POLITICA
El Gobierno amplió el secreto militar del programa de los aviones F-16 que compró la Argentina
El Gobierno amplió este martes el régimen de secreto militar que alcanza al programa de incorporación de los aviones de combate F-16 a la Fuerza Aérea que la Argentina le compró a Dinamarca y estableció medidas específicas para proteger la información vinculada con la eventual salida del país de componentes del sistema de armas para mantenimiento y revisión.
La decisión fue establecida mediante el Decreto 735/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a la exportación de distintos materiales relacionados con los 24 F-16 adquiridos en 2024. Entre ellos figuran partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento, y otros equipos asociados al sistema de armas.
El objetivo de la norma es establecer un marco de protección para las operaciones en las que determinados materiales deban ser enviados al exterior, por ejemplo, para tareas de mantenimiento, reparación o actualización.
El decreto sostiene que el sistema de armas F-16 comenzó sus actividades de vuelo en el Área Material Río Cuarto el 30 de marzo de 2026 y señala la necesidad de contar con mecanismos que permitan realizar las operaciones de exportación sin comprometer información considerada “sensible”.
La norma extiende así la protección de secreto que ya había sido aplicada sobre distintas etapas del programa de incorporación de los cazas. En abril de 2024, el Decreto 370/2024 declaró secreto militar la operación contractual para adquirir el sistema de armas a Estados Unidos.
En septiembre de ese año, el Decreto 807/2024 amplió ese régimen a las obras de infraestructura necesarias para recibir los aviones y a la importación de material sensible, como partes de las aeronaves, motores, repuestos y armamento.
En diciembre del 2024, el Decreto 1073/2024 incorporó además al secreto militar las operaciones contractuales para adquirir material adicional y equipos y capacidades complementarias para el sistema de armas.
El Gobierno considera que la información relacionada con las capacidades, características y componentes de estos sistemas puede afectar cuestiones vinculadas con la defensa nacional.
El decreto llega en un momento en el que tras la llegada de los primeros seis cazas en diciembre del año pasado, los aviones ahora requieren un esquema de mantenimiento y actualización que involucra a proveedores y centros especializados fuera de la Argentina. En esos casos, determinados componentes pueden tener que salir temporalmente del territorio nacional para ser intervenidos.
El decreto establece que esas operaciones quedarán comprendidas dentro del régimen de secreto militar previsto por la normativa vigente y faculta al Ministerio de Defensa, a través de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, a adoptar las medidas necesarias para instrumentar la medida.
La compra
La Argentina adquirió a Dinamarca 24 aviones F-16 para modernizar su capacidad de combate tras el retiro de los Mirage en 2015. La incorporación de las aeronaves comenzó en diciembre y forma parte del programa de reequipamiento de la Fuerza Aérea Argentina.
La compra fue oficializada en abril del 2024 por un total de US$301 millones en varios pagos. A esto se le agregan otros gastos vinculados con el equipamiento y la puesta en funcionamiento del sistema de armas. Con todo, el costo inicial del programa fue estimado en alrededor de US$650 millones. Para fines de junio, el Gobierno ya había abonado tres de las cinco cuotas, por unos US$180 millones.
El proyecto final es que los 24 aviones adquiridos por el Gobierno estén definitivamente en la VI Brigada Aérea de Tandil porque su ubicación es más conveniente y estratégica para la defensa. Las obras demorarán entre dos y dos años y medio. Los trabajos incluyen una nueva pista central, hangares, áreas técnicas y de mantenimiento, además de tareas en los suelos, readecuación eléctrica, sistemas de frenado en pista, ampliación de plataformas, y renovación de depósitos de material aeronáutico y polvorines.
Mientras la ciudad bonaerense se prepara para convertirse en la definitiva, Río Cuarto es el centro desde el que se articula buena parte de la incorporación del nuevo sistema de armas. El presupuesto 2026 contempla partidas por $20.000 millones para financiar las obras de modernización y actualización tecnológica de Tandil y los trabajos realizados en Río Cuarto. Fuentes castrenses señalaron a este diario que la mayor parte de esos recursos fue destinada a la unidad cordobesa.
En tanto, el segundo lote de seis aviones está previsto para la segunda quincena de septiembre, antes de lo que inicialmente estaba fijado, según pudo saber . La totalidad de los 24 aviones será incorporada de manera progresiva y los últimos están previstos para 2028. Todavía no hay un esquema público para las tandas que restan.
Son varios los interrogantes respecto del programa, como cuándo estará plenamente disponible la flota, cuánto costará mantenerla y qué capacidades tendrá efectivamente el país. Todas estas cuestiones, según el Gobierno, son de “seguridad nacional” y están bajo secreto militar, como en el resto de los países.
secreto militar,aviones de combate F-16 a la Fuerza Aérea,sistema de armas,Decreto 735/2026,Decreto 370/2024,Decreto 807/2024,Decreto 1073/2024,Ministerio de Defensa,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
Jorge Macri respaldó las detenciones de los metrodelegados: “El que bloquea un servicio esencial va preso”
En medio del conflicto por el paro en todas las líneas de subte, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri salió a respaldar las detenciones de los metrodelegados y advirtió: “En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple”.
Macri remarcó que no va a aceptar “extorsiones mafiosas” y que quienes bloqueen un servicio esencial “van presos, sin vueltas”.
El mandatario porteño insistió en que no permitirá que “les jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”.
El secretario de Seguridad porteño explicó por qué detuvieron a tres metrodelegados
En diálogo con TN, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, explicó que las detenciones de los trabajadores del subte se produjeron luego de que un gremialista abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.
“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular. Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia”, relató.
Luego, según su relato, otros dos gremialistas intervinieron para impedir el accionar policial, por lo que la fiscalía también avaló que sean detenidos. “Están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia”, reiteró Piñeiro.
Los metrodelegados advierten que no reanudarán los servicios del subte “hasta la inmediata liberación” de los gremialistas
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) denunció la detención de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B).
“No habrá servicio de subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión”, alertaron.
Jorge Macri, Metrodelegados, Subte
POLITICA
Malvinas: el Gobierno evita confrontar con Washington por el Comité de Descolonización de la ONU y la ley de soberanía
“(Donald) Trump es Trump. Aun con los amigos”, reflexionó un diplomático de carrera en la noche del lunes, cuando ya era conocido que el gobierno norteamericano solicitó, a través de sus representantes diplomáticos, disolver el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desde 1965 insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina una resolución a la diputada por la soberanía de las islas Malvinas.
En la Cancillería no hubo comentarios públicos sobre el pedido, que va en línea con la escasa estima que Trump tiene hacia las Naciones Unidas (sentimiento compartido por el presidente Javier Milei) y que tuvo como argumentos que ese comité “dejó de cumplir su propósito original”. Ayer, en la conferencia de prensa semanal que brinda en Casa Rosada, el portavoz Adrián Ravier afirmó que esa postura de Estados Unidos “está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final”, y afirmó que “seguramente” el canciller Pablo Quirno, que acompaña al Presidente en su actual gira por España, hablaría sobre el tema. La consulta incomodó a Ravier, que no pudo precisar qué es lo que “está en análisis”.
En la última reunión del Comité de Descolonización, en junio pasado, el canciller Quirno acusó en duros términos al Reino Unido de “desconocer la realidad histórica”, y afirmó que “el principio de autodeterminación no aplica en casos de colonialismo que vulneran la integridad territorial de una nación preexistente”, en relación con la posición de Londres en relación con los pobladores de las islas. Fue solo una de las exposiciones de los últimos meses en las que el Gobierno y la Cancillería elevaron el tono del reclamo por la soberanía de las islas.
“Lo que dijeron los Estados Unidos tiene que ver con la propuesta de racionalizar la ONU, algo similar a la motosierra”, explicó una fuente diplomática cercana al Gobierno, con intención de minimizar un eventual conflicto.
“Por supuesto que, como todo país con controversias de ese tipo, apoyamos la continuidad del comité. Pero no sería un daño para la Argentina, el reclamo se puede presentar, como se hacía en los años noventa, ante la Asamblea General de la ONU”, agregó el experto.
En coincidencia con el despertar del sentimiento nacionalista en el país por la recuperación de Malvinas, que explotó luego del partido con Inglaterra en el mundial de fútbol, y enojado por la posición del Reino Unido durante la guerra con Irán, Trump declaró que “podría revisar” su postura en relación a la soberanía de Malvinas. Semanas después, se reunió con el primer ministro británico Andy Burnham, y esa amenaza se disipó.
Más allá de la controversia por el Comité de Descolonización (que no integran ni Estados Unidos ni Gran Bretaña, que sostiene 10 de los 17 territorios no autónomos en disputa, entre ellos Malvinas), el freno al tratamiento en comisión de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la causa Malvinas e impulsado por el Poder Ejecutivo, también muestra posturas divergentes entre Washington y Buenos Aires.
Empresas norteamericanas le habrían transmitido al Gobierno su preocupación por la “laxitud” del Título I del proyecto, que no solo establece sanciones para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) que llevan adelante el proyecto Sea Lion en las aguas circundantes de Malvinas, sino también contra empresas asociadas a ellas en otros proyectos, con la secretaría de Malvinas que encabeza la secretaria Paola di Chiaro, como autoridad de aplicación.
“A la industria le preocupaba este abordaje tan amplio que tiene la ley, y que impacte sobre la actividad”, comentó a una importante fuente del sector petrolero. No sólo las empresas se quejaron: según informadas fuentes del Gobierno, el embajador norteamericano Peter Lamelas también le habría expresado su preocupación vía telefónica a miembros del oficialismo. Consultadas por este diario, fuentes de la embajada norteamericana evitaron hacer comentarios sobre el asunto, y desde el oficialismo de la Cámara baja -los diputados Silvana Giúdici y Gabriel Bornoroni trabajan en el dictamen de la ley- dijeron no haber recibido llamado alguno. Adjudicaron la postergación del tratamiento a la cantidad de temas que incluirá la próxima sesión de la Cámara baja.
Diplomáticos alejados del Gobierno agregan un tercer foco de disenso, siempre dentro de los márgenes de la excelente relación entre ambos países. Se trata de la postulación de Rafael Grossi como próximo secretario general de la ONU, impulsado por Argentina y que marcha en el primer pelotón en las votaciones secretas que se han venido haciendo hasta ahora. Esos diplomáticos aseguran que Grossi “no es” el preferido de Trump, que ya intentó postular al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el megamillonario Elon Musk, y que podría insistir con otro “outsider” en las próximas semanas, si como viene ocurriendo, ninguno de los postulantes alcanza la mayoría necesaria (sin vetos de los cinco miembros permanentes) para ser elegido.
El jueves próximo, ya con Milei y Quirno de regreso en el país, el influyente subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y el responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, llegarán a Buenos Aires. Entre otros asuntos, las divergencias por el comité de Descolonización y el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía podrían ser temas de conversación con el Gobierno.
disolver,pic.twitter.com/2iDZZhN47e,October 19, 2026,acusó,tratamiento,preocupación,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Fallo clave para el Gobierno: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al Ministerio de Capital Humano y ordenó que la justicia revise si la medida cautelar sobre financiamiento universitario sigue o no vigente. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y la asistencia legal de la Procuración del Tesoro de Sebastián Amerio, había reclamado ante la Cámara porque el juez de primera instancia le negó el derecho a apelar. La causa de fondo es el amparo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el Decreto 759/25 del Poder Ejecutivo Nacional, que recortó fondos universitarios.
“La vamos a seguir a muerte”, respondieron fuentes de primera línea del Ministerio de Capital Humano al ser consultados por el fallo judicial. “La Justicia todavía no nos está sugiriendo ‘no cumplan con la cautelar’, pero lo que nos dice es que van a revisar si la tenemos que cumplir”, explicó uno de los principales patrocinadores legales del Gobierno.
La Cámara no resolvió si el Estado cumplió o no con la medida cautelar. Lo que decidió, el 20 de octubre de 2026, es más acotado: que el juez de primera instancia se equivocó al bloquear la apelación, y que esa apelación debe tramitarse.
La resolución fue firmada por los jueces José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, quienes cubrieron dos vacantes en la Sala conforme a las acordadas 2/26 y 5/26 de la Cámara. El Ministerio de Capital Humano argumentó que la medida cautelar original tenía un límite temporal expreso y que ese plazo ya había vencido. Desde esa postura, continuar con la ejecución de la orden equivalía a extender artificialmente una tutela que había caducado.
El origen del conflicto
El amparo fue impulsado por el CIN tras la sanción del Decreto 759/25, que modificó la distribución del financiamiento para las universidades nacionales. El juzgado federal N° 11 dictó una medida cautelar que obligó al Estado a garantizar recursos mientras se resolvía el fondo del asunto.
La sentencia de primera instancia se dictó en el expediente principal. Contra esa sentencia, el Estado interpuso un recurso de apelación que fue concedido en ambos efectos, lo que en términos prácticos paraliza la ejecución de la condena mientras la Cámara resuelve.
El nudo del problema apareció cuando el mismo juez ordenó, en paralelo, que el trámite de ejecución de la medida cautelar continuara en el incidente vinculado, con un plazo de cinco días para cumplir bajo amenaza de sanciones. El Estado intentó apelar esa decisión, y el juez lo rechazó.
El argumento del Estado y la decisión de la Cámara
La postura del Ministerio descansó en un principio procesal: si la medida cautelar fue otorgada con un límite temporal, ese límite forma parte del contenido de la orden y no puede ampliarse por vía interpretativa. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, sostuvo el Estado en su presentación ante la Cámara.
Además, el Ministerio señaló que las sumas exigidas eran de “dimensión extraordinaria” y que no existía una liquidación concreta que permitiera determinar con exactitud cuánto debía pagar. Denunció que se le imponía cumplir una “manda judicial imprecisa, genérica, omisiva y sin datos ciertos”, sin posibilidad de revisión por parte de un tribunal superior.
La Cámara no evaluó el fondo de ese debate. Lo que analizó fue si el bloqueo de la apelación generaba un perjuicio concreto e irreparable para el Estado. La conclusión fue afirmativa: dejar al Ministerio sin posibilidad de recurrir mientras corría el plazo de cumplimiento, con sanciones conminatorias latentes, configuraba un agravio que justificaba abrir la instancia de apelación.
El trámite que sigue
Con la queja aceptada, el recurso de apelación del Estado quedó concedido “en relación”, una modalidad que, según el artículo 243 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. La causa regresa ahora al juzgado de primera instancia para que implemente el trámite correspondiente.
La Cámara dejó expresamente aclarado que su decisión no anticipa ninguna opinión sobre si el Estado cumplió o incumplió la medida cautelar original. Esa pregunta quedará para una resolución posterior, una vez que el recurso de apelación tramite en forma.
Cuánto cuesta criar un hijo en la Ciudad de Buenos Aires
Jorge Macri respaldó las detenciones de los metrodelegados: “El que bloquea un servicio esencial va preso”
Malvinas: el Gobierno evita confrontar con Washington por el Comité de Descolonización de la ONU y la ley de soberanía
Mariano Navone venció a Juan Manuel Cerúndolo en el duelo argentino y avanzó en el ATP de Bruselas
Personas obligadas a pagar cuotas alimenticias tienen hasta el 1 de diciembre para entregar el aguinaldo en El Salvador
Fallo clave para el Gobierno: la Justicia puso en revisión la cautelar sobre Financiamiento Universitario
Alerta roja en Sudamérica por el Súper Niño: cambio climático, inundaciones extremas y el hallazgo de microplásticos y metales en el granizo
Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: «Al principio dije que no»
Trump’s new press secretary out of the job just days after rocky debut
Los intendentes del PJ que afrontarán un recambio inédito si es que la ley de reelecciones no se revierte
CLIMA23 horas agoAlerta roja en Sudamérica por el Súper Niño: cambio climático, inundaciones extremas y el hallazgo de microplásticos y metales en el granizo
- POLITICA19 horas ago
El Gobierno pone en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios y busca que haya 20.000 empleados menos en el Estado
- CHIMENTOS2 días ago
“Feliz día a la mejor mamá del mundo”: el doble gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez y la reacción de ella
