CÓRDOBA.- La Comisión Episcopal de Pastoral Social reclamó que se reactive el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online. Advirtió que la iniciativa podría perder estado parlamentario en noviembre y volvió a poner el foco en el impacto del juego digital sobre niños y adolescentes.

En una carta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los integrantes del Senado, pidió que se retome de inmediato el debate y que se alcancen los acuerdos políticos necesarios para convertir la iniciativa en ley.

“Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, plantea el organismo en el texto, donde sostiene que el problema ya excede el reconocimiento de los riesgos y requiere una “respuesta institucional”. La preocupación central está puesta en los menores de edad, “expuestos a plataformas de apuestas accesibles desde teléfonos celulares” y a un entorno digital en el que el juego “puede incorporarse a la vida cotidiana”.

La carta se suma a una serie de pronunciamientos que la Iglesia viene realizando desde 2024. En julio de ese año, las pastorales sociales de todo el país lanzaron la consigna “Apostar no es un juego”. En noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina reclamó a Diputados que tratara el proyecto, y en febrero de 2025 volvió a dirigirse al Senado. En octubre de ese año, los obispos advirtieron que “la ludopatía es un atentado contra la vida” y alertaron sobre el riesgo de que cada celular se convierta en un “casino”.

El reclamo llega en medio de una discusión legislativa que lleva más de dos años y que se trabó. El 27 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó por 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones un proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea. La iniciativa fue girada al Senado, donde quedó pendiente de tratamiento. En octubre de 2025, el tema volvió a figurar en la agenda de un plenario de comisiones de la Cámara alta, pero quedó frenado.

En paralelo, en mayo pasado el Ejecutivo nacional presentó otra iniciativa con el objetivo de “ordenar el mercado virtual, limitar la publicidad” y reforzar la protección de niños y adolescentes.

En su nueva presentación, la Comisión Episcopal de Pastoral Social advierte que las consecuencias del juego compulsivo no se limitan a quienes apuestan. También alcanzan a sus familias, a las instituciones educativas y a las comunidades que deben afrontar sus efectos. Menciona investigaciones y materiales de Unicef Argentina y del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina sobre las apuestas online y la adolescencia.

El planteo de la Iglesia apunta, además, a la responsabilidad económica y social que implica la expansión del negocio: “Los costos de los daños que produce la ludopatía -humanos, familiares, sociales y sanitarios- no serán asumidos por quienes hoy se benefician de este negocio, sino que recaerán, una vez más, sobre las personas, las familias y la sociedad en general”.

La carta episcopal concentra su pedido en la urgencia de avanzar con el tratamiento parlamentario. Cita al papa León XIV y su advertencia contra “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles”. También sostiene que la falta de intervención estatal puede profundizar daños difíciles de reparar en el tejido social.

“‘No hacer nada’ también es una decisión”, afirma la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que les fue confiada y eviten que la iniciativa quede relegada por la falta de acuerdos o de tratamiento legislativo.

“Cada uno tiene sus demandas y negocia a su manera. Pero los cinco van a terminar arreglando”. La definición llega, coincidente, desde las terminales de los cinco mandatarios provinciales de la UCR, que la semana pasada volvieron a dar renovadas muestras de apoyo al oficialismo en el Congreso. El apoyo a la suspensión de las elecciones PASO que el gobierno de Javier Milei necesita aprobar antes de fin de año para complicar a la oposición peronista estaría garantizado, según voceros de los gobernadores del centenario partido y también del oficialismo, ambos unidos por un objetivo común.

La estrategia de los gobernadores choca con las intenciones del Comité Nacional de la UCR, que, junto a históricos del partido y otros sectores, pugnan por una propuesta presidencial alternativa y se resisten a aceptar la principal condición de la Casa Rosada: el apoyo a la reelección del Presidente.

El aval del radicalismo, reconocen en el Gobierno, es clave para la suspensión de las PASO. Lo fue, también, en la sesión del jueves pasado, cuando los diputados que responden al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y al jujeño Carlos Sadir se sumaron a la estrategia oficialista y se ausentaron del recinto durante el debate del decreto 70/2023, aun a costa de recibir críticas del conglomerado opositor.

“Tenemos que pasar esta etapa, que es muy difícil. Todo está corrido a la derecha, acá y en el mundo”, dice otro representante de los mandatarios radicales, quienes de todos modos no tienen intenciones de unificar sus negociaciones con el oficialismo, encarnado en el jefe de gabinete, Diego Santilli.

Las situaciones, claro, no son idénticas. El jujeño Sadir buscará su reelección en 2027, al igual que Pullaro y el chaqueño Leandro Zdero, quien ya fue en alianza con los libertarios en las elecciones del año pasado. Sin reelección habilitada, el mandatario mendocino Alfredo Cornejo trabaja por estas horas para designar a su candidato a sucesor en acuerdo con la Casa Rosada, sin tener que aceptar al hoy diputado libertario Luis Petri como postulante unificado. Con elecciones a gobernador recién en 2029, la UCR correntina que encabezan los hermanos Gustavo Valdés y (el actual gobernador) Juan Pablo Valdés pretende retener dos de los tres senadores nacionales por Corrientes que se pondrán en juego el año que viene, y coquetea con su apoyo a la reelección presidencial.

“Maximiliano apoya la suspensión de las PASO porque cree que es un gasto innecesario”, afirman voces cercanas al gobernador santafesino, el más reticente de los cinco a la foto con Santilli y el único que no viajó a París para el Argentina Week. Ninguno de los otros cuatro pone objeciones públicas a esa suspensión, y dejan trascender que hoy, “el obstáculo más grande a que salga la suspensión es la senadora libertaria Patricia Bullrich”, a quien adjudican intenciones de disputar una interna por la Presidencia el año que viene. Para distintos radicales, sobre todo los que juegan bajo el ala de los gobernadores, Pullaro es una opción presidencial, pero recién para 2031.

En este panorama, está claro que dentro de la UCR falta unanimidad, y la discusión es permanente. El cuestionamiento a los gobernadores reside, sobre todo, desde los sectores que manejan el partido, como el diputado Martín Lousteau, promotor de un frente “todos contra Milei”, desde la izquierda hasta el Pro de Mauricio Macri. También el presidente del Comité Nacional, Leonardo Chiarella propone una alianza con otros sectores opositores o, en el mejor de los casos, una candidatura presidencial propia, objetivos compartidos por históricos del partido, como el exsenador mendocino Ernesto Sanz, o los exdiputados Jesús Rodríguez y Mario Negri, quienes proponen una reedición con cambios de Juntos por el Cambio para “generar una alternativa y salir de la polarización”, según afirmó Sanz días atrás a LN+. Una porción minoritaria del partido, que tiene el exlegislador Federico Storani, apuesta desde hace semanas a la candidatura de Axel Kicillof dentro de un esquema amplio con epicentro en el peronismo.

“Hay que trabajar por una alternativa a Milei, ya que en su figura descansa otro fracaso de la sociedad argentina. El radical que se suma a Milei está cometiendo un error”, afirmó a el diputado Pablo Juliano, uno de los más nítidos opositores al Gobierno en la Cámara baja.

“Los gobernadores son conservadores, prefieren retener sus provincias, sus bancas en el Congreso y sus intendencias. Hace mucho que no tenemos un candidato propio a Presidente”, retrucó un radical del interior del país.

El objetivo de ese grupo es claro: apoyar hoy los pedidos libertarios a cambio de su continuidad provincial, lo cual implica además que Balcarce 50 “baje” a sus propios candidatos en cada escenario provincial. “El problema es que los libertarios no miden casi en ningún lugar”, afirmaron desde un búnker radical, aunque mencionan a Petri como una excepción a esta regla.

En el radicalismo hay incomodidad entre los que apoyan a Milei, quien más de una vez atacó el legado y la gestión del expresidente Raúl Alfonsín, su política de derechos humanos y está en guerra declarada con la universidad pública, uno de los pocos bastiones que aún le quedan en pie al radicalismo.

Mientras se acerca la hora de las definiciones, en la Casa Rosada se mantiene el optimismo. “Los radicales nos van a terminar apoyando con las PAO”, recalcó una fuente oficialista que sigue de cerca las negociaciones.