La Libertad Avanza busca consolidar su estructura juvenil en la provincia de Buenos Aires con un congreso que reunirá a más de 1200 militantes este sábado en Morón. La actividad convocará a jóvenes de distintos distritos bonaerenses, además de legisladores provinciales y diputados nacionales.

El inicio de la jornada estaba previsto para las 16 en República Oriental del Uruguay 154. El programa contempla paneles de discusión y espacios de formación política, con eje en los desafíos que enfrenta el espacio libertario y el papel de las nuevas generaciones en el desarrollo de la fuerza.

El encuentro se inscribe en una estrategia de expansión territorial de la organización juvenil, que también impulsó actividades en provincias como Salta y Tucumán. La apuesta es fortalecer la militancia, ampliar la participación de jóvenes y formar nuevos cuadros políticos.

El cierre está previsto entre las 18.30 y las 19.30 y estará a cargo de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La convocatoria pone el foco en la participación de los jóvenes y en el fortalecimiento de la estructura partidaria en uno de los principales distritos electorales del país.

Frente a una serie de casos de violencia digital en escuelas bonaerenses y porteñas —el más reciente, en un colegio privado de Lomas de Zamora, donde al menos cuatro alumnos fueron denunciados por crear y vender imágenes sexuales falsas de compañeras con inteligencia artificial (IA)— el bloque Fuerza Patria presentó dos proyectos de ley en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que el sistema educativo tenga herramientas concretas de prevención y respuesta. Las iniciativas son la Ley EMA y la Ley de Educación Digital Integral (EDI), ambas impulsadas por la diputada Mayra Mendoza como referente del espacio kirchnerista.

Los proyectos llegan en un momento en que la proliferación de este tipo de prácticas en entornos escolares desborda la capacidad de respuesta de las instituciones. Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, elaborado sobre una muestra de 912 estudiantes de entre 12 y 19 años, reveló que el 13% de los encuestados conoce casos de deepfakes en su entorno escolar, y que el 43% afirmó haber recibido imágenes o videos editados con IA.

Las denuncias por difusión de imágenes generadas con IA en establecimientos educativos pasaron de cuatro en 2023 a nueve en 2025, según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci) de la Ciudad.

El caso de Lomas de Zamora, que desencadenó una protesta frente al establecimiento y la apertura de una causa judicial, es el más reciente de una serie que incluye episodios similares en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini —ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA)— en julio de este año. En ese entonces, aproximadamente 50 varones de entre 13 y 14 años fueron denunciados por crear y comercializar imágenes manipuladas con IA de sus compañeras.

Ante ese contexto, Mayra Mendoza fue directa: “La violencia digital existe en nuestras escuelas y necesitamos una respuesta política a la altura de este problema”.

La Ley EMA nació del caso de una adolescente que murió tras la difusión de imágenes íntimas

La primera iniciativa lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de la provincia de Buenos Aires que el 24 de agosto de 2024 se quitó la vida después de que imágenes íntimas suyas fueran viralizadas sin su consentimiento en el colegio al que asistía. El proyecto fue trabajado junto a Laura Sánchez, madre de Ema, y con el respaldo de organizaciones como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales de México. Obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense a fines de agosto de 2026 y fue aprobado con modificaciones por el Senado en octubre, por lo que debe regresar a la cámara de origen para su sanción definitiva.

El texto define a la violencia digital como “toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que cause daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral”. La definición abarca expresamente la obtención, reproducción, comercialización y difusión sin consentimiento de material íntimo “real o editado, producido con inteligencia artificial u otras tecnologías digitales”, así como la producción o distribución de material de abuso sexual infantil generado con IA generativa. También quedan comprendidos los discursos de odio misóginos y los patrones sexistas en entornos virtuales.

En términos operativos, el proyecto obliga a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) a incorporar en todos los niveles del sistema contenidos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales, identificación de conductas de riesgo —como el grooming y la sextorsión— y uso ético de la IA. Además, exige actualizar la “Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas” con un protocolo específico para casos de violencia digital, que garantice el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba sin revictimizar a las víctimas y el acompañamiento de los Equipos de Orientación Escolar (EOE). La capacitación en prevención de violencias digitales será obligatoria y continua para todo el personal educativo.

La Ley de Educación Digital Integral propone un cambio curricular estructural en las escuelas bonaerenses

El segundo proyecto, la Ley de EDI, apunta a transformar la forma en que la provincia aborda la tecnología dentro del sistema educativo. La norma busca garantizar que todos los estudiantes de gestión estatal y privada accedan a saberes pedagógicos “sistemáticos, progresivos, transversales y adecuados a cada etapa de su desarrollo” en materia digital, reconociendo ese derecho como “un bien público y un derecho personal, social e inalienable”.

Entre sus finalidades, el proyecto enumera promover el análisis crítico del funcionamiento de las plataformas y los sistemas de IA, la algoritmización, el perfilado de usuarios y los modelos de negocio basados en el tratamiento masivo de datos.

También propone brindar herramientas para la protección de la privacidad y la identidad digital, e impulsar el uso responsable de la IA “sobre la base de los principios de transparencia, explicabilidad, supervisión humana, privacidad y no discriminación”. La soberanía tecnológica figura como uno de sus principios rectores, con énfasis en la reducción de brechas digitales.

La EDI establece la incorporación obligatoria de estos contenidos en la formación docente inicial y continua, con foco en el abordaje pedagógico de las violencias digitales y la utilización crítica de las tecnologías en el aula. La autoridad de aplicación deberá desarrollar materiales didácticos accesibles y actualizados para estudiantes, docentes y familias, disponibles en formatos abiertos y de libre acceso. El proyecto contempla, además, campañas de concientización dirigidas a la sociedad en general sobre los riesgos del entorno digital y el funcionamiento algorítmico de las plataformas.

Los proyectos responden a un vacío legal que persiste para los casos con IA

El marco normativo vigente presenta limitaciones concretas para abordar este tipo de situaciones. La Ley Olimpia, que reconoce la violencia contra las mujeres en entornos digitales, no tipifica específicamente el uso de IA para generar imágenes sexualizadas sin consentimiento. Cuando las víctimas son menores de edad, la Ufedyci aplica el artículo 128 del Código Penal, que penaliza la producción y distribución de material de explotación sexual infantil. Pero esa figura no cubre todos los supuestos posibles, en particular cuando los presuntos responsables son también menores de edad e inimputables.

Ante ese escenario, Mendoza subrayó que ambas iniciativas apuntan a la prevención antes que a la reacción posterior al daño: “No podemos esperar a que el daño esté hecho para intervenir. Necesitamos escuelas con herramientas para prevenir, acompañar y actuar frente a las nuevas formas de violencia que surgen con la tecnología y la inteligencia artificial”, afirmó. La diputada también señaló que “la inteligencia artificial avanza todos los días” y que la responsabilidad política es “que los derechos también avancen”.

Una vez que la Ley EMA obtenga su sanción definitiva en la Cámara de Diputados bonaerense, el Poder Ejecutivo provincial tendrá un plazo máximo de 90 días para reglamentarla. La Ley de EDI, por su parte, transita aún las instancias previas de debate legislativo.

Colegio Modelo Lomas,Lomas de Zamora

Ante la polémica, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un giro y dictó una medida cautelar interina que suspendió la derogación de la Ley de Tierras. De esta forma, restableció las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.

Este caso fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes, entre los que se incluyen las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y está vinculado con el proceso colectivo impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Concretamente, los involucrados pidieron una aclaratoria, ya que su amparo colectivo fue tratado como caso conexo al del CECIM y buscaban “que se precise” si el fallo producía algún efecto sobre su expediente.

En los últimos días, la Corte aceleró el proceso para emitir el fallo en tiempo récord. Primero, convocaron a conjueces para integrar una mayoría, ya que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz no estaban de acuerdo de manera unánime con la decisión. Resultaron sorteados Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.

Luego, el máximo tribunal redujo el plazo para recusarlos a 24 horas, cuando este trámite dura habitualmente 72 horas. Así, el máximo tribunal consideró que el reclamo de la asociación estaba vinculado a “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”.  

En concreto, la Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició el expediente, para que allí se analice el planteo. Sin embargo, mientras se resuelve si quienes presentaron la demanda están habilitados para hacerlo y se evalúa su pedido de protección judicial, dictó una medida cautelar provisoria que suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023.

De esta forma, las limitaciones que la Ley 26.737 imponía sobre la adquisición de tierras por ciudadanos extranjeros vuelven a estar vigentes.

Por su parte, Rosenkrantz votó en disidencia. Si bien consideró que la legitimación de la asociación demandante era diferente de la de CECIM, sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar una medida cautelar, ni siquiera de carácter provisorio

“Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación”, sostuvo el cojuez.

Corte Suprema de Justicia, ley de tierras, Gobierno