El Gobierno acelera los contactos con la UCR para blindar su agenda de reformas en el Congreso y avanzar en acuerdos electorales para 2027, después de haber reabierto formalmente la negociación con el PRO. La Casa Rosada busca consolidar una base de votos para la suspensión de las PASO, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal y los cambios en Zonas Frías, entre otros proyectos. El esquema incluye además obras y fondos.

A diferencia del esquema que habilitó con Mauricio Macri, el Ejecutivo no tiene previsto crear una mesa nacional de diálogo con las autoridades radicales. La estrategia pasa por negociar directamente con los gobernadores y sus estructuras provinciales. “Tiene otro mecanismo el acuerdo con la UCR. Lo venimos haciendo directo con los gobernadores”, expresan en Nación.

El formato responde a la lectura que hacen en Balcarce 50 sobre la fragmentación del poder dentro del radicalismo. En el Gobierno consideran que los mandatarios tienen mayor capacidad para ordenar legisladores y estructuras territoriales que la conducción partidaria nacional, por lo que prefieren cerrar los entendimientos distrito por distrito y negociar por separado con los diputados y senadores que no responden a gobernaciones.

La Casa Rosada confía en alcanzar acuerdos con Leandro Zdero en Chaco, Alfredo Cornejo en Mendoza y Juan Pablo Valdés en Corrientes, y también incluye en esa estrategia a Maximiliano Pullaro y su armado en Santa Fe. Los entendimientos combinan la discusión electoral de 2027 con el acompañamiento a las principales iniciativas que el Ejecutivo quiere aprobar durante los próximos meses.

Carlos Sadir no aparece dentro del mismo grupo. En el Gobierno vinculan directamente al gobernador de Jujuy con Gerardo Morales y consideran que esa relación obliga a llevar la negociación por un carril diferente. La provincia permanece por ahora fuera del núcleo de acuerdos que el oficialismo proyecta con mayor confianza.

La prioridad inmediata es fortalecer las mayorías legislativas después de las dificultades que atravesó el Gobierno con la Ley de Propiedad Privada. En Balcarce 50 buscan reducir la dependencia de negociaciones de último momento y construir una base más estable entre La Libertad Avanza, el PRO, los radicales y otros sectores provinciales.

Uno de los principales objetivos es la suspensión de las PASO, que el Ejecutivo pretende llevar al Senado. El cálculo oficial parte de los 21 senadores libertarios, los respaldos que espera reunir dentro de Impulso País y una porción importante del radicalismo. La Casa Rosada entiende que cerrar previamente acuerdos con gobernadores puede ordenar parte de esos votos.

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La misma lógica se aplicará al Súper RIGI, que ya tiene media sanción de Diputados y continúa en discusión en el Senado. El Gobierno quiere que Patricia Bullrich acelere su tratamiento y considera que los mandatarios radicales y sus legisladores serán determinantes para evitar que se repitan las dificultades que aparecieron durante el debate de otros proyectos.

El esquema también apunta a la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal, que el oficialismo quiere aprobar primero en Diputados y luego girar a la Cámara alta. En Nación aseguran que cuentan con los votos para la sesión del 26 de agosto en la Cámara baja, pero ya trabajan sobre la segunda etapa de ambos expedientes y sobre los respaldos que necesitarán en el Senado.

Zonas Frías forma parte de la misma negociación política. El proyecto que modifica el régimen de subsidios al gas tiene media sanción de Diputados, pero encuentra resistencias en la Cámara alta. La Casa Rosada busca destrabar esos votos a través de una discusión paralela sobre las necesidades energéticas de las provincias del Norte.

Ese es el trasfondo de los contactos que encabezan Diego Santilli y Luis Caputo con los gobernadores del Norte Grande. El Gobierno abrió una mesa específica para analizar un esquema diferencial de tarifas eléctricas en las denominadas zonas cálidas y escuchar los reclamos de las provincias por el costo energético durante los meses de mayor temperatura.

En Nación consideran que avanzar con una respuesta para las zonas cálidas puede facilitar la negociación por Zonas Frías en el Senado. El planteo oficial consiste en revisar beneficios que consideran mal focalizados en algunas regiones y, al mismo tiempo, atender reclamos de provincias que enfrentan altos niveles de consumo eléctrico por razones climáticas.

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Chaco es uno de los casos donde la dimensión electoral y legislativa aparece más conectada. La Casa Rosada pretende renovar el acuerdo con Zdero para 2027, preservar espacios propios dentro del armado provincial y contar con el acompañamiento de sus legisladores a las reformas nacionales. En Mendoza ocurre algo similar, aunque la negociación con Cornejo suma tensiones por la sucesión provincial y el rol de Luis Petri.

El Ejecutivo proyecta además conversaciones específicas con los radicales que no tienen un gobernador como referencia directa. La intención es no esperar a que exista una posición única de la UCR y avanzar con acuerdos individuales o parlamentarios cuando sea posible. En Balcarce 50 consideran que exigir una definición partidaria uniforme podría trabar respaldos que pueden conseguirse por otras vías.

La estrategia tiene así dos niveles que el Gobierno busca hacer converger: acuerdos electorales para 2027 y mayorías legislativas durante 2026. Con el PRO abrió una mesa nacional y con la UCR optó por negociar directamente con los gobernadores y separar a los legisladores autónomos. El objetivo es asegurar una coalición suficientemente amplia para aprobar las reformas económicas y electorales que Milei considera prioritarias antes de que el Congreso quede completamente atravesado por la campaña.

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