos mundiales, cualquier país que haya entrado en un proceso de ordenamiento macroeconómico tuvo años de resolución y crecimiento dispar”, remarcó.
Y subrayó: “La Argentina, el gobierno de Milei, hizo un orden macroeconómico que rápidamente produjo crecimiento. Ese paradigma creció en los cinco sectores básicos; estamos lejísimos, obvio, todavía falta un montón, pero estamos creciendo”.
Finalmente, Santilli se refirió a las versiones sobre una posible candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones nacionales de 2027. “Me apasiona la provincia, me encanta… Pero me levanto a las 6.30 y llego a mi casa a las 21.30, con suerte. Tengo metida la cabeza en una responsabilidad que me dieron el Presidente y Karina Milei. Es muy importante y no es sencilla, se aprende a ser jefe de Gabinete, es un camino”, reflexionó.
“Yo venía como ministro del Interior dialogando con gobernadores y sacando reformas. Ahora mi cabeza está puesta acá y veremos el año que viene. Lo que el Presidente disponga, ahí estaré acompañando. Todos saben de mi pasión por la provincia», dijo y cerró: “No lo estoy replanteando, estoy concentrado en mi tarea, que no es sencilla. Estoy enfocado en que las cosas sucedan”.
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