POLITICA
Para destrabar apoyos, Santilli y Caputo se ponen al frente de las gestiones políticas con gobernadores aliados
El Gobierno de Javier Milei volvió a mover fichas con Diego Santilli y Luis Caputo al frente para reforzar su vínculo con gobernadores aliados, dado que varios de ellos no apoyaron al Gobierno la semana pasada en la media sanción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El motivo del apuro es que el oficialismo busca la sanción de la ley de zonas frías y comenzar una concatenación de alianzas ante lo que serán las negociaciones para el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.
Ese despliegue se produce después del revés oficialista en el debate de la ley de tierras, donde el Ejecutivo debió resignar dos capítulos que consideraba prioritarios para reunir votos. Uno ampliaba los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y otro eliminaba restricciones para la venta de terrenos afectados por incendios.
El movimiento central de esta semana apunta a blindar la relación con mandatarios provinciales que resultan decisivos en cada votación ajustada en Diputados y el Senado. En ese esquema, los anuncios de infraestructura y descentralización funcionan también como herramientas de negociación política.
El jueves, Santilli y Caputo viajarán a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con el santiagueño Elías Suárez y poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, una obra financiada con un crédito del BID que demandará $99.769 millones, tendrá un plazo de 36 meses y alcanzará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero.
Este lunes, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía firmaron en la Casa Rosada un convenio con el gobernador de San Juan Marcelo Orrego para delegar en la provincia la gestión integral de tramos de rutas nacionales. San Juan asumirá el financiamiento, la conservación, el mejoramiento, el mantenimiento y la ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el nudo vial de las rutas 40 y A014.
Dado el contexto político, este tipo de acuerdos se aceleraron en el último tiempo. Se trata del segundo convenio de estas características que firma la administración nacional, después del acuerdo suscripto tres semanas antes con Santa Fe por la ruta nacional A012. La firma se inscribe en la decisión del Gobierno de trasladar la obra pública a las provincias o a privados.
Orrego, Jalil y Suárez integran el grupo de gobernadores que la Casa Rosada busca sostener cerca. El Ejecutivo necesita ese vínculo para avanzar en una agenda parlamentaria que en lo inmediato tiene dos estaciones: el ingreso obligatorio del Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados el próximo 15 de septiembre y la discusión sobre la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo.
La cuestión electoral debe resolverse antes de diciembre, porque el oficialismo considera difícil impulsar una reforma de ese tipo en el mismo año en que se vota. A la vez, sigue abierta otra discusión con las provincias: la reforma del esquema de zonas frías.
La ley ya obtuvo media sanción en Diputados, pero en el Senado quedó trabada por un reclamo de los gobernadores del norte. Las conversaciones se estancaron porque el Gobierno no formalizó dos compromisos asumidos durante la negociación: una compensación para las provincias cálidas por la quita de subsidios al gas y la inclusión de distribuidoras y transportistas provinciales en el esquema de regularización de deudas con Cammesa.
El proyecto fue girado a la Cámara alta el 22 de mayo y desde entonces no registró avances. Durante el debate en Diputados, el Ministerio de Economía prometió exenciones impositivas sobre la energía eléctrica para diferentes provincias aliadas, pero casi tres meses después de la media sanción esa medida sigue sin instrumentarse.
La negociación hasta ayer era la siguiente: mientras el Gobierno busca que el Senado apruebe sin cambios la ley de zonas frías y que el reclamo por una tarifa diferencial para zonas cálidas se tramite por una vía separada; los gobernadores pretenden garantías previas antes de habilitar el tratamiento.
Eso es lo que se conversará este miércoles entre Santilli y nueve gobernadores del Norte Grande para llegar con posiciones más alineadas a la cumbre prevista en Posadas, donde se reunirán Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Elías Suárez y Ricardo Quintela. El único que no irá es el formoseño Gildo Insfrán.
“El acuerdo con la mayoría de los gobernadores está sólido. Más allá de lo que sucedió en el Congreso la semana pasada, se están trabajando en varios temas de gestión de manera bilateral y en paralelo está la agenda legislativa”, afirma una fuente de la Jefatura de Gabinete a Infobae.
Los gobernadores del norte sostienen que el calor extremo genera una exigencia energética comparable a la de las zonas que necesitan calefacción intensa. Por eso impulsan una tarifa eléctrica diferenciada para provincias donde durante el verano el uso de sistemas de refrigeración pasa a formar parte del consumo residencial básico.
La 24° Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino tiene cinco temas en el Orden del Día: se hablará sobre financiamiento para infraestructura, el fenómeno de “El Niño” y su impacto en la región, la Estrategia Federal Energética: nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas (en ese nuevo punto se encuentra la discusión vinculada a Zonas Frías) y sobre la Marca institucional Norte Grande.
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POLITICA
Diego Santilli, jefe de Gabinete: “Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos”
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, criticó este domingo al peronismo y se mostró confiado en el respaldo electoral al presidente Javier Milei. “Si el domingo que viene hay elecciones, Milei les gana a todos”, afirmó durante una entrevista en La Cornisa (LN+), en la que pronosticó que los distintos sectores peronistas terminarán unidos pese a sus diferencias.
Consultado sobre la reunión de Sergio Massa con Cristina Kirchner, el funcionario puso en duda que los referentes de ese espacio mantengan posiciones separadas. “Creo que cuando llegue el momento final, van a estar juntos”, señaló. En ese sentido, insistió: “Se muestran separados, van a terminar juntos”.
Santilli calificó al peronismo como “el tren fantasma” y rechazó la posibilidad de volver al pasado. Frente a ese escenario, sostuvo que los argentinos “están mirando hacia adelante” y vinculó esa mirada con el debate sobre la delincuencia. “Los argentinos no están discutiendo si los delincuentes son víctimas sociales”, expresó.
Noticia en desarrollo.
Diego Santilli,,Conforme a
POLITICA
Martín Llaryora habló de la interna dentro del peronismo: “Entendemos el Justicialismo distinto a como lo entiende el kirchnerismo”
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba y precandidato a la reelección, cuestionó durante una entrevista exclusiva en Infobae al Mediodía la falta de medidas para las pymes y propuso un esquema desarrollista para el país
La confirmación llegó al comienzo de la charla. Ante la consulta sobre una postulación para un segundo mandato en las próximas elecciones provinciales, Llaryora respondió: “Confirmalo”.
En una entrevista con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, el mandatario describió las bases del cordobecismo y marcó sus diferencias con el kirchnerismo y el gobierno de Javier Milei.
“Nosotros somos un justicialismo que conforma un frente que se llama cordobecismo”, sostuvo Llaryora. También explicó que su espacio tiene una concepción propia: “Creemos que entendemos el justicialismo de una manera distinta a cómo lo entiende, por ejemplo, el kirchnerismo”.
El cordobecismo
El gobernador ubicó al cordobecismo dentro de una tradición orientada a la producción y el trabajo. “Somos un partido, le decimos de sentido común, lo que por lo general denominan de centro”, afirmó.
Para Llaryora, la creación de empleo debe ordenar la gestión pública. “Gobernar es generar trabajo”, señaló, antes de enumerar condiciones que, según dijo, permiten sostener al sector privado: acuerdos con la industria, la producción, el campo y reglas que se mantengan en el tiempo.
El mandatario asoció la seguridad jurídica con la previsibilidad de las decisiones oficiales. “No es solo una Justicia independiente, sino que es que se cumpla lo que uno se compromete y promete”, expresó.
En ese marco, mencionó la inversión en infraestructura como una herramienta para sumar competitividad. “Córdoba tiene la mejor infraestructura en materia de ruta, eléctrica”, afirmó, y la relacionó con la radicación industrial, las universidades y la formación de profesionales.
Llaryora sostuvo que la provincia aporta más recursos fiscales de los que recibe de la Nación. “Le aporta a la Argentina cuatro mil millones de dólares extra de lo que la Argentina le aporta a Córdoba”, dijo al referirse al balance entre los impuestos generados en el distrito y la coparticipación.
El gobernador cuestionó de forma particular las retenciones. “Ni Putin sostuvo las retenciones”, afirmó, y señaló que esos derechos de exportación perjudican especialmente a Córdoba y Santa Fe.
También remarcó la condición mediterránea de la provincia y su efecto sobre el modelo productivo. “Córdoba es una provincia totalmente mediterránea”, explicó. Según planteó, esa ubicación exige pensar de manera permanente en desarrollo industrial y generación de empleo privado.
Llaryora señaló que el cordobecismo reúne dirigentes de distintas procedencias partidarias. “Acompaño a una intendenta que proviene del radicalismo. Tenemos ministros del PRO, tenemos ministros que vienen del socialismo”, enumeró.
Sobre esa composición, sostuvo que existe un objetivo compartido: “Córdoba tiene que ser un motor productivo y generador de empleo”. A la vez, contrapuso ese modelo con la polarización nacional: “En Córdoba no ha entrado la grieta”.
El gobernador mencionó las pruebas educativas para describir resultados de las políticas provinciales. “Córdoba salió primera en educación, en materia de lengua y matemáticas”, afirmó sobre las evaluaciones Aprender. También indicó que la provincia ocupó el primer lugar nacional entre los distritos evaluados en PISA.
Las críticas al Gobierno nacional
Consultado sobre el impacto del rumbo económico nacional en la industria cordobesa, Llaryora sostuvo que la falta de intervención estatal también constituye una decisión. “La no política industrial es una política industrial”, respondió.
El mandatario planteó que la administración de Milei prioriza las variables macroeconómicas sin atender la situación de las empresas. “Tiene un grave problema en no pensar en la microeconomía y en las líneas de desarrollo”, afirmó.
Para el gobernador, esa orientación repercute sobre el entramado productivo. “Es lo que está generando esta caída de pymes y esta caída del empleo formal, de una manera tremenda”, expresó.
Llaryora vinculó esa situación con las características laborales de Córdoba. “Cuando vos tenés una provincia que tenés la menor cantidad de empleados públicos de la Argentina, ¿qué necesitás? Empleo privado”, reiteró.
Al ser consultado por la pérdida de puestos de trabajo, aclaró que no contaba con el indicador mensual actualizado. Sin embargo, explicó que Córdoba representa cerca del 9% de la masa laboral nacional y aludió a un registro de “doscientos treinta mil puestos” en la discusión sobre el deterioro del empleo.
El gobernador también se refirió al cierre de empresas. “Cerraron treinta mil pymes”, afirmó, y ubicó a la industria metalmecánica entre los sectores afectados por la caída de la actividad.
Llaryora diferenció las medidas para las grandes inversiones de las herramientas destinadas a comercios y pequeñas empresas. “El actual tiene unas medidas macro, que ha generado un RIGI para las grandes inversiones, pero para la política micro y pyme no hay”, sostuvo.
El mandatario reconoció que existía consenso sobre la necesidad de estabilizar la economía. “Había que estabilizar la macroeconomía, había que bajar la inflación”, dijo. Aun así, señaló que los gobiernos subnacionales absorbieron parte de las consecuencias sociales del ajuste.
“En nuestro caso fuimos amortiguadores para la crisis”, afirmó Llaryora. Como ejemplo, mencionó la eliminación de subsidios nacionales al transporte en el interior: “A Córdoba le bajaron todos los subsidios al transporte”.
Según explicó, la provincia sostuvo con recursos propios el boleto educativo. “Nosotros subsidiamos, en definitiva, lo que la Nación dejó de subsidiar”, señaló.
También relató la situación de Marcos Juárez, donde cerró una clínica que brindaba atención a afiliados de PAMI. “Dejó cinco mil quinientos abuelos sin atención”, afirmó.
Frente a ese escenario, dijo que la Provincia debió reforzar su sistema hospitalario. “Triplicamos en Córdoba la atención a los abuelos de PAMI”, aseguró, y sostuvo que los recortes nacionales terminan por trasladarse a la salud pública provincial.
Al ser consultado por los dichos del secretario de Trabajo sobre el crecimiento de modalidades autónomas de empleo, cuestionó que se equiparen con la caída del trabajo registrado. “No podés comparar una cosa con otra”, respondió.
Llaryora sostuvo que la recesión utilizada para bajar la inflación derivó en un deterioro que requiere una nueva respuesta. “Esa recesión prolongada en el tiempo te está causando una pérdida del trabajo”, afirmó.
Consultado sobre si el Gobierno nacional está a tiempo de cambiar el rumbo, respondió: “Sí, yo creo que sí”. Para argumentarlo, recordó su gestión durante la pandemia: “Vino la pandemia. Cambió todo el programa de gobierno que teníamos, porque la situación te hace cambiar”.
El gobernador advirtió que, si el actual esquema se sostiene sin modificaciones, habrá consecuencias sociales y políticas. “La situación social se va a deteriorar y naturalmente la situación social te va a llevar después a que no puedas seguir sosteniendo políticamente este programa de gobierno”, expresó.
Llaryora sostuvo que la administración nacional apuesta a la baja de la inflación como principal activo. “Están jugados a que su bandera sea sostener ese nivel inflacionario”, afirmó.
Propuestas e ideas
Al analizar cómo las provincias sostienen obras y servicios ante la caída de transferencias, Llaryora descartó que una suba de impuestos sea una salida viable. “Hoy aumentar impuestos es imposible”, afirmó.
El gobernador describió un escenario de deterioro para hogares y empresas. “La sociedad argentina ya no da más, no se llega a fin de mes, está totalmente endeudada, hay una caída del empleo, están las pymes cerrando”, enumeró.
A partir de ese diagnóstico, reclamó un cambio en la estrategia del Gobierno nacional. “Tiene que entender la situación social en la cual está inmersa la Argentina”, sostuvo.
Llaryora cuestionó además el uso de recursos provenientes de los combustibles. “Hay un impuesto que se destina a ruta, pero no se arregla una ruta en Argentina”, dijo.
El mandatario detalló algunas medidas aplicadas en Córdoba para contener la caída del consumo. “Hemos puesto una tarjeta para comprar seis cuotas de alimento y seis cuotas a la farmacia”, señaló sobre un esquema de financiamiento a tasa de 0%.
También mencionó créditos para pequeños comercios y emprendimientos. “Hemos generado un crédito para las pymes más pequeñas, hasta diez millones de pesos para una panadería, para una pizzería”, afirmó.
Sobre los ingresos de la Provincia, sostuvo que hubo más de diez meses con deterioro de las transferencias. “Creo que de los diez meses, ocho con caída de transferencias”, expresó.
El gobernador vinculó esa merma con el freno de la actividad económica. “La actividad económica está parada y está muerta”, afirmó.
Ante la discusión por el superávit fiscal nacional, Llaryora no negó la existencia de un resultado positivo, aunque cuestionó la forma en que se alcanza. “Vos podés tener un superávit achicando continuamente o no pagando”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó el reclamo por fondos destinados a la Caja de Jubilaciones provincial. “A nosotros no nos pagan la plata de la caja de jubilaciones”, afirmó, y señaló que existen procesos judiciales aún pendientes.
Llaryora planteó que el equilibrio fiscal debe combinarse con medidas de reactivación. “A veces, cuando tenés una política contractiva, tenés que hacer una política anticíclica”, expresó.
Su propuesta consiste en sostener el orden macroeconómico con medidas de impulso productivo. “Nosotros creemos que se puede sostener el nivel inflacionario, pero haciendo cosas a la par para sostener la situación social”, dijo.
El mandatario resumió su posición con una definición: “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.
Llaryora diferenció esa fórmula del mileísmo y del kirchnerismo. “Hay uno que cree que el Estado tiene que ser todo y otro que el mercado tiene que ser todo”, señaló.
Al mencionar una alternativa presidencial para su espacio, respaldó a Juan Schiaretti. “Yo creo que Juan Schiaretti, con la experiencia de haber sido tres veces gobernador, conduciría este país por la línea de la sensatez”, afirmó.
El mandatario provincial también destacó la construcción de 15 sedes universitarias en el interior cordobés. “Están desfinanciando el sistema universitario y nosotros estamos construyendo quince sedes universitarias en el interior de Córdoba”, dijo.
Frente a una hipótesis electoral entre Axel Kicillof y Javier Milei, Llaryora rechazó que la discusión nacional quede limitada a esos nombres. “¿Por qué no puede ser Schiaretti? ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando en los extremos?”, preguntó.
Consultado sobre una nueva candidatura presidencial del exgobernador, respondió: “Sí, claro”.
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POLITICA
La Justicia espera un peritaje en el caso Chocolate del Senado bonaerense y diez exlegisladores se desligaron
La investigación judicial de un caso de dinámica similar al que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau en la Cámara de Diputados bonaerense se desarrolla con la Cámara de Senadores provincial como escenario principal. El expediente, activo desde comienzos de 2024, registró novedades en las últimas semanas, con declaraciones testimoniales de diez exsenadores que se desligaron de los nombramientos de 39 empleados sospechados de ser “ñoquis”, que aceptaron o fueron inducidos a entregar sus sueldos a un recaudador, a cambio de hacerse de cobertura de obra social y de aportes jubilatorios.
En simultáneo, en la Justicia provincial se aguarda un peritaje económico de resultado próximo que permitiría avances en la causa, por la que están en la mira dos encargados de retirar el dinero de los salarios mediante tarjetas de débito en cajeros automáticos de La Plata, como lo hacía Rigau hasta ser detenido.
Las dos personas investigadas como recaudadores son Hugo Santiago Muguerza y María Josefina Ortellado. Sus identidades se difundieron a comienzos de 2024, en registros que los mostraban retirando dinero con tarjetas de débito de empleados del Senado bonaerense, cámara que preside la vicegobernadora Verónica Magario (Partido Justicialista).
Muguerza tiene vinculaciones con la Unión Cívica Radical (UCR) y con Pro. Fue subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, cuando gobernaba Julio Garro (Pro, ejerció dos mandatos, entre 2015 y 2023). Desde la UCR, reconocieron que Muguerza es afiliado, aunque algunas fuentes subrayaron que no milita más en el partido.
En una seguidilla que comenzó hace dos semanas y se extendió hasta fines de la semana pasada, declararon como testigos diez exsenadores provinciales, que formaban parte del bloque Juntos (que integraban el radicalismo y Pro, y que actualmente no existe). Lo hicieron ante el fiscal Juan Mennucci, que está a cargo del expediente. Les consultaron si conocían a alguno de los 39 empleados que figuraban como titulares de las tarjetas de débito y todos contestaron que no.
Los exsenadores citados fueron Yamila Alonso, Nidia Moirano, Érica Revilla (actual intendenta de General Arenales), Agustín Máspoli, Elisa Carca y Marcelo Daletto (actual director del Banco Provincia), Joaquín de la Torre, Owen Fernández, Lorena Mandagaran y David Hirtz.
Según pudo saber , el fiscal los citó con sus mandatos ya cumplidos para evitar posibles pasos administrativos del Senado para autorizarlos mientras eran legisladores. En su artículo 14, el reglamento interno del Senado indica que “toda requisitoria o informes de cualquier naturaleza, provenientes de otros poderes u organismos de la constitución, tanto nacionales como provinciales, relacionados con la función de los Señores Senadores y Funcionarios de ley, para proceder, deberá contar con resolución favorable adoptada por la mayoría del Cuerpo señalada en el artículo 98 de la Constitución Provincial”.
A los senadores bonaerenses citados como testigos, además, se les mostró un modelo de decreto de designación de altas y se les consultó por el procedimiento. “La Cámara no informa a los legisladores [sobre esa designación de altas]. A los senadores se les da un determinado cupo, ellos designan a su equipo y lo envían”, dijo a una fuente legislativa que sostuvo que el control de los senadores llega hasta ese punto y no más allá. “No firman los nombramientos”, afirmó una informante que está al tanto de lo declarado por los senadores. El Senado, en tanto, le informó al fiscal que las planillas no son un acto administrativo, por lo que no las guarda.
Según se calculó al comienzo del caso, el perjuicio para las arcas públicas de la provincia de Buenos Aires rondaría los $300 millones. El delito investigado es peculado.
El fiscal Mennucci, según pudo saber este diario, aguarda los resultados de un peritaje económico en el que pueda constar alguna transferencia previa al descubrimiento de la trama, con la que pueda determinarse para quiénes recaudaban Muguerza y Ortellado. Los titulares de las tarjetas de débito tenían cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA, la obra social del Estado bonaerense) y aportes jubilatorios, pero no percibían el salario. En la Justicia provincial, sospechan que el mecanismo estaba vigente desde hacía unos 15 años.
Los teléfonos celulares de Muguerza y Ortellado fueron peritados, sin que se hallaran datos relevantes. Hay otro celular por analizar, de un tercero, al que los peritos aún no lograron tener acceso, aclaró una fuente judicial a . Se trata de un aparato cuyo potencial contenido genera expectativas en la pesquisa.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
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