El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, señaló que en casi todas las provincias la idea de un Poder Judicial independiente “está devaluada” y anticipó que insistirá en reformar el mecanismo de selección de magistrados para combatir a “los operadores informales”.

Además, luego de que Cristina Kirchner presentara una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por la condena que recibió en la causa Vialidad, Lorenzetti aclaró que la expresidenta y sus abogados nunca plantearon ante la Justicia argentina que la inhabilitación para ejercer cargos públicos era inconstitucional.

Al disertar en el Rotary Club de Buenos Aires, que se reunió en los salones del Hotel Libertador, el magistrado de la Corte expuso sobre el liderazgo en el siglo XXI, de cara a la irrupción de la inteligencia artificial.

A la hora de responder las preguntas de los rotarios, Lorenzetti evitó opinar sobre la posibilidad de que la condena contra Cristina Kirchner sea revertida en una instancia internacional, como pretende la expresidenta, pero aclaró que nunca la defensa de la titular del PJ sostuvo que la inhabilitación perpetua que le fue impuesta como parte de su pena sea inconstitucional.

El magistrado precisó que durante el proceso “lo que se discutió fue la confirmación de las penas de prisión”, y enfatizó que “no hubo ningún planteo referido a la inconstitucionalidad de la inhabilitación”. Recordó que la inhabilitación perpetua no fue cuestionada en los planteos de la defensa ni siquiera cuando el caso fue tratado en la Cámara Federal de Casación.

Asimismo, en su conferencia, el juez advirtió que la idea de un Poder Judicial independiente “se encuentra fuertemente devaluada en casi todas las provincias, lo que evidencia un grave deterioro”.

Según Lorenzetti, para lograr una democracia efectiva es necesario “terminar con el amiguismo y la influencia de operadores informales en la designación de los jueces”, para lo cual “es imperativo priorizar la formación profesional y abrir un debate en la sociedad”.

En ese sentido, anticipó que insistirá junto con su colega Carlos Rosenkrantz en impulsar el proyecto para modificar el sistema de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura.

“Si al juez no se lo elige por su carrera sino por amistad, por influencias y la influencia, cuidado, no hablo de la política, porque el sistema constitucional requiere que participe la política en esta tarea. El problema no pasa por ahí, sino porque hay muchos operadores informales que tienen influencias”, explicó el magistrado.

Lorenzetti relató que con Rosenkrantz concordaron en que esa situación tenía que “terminar”. Y mencionó que el problema no afecta solo a la justicia federal sino a “casi todas las provincias, donde la idea del Poder Judicial independiente está devaluada”.

El juez remarcó que “hasta ahora el Consejo de la Nación no ha logrado cambiar” el reglamento y recordó que ahora están en un proceso electoral interno, pero advirtió: “Vamos a insistir hasta que esto se haga porque es una decisión de la Corte”.

Finalmente, Lorenzetti reflexionó sobre el rol de la Justicia frente a la desconfianza ciudadana. Subrayó que el Poder Judicial “tiene que buscar prestigio, no aprobación” y que sería peligroso guiarse por encuestas o por el aplauso público.

En este contexto, sostuvo que las reformas más urgentes no son las discusiones de poder, sino aquellas enfocadas en mejorar la Justicia “como servicio” a la población.

Esto implica agilizar los procesos judiciales, incorporar inteligencia artificial y garantizar la independencia presupuestaria y de gestión que actualmente no existe, con el fin de evitar la actual desconexión tecnológica frente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Cuando la periodista Clara Mariño, conductora del evento, lo consultó sobre los dichos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que amenazó con revisar las medidas de promoción de la inversión de Javier Milei si gana el peronismo y “expropiar lo que haya que expropiar”, Lorenzetti se mostró crítico.

“Las declaraciones no tienen efecto jurídico pero, como argentinos, lo que tenemos que hacer es dar previsibilidad para los que quieren venir a vivir y a invertir y no actuar de manera que todos se asusten. Y creo que la Corte, en ese sentido, hemos mantenido la jurisprudencia en la misma línea y no va a cambiar”, afirmó.

Y reiteró: “La previsibilidad en materia económica hoy está garantizada; no se puede generar incertidumbre de este tipo”.

En su conferencia, Lorenzetti advirtió sobre la necesidad de que la población crea en las instituciones; si no, dijo que se marcha hacia el autoritarismo.

Mencionó que a nivel mundial hay una “fuga de los estados de derecho” para solucionar los conflictos, tanto en las clases más necesitadas, donde impera la ley del más fuerte, en las clases medias o entre los “superricos”, para quienes rige casi una “legislación privada”.

Mencionó que esta idea cuestiona a la democracia misma porque en algunas sociedades, en búsqueda de la eficiencia, les da lo mismo que los problemas sean resueltos mediante el autoritarismo. “Hay una desilusión del Estado de Derecho”, planteó.

Y alertó sobre los cambios tecnológicos con la IA que están afectando el mundo del trabajo, la extensión de la vida adulta y la aceleración de las transformaciones, que ponen en tela de juicio la gobernabilidad actual.

Ante este panorama, instó a hacer atractiva la democracia y las instituciones para la población mediante la gestión eficiente, la estabilidad y la seguridad jurídica que da el Estado de Derecho.

En un giro dramático de los acontecimientos y ante la fuerte presión de los bloques aliados que empezaban a incomodarse con la crítica social que se instaló en torno al tema, la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich (CABA), aceptó retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el polémico capítulo de extranjerización de tierras.

La decisión se adoptó luego de un encuentro de Bullrich con representantes de la oposición dialoguista, que se celebró en el bloque radical, en el segundo piso del Senado.

En un intento por evitar que la derrota sea total, Bullrich logró arrancarle a los aliados el compromiso de mantener en pie la sesión de este jueves, en la que se va a discutir el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, pero sin el polémico capítulo III que modificaba la Ley de Tierras vigente desde 2011.

Por lo tanto, sigue vigente la convocatoria realizada por la Secretaría Parlamentaria a los senadores, que fueron llamados para este jueves, a las 14, a reanudar la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 19 de julio último.

La decisión de postergar el tratamiento del tema tierras se hizo oficial en un comunicado difundido por la oficina de prensa de la exministra de Seguridad.

“La decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio (el oficialismo y sus aliados) con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”, sostiene el escrito.

Y agrega: “la postergación no implica su eliminación del proyecto, sino que responde a la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”.

Este es el segundo capítulo que pierde el proyecto redactado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, desde que ingresó al Senado el 27 de marzo pasado. Antes, durante el debate en comisiones, el oficialismo debió ceder ante el rechazo que generaba el intento por eliminar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabip).

También es el segundo traspié en menos de 48 horas que sufrió el ministro desregulador tras la marcha atrás con el decreto que había puesto en pie de guerra a los prácticos y capitanes de barco, paralizando el ingreso de naves a los puertos nacionales y, por lo tanto, el comercio exterior.

A la reunión de esta tarde en el bloque radical la jefa del oficialismo había llegado sabiendo que ya no contaba con los votos para aprobar el polémico capítulo de extranjerización de tierras y con la presión de varios bloques aliados que querían suspender la sesión.

La UCR fue uno de los bloques que más presionó para que el proyecto no se discuta esta semana y reclamó que vuelva a comisión “para tener un debate serio”. la jefa del oficialismo en el Senado logró resistir esa embestida, pero debió reconocer ante sus aliados que no tenía los votos para aprobar el capítulo de la polémica.

Bullrich había buscado por todo los medios evitar la caída del capítulo III y con ese objetivo mantuvo en los últimos días frenéticas negociaciones para tratar de buscar una redacción que conformara a sus aliados y también a la Casa Rosada.

El último intento por consolidar una mayoría que se le escapaba como arena entre los dedos fue el anuncio, en conferencia de prensa este martes, de que se iba a imponer un tope del 25% de la superficie de cada provincia a la posibilidad de vender tierras.

La ley vigente establece ese límite en el 15% de las superficies nacional, provincial y departamental. El proyecto original de Sturzenegger no contemplaba límite alguno.

A pesar dela úlrtima concesión, la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras continuó derrumbándose en las últimas horas.

Como un castillo de naipes, la debacle empezó con la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Avila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica.

Poco después se supo que tampoco iba a acompañar al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa.

A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca).

Como si de un terremoto se tratara, el rechazo del pampeano Kroneberger tuvo su réplica en el bloque Pro con su comprovinciana María Victoria Huala, que expresó sus resistencias a quedar en soledad votando a favor de un proyecto que se ha convertido en una suerte de mancha venenosa política.

El catamarqueño Fama se encuentra impedido de viajar a Buenos Aires por problemas de salud, pero pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la ultrakirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel de manera excepcional, medida que deberá refrendar el pleno del Senado, a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.